LEC-Ley de Enjuiciamiento Civil (L 1/2000)
LEC 1881 (en lo vigente)
La Disp.Ad.1ª L 11/2011 modifica sus art. 955
La reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (L 13/2009; su corr.err.) Esta Ley modifica tanto la LEC 2000 como la LEC 1881 y otras muchas normas.
Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial (Presentado el 12/12/2008, calificado el 16/12/2008; plazo para presentar enmiendas hasta el 10/2/009)
Registro Central de Rebeldes Civiles (RD 231/2002)
El Registro Central de Penados y Rebeldes depende del Ministerio de Justicia. En concreto, la gestión del Registro corresponde a la Subdirección General de los Registros Judiciales .
C/ San Bernardo, 45. Planta baja. 28015-Madrid, entrada por Calle Manzana, 2; (horario de lunes a viernes interrumpido, de 9 a 17:30 h. Y sábados de 9 a 14 h.)
Durante la jornada de verano, comprendida entre el 20 de junio y el 16 de septiembre, el horario de apertura será de 8. a 15 h. de lunes a viernes y de 8 a 14 h. los sábados.
Rebeldes civiles y monitorio
SAP-Madrid-10 de 7 jul 2009 (Rec. 276/2009) - "NOVENO.- Esta Sección tiene reiteradamente declarada la inhabilidad de quien no sea representante necesario de una entidad mercantil u ostente la calidad de procurador con aptitud para actuar ante los Tribunales de esta Villa para formular peticiones de procedimientos monitorios. Esta se funda, señaladamente, en los siguientes argumentos: A) La expresión 'comparecencia en juicio' empleada por la LEC 1/2000 debe ser interpretada en sentido amplio, referida no sólo a la estricta asistencia al acto de práctica de pruebas en el procedimiento sino a cualesquiera actuaciones que deban realizarse oralmente ante un Juzgado o Tribunal. B) El artículo 23.1 LEC establece de forma imperativa que 'La comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio'. Y seguidamente establece las excepciones a la regla imperativa primera en el número 2, al decir literalmente que 'No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos: 1º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta mil pesetas y para la petición inicial de los procedimientos , conforme a lo previsto en esta Ley. Si acudimos al 814 LEC que regula los requisitos de la petición inicial del procedimiento monitorio, en su apartado 2 se establece que 'Para la presentación de la petición inicial del procedimiento no será preciso valerse de procurador y abogado'. Por su parte establece el artículo 7.4 LEC establece que 'Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen', esta también es una norma imperativa dada la forma verbal empleada y el sentido de la misma en relación a la redacción del artículo 438 de la LOPJ que dispone que «corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa'. C) la representación en un proceso jurisdiccional corresponde, en principio y como regla, única y exclusivamente a los procuradores legalmente habilitados para actuar en el Tribunal que conozca del juicio, y ello sin perjuicio de que su intervención pueda no resultar preceptiva en los casos determinados en que concretamente así lo establezca la Ley. Pero en estos casos se impone de modo cogente que la parte habrá de comparecer por sí misma. No resulta admisible, pues, la comparecencia por persona distinta de dicho profesional, cualquiera que sea su calidad (ya sea abogado, sea factor mercantil, etc.). D) Ciertamente, en el caso de personas jurídicas no es materialmente posible la comparecencia personal de la entidad de que se trate, la cual habrá de hacerlo en la forma prescrita por el art. 7.4º, es decir, a través de las personas que «legalmente la representen». Y éstos no son otros que sus administradores (arts. 128 LSA y 62 LSRL) sin que estos puedan conferir válidamente poder a terceros distintos de los procuradores para representar a la sociedad porque en otro caso no sería una personación personal que es la finalidad que persigue el legislador sino por otro apoderado. E) La comparecencia por medio de apoderado «ad hoc» se ha interpretado por numerosos tribunales como constitutivo de un cierto fraude legal dada la redacción del artículo 438 LOPJ y los concordantes de la LECiv citados, que no procede permitir ni en caso de personas físicas ni jurídicas pues con ello se obviaría la figura del procurador. Y ello sin perjuicio de las facultades de actuación de la entidad de que se trate en actuaciones extraprocesales. DÉCIMO.- Expresivo de este criterio es, señaldamente, el Auto 47/2006, de 10 de octubre de 2006, de la Secc. 13.ª de esta Audiencia, a de acuerdo con el cual ".. En el marco de las relaciones jurídicas han de distinguirse aquellas cuestiones sustantivas o privadas y aquellos otros efectos que se producen en el seno de un procedimiento judicial en el que se debaten y hacen valer los derechos subjetivos. Si en el primer ámbito, netamente privado, resulta plenamente licito actuar por medio de representantes o mandatarios, generales o particulares, tales como los factores mercantiles, dependientes o mancebos, produciendo su gestión plenos efectos en la órbita del mandante o representado, trátese de persona física o jurídica, siempre y cuando su actuación se produzca dentro del marco representativo concedido y del legalmente preestablecido de modo general en los artículos 244 al 302 CCom y en las leyes mercantiles especiales; en el segundo (procesal) la comparecencia y la actuación en juicio ha de efectuarse, como bien se dice en la resolución impugnada, a través del representante legal o de Procurador, de conformidad con cuanto se dispone en el artículo 23.1 y 2 LEC, que establece que la comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio, sin perjuicio de aquellos otros casos en que los litigantes puedan comparecer por sí mismos (no por medio de otra persona aunque esté formalmente apoderada para el acto de que se trate), como ocurre en la petición inicial de los procedimientos (artículos 23.2.1º y 814-2), lo que recalca el artículo 32.1. Por su parte el artículo 7.4, LEC, precisa que por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, que cuando, como es el caso, se trata de una sociedad anónima, según el artículo 128 de la Ley 22 de diciembre de 1989, corresponde, en juicio y fuera de él, a los administradores en la forma determinada por los estatutos, lo que excluye el apoderamiento voluntario. En definitiva, a las personas jurídicas los únicos que pueden representarlas son los propios órganos a quienes la ley les confiere esa facultad, es decir, los administradores y cuando estos no lo hagan deberán acudir a juicio por medio de Procurador, aunque para el acto de que se trate no sea exigida su intervención, que es el único que, en defecto de aquellos, está facultado para hacerlo..."."
LEC-art.412.1 - Ver jurisprudencia aquí
Concepto y función: su objetivo se centra en la posesión; no cabe entrar en la existencia o no del derecho real de servidumbre (TS 1110/2008 de 25 nov)
Cuando concurra el reconocimiento expreso de las partes, en la medida en que ello puede equivaler a una transacción, prohibida en este tipo de procesos, el Fiscal habrá de promover la práctica de la prueba biológica. A fin de evitar, en lo posible, la sistemática interrupción de las vistas y su inevitable duplicidad que terminarían por desvirtuar su desarrollo ante su más que certera interrupción, resulta aconsejable que el Fiscal solicite la práctica anticipada de la prueba biológica de forma que su resultado pueda ser incorporado a la vista.
En consecuencia, el Fiscal demandante propondrá la prueba biológica y solicitará su práctica anticipada. De no ser admitida anticipadamente, los Sres. Fiscales la propondrán en el acto de la vista. El Fiscal, cuando actúe como promotor del proceso, formulará la demanda en los términos del artículo 399 LECiv, haciendo constar los hechos y fundamentos de derecho de forma exhaustiva. El Fiscal demandante velará por que sean llamados a juicio todos aquellos que puedan resultar afectados por la sentencia, practicando, para ello, cuanta información previa fuere necesaria, con consulta, si es preciso, al Registro Civil. El Fiscal extremará su celo en procurar que no se produzca merma alguna en sus derechos e intereses. A tal fin, intervendrá activamente instando las medidas que estime oportunas en defensa, tanto de la persona como de los bienes de los menores o incapacitados demandados, y oponiéndose, durante la vista, y posteriormente a través de los correspondientes recursos, a las que les pudieran resultar perjudiciales. (Fiscalía Cir 1/2001)
Intervención del fiscal (Fiscalía Cir 1/2001): El examen del objeto y los actos procesales que lo integran, aproximan este procedimiento a un trámite de jurisdicción voluntaria. De ahí que la afirmación legal que lleva a cabo el apartado 2 del artículo 232, conforme a la cual, en aquellos procedimientos «... será siempre parte el Ministerio Fiscal», no debe entenderse en su sentido más estricto. La presencia del Fiscal, incluso en los casos en los que la necesidad de reconstrucción se produzca en relación con procesos en los que no ha sido parte, se justifica por un interés público incuestionable. A tal fin, el Fiscal acomodará su presencia en el procedimiento y el contenido mismo de su dictamen al objetivo de hacer prevalecer el derecho a un proceso con todas las garantías para todos aquellos que hayan podido verse afectados por la desaparición o mutilación. El Fiscal debe reforzar su atención a fin de impedir que en determinados procesos –v. gr. relativos a la filiación o al estado civil–, el acuerdo entre las partes pueda enmascarar transacciones o componendas proscritas por la ley. En aquellos procesos en que el Fiscal haya sido parte o haya tenido cualquier otra clase de intervención, los registros y archivos de Fiscalía constituirán una valiosa referencia a la hora de cotejar documentos. El origen de buena parte de los casos de pérdida total o parcial de los autos siempre estará presente el funcionamiento anormal de la administración de justicia. A ello se añade la no descartable concurrencia de responsabilidad penal por la posible infracción del deber de fidelidad que el derecho penal impone a todos los funcionarios públicos respecto de los papeles cuya custodia les es encomendada. De ahí que el procedimiento de reconstrucción contribuya también a indagar, a partir de los datos conocidos, las causas que expliquen la destrucción, pudiendo reclamar del Fiscal, en su caso, el ejercicio de acciones encaminadas a la exigencia de responsabilidades en el orden disciplinario o penal.
Proceso monitorio europeo (Reglamento (CE) 1896/2006, versión consolidada)
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1260 DE LA COMISIÓN de 19 de junio de 2017 por el que se sustituye el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo
Proceso europeo de escasa cuantía (Reglamento (CE) 861/2007)
Rebeldía del demandado y archivo
AAP Sta.Cruz de Tenerife-4 de 12 nov 2008 (Rec. 375/2008) - "PRIMERO.- El auto recurrido puso fin, en el sentido que se dirá, al procedimiento monitorio iniciado a instancias de la entidad ahora apelante, ante la imposibilidad de localizar a la entidad deudora a los efectos previstos en el art. 815 LEC. de requerimiento de pago. Se basa la juez de instancia, para resolver como lo hace, en la improcedencia, en este tipo de procedimientos, de llevar a cabo las pertinentes notificaciones y requerimientos por vía edictal. SEGUNDO.- Tras el primer intento fallido, en el domicilio que se hizo constar en el escrito inicial del proceso, el juzgado requirió a la instante, que solicitó que por dicho órgano se llevaran a cabo las diligencias de averiguación del domicilio, sin que posteriormente, cuando se le comunicación el resultado de las mismas, hiciera la entidad acreedora alegación alguna. Como tampoco la hace en el recurso, en el sentido de deber llevarse a cabo alguna otra indagación ni aporta ella misma nuevos datos tendentes a la localización de la sociedad deudora o de su representante, etc. Partiendo pues de que en este caso las fórmulas legales previstas para la comunicación de las actuaciones al interesado no personado ni representado por procurador (de forma directa o mediante entrega a otras personas halladas en su domicilio de la resolución de que se trate) no han tenido éxito, el tema que se plantea, en primer lugar, es el de si es posible en este tipo de procesos especiales monitorios recurrir al requerimiento edictal cuando se ignora el domicilio del deudor. TERCERO.-Este tema ha sido ya objeto de examen por parte de esta Audiencia que, siguiendo el criterio mayoritario de la doctrina y de otras Audiencias Provinciales (autos de 18 de junio de 2.002 de la de Alicante y de 2 de julio del mismo año de la de Zaragoza), ha llegado a la conclusión de que no cabe el requerimiento del referido tipo edictal, dada la naturaleza del mismo. Esta misma Sección ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, entre otras, en resoluciones de 21 de octubre de 2.002, de 8 de marzo y 4 de mayo de 2.003, entre otras muchas, entendiendo, como se ha adelantado, que no es factible el requerimiento mediante edictos en el procedimiento monitorio general (no así en el específico previsto en el art. 812.2.2º LEC en relación con el art. 21 LPH) Como se dice en la última resolución referida de esta Sala, son varias las razones por las que se llega a dicha conclusión: En primer lugar, porque el art. 813 establece como criterio imperativo de competencia territorial (obligatorio e inderogable) el del lugar del domicilio o residencia del deudor, o aquel en el que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el tribunal, expresión que presupone la necesidad de que el dicho deudor sea hallado personalmente para que se lleva a cabo el requerimiento que, por tanto, no puede realizarse mediante edictos. En segundo lugar, el art. 815.1.2º establece la necesidad de que al requerimiento se acompañe la prevención de que, en caso de no pagar ni comparecer en la litis alegando las razones que se estimen oportunas para justificar la negativa a hacerlo, se despachará ejecución contra el deudor, lo que parece exigir la garantía de que la dicha actuación judicial llegue a efectivo conocimiento del mismo. Y por último, porque esta clase de reclamación monitoria mediante edictos solo está expresamente permitida, como ya se apuntó, en relación con las reclamaciones de cuotas debidas a la comunidad de propietarios, (arts. 812.2.2º y 815.2º LEC) pero tal posibilidad no la hace la ley extensiva a los supuestos del apartado primero del dicho art. 815, que solo contempla la comunicación en la forma prevista en el art. 161, la cual no puede llevarse a cabo si se desconoce el domicilio del deudor. Siendo el requerimiento de pago el trámite previo ineludible para la continuación del proceso monitorio , según se desprende de los arts. 816 y ss. (se parte de que el deudor haya sido objeto del dicho requerimiento y se establecen distintos cauces de actuación según sea la postura posterior el mismo ante aquel), la imposibilidad de llevarlo a cabo personalmente determina la de la continuación del procedimiento, con el consiguiente archivo de las actuaciones, que no supone otra cosa que su terminación anómala por las causas indicadas. Todo lo cual lleva al rechazo del recurso, en los términos en que se articula su Suplico, pues no es factible revocar el archivo decretado "ordenando continuar la tramitación del presente procedimiento por todos los trámites oportunos", por cuanto, mientras no resulte otro domicilio de la entidad deudora en que pueda ser habida, el procedimiento no puede seguir adelante. Ni siquiera la apelante indica que "trámites" serían los procedentes, pues en este situación lo único factible, como se indica en la resolución recurrida, es reclamar la deuda por la vía del proceso declarativo que corresponda, en el es posible el emplazamiento edictal del art. 164 LEC. CUARTO.- No es obstáculo para lo dicho el hecho de que, según se pone de relieve en el recurso, la LEC no contemple expresamente el archivo como modo de terminación del proceso monitorio en casos como el presente. Todas las normas legales en que se prevé expresamente el archivo de las actuaciones, parten de supuestos en los que concurrencia algún defecto procesal insubsanable o que no haya sido subsanado debidamente por la parte ( acumulación de acciones incompatibles, defecto formal en el modo de proponer la demanda, falta de prestación de caución, etc.), o la existencia de algún otro obstáculo que impida la tramitación, o bien la satisfacción extraprocesal que la haga innecesaria. Lo que la ley llama archivo no es sino la consecuencia de la terminación del procedimiento, en los casos antedichos de forma anómala frente a la normal mediante la resolución del asunto litigioso con la correspondiente sentencia o auto judicial. Ahora bien, en los casos sea posible un nuevo planteamiento de la cuestión en términos o con subsanación de los defectos apreciados que la hagan procesalmente factible, el archivo debe entenderse sin perjuicio de esa nueva reproducción del litigio, siempre que no haya caducado o prescrito la acción correspondiente. Y además, como apunta el apelante, no se ve inconveniente alguno para que, desaparecido el obstáculo que impide la tramitación del proceso, cuando no es imputable a la parte (como aquí ocurre) pueda esta instar su continuación (en este caso mediante la aportación de nuevos datos que permitan la localización de la sociedad deudora) siempre que no haya se haya producido la caducidad en la instancia prevenida en el art. 237 L.EC, si ello le resultare más conveniente que el recurso al proceso declarativo que se le indica en el auto apelado. QUINTO.- En consecuencia, como ya resolviera esta Audiencia (Sección III) en el Auto de 14 de junio de 2.004 expresamente citado en el recurso, debe confirmarse la resolución apelada en cuanto es correcto el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de lo indicado más arriba."
Monitorio sin oposición ni pago y Despacho de ejecución
A pesar de la clara dicción del art. 816.1 LEC, los módulos de trabajo de los <juzgados han impulsado a estos a considerar que el despacho de ejecución es un nuevo procedimiento por lo que, cuando no hay oposición ni pago, en lugar de despachar ejecución lo que hacen es dictar auto de archivo del monitorio y bien trasladar la solicitud de despacho de ejecución al decanato para su preparto como demanda de ejecución, bien remitir al actor para que presente nueva demanda de ejecución formal (ver ejemplo) con base en el título judicial del archivo del monitorio.
Ver aquí, alguna sentencia sobre honorarios de abogados en casos semejantes (pues no son preceptivos en el monitorio pero sí en la ejecución)
Monitorio y acumulación subjetiva de acciones
Fijación de la cuantía y acceso a los recursos (STS 111/2008 de 20 nov): "Tanto bajo la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 como en la actual de 7 enero 2000, la cuantía ha de fijarse, como norma, al inicio del proceso, mediante la aplicación de las disposiciones vigentes en ese momento y sometida al principio de contradicción, por cuanto no es atendible el argumento según el cual en el momento de interposición de la demanda no era previsible la actual regulación del acceso al recurso de casación, debiéndose recordar en este punto que es doctrina del Tribunal Constitucional que no existe precepto constitucional que fundamente el derecho de los justiciables a la inmodificabilidad del sistema de ordenación de los recursos legalmente establecidos (ATC 279/85 ), lo que no impide que posteriores incidencias - allanamientos parciales o reducción del objeto litigioso al acceder el pleito a la segunda instancia- produzcan una variación en la cuantía inicialmente establecida, como igualmente, una cuantía inicialmente indeterminada puede llegar a concretarse cuando las partes litigantes despliegan una actividad eficaz a tal efecto, sin que ninguno de los dos supuestos se haya dado en este litigio ni pueda atenderse al intento de cuantificación extemporánea del litigio hecho por la parte ahora recurrente. La fijación de la cuantía siempre debe hacerse con sujeción a las normas vigentes al momento de presentarse la demanda (AATS de 22 de enero, en recurso 2337/2001, de 14 de mayo de 2002, en recurso 209/2002 y de 28 de mayo de 2002, en recursos 422/2002 y 352/2002 ), y, consecuentemente, a través de los actos procesales procedentes y sometida al debido principio de contradicción, especialmente cuando el legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 ni siquiera ha previsto un trámite equivalente al que contemplaba el artículo 1694 de la Ley de 1881 ; siendo a este respecto doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, específica para el acceso a casación en función de la cuantía litigiosa, que si ésta ha quedado fijada por las partes en la fase inicial del pleito por debajo del límite marcado por la ley para que proceda tal recurso extraordinario, ninguno de los litigantes podrá luego revisarla al alza con objeto de recurrir en casación la sentencia de segunda instancia que le haya sido desfavorable (STC 93/93, SSTS 9-10-92, 9-12-92, 14-7-95, 5-9-95 y 26-11-97 e innumerables Autos desestimatorios de recursos de queja tramitados bajo la vigencia de la LEC de 1881), y que ya ha sido aplicada por esta Sala en Autos desestimatorios de recursos de queja con la vigencia de la LEC 2000 (Cfr. AATS de 17 de septiembre de 2002, en recurso 654/2002, de 24 de septiembre de 2002, en recurso 656/2002, y de 1 de octubre de 2002, en recurso 794/2002, entre otros), como ocurre en el presente litigio en el que, como se ha dicho, la cuantía quedó fijada por voluntad de los litigantes por debajo de los límites que ahora autorizan el acceso a la casación."
-TS-Civil Acuerdo 18 dic 2007 sobre costas, impugnación de honorarios de abogados: "1) Las impugnaciones de las tasaciones de costas promovidas en recursos de casación regidos por la LEC 1881 se rigen por las disposiciones de ésta, por no entenderse comprendidas en la disposición transitoria sexta LEC 2000 sobre ejecución forzosa. 2) La decisión del Tribunal sobre aprobación de la tasación de costas debe tener en cuenta que la cuantificación de las costas está en directa relación con la efectividad del derecho a la tutela judicial en su aspecto de acceso a la jurisdicción. El Tribunal debe limitarse a fijar el crédito de la parte vencedora frente a la parte vencida, haciendo abstracción del que pueda corresponder al abogado frente a su cliente. La motivación debe ser cuidadosa para no prejuzgar este último aspecto, por lo que las referencias a la valoración del trabajo del abogado deben limitarse a los aspectos directamente vinculados a la determinación de la cuantía que debe ser objeto de la tasación en concepto de importe de los honorarios que debe ser repercutido sobre la parte vencida.
3) Bajo el régimen de la LEC 2000 el Tribunal debe aplicar criterios de equidad para fijar la remuneración que sea procedente cuando considere que la cantidad fijada en el dictamen del Colegio de Abogados emitido con ocasión de la impugnación de honorarios por excesivos no es adecuada. Entre otras circunstancias, debe tenerse en cuenta para el ejercicio de la facultad de moderación de los honorarios la falta de complejidad del asunto, la concurrencia de una pluralidad de partes recurridas, la excesiva repercusión de las cuantías elevadas y la irrelevancia de la actuación de la defensa. Esta última circunstancia debe tenerse especialmente en cuenta en los incidentes de admisión de los recursos de casación. Debe ponderarse la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual resultaría inadecuada la tasación de los honorarios, atendida la importancia del recurso de casación."
- TS-Civil Acuerdo 18 dic 2006 - "... se acuerda la no inclusión de los derechos colegiales por emisión de dictamen (asrt. 246 LEC) en la impugnación de honorarios de letrado por excesivos en la tasación de costas."
- TS-Civil Acuerdo 18 jul 2006 - Jura de cuentas, límite de plazo para su ejercicio: "Respecto del que se sigue llamando procedimiento de “jura de cuentas”, cuando actualmente tan sólo se trata de un procedimiento privilegiado para la exacción de una minuta detallada del procurador, dado que el art. 34 de la vigente LEC omite la obligación de juramento que anteriormente imponía el art. 8 LEC1881, ante la falta de regulación expresa de un plazo de caducidad para su ejercicio, teniendo en cuenta que puede considerarse como un incidente de la casación, debe aplicarse el plazo de caducidad de la instancia conforme se expresa en el informe elaborado por el Gabinete Técnico."
- TS-Civil Acuerdo 18 jul 2006 - Costas procesales en caso de desestimiento de los recursos extraordinarios: "El desistimiento en el recurso de casación comporta la condena en costas para la parte que lo interpuso, ya que crea una situación que equivale a la desestimación del recurso, resultando aplicable en tal caso, el art. 398.1 que remite al art. 394 de la LEC, al margen de que si no ha existido actuación procesal alguna de la contraparte no se practique la posterior tasación en costas."
- TS-Civil Acuerdo 4 abr 2006 - Iva en las tasaciones de costas - "Se decide incluir el IVA en las tasaciones de costas, siguiendo el criterio de la restitución in integrum, manteniéndose así lo que ya venía siendo un criterio de la Sala en este extremo."
- TS-Civil Acuerdo 20 dic 2005 - Impugnación de tasación de costas por indebidas - "En la impugnación de tasaciones de costas por indebidas se decide seguir la norma imperativa contenida en el art. 246 LEC, tramitándose el juicio verbal en la forma prevista, incluida la celebración de vista, terminando con Auto, por el carácter incidental que la impugnación comporta."
- AAP Mad-21, de 16 jun 2003 - Tasación de costas - Cambia el criterio mantenido desde la entrada en vigor de la LEC declarando, con base en su art. 242.3, que no es de aplicación a los derechos de Procurador y honorarios de Letrado la exigencia de presentar los justificantes del pago a la parte que solicita la tasación.
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
(Fiscalía Cir 1/2001): "La búsqueda de una inmediata y pronta respuesta judicial se extiende a la ejecución provisional de las sentencias que en estos procesos se dicten (art. 524.5). La preferencia ha de ser entendida como sinónimo de prioridad en su tramitación respecto de los restantes procesos declarativos ordinarios, de manera que se antepongan temporalmente al resto, saltándose el orden de antigüedad establecido, pues, sólo así, podrá otorgarse la tutela judicial rápida que toda violación de un derecho fundamental reclama, y que proclama el artículo 53.2 CE. Las especialidades que vertebran la protección civil de los derechos fundamentales habrán de ser tenidas en cuenta por los Fiscales que velarán por su cumplimiento en el despacho de los asuntos que les correspondan. La condición de parte que ostenta el Fiscal aparece contenida en los artículos 249.1.2º y 611.6º LEC, que constituye la concreción, en el ámbito de este proceso, de la función de intervención en los procesos judiciales de amparo que el artículo 3.12 EOMF atribuye expresamente al Fiscal. No obstante, tratándose de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, únicamente podrá ejercitar las acciones en defensa de la persona fallecida en los supuestos del artículo 4.3 de la LO 1/1982. Además, ostenta legitimación activa por sustitución en los casos de menores o de incapaces respecto de los cuales se produzca la violación de un derecho fundamental. Por último, su legitimación pasiva aparece consagrada por el citado artículo 249.1.2.
Cuando el escrito de contestación del Fiscal a la demanda haya sido formulario, y concurra alguno de los supuestos de posible sentencia inmediata, los Sres. Fiscales deberán manifestar en la audiencia previa, donde ya tendrán a su disposición la contestación y documentos presentados por el demandando, su postura sobre el fondo del asunto. Para ello harán constar la misma, bien en el trámite de fijación de los hechos cuando exista conformidad de las partes sobre los mismos (art. 428.1 y 3), artículo 429.8.
Los anteriores criterios deben servir igualmente de pauta a la hora de pronunciarse acerca del orden de intervención del Fiscal en los actos procesales de carácter oral. Sobre este extremo nada dice la LECiv, si bien la posición especial que ostenta el Fiscal en el cumplimiento de su misión constitucional de defensa de los derechos fundamentales y del interés público aconseja, también, que intervenga en último lugar."