Los libros de bautismo no son ficheros - Cancelación de anotación de bautismo
STS 15 dic 2008 (Rec. 5793/2007) - Solicitud de cancelación de la inscripción del bautismo. Los libros de bautismo no son ficheros. - "SEGUNDO.- El recurso interpuesto por la representación del Arzobispado de Valencia se deduce con fundamento en tres motivos de casación: En el primero denuncia la infracción del artículo 1, apartado 6, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre asuntos jurídicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 (instrumento de ratificación publicado en el BOE de 15 de diciembre de dicho año), en relación con el artículo 96 de la Constitución. En el segundo motivo casacional se alega vulneración del artículo 6 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (BOE de 24 de julio ), en relación con el artículo 16, apartado 1, de la Constitución. En el motivo tercero denuncia la recurrente infracción de los artículos 2, 4, 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre ). TERCERO.- Las cuestiones planteadas en el presente recurso, en los términos en que han sido más arriba delimitados, han recibido ya respuesta de esta Sala, en Sentencias de 19 de septiembre (rec.nº 6031/07), 14 de octubre de 2008 (rec. nº 5914/2007) o 7 de noviembre de 2008 (recursos . nº 578/07, 6026/07 o 6032/07) a las que formuló voto particular el Magistrado de esta Sala y Sección, Excmo . Sr. D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, en otros recursos de casación interpuestos contra otras tantas sentencias del mismo Tribunal de instancia, en que la representación del Arzobispado de Valencia invocó idénticos motivos a los ahora esgrimidos para conseguir la anulación de la sentencia recurrida, en la que dicho Tribunal "a quo" resuelve en igual sentido y con los mismos argumentos, de manera que, de acuerdo con los principios de unidad de doctrina y de igualdad de trato en aplicación de la ley, debemos seguir la orientación ya expuesta en nuestras sentencias anteriores, cuyos fundamentos asumimos y reiteramos ahora sólo en lo esencial. Por razones metodológicas conviene, como ya hicimos en las referidas sentencias, analizar en primer término el tercer motivo, que constituye un prius para la decisión de la contienda, ya que si, como pretende el Arzobispado recurrente, los libros de bautismo no constituyen «ficheros» a efectos de la legislación sobre protección de datos, habrá que casar la sentencia impugnada y, estimando la demanda contencioso-administrativa, anular el acto administrativo recurrido por ampararse en una precepto legal inaplicable al caso. Decíamos en aquellas sentencias que el artículo 3, apdo. b), LO 15/1999 señala que, a sus efectos, se reputa fichero «todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso». Como decimos en nuestra Sentencia de 26 de junio de 2008 (Rec. 6818/2003) remitiéndonos al ATC 197/2003 "la protección de datos se refiere según ese artículo 3 a todo dato personal registrado en soporte físico, cualquiera que sea la forma o modalidad de creación, almacenamiento, organización y acceso". Recordábamos también lo que ya hemos dicho en el Fundamento Jurídico primero acerca del contenido de la resolución de la Agencia de Protección de Datos, y afirmábamos que los razonamientos que el Tribunal a quo hace para reputar los libros de bautismo ficheros, en los términos definidos en el art. 3.b) LOPD no pueden ser aceptados por cuanto, como la antes mencionada sentencia entendió, los datos personales recogidos en los libros de bautismo no son un conjunto organizado, tal y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que resultan una pura acumulación de éstos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación, en cuanto no están ordenados, ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento previo de la parroquia donde aquél tuvo lugar, no resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo. En este mismo sentido ya la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/1992 afirmaba que los ficheros no se conciben como un mero depósito de datos, que es en realidad lo que ocurre con los que se recogen en los libros de bautismo, cuyos datos son facilitados de manera voluntaria. Afirmamos igualmente en dicha sentencia que en los datos reflejados en los libros de bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud, en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico, cierto, salvo que se acredite la falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona y, cuando ésta solicita la cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se corrija una inexactitud en cuanto al mismo, sino que, en definitiva, está intentando y solicitando un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos personales. De todo lo anterior cabe concluir que ni los libros de bautismo constituyen ficheros en el sentido del art. 3.b) de la citada Ley Orgánica, como tampoco lo son en función de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , en cuanto en la misma se define a los ficheros de datos personales como conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado, repartido de forma funcional o geográfica. Como expresamente hace constar la exposición de motivos del RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos, la actual Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal , adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando, a su vez, a la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre , de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Como pone de relieve el Tribunal Constitucional en su sentencia 292/2000, de 30 de noviembre , la anterior Ley Orgánica reguladora de la protección de datos, constituía el desarrollo de las previsiones contenidas en el apartado 4º del art. 18 de la CE, que reconoce las limitaciones establecidas por Ley en relación con el uso de la informática "para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". La citada sentencia del Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho fundamental de poder de control y disposición sobre los datos personales, entendiendo que el mismo 'confiere a su titular un haz de facultades que son elementos fundamentales del derecho fundamental a la protección de los datos personales, integrado por los derechos que corresponden al afectado a consentir la recogida y el uso de sus datos personal y a conocer los mismos. Y, para hacer efectivo ese contenido, el derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué finalidad, así como el derecho a oponerse a esa posesión y uso, exigiendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de tales datos'. Y añade la indicada sentencia que 'en suma, el derecho fundamental comprende un conjunto de derechos que el ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, públicos o privados, de ficheros de datos personales, partiendo del conocimiento de tales ficheros y de su contenido, uso y destino por el registro de los mismos. De suerte que es sobre dichos ficheros donde hay que proyectar en última instancia las medidas destinadas a la salvaguardia al derecho fundamental aquí considerado por parte de las Administraciones públicas competentes'. La Directiva antes mencionada 46/1995 define el fichero en los términos antes expresados y traslada, a diferencia de lo que hace la Ley Orgánica 15/99 (que extrañamente no contiene exposición de motivos, si bien se dicta en desarrollo de dicha Directiva) todo el centro y eje de la tutela de la protección de datos y de la regulación de los mismos al "tratamiento", declarando en su 15 considerando que 'los tratamientos que afectan a dichos datos sólo quedan amparados por la presente Directiva cuando estén automatizados, o cuando los datos a que se refieren se encuentren contenidos, o se destinen a encontrarse contenidos, en un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas, a fin de que se pueda acceder fácilmente a los datos de carácter personal de que se trate'. Y en el considerando 27 de la citada Directiva se afirma que 'la protección de las personas debe aplicarse tanto al tratamiento automático de datos como a su tratamiento manual; que el alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las técnicas utilizadas, pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante, por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva sólo abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están estructuradas; que, en particular, el contenido de un fichero debe estructurarse conforme a criterios específicos relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos personales'. En definitiva, la propia Directiva 46/95 refiere el ámbito de la protección que regula al tratamiento del dato, y en relación tanto con los tratamientos automatizados como respecto a los que no lo estén, siempre que en este caso los datos estén contenidos o se destinen a encontrarse contenidos en un fichero, entendido éste como un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas que permitan acceder fácilmente a los datos personales. Es en relación con dicha definición como hay que interpretar la que se contiene en el precepto antes citado de la Ley Orgánica 15/1999 , sin que quepa entender, en definitiva, que los libros de bautismo, que no tienen naturalmente la definición de recopilación de datos automatizados, sino manual, respondan al concepto de archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas y que permita acceder fácilmente a dichos datos y esa sea precisamente la finalidad a la que obedece su estructura, más aún si se tiene en cuenta el dato específico cuya actualización o corrección se pretende por el interesado, cual es la permanencia o abandono de la religión católica, pues en ningún caso los libros de bautismo, tal y como admite la resolución recurrida y así lo hemos transcrito en el fundamento primero, constituyen una relación de miembros de dicha religión ni acreditan la permanencia en la misma de quienes fueron bautizados. Lo anterior está corroborado por la definición que se contiene en el artículo 5.1.n del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999 . En él se define el fichero no automatizado como 'todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica'. Como hemos declarado en las antes citadas sentencias de 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008 , el registro de bautismo parroquial no contiene ningún criterio, apriorísticamente definido por una persona entendida como responsable del fichero, que permita hablar de una estructuración conforme a criterios específicos relativos a las personas, toda vez que el asiento se practica por la fecha de bautismo, o incluso en la fecha en que se toma constancia del mismo, lo que impide ciertamente el fácil acceso al dato, dado que ello exige conocer la parroquia en que el mismo se celebró y, por tanto, se inscribió y la fecha en que el bautizo o su anotación se practicó por el párroco. Y a tal efecto, ha de tenerse en cuenta que, conforme al canon 230 del Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983 , cabe incluso la administración del bautismo por laicos, sin perjuicio de que, de conformidad con el canon 530, ordinariamente dicha función corresponde al párroco, si bien el canon 857 permite la administración del bautismo en una iglesia u oratorio, que no necesariamente debe de coincidir con la iglesia parroquial propia, entendida ésta como la de los padres, ya que conforme a dicho canon puede existir causa justa que aconseje otra cosa, según ratifica el canon 859, llegando a permitir el 860 la administración, en caso de necesidad, en casas particulares, y, con autorización del Obispo diocesano, incluso en hospitales, lo que podrá realizarse, en caso de concurrir caso de necesidad o cuando lo exija otra razón pastoral. Lo anterior demuestra indudablemente las dificultades que pueden presentarse para obtener información sobre el bautismo que, por otro lado, está limitado a la solicitud del propio afectado, como se deduce del apdo. 1 del canon 535 del Código de Derecho Canónico, y sin que la posibilidad de que los datos de dichos libros sean utilizados con fines históricos o científicos suponga una vulneración de la Ley Orgánica 15/1999 ni de la Directiva 46/1995 , en cuyo desarrollo se dicta, pues a dicha posibilidad se refiere la propia Directiva en su considerando 29 y 40 , permitiendo ese uso con las garantías adecuadas establecidas por cada Estado. En el mismo sentido el artículo 9 del Real Decreto 1720/2007 permite el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos, estadísticos o científicos. Por otro lado, los datos conservados en el libro de bautismo no hacen sino reflejar el hecho histórico de la realización de dicho bautismo en una fecha determinada y con respecto a una persona identificada, con los demás requisitos previstos en el Código de Derecho Canónico, en ningún caso como hemos dicho anteriormente, se configuran los libros de bautismo como una relación de católicos o personas pertenecientes a la religión católica y mucho menos como un fichero o relación actualizada de aquéllos por lo que carece de objeto pretender actuar sobre tales libros a efectos de hacer constar el abandono de la religión católica con el único objeto de actualizar una relación de miembros de dicha religión que no es tal. La declaración de apostasía por parte del interesado no altera la circunstancia de que aquel hecho del bautismo se produjo y el dato referido al mismo es exacto, afectando dicha apostasía exclusivamente, en cuanto supone el rechazo total de la fe cristiana conforme al canon 751, a los derechos del interesado, sin que esté prevista la práctica de anotación de la misma en el libro de bautismo o registro en cualquier otra forma en libros parroquiales. En definitiva, ni los libros parroquiales de bautismo pueden entenderse constitutivos de un fichero, en el sentido que regula Ley Orgánica 15/99 , ni el dato que en los mismos se refleja, es inexacto, o no puesto al día o incompleto. Así lo entendió la propia Agencia Española de Protección de Datos, y así lo hizo constar en el fundamento sexto de su resolución, donde reconoce haber resuelto un asunto similar en el que solicitó informe de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, que contestó que 'la Iglesia Católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna de ellos' y que 'La Iglesia Católica al no poseer ficheros de datos no está en condiciones de cancelarlos'. En la misma línea, el Abogado del Estado, en su contestación a la demanda en la instancia, reconoce (apartado I.2ª) que el Libro de Bautismo no es una base de datos en el sentido que le otorga la Ley Orgánica 15/1999 - ni sus asientos suponen la pertenencia a la Iglesia Católica de quien aparece en el mismo- y que en consecuencia "sus datos no se cancelan", sin que pueda olvidarse tampoco que la propia Agencia teniendo en cuenta el informe de la Dirección General de Asuntos Religiosos afirma que el Registro Bautismal contiene actas de notoriedad que hacen referencia al hecho histórico del bautismo de una persona, sin que se identifique a la misma como miembro de la Iglesia Católica por lo que concluye que no procede la cancelación de los asientos y, en consecuencia, no acuerda la rectificación del libro de bautismo, como pedía el interesado, sino que dispone una simple anotación en la partida de bautismo y no en el libro, lo que a juicio de esta Sala no resulta correcto en cuanto que la certificación del contenido del libro que reflejaría dicha partida no se acomodaría a los datos del libro parroquial, resultando, por ello, improcedente máxime habida cuenta que no era esa la pretensión del solicitante sino la cancelación de sus datos obrantes en el libro de Bautismo. De nuevo el propio Abogado del Estado en su contestación a la demanda admite que la resolución recurrida no obliga al recurrente en vía contencioso a cancelar el dato del libro de bautismo, ni siquiera a que se haga constar por nota marginal en el mismo la razón, apostasía, que justificaría la petición de cancelación, todo ello en base a los acuerdos Iglesia-Estado; sin embargo se equivoca el Abogado del Estado al afirmar que lo que se ordenó en la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos es que 'conste por nota marginal en el libro de bautismo, que el reclamante "ha ejercitado su derecho de cancelación" del Libro de Bautismo', ya que lo que se acuerda literalmente en la resolución es que se remita al reclamante certificación en la que se haga constar que se ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha ejercitado su derecho de cancelación, pero sin ordenar rectificación alguna del contenido del libro, lo que decimos no resulta correcto ni posible, puesto que no podemos olvidar que la partida de bautismo no es sino una certificación del contenido de aquel, lo que justifica que en otras resoluciones se añada la coletilla "o justifiquen las causas que lo impiden", tal ocurre en la resolución que da lugar al recurso 5875/07, entre otros. En consecuencia, resolviendo el motivo casacional tercero, ha de estimarse el recurso de casación interpuesto por el Arzobispado de Valencia, así como el recurso contencioso administrativo, anulando, en definitiva, por su disconformidad a derecho la resolución impugnada en el recurso contencioso administrativo."
El Opus Dei debe cancelar los datos del solicitantes que constan en sus archivos
STS 10 nov 2011 (Rec. 5960/2008) -
LOPD-Art.45-Tipos de sanciones
STS 17 dic 2008 - Unificación de doctrina. Inadmite el recurso por falta de identidad entre las sentencias de contraste. Inclusión de una persona en un fichero de morosos. No cabe la atenuante de error de prohibición. - "SEGUNDO.- En el caso ahora enjuiciado el Tribunal de instancia confirmó la sanción aplicada a la empresa ahora recurrente, expresando en el fundamento de derecho quinto que 'Intimamente unido con el motivo anterior, se alega la existencia de error de prohibición, por cuanto Uni2 obró creyendo haber requerido de pago repetidamente al deudor, por ello considera que debe apreciarse una cualificada disminución de la culpabilidad al amparo del artículo 45.5 LOPD e imponerse la sanción correspondiente a una infracción leve y en concreto la de 601 €. Al respecto hay que reseñar que resulta difícil apreciar el error de prohibición que se invoca, cuando precisamente se efectúa el requerimiento de pago a través de una tercera empresa días después de la inclusión de una deuda en un fichero de morosos. Dicha conducta evidencia precisamente lo contrario de lo que se pretende, es decir una clara actuación culposa por parte de la demandante, que no lo olvidemos se trata de una empresa de telecomunicaciones que trata y opera con gran cantidad de datos personales y que debe ser conocedora de los requisitos exigidos para la inclusión de una persona en un fichero de morosos, requisitos que ya se exigían con la Ley 5/1992, bajo cuya vigencia se dictó la Instrucción 1/1995, de 1 de marzo , de la AEPD. No cabe por ello apreciar ni error de prohibición en su actuación ni en definitiva la cualificada disminución de la culpabilidad que se postula. Por otra parte, la sanción impuesta ha sido la mínima posible, por lo que no puede apreciarse vulneración del principio de proporcionalidad. El recurso, en definitiva, debe ser desestimado'. TERCERO.- Alega la entidad recurrente, en apoyo de la pretensión estimatoria del presente recurso de casación, la contradicción que, afirma, existe entre lo resuelto en la sentencia ahora recurrida a través de este excepcional recurso con lo resuelto en la de la misma AN y su Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, de 20 de abril de 2006. En el aspecto que constituye el objeto del recurso, consistente en la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 45.5 LOPD, la sentencia que se invoca como de contraste resuelve la cuestión accediendo a la pretensión de reducción de la sanción impuesta, sustituyendo la misma por la de 600,01 euros con el siguiente argumento: 'En el caso presente la parte recurrente afirma que la razonabilidad de sus pretensiones anulatorias es razón suficiente para justificar la aplicación de dicho precepto. Esta Sala considera que el hecho de que el tipo infractor que se ha aplicado en este caso necesite ser completado con lo previsto en una Instrucción dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos donde se recoge el requisitos formal que se ha omitido en el caso presente así como que hubiera un intento fallido de requerimiento previo al deudor, son circunstancias que nos permiten pensar que no se ha producido por la empresa recurrente una desatención burda al contenido de las normas sobre protección de datos y que son circunstancias que justifican que se considere concurrente una reducción en la culpabilidad de la recurrente y que se lleve a cabo la reducción prevista en el articulo 5.5 (quiere decir 45.5) de la LO 15/99.'. De la simple comparación de los términos de una y otra sentencia, resulta lo improcedente de apreciar, para la estimación del recurso, la sustancial identidad entre los supuestos contemplados por ambas sentencias como requisito esencial para la viabilidad de la casación para la unificación de doctrina, dado que en la que se invoca como de contraste se parte de la existencia de un intento fallido de requerimiento previo al deudor mientras que, precisamente, la inexistencia de tal requerimiento previo constituye el punto de partida para el análisis de la cuestión relacionada con la aplicación de lo dispuesto en el art. 45.5 de la citada Ley, ya que la sentencia recurrida afirma lo difícil de apreciar la alegación invocada sobre la existencia de requerimiento previo cuando, precisamente, dicho requerimiento se efectuó a través de una tercera empresa días después de la inclusión ya de la deuda en el fichero de morosos, evidenciando dicha conducta, precisamente, como entendió el Tribunal sentenciador, lo contrario de lo que se pretende, es decir, una clara actuación culposa por parte de la demandante, que es además, como también expresamente pone de relieve el Tribunal sentenciador, una empresa de telecomunicaciones que trata y opera con gran cantidad de datos personales y que debe ser conocedora de los requisitos exigidos para la inclusión de una persona en un fichero de morosos, requisitos que ya se exigían en la Ley 5/92, bajo cuya vigencia se dictó la instrucción 1/95 de 1 de marzo del Director de la Agencia de Protección de Datos. No existe, por tanto, la esencial identidad de situaciones de hecho entre las tomadas en consideración por la sentencia recurrida y las de la sentencia de contraste, lo que excluye la posibilidad de estimar el presente recurso de casación."