A partir del 25 de mayo la Primera Junta decide en su reglamento, artículo 9, que los asuntos de patronato se dirigieran a la Junta en los mismo términos que antes era a los virreyes. De esta manera, el primer gobierno patrio, al que adherían muchos sacerdotes, invocaba y reclamaba un privilegio que tenía la corona española.

El día 26, el Obispo Lué prestó acatamiento a las nuevas autoridades constituidas. Pero la junta recelaba al prelado y con hábil argumento, le negó licencia para partir en una nueva visita canónica. En la Semana de Mayo, fue el Obispo de Buenos Aires quien afirmó que mientras quede un solo español en estas tierras, él seguirá gobernándolas…[1]

Los conflictos que Lué también tenía con el Cabildo Eclesiástico, aumentaron después de estos sucesos, y el gobierno resolvió que el prelado se abstuviera de asistir a la Catedral hasta tanto se solucionara la cuestión.

Recordemos que el Regio Patronato era el conjunto de privilegios que los papas otorgaron a las coronas de España y Portugal. Estos privilegios también contenían algunas contraprestaciones, porque estos monarcas participaban en los nombramientos de los clérigos, hacían posible el viaje a América, también determinaban que religiosos podían establecerse en estas tierras, así como edificar iglesias, hospitales y cementerios, entre otras obras. Esto era acordado entre la Iglesia y dichas coronas, pero no necesariamente se prolongaría un patronato sobre los nuevos gobiernos[2].

Los patriotas consideran que el gobierno de la Junta era poseedor del patronato y por consecuencia creen heredar, junto con el dominio temporal, el espiritual. Este conflicto trajo consecuencias desagradables en la relación entre la Iglesia y los gobiernos criollos. Con una excesiva ingerencia del poder civil en los asuntos religiosos se produjo una relajación en la disciplina y un debilitamiento del espíritu religioso. Algunos asuntos religiosos en lo que la autoridad civil tenía injerencia era la designación y el traslado de los sacerdotes, la organización de las parroquias y la administración de los sacramentos. Todo esto en un ambiente que dividiría al clero en español y criollo, más allá de las ideas políticas de cada sacerdote. Este clima político ocasionó una larga incomunicación con Roma.

Así, con el fallecimiento del Obispo Lué el 21 de marzo de 1812, comenzaría un largo período en donde no hubo nuevos nombramientos de Obispos, ni la creación de nuevas diócesis.

La mayor parte del clero estuvo de acuerdo con el nuevo régimen y apoyó, moral y pecuniariamente, obras y empresas militares. En Entre Ríos se hicieron sentir también las consecuencias de todos estos cambios. La Junta revolucionaria fue reconocida por los distintos pueblos. Concepción del Uruguay lo hizo el 8 de junio de 1810 y Gualeguaychú el 22 de mismo mes.

En Gualeguaychú no faltaron dificultades ni luchas entre criollos y residentes españoles. El Cabildo de la Villa lo presidía el español Petisco, muchos de sus comerciantes y estancieros también lo eran. Pero ni todos los españoles se plegaron como realistas, ni todos los criollos tuvieron un espíritu independiente de la madre patria. Son luces y sombras que siempre están en el cielo de la historia y de todos estos acontecimientos.

A las pocas semanas de aceptar la Junta de Buenos Aires, en Gualeguaychú ya había conflictos y vuelta atrás. Para fines de 1810 comenzarán los enfrentamientos armados. En 1811 encontramos varios combates terrestres y navales entre realistas al mando de Michelena y avalados por Petisco, cuyas órdenes se originaban en Montevideo, en donde todavía el Virrey De Elio tenía injerencia, y por el otro bando estaban las tropas criollas al mando de Samaniego que defendía los intereses criollos y de Buenos Aires.

Por momentos Gualeguaychú y todo el sur entrerriano estuvo en manos realistas, hasta que las armas determinaron que el quedaran para lo criollos. Luego de estos enfrentamientos, muchos realistas, huyeron a Montevideo y luego a España.

Como muchos de los sacerdotes eran españoles debían nacionalizarse para continuar en sus tareas pastorales. El que no lo hiciera perdería todos sus privilegios e ingresos económicos, con el riesgo de ser expulsado del territorio.

[1] Era común que los Obispos enviaran cartas a toda la diócesis para que se rezara por el Papa y por el Rey, así encontramos una fechada el 16 de noviembre de 1808. Cf.Borques, J. C., Eclesiásticas, I, 13, 107 – 108, en Archivo Instituto Magnasco,

[2] Algo que el estado argentino muchas veces consideró que tenía, y que se solucionará recién con el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede en 1966.

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