Asentamientos

Comunidades - Pueblos, poblados, villas, caseríos, ciudades, etc.

En general, en el marco israelo-palestino se usa el término asentamiento para referirse, con indudable ánimo desligitimador o peyorativo, a las nuevas comunidades de judíos en territorios de Palestina no controlados por Israel antes de la Guerra de los Seis Días.

Algunos preferimos llamarlos pueblos, poblados, villas, caseríos, ciudades si son más grandes, etc., como se hace con los mismos pueblos nuevos formados por árabes en esos mismos territorios, o en cualquier otro lugar del mundo.

No obstante, al tratarse de un 'tema' que ha adquirido denominación de origen, y ser este sitio un lugar de aprendizaje, sucumbiré, por ahora al menos, a la terminología dominante, aunque no la prefiera.

¿Quién es indígena?

Israel Palestine: Who’s Indigenous? (Ryan Bellerose, January 9, 2014) - El antropólogo José Ramón Martínez-Cobo, ex relator especial de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación de las Minorías de NNUU, define qué ha de entenderse por pueblos y comunidades indígenas. En su artículo, Bellrose lo recuerda, así como su aplicación a los judíos, 'indígenas', y a los palestinos, 'gente con derechos por su larga presencia'.

Michael Oren no duda en definir a los judíos como pueblo indígena de Palestina (sobre el minuto 44:30 en el vídeo). Claro que el mismo Jabotinsky no dudaba en tener a los árabes de palestina como pueblo nativo también, como dice en La Muralla de Hierro.  

Adquisición de Tierras y Asentamientos

En este campo han sido importantes los trabajos de Yehoshua Ben-Arieh, primero, y Reichmann, luego, y sus discípulos y los de éstos, entre ellos: Ruth Kark, Yossi Ben-Artzi, Ran Aaronsohn, Zvi Ziloni, Yossi Katz, Irit Amit, Rina Idan, Arnon Golan.

Según investigaciones de Yossi Katz (ver aquí en pág. 160), antes de 1947 los judíos eran dueños de 1,8 millones de dunams (1 dunam = 1.000 m2), 600.000 de ellos comprados por el Fondo Nacional Judío entre 1936 y 1947, y formaron unos 700 asentamientos. Benny Morris habla de 1,4 millones, y de 456.000 en 1920.

Es decir, en 1947 los judíos eran dueños del 6,5% de la Tierra de Israel, incluyendo la Ribera Occidental y Gaza, y del 8,4% si no incluimos el territorio de éstas.

Como consecuencia de la Guerra de 1948, y de la huida y expulsión de árabes de la Tierra de Israel, los israelíes se encuentran con 400 asentamientos árabes libres (de los más o menos 800-850 que tenían los árabes), que suponen unos 4,2 millones de dunams arables (ver aquí en pág. 160) que habían sido propiedad de árabes, esto es, un 15,1% de la Tierra de Israel.

Del resto (78,4%), alrededor de un 70% eran terrenos sin dueño o públicos, quedando en manos árabes -musulmanes, cristianos y otros-, poco más del 5-8%.

Según Benny Morris, a finales de 1947 había 1,25 millones de árabes en Palestina, de ellos 1,1 millones musulmanes y 0,15 millones cristianos, el 65-70% de los cuales vivían en unos 800-850 poblados; un 30% vivían en ciudades; unos 70.000 beduinos se concentraban sobre todo en el norte del Neguev, en número decreciente a medida que se iban asentando en poblados y ciudades. En 1922 había unos 22.000 dunams de tierras árabes produciendo cítricos; en 1940 ya eran 140.000, la mayoría destinadas a la exportación. En 1931 había 332.000 dunams de huertos (pomedales y olivares); en 1942 ya había 832.000. Aun con un grande y creciente componente urbano, la Palestina árabe de 1947 seguía siendo esencialmente una sociedad de campesinos. Sobre la mitad de la tierra de los árabes sera propiedad de pequeños propietarios y la mayor parte del resto, trabajada por arrendatarios, era propiedad de grandes terratenientes que vivían en ciudades, muchos en Líbano, Egipto o Siria. El 50% más o menos de toda la tierra de Palestina, la mayor parte en el Neguev, era estatal.

Asentamientos en tierras propiedad privada de palestinos

Primero Arutz Sheva y luego Haaretz, publican una noticia que sostiene que el grupo sionista de derechas Regavim (רְגָבִים, terrones de tierra) preparó un estudio, que remite a miembros de la knéset, en el que sostienen que se han levantado 2.026 estructuras, de ellas 1.232 permanentes y el resto ambulantes, sobre tierra propiedad de palestinos en Judea y Samaria, incluyendo en Ofra (530 casas), Beit El (289), Eli (166), Mechmesh (133), Elon Moreh (128), Psagot (98), Kochav Ya'akov (83), Kedumim (71), Kokhav Hashahar (65), Neve Tzuf (52), Otniel (47), Shavei Shomron (45), Mitzpeh Yeriho (45), Yitzhar (43), Maon (34), Tapuah (27), Adam (25), Beit Hagai (25), Susya (23), Neve Daniel (19), Tekoa (17), Har Bracha (15), Nokdim (15), Pnei Haver (13), Kedar (7) y Ma'ale Amos (5).

Lo de la "construcción en tierras propiedad privada de palestinos" es un asunto truculento y un tanto enrevesado sobre el que volveré. Con base en ese criterio, el Tribunal Supremo de Israel ha mandado el desalojo y demolición de Amonah (con un último plazo el 25 de diciembre de 2017, luego prorrogado otros 45 días). Curiosamente, esa resolución del Tribunal Supremo se basa en no poca medida en las posiciones inicialmente adoptadas por el gobierno israelí en este asunto, cuando se declaró incompetente para actuar contra Amonah por haberse inicialmente levantado no sobre suelo público sino sobre suelo privado. 

Pero el asunto es aún más enrevesado y necesitaré un tiempo y calma para volver sobre el tema y explicarlo con algo más de claridad.

Distinción entre Asentamientos (תנחלות) y Puestos avanzados (מַשַחַז)

El verbo hebreo asentar y sus derivados están presentes desde el principio del sionismo (y antes): el yishuv (ישוב‎, literalmente asentamiento), usado desde mediado el siglo XIX, se refiere a la comunidad de judíos en Palestina antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948 (y a veces para referirse al conjunto de judíos que vivían antes en la Tierra de Israel); y el moshav (מוֹשָׁב‎, que significa poblado y también asentamiento) hace referencia a las cooperativas agrícolas típicas de comienzos del sionismo, semejantes a los kibutzim, que en lugar de cooperativas eran colectivas.

Cuando hoy se habla de los asentamientos israelíes (en hebreo se usa otra palabra, תנחלות, tanajalot, que es un plural) se hace referencia a los poblados y comunidades judías levantados en territorios que no estaban bajo el dominio del Estado de Israel antes de la Guerra de los Seis Días de 1967 en:

En relación con el denominado proceso de paz, y en la jerga internacional, los más controvertidos son, probablemente, los levantados en Samaria y Jerusalén Este, aunque también los del valle del Jordán y Judea.

Dos informes encargados por el gobierno de Israel abordan el tema de los asentamientos y puestos avanzados:

Informe Sasson sobre los Outposts (9 Mar 2005)

Informe Sasson sobre los Outposts (10 Mar 2005) - Resumen, que contiene enlaces al informe completo

Informe Levy sobre Asentamientos en la Ribera Occidental (9 July 2012)

Informe Levy sobre Asentamientos en la Ribera Occidental (9 July 2012) - Completo en hebreo - Sus Argumentos legales en inglés - Conclusiones y Recomendaciones en inglés.

Parece que a finales de 2015 Israel prepara un informe sobre la legalidad de los asentamientos con base en gran medida en el Informe Levy, según nos informan en Israel Draws Up Document Justifying Legality of Settlements, Property Claims to West Bank.

La legalidad del gobierno israelí sobre los Altos del Golán

Why Israeli Rule of Golan Is Lawful -- and Wise (Peter Berkowitz, 2016)

Asentamientos aprobados por Israel entre 1990-2013

You won't believe how many new settlements have been approved by Israel since 1990 (Jan 2, 2014)

Territorios Administrados: Territorios Liberados, Territorios Disputados o Territorios Ocupados

El Estado de Israel denomina 'territorios administrados' a los que, no habiendo conformado el estado antes de la Guerra de los Seis Días, quedaron bajo su administración después (e Israel no anexionó formalmente, como sí hizo con el Jerusalén jordano y, más adelante, en diciembre de 1981, con los Altos del Golán). Dialécticamente, unos los denominan territorios liberados, otros territorios ocupados y otros territorios disputados sui generis. Estos últimos rechazan el término ocupación porque para que haya tal es necesario que el ocupante los haya tomado de un legítimo ente soberano previo y, en este caso, Israel los toma de Jordania, que carecía de derecho legítimo alguno sobre Judea y Samaria, y de Egipto, que carecía de derecho sobre Gaza.

El concepto de ocupación ilegal se genera por primera vez en la Administración Carter, en un informe de Arthur Herbert H. Hansell, consejero legal del State Department, de 21 de abril de 1978, que concluye:

Así como Israel puede llevar a cabo, en los territorios ocupados, acciones necesarias para alcanzar sus necesidades militares y gobernar ordenadamente durante la ocupación, por las razones indicadas antes el establecimiento de asentamientos civiles en esos territorios no se ajusta a la ley internacional.

"While Israel may undertake, in the occupied territories, actions necessary to meet its military needs and to provide for orderly government during the occupation, for reasons indicated above the establishment of the civilian settlements in those territories is inconsistent with international law."

Por primera vez el 7 de enero de 2020, el gobierno americano, mediante declaración de su Secretario de Estado Pompeo, rechaza esa interpretación y declara que esos asentamientos no son contrarios a la ley internacional.

The Legal Basis of Israel’s Rights in the Disputed Territories (Amb. Alan Baker, July 8, 2013)

Hijacking the Laws of Occupation (Amb. Alan Baker, 2017)

En Manipulating International Law as Part of Anti-Israeli “Lawfare” (June 2, 2013) Robbie Sabel sostiene:

Why Is Israel's Presence in the Territories Still Called "Occupation"? (Avinoam Sharon, 2009) - "A menudo, el término 'ocupación' se emplea políticamente, menospreciando su significado legal o general. Iraq fue ocupado por las fuerzas de la Coalición en la primavera de 2003 hasta el 28 de junio de 2004, cuando lo entregaron la Gobierno Provisional de Iraq. En ese momento, las fuerzas de la Coalición permanecieron en Iraq, pero éste ya no se reputaba ocupado. Si la entrega a un gobierno provisional nombrado por la Colación acabó con la 'ocupación' de Iraq, ¿no será lo mismo predicable del establecimiento de la Autoridad Palestinia e Israel tras los Acuerdos de Camp David?" - En mi opinión este argumento es muy flojo.

From 'Occupied Territories' to 'Disputed Territories' (Dore Gold; Jan 16, 2002) - Los términos "territorios ocupados" y "ocupación", cargados políticamente, parecen aplicarse solo a Israel y casi nunca se usan cuando se debate sobre otros territorios disputados.

En ¿“Territorios Palestinos Ocupados”? (Marcelo Wio, 6 de Mayo de 2013) se hace una extensa exposición del tema.

Israel como entidad colonialista: ficción histórica (Dore Gold, Aug 17, 2010)

Who do the territories belong to? (video 6', en hebreo subtitulado en inglés)

Algunas resoluciones de NNUU sobre la soberanía y los derechos humanos en los territorios ocupados.

Negocios en los territorios ocupados (no por Israel)

En Economic Dealings with Occupied Territories (2015) Eugene Kontorovich examina detalladamente la práctica de los estados y la jurisprudencia en la ejeciución de negocios con territorios ocupados como el Sáhara Occidental, Chipre, Nagorno-Karabaj y Abjazia, entre otros. Un artículo suyo relacionado: Business with occupied territories, Orange telecom, and the French approach to international law (June 4, 2015)

Restricciones al Asentamiento

U.S. Policy on Israeli Settlements (Dore Gold, June 2, 2009) - Según el autor, al constreñir la actividad de asentamiento, EEUU intenta esencialmente obtener concesiones adicionales de Israel, no previstas en los Acuerdos de Oslo. EEUU e Israel ya han negociado líneas específicas para la actividad de asentamiento de forma que ésta no disminuya el territorio de la futura entidad palestina. Dado que las zonas de asentamiento construidas en la Ribera Occidental es el 1,7% del territorio, el territorio que se vería afectado por su crecimiento natural sería infinitesimal. Puede que la disputa actual entre Israel-EEUU sobre la actividad de asentamiento tenga que ver, en realidad, con la amplitud de la retirada israelí de la Ribera Occidental que busca el Presidente Obama.

Los asentamientos no son ilegales conforme a la ley internacional

Fuentes

Dos informes encargados por el gobierno de Israel, el Informe Levy (2012) y el Informe Sasson (2005) han abordado las implicaciones legales de los asentamientos.

Tras la S/Res/2334 del Consejo de Seguridad de NNUU de 2016, The International Legal Forum elabora Legal analysis of the status of post-1967 Israeli held territories under international law (2017), documento dirigido a ayudar en la labor de contrarrestar los posibles efectos nocivos de la S/Res/2334.

Otros argumentos y resúmenes de argumentos: 

Artículo 80 de la Carta de NNUU y artículo 6 del Mandato sobre Palestina

La ONU (su Carta y Estatuto del tribunal Internacional de Justicia) no puede crear un Estado Palestino por sí misma (ver más aquí). De la misma manera que no puede revocar el derecho de los judíos a establecerse en todo el territorio que abarcaba el Mandato sobre Palestina, conforme al artículo 6 de dicho Mandato que reconoce a los judíos el derecho a:

lnmigrar libremente a la tierra de Israel y establecer colonias de población.

No puede hacerlo porque ello iría contra lo dispuesto en el artículo 80 de la Carta de NNUU (al que cuando se debatió y aprobó llamaban la 'cláusula del pueblo judío'), en relación con el Mandato sobre Palestina, como aquí nos explican bien: pudo hacerlo, al amparo del Capítulo XII de la Carta, durante tres años, entre el 24 de octubre de 1945, cuando se aprueba la Carta de NNUU, y el 14 de mayo de 1948, cuando expiró el Mandato sobre Palestina e Israel declaró su Independencia, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, los derechos dados a los judíos por el Mandato Británico (ver la Resolución de San Remo, incorporada al Mandato) tienen fuerza ejecutiva y no pueden ser revocados por NNUU.

Qué es y no es ley internacional

La ley internacional nace de tratados suscritos por los estados y de las costumbres que siguen los estados.

Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General de NNUU o las opiniones asesoras de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, no son ley internacional. Tampoco todas las decisiones aprobadas por el Consejo de Seguridad de NNUU lo son; conforme al Capítulo VII del Tratado de creación de NNUU se les otorga carácter coercitivo solo cuando el CS previamente declara que un Estado ha llevado a cabo un acto de agresión o que el acto de dicho estado supone una amenaza contra la paz y seguridad mundiales y, consiguientemente, actúa para remediarlo... y eso nunca lo ha hecho el CS en relación con Israel. Vídeo explicativo.

2010 - Borrador de Resolución sobre ilegalidad de los asentamientos

La representación palestina en la ONU ha preparado un borrador de resolución (Dic 2010) para que el Consejo de Seguridad declare que los asentamientos de Israel son "ilegales y constituyen un gran obstáculo para lograr la paz." Aunque EEUU se opone, lo cierto es que hace mucho que la legalidad de los asentamientos de Israel ocupa un espacio central en la agenda de la comunidad internacional. Aunque parece que esa propuesta no será votada, Francia está desarrollando una propuesta alternativa con un lenguaje solo ligeramente más suave.

1980 (2014) - CS Resolución 465 - Primera en la que EEUU, presidido por Carter, vota a favor de considerar ilegales los asentamientos

La CS Resolución 465 es la primera - la siguiente es la CS Res 2334 de 2016, con Obama de Presidente - en la que EEUU ha votado a favor de una declaración de ilegalidad de los asentamientos, aunque luego Jimmy Carter ha sostenido que su embajador debió abstenerse, como escribe Steven Rosen (2012), y recuerda Shmuel Rosner (2014) al comentar sobre la propuesta de resolución presentada ante el CS por la AP a finales de 2014 en la que se pretende dar a Israel un año para volver a las fronteras de 1949.

1980- CS Res 465, 467-471, 474, 476, 478, 481, 483 y 484

1980 - AG Res 35-507 (16 dic 1980) - La situación el el Oriente Medio.

1979 - CS Resolución 446: los asentamientos no tienen validez legal

1979 - CS Res 446 (22 mar) - declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio. Además, exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y "desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados"

1967 - CS Res 242 (1967): Fronteras seguras y reconocidas y Territorios ocupados

Más sobre Fronteras

Fronteras Seguras y Reconocidas y Retirada de Territorios Ocupados (Consejo de Seguridad Res 242 de 22 nov 1967)

La CS Res 242 (22 nov 1967) es la resolución fundamental relativa a Fronteras seguras y reconocidas y Retirada de territorios ocupados.

En 1991, uno de los redactores de la CS Res 242 (1967), Eugene W. Rostow, escribe un artículo - Resolved: are the settlements legal? Israeli West Bank policies - sobre el significado que tienen esa resolución y la CS Res 338 (1973) y su impacto en la legalidad de los asentamientos:

"Resolution 242 leaves the issue of dividing the occupied areas between Israel and its neighbors entirely to the agreement of the parties in accordance with the principles it sets out. It was, however, negotiated with full realization that the problem of establishing "a secure and recognized" boundary between Israel and Jordan would be the thorniest issue of the peace-making process. The United States has remained firmly opposed to the creation of a third Palestinian state on the territory of the Palestine Mandate. An independent Jordan or a Jordan linked in an economic union with Israel is desirable from the point of view of everybody's security and prosperity. And a predominantly Jewish Israel is one of the fundamental goals of Israeli policy. It should be possible to reconcile these goals by negotiation, especially if the idea of an economic union is accepted.

The Arabs of the West Bank could constitute the population of an autonomous province of Jordan or of Israel, depending on the course of the negotations. Provisions for a shift of populations or, better still, for individual self-determination are a possible solution for those West Bank Arabs who would prefer to live elsewhere. All these approaches were explored in 1967 and 1968. One should note, however, that Syria cannot be allowed to take over Jordan and the West Bank, as it tried to do in 1970.

The heated question of Israel's settlements in the West Bank during the occupation period should be viewed in this perspective. The British Mandate recognized the right of the Jewish people to "close settlement" in the whole of the Mandated territory. It was provided that local conditions might require Great Britain to "postpone" or "withhold" Jewish settlement in what is now Jordan. This was done in 1922. But the Jewish right of settlement in Palestine west of the Jordan river, that is, in Israel, the West Bank, Jerusalem, and the Gaza Strip, was made unassailable. That right has never been terminated and cannot be terminated except by a recognized peace between Israel and its neighbors. And perhaps not even then, in view of Article 80 of the U.N. Charter, "the Palestine article," which provides that "nothing in the Charter shall be construed ... to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments...."

Some governments have taken the view that under the Geneva Convention of 1949, which deals with the rights of civilians under military occupation, Jewish settlements in the West Bank are illegal, on the ground that the Convention prohibits an occupying power from flooding the occupied territory with its own citizens. President Carter supported this view, but President Reagan reversed him, specifically saying that the settlements are legal but that further settlements should be deferred since they pose a psychological obstacle to the peace process.

In any case, the issue of the legality of the settlements should not come up in the proposed conference, the purpose of which is to end the military occupation by making peace. When the occupation ends, the Geneva Convention becomes irrelevant. If there is to be any division of the West Bank between Israel and Jordan, the Jewish right of settlement recognized by the Mandate will have to be taken into account in the process of making peace.

This reading of Resolution 242 has always been the keystone of American policy. In launching a major peace initiative on September 1, 1982, President Reagan said, "I have personally followed and supported Israel's heroic struggle for survival since the founding of the state of Israel thirty-four years ago: in the pre-1967 borders, Israel was barely ten miles wide at its narrowest point. The bulk of Israel's population lived within artillery range of hostile Arab armies. I am not about to ask Israel to live that way again."

2004 - EEUU garantiza a Israel que en un acuerdo final no se volverá a las líneas del armisticio de 1949 (14 abril 2004)

2008 - Posición palestina sobre las fronteras

Progress Report on Territory Negotiations (Gobierno de Israel y Autoridad Palestina, Oct 29, 2008) - Documento filtrado entre los PalestinePapers - The report outlines the challenges and few acheivements/progress that has been made with the committee. The report indicates that overall, little progress has been made due to Israel's lack of recognition of the 1967 lines as a base for any future negotiations, despite Secretary Rice's efforts to also push Israel in this direction.

Convenciones internacionales

Se dice que los asentamientos son ilegales porque violan:

Hasta ahora no se ha tenido la CPI como Organismo para determinar fronteras disputadas ni en el pasado las cortes penales internacionales han tenido entre sus funciones la definición de los territorios de las naciones. Sus estatutos y estructuras están diseñados para determinar la culpabilidad, e incluso en este caso solo cuando las partes en disputa se someten a su jurisdicción.

Sobre la Estatalidad de un 'Estado Palestino' (Convención de Montevideo, Pacto de Versalles, ...)

Asentamientos y el artículo 8.2.b.viii del Estatuto de Roma de la ICC / CPI (Corte Penal Internacional)

El artículo 8.2.b.viii del Estatuto de Roma (Estatutos de la Corte Penal Internacional) establece:

"1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": 

    a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: (...)

    b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: (...)

        viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; (...)"

Article 8(2)(b)(viii) of the ICC Statute

"(1) The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.

 (2) For the purpose of this Statute, ‘war crimes’ means:

    (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

        (viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory; "

Israel/Palestine - The ICC’s Uncharted Territory (Eugene Kontorovich, 30 nov 2013) - Aborda la cuestión de la competencia jurisdiccional de la CPI que, más limitada que la de la Convención de Ginebra, se limita al "territorio soberano" de los estados miembros: Israel no es miembro de la CPI y los territorios de 'Palestina' no tienen fronteras claramente definidas. El artículo parte, a efectos dialécticos, de que Palestina es un estado y de que los asentamientos son ilegales (sin plantearse la corrección de tales asunciones) y no se plantea si los asentamientos constituyen crímenes regulados en los estatutos de la CPI o en los de otros organismos internacionales, sino si su estatuto le atribuye competencia sobre tales crímenes en el caso concreto de las circunstancias existentes en los territorios disputados. En el artículo se expone que:

The presumed illegality of Israeli settlements does not establish that they were committed in the territory of the state of Palestine. The origin of the ‘settlements’ norm is Article 49(6) of the Fourth Geneva Convention, which provides that the ‘occupying power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies’. In the drafting of the Rome Statute, the Arab states successfully proposed modifying the Geneva language to ‘directly or indirectly deport or transfer’. The inclusion of this language was thought to specifically target Israel’s settlements, and was the chief reason it did not join the treaty. 

For ‘transfer’ to be a crime, the relevant territory must be occupied. Israel has long argued that the underlying Geneva Convention provisions regarding occupation are limited to the ‘occupation of the territory of a High Contracting Party’. The West Bank was not Jordanian sovereign territory when Israel took it in 1967. Since the territory did not belong to a High Contracting Party when occupied, the argument goes, the rules regarding occupation do not apply.

Yet many, and perhaps most, international lawyers reject this argument, concluding that the Conventions’ protections are intended to have broader scope, and apply (at least) to all wars between member states. However, such a conclusion does nothing to establish the ‘territory’ of a Palestinian state. The central difficulty for ICC jurisdiction is that the mere fact of Israeli occupation does not mean the territory falls under Palestinian sovereignty. The dominant interpretation of the Geneva Conventions is that an ‘occupation’ can arise even in an area that is not the territory of any state -- and for decades international lawyers have been saying this is precisely the situation in the West Bank. Thus even if Israel is an occupying power throughout the West Bank for the purposes of substantive humanitarian law, this does not establish that settlement activity occurs ‘on the territory’ of a state of Palestine.

In other words, while conduct may not need to take place in the territory of a state to constitute a violation of the underlying norm, they still must be ‘on the territory’ of a state for the ICC to have jurisdiction. This is because the ICC is not a court of general or global jurisdiction; its jurisdiction does not extend to all violations of humanitarian law anywhere in the world. This is consistent with the respective roles of the Geneva Conventions and the ICC. The Geneva Conventions, which have near universal adherence, are interpreted broadly because of a desire to not have gaps in coverage. With the ICC, which has a limited and particular jurisdiction, gaps in jurisdictional coverage are purposeful and inherent.

The lack of clear territorial jurisdiction would be particularly troubling in cases against non-member nationals because the underlying crime is not one of universal jurisdiction. Any and all nations have jurisdiction of universal jurisdiction crimes; no territorial connection with the offence is needed (though custody of the defendant may be required). For such crimes, an alternative theory of the ICC’s jurisdiction is that it exercises also delegated universal jurisdiction, not merely delegated territorial jurisdiction. To the extent crimes within the Court’s jurisdiction are universally cognizable, concerns about non-member nationals are somewhat attenuated. Yet not all crimes within the ICC Statute are universal. Perhaps the most salient exceptions are aggression and non-grave breaches of the Geneva Conventions, of which ‘transfer’ is one. Not only does the Geneva regime not make ‘transfer’ universally cognizable, there is no practice whatsoever of universal jurisdiction being applied to the offence (even though there have been several universal jurisdiction proceedings against Israel). Additional Protocol I to the Geneva Conventions treats an expanded version of the ‘transfer’ norm as a ‘grave breach’. Some argue the Optional Protocol has acquired customary status -- despite not being ratified by major powers such as the United States, India, Pakistan, Turkey and of course, Israel -- but there is no evident state practice to support such a custom.

(...)

Adjudication by international tribunals, including the ICC, depends fundamentally on state consent. As a result, the ICJ held in the influential Monetary Gold case that it could not determine the legal rights and duties of a state that was not party to the case and that had not given its consent.40 Thus where the decision of a case necessarily requires the adjudication of the legal interests of a non-consenting state, the Court cannot exercise jurisdiction. This principle extends beyond the ICJ; other international tribunals have treated the principle as part of the general international law applicable to international tribunals: (...)

This would also be the case where underlying international borders between a member and its non-member neighbour are undetermined. To exercise jurisdiction, the Court necessarily must decide on the borders of Palestine, which simultaneously determines the borders of Israel, a non- member. In order to reach the issue of individual liability, the Court must first draw the borders of a non-consenting state ç as clear a violation of the Monetary Gold principle as one could imagine.

Y la parte más relevantes del artículo acaso sea su apartado 6. Oslo Accords and ICC Delegated Jurisdiction, a cuya lectura os remito, pero del que extracto lo siguiente:

The GA’s recognition of the state of Palestine has not abrogated the Oslo Accords, which both parties continue to treat as binding.46 Under the Oslo Accords Israel exercises full territorial control of a section of the West Bank known as Area C. Within Area C, Israel exercises by agreement with the Palestinian authority, complete criminal jurisdiction. All Jewish settlements in the West Bank lie in Area C. Territorial delegated jurisdiction depends on the nation actually having legal jurisdiction over the territory. It would be difficult to conclude that Palestine can delegate jurisdiction to the ICC over the settlements when all criminal jurisdiction in this area has already been assigned to Israel in the Oslo Accords. Moreover, the lack of de jure Palestinian jurisdiction over the territory of the settlements makes it harder to argue that this area currently forms part of the ‘territory’ of the state of Palestine.

(...)  Along with Israeli exclusive jurisdiction over criminal issues Area C, under the Oslo Accords, the Palestinian authorities agreed to exclusive Israeli criminal jurisdiction over all Israeli nationals both in the Palestinian-controlled and Israeli-controlled areas of the West Bank.54 In Oslo, the Palestinian government excluded itself from all adjudicative jurisdiction over Israelis, and is even limited in its enforcement jurisdiction: 

The Palestinian authorities shall not arrest Israelis or place them in custody. However, when an Israeli commits a crime against a person or property in the Territory, the Palestinian Police, upon arrival at the scene of the offense shall if necessary, until the ar- rival of Israeli military forces, detain the suspect in place while ensuring his protection and the protection of those involved.

La conclusión del autor:

9. Conclusion

Discussions of an ICC referral concerning Israel routinely mention political sensitivity. But drama aside, such a situation would also be legally exceptional. The Court has never approved a referral by state parties of non-member states; has never heard cases involving non-grave breaches of the Geneva Conventions (or any crime not involving mass atrocity); has never dealt with the ‘anti-transfer’ norm (nor has any other international criminal tribunal); and never determined rights in territorial disputes. Taking a situation under any one of these circumstances would be a major move for the Court, with significant implications for all other nations. Accepting a situation under a combination of these circumstances would be a massive extension of the Court’s authority.

Not all instances of international crime can find redress through the ICC system. This was a conscious choice in the Statute’s design, to make the institution more acceptable to the sensibilities of sovereign states. If the ICC begins investigating matters not lying within the clearly established borders of state parties without benefit of a Security Council referral, it will win the enmity of all non-state parties, and ultimately be less able to fulfill its mandate. It is impossible to say whether this is the sort of situation that would warrant an abstention from prosecuting in the ‘interest of justice’ because of the vagueness of the standard, and its exceptional nature, as well as a lack of previous precedent,85 but at the very least one must note that there are so many unsolved legal problems that it would make any determination by the Court an extremely difficult manoeuvre in uncharted territory.

El 3 de abril de 2012 el Fiscal de la CPI emitió una declaración (antecedentes del caso) negando su competencia para decidir sobre la solicitud, hecha el 22 de enero de 2009, de la Autoridad Nacional Palestina declarando aceptar la jurisdicción de la CPI, al amparo del artículo 12(3) de os Estatutos de la CPI, que permite a los estados no miembros de la CPI aceptar la jurisdicción de ésta sobre crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales. El fiscal aborda la cuestión de si Palestina es un estado; dice (comentario y crítica a su decisión):

“competence for determining the term “State” within the meaning of article 12 rests, in the first instance, with the United Nations Secretary General who, in case of doubt, will defer to the guidance of General Assembly. The Assembly of States Parties of the Rome Statute could also in due course decide to address the matter in accordance with article 112(2)(g) of the Statute.”

Sobre la estatalidad de un 'Estado Palestino' y las convenciones y normas de derecho internacional, ver más aquí

Report of the Independent International Factfinding Mission to Investigate the Implications of the Israeli Settlements (UN Doc. A/HRC/22/63, 7 Feb 2013)

IV Convenio de Ginebra

Cuarta Convención de Ginebra de 1949 - Su art. 49: Deportations, transfers, evacuations

Pero tanto el IV Convenio de Ginebra como las circunstancias post Segunda Guerra Mundial bajo las que se redactó indican claramente que nunca pretendió referirse a situaciones como las de los asentamientos judíos en la Ribera Occidental o Gaza (ver al efecto, el extenso ICRC Commentary to the Fourth Geneva Convention, editado por Jean S. Pictet, 1958, preámbulo y páginas 3-9; su refª en la CICR - aquí los comentarios a las 4 Convenciones de Ginebra).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha considerado que su artículo 49 se refiere a situaciones en las que las poblaciones son transferidas o deportadas forzosamente, y estas circunstancias no concurren en los asentamientos de Israel. Tal circunstancia se aborda en Does international law forbid settlement in the West Bank? (Ori Pomson, June 4, 2014), donde el autor rebate, el argumento central sostenido por Anton Camen, del Comité Internacional de la Cruz Roja, en su artículo Why the Law Prohibits Settlement Activities (May 26, 2014) , y con él gran parte de los académicos del derecho internacionalmente – que considera que, conforme al artículo 49(6) de la Cuarta Convención de Ginebra, los asentamientos en la Ribera Occidental son ilegales porque tal transferencia, en opinión de Camen, no necesariamente ha de ser forzosa. Pomson coincide con lo antes dicho por el profesor Ruth Lapidoth en numerosos escritos, como, por ejemplo, en The Expulsion of Civilians from Areas which came under Israeli Control in 1967: Some Legal Issues (1990),Jerusalem, Some Legal Issues (2011) o, marginalmente y en colaboración con Ofra Friesel, en Some Reflections on Israel's Temporary Legislation on Unification of Families. Más recientemente (2016), lo aborda Eugene Kontorovich en Unsettled: A Global Study of Settlements in Occupied Territories, donde examina cómo se ha aplicado este artículo tras la II Guerra Mundial, resumiendo así la práctica de los estados:

"Primero, la migración de poblaciones a territorios ocupados es una característica casi ubicua en casos de ocupaciones beligerantes ocupadas. 

Segundo, ninguna potencia ocupante ha adoptado nunca medida alguna para evitar o desalentar tal actividad de asentamiento, ni ha expesado nunca opinio juris que sugiera que está obligada a hacerlo. 

Tercero, y acaso más sorprendente, en ninguna de estas situaciones ni la comunidad internacional ni las organizaciones internacionales calificaron la migración de personas a territorio ocupado como violación del artículo 49(6). Incluso en los raros casos en que esas políticas han sido criticadas internacionalmente, no lo ha sido en términos legales. 

Lo anterior sugiere que el nivel de participación estatal directa en la "transferencia" requerido para ajustarse al tipo de violación previsto en el artículo 49(6) es significativamente mayor de lo que se venía pensando. 

Por último, ni los organismos políticos internacionales ni los nuevos gobiernos de territorios previamente ocupados han acogido nunca la retirada de los colonos civiles ilegalmente transferidos como remedio adecuado."

Durante la negociación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, los estados árabes iniciaron una adición al texto de dicho artículo -que no fructificó- para hacerlo aplicable a los asentamientos de Israel, añadiéndole la expresión "directa o indirectamente" a su párrafo sexto (ver el artículo 8, párrafo 2(b)(viii), donde se definen los crímenes de guerra), indicando con ello claramente que la comunidad internacional reconocía que el texto de la Convención de Ginebra tal y como estaba no podía aplicarse a los asentamientos de Israel.

La insistencia de la comunidad internacional en apoyarse en dicho precepto para determinar la ilegalidad de los asentamientos no tiene en cuenta la naturaleza única de la historia, marco legal y circunstancias negociadoras relativas a Cisjordania (Judea y Samaria). La mala conciencia la exhibe la propia Cruz Roja que en los comentarios al párrafo sexto del citado artículo 49 se ve obligada a señalar:

"Por ello, parece que habría sido más lógico -y así se señaló a la Conferencia Diplomática- haber hecho de la cláusula en cuestión [el párrafo sexto] una estipulación independiente y distinta del Artículo 49, de manera que los conceptos "deportaciones" y "transferencias" de dicho Artículo podrían haber mantenido a lo largo de toda la estipulación el significado que se les da en su párrafo 1, esto es, el traslado forzoso de personas protegidas de territorios ocupados."

Israel y Palestinos tienen establecido un régimen especial alcanzado mediante acuerdos suscritos entre 1993 y 1999 (conocidos como los Acuerdos de Oslo), que rigen todos los asuntos entre ellos, asentamientos incluidos. Y en este marco específico no hay disposición alguna que restrinja la planificación, urbanización y construcción por cualquiera de las partes. Los palestinos no tienen razón para invocar el régimen de la Cuarta Convención de Ginebra para eludir la aplicación de acuerdos previos reconocidos internacionalmente. [Más detalles aquí y aquí]

The Settlements Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo Accords (Amb. Alan Baker, May 4, 2012)

International ICRC and Israel’s status in the Territories (Alan Baker, 2012)

Muy interesante comentario sobre el inconsistente concepto de ocupación manejado por la Cruz Roja Internacional en Gaza: ICRC shows again how inconsistent its definition of "occupation" is (Nov 15, 2013)

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 9 jul 2004 y el Convenio de Ginebra

Sobre la interpretación que la Corte Internacional de Justicia hace de la Convención de Ginebra en la Opinión consultiva en que declara ilegales los asentamientos judíos en Judea y Samaria cuando se le había pedido su opinión sobre el Muro/valla, ver Eli E. Hertz aquí y aquí; su principal tesis es:

Al considerar ilegal los asentamientos judíos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se excedió en el mandato recibido de la Asamblea General de NNUU al resolver sobre algo que no se le pidió.

En el párrafo 120 de la opinión de la Corte [opinión consultiva del 9 de julio de 2004), la CIJ declara:

"La Corte llega a la conclusión de que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado (incluida Jerusalén oriental) se han establecido en contravención del derecho internacional."

La CIJ basa su conclusión en un uso inadecuado de un artículo de la Cuarta Convención de Ginebra que establece:

"La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación ni el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado."

Tras "establecer la evidencia" de que la Ribera Occidental y Gaza son territorios ilegalmente ocupados, la CIJ aplica tal condición a la Cuarta Convención de Ginebra de iure, diciendo en el párrafo 120 de la opinión que:

"Con respecto a estos asentamientos, la Corte observa que el párrafo 6 del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra dispone que 'La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación ni el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado´."

(...)

"A este respecto, la información proporcionada a la Corte muestra que, desde 1977, Israel ha aplicado una política y desarrollado prácticas que entrañan el establecimiento de asentamientos en el territorio palestino ocupado, en contravención de los términos del párrafo 6 del artículo 49 citado.

Uno apenas puede creerse este aserto sin la menor base de la CIJ de que Israel ha hecho "deportaciones" y "transferencias forzosas" de su propia población a "territorios ocupados".

Ilícitamente, sin competencia para hacerlo y sin base legal, la Corte intenta ampliar el tipo previsto en el artículo 49 para que pueda 'ajustarse' a algo erróneamente hecho por el Estado de Israel cuando añade:

"Esta disposición prohíbe no solo las deportaciones o los traslados forzosos de población, como los realizados durante la segunda guerra mundial, sino también todas las medidas adoptadas por una potencia ocupante con el fin de organizar o fomentar traslados de partes de su propia población al territorio ocupado".

En su conclusión, la CIJ no rebela el contenido de la "información proporcionada" (sobre la que la Corte funda su decisión) ni las anónimas 'autoridades' que la proporcionaron. (...)

El Profesor Stone toca la aplicabilidad del artículo 49 del Convenio de Ginebra, escribiendo en 1980:

"El principio ex iniuria determina que Jordania nunca tuvo ni tiene ahora título legítimo sobre la Ribera Occidental, ni ningún otro estado reclama siquiera poser tal título. Por ello, parece que el artículo 49 es simplemente inaplicable. (Incluso si lo fuera, puede añadirse que los recientes actos de asentamiento voluntario no parecen comprendidos en la intención del artículo 49 que está dirigido a la transferencia forzosa de los habitantes de los beligerantes a los territorios ocupados o al desplazamiento de los residentes locales por razones que no sean debidas a motivos de seguridad.) El Cuarto Convenio de Ginebra solo se aplica, conforme a su artículo 2, a la ocupación de territorio perteneciente a 'otra Alta Parte Contratante'; y Jordania carece de tal título respecto de la Ribera Occidental, como Egipto tampoco lo tiene a Gaza".

Lo dicho por Stone encuentra apoyo en lo que escribe Lauterpacht en 1968 en su monografía Jerusalem and the Holy Places:

"Así, la ocupación por Jordania de la Ciudad Vieja - y de hecho de toda la zona al oeste del río Jordán-  carece totalmente de justificación legal; y siendo así defectuosa no puede servir de base para que Jordania válidamente llene el vacío de soberanía en la Ciudad Vieja [y en toda la zona al oeste del río Jordán]."

El Profesor Rostow concluye que el Convenio no es aplicable a la posición legal de Israel y señala:

"La oposición a los asentamientos judíos en la Ribera Occidental también se apoya en un argumento legal - que esos asentamientos violan el Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe a la potencia ocupante la transferencia de sus propios ciudadanos a los territorios ocupados. Pero nunca han explicado cómo se pretende que ese Convenio sea aplicable a los judíos que ya tenían un derecho legal, amparado por el artículo 80 de la Carta de Naciones Unidas, a vivir en la Ribera Occidental, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza."

Parece que la CIJ tampoco "explicó nunca" las razones de esa aplicación.

Conferencias de La Haya

Las Conferencias de La Haya protegen los intereses de un soberano temporalmente expulsado durante una ocupación breve; Israel no las ha suscrito, pero su Tribunal Supremo las considera aplicables como reflejo de las costumbres de las naciones en sus relaciones internacionales.

Sus normas están claramente dirigidas a los casos de ocupaciones breves mientras la nación vencedora y la derrotada negociación un tratado.

En el caso de los asentamientos de la Ribera Occidental, los Tres Noes de Jartum tras la Guerra de los Seis Días dejaron claro que no habría una rápida negociación entre Jordania e Israel, a pesar de lo cual Israel estableció y mantiene una administración militar que se ocupa de dicha Ribera Occidental conforme a las normas de La Haya.

En su artículo sobre El Mito de los Asentamientos Ilegales, David M. Phillips dice (Dec 2009):

For example, consistent with Article 43 of the Regulations, which calls on the occupant to “respect,?.?.?.?unless absolutely prevented, the laws in force in the country,” Israel has for the most part continued to follow Jordanian law in the West Bank, despite its position that Jordan itself had illegally occupied it. Israel’s stance has been criticized as contradictory, but general continuance of Jordanian law can be justified on grounds of legal stability and long-term reliance reflected in most legal systems, including international law.

Article 46 of the Hague Regulations bars an occupying power from confiscating private property. And it is on this point that the loudest cries against the settlements have been based. Israel did requisition land from private Arab owners to establish some early settlements, but requisitioning differs from confiscation (compensation is paid for use of the land), and the establishment of these settlements was based on military necessity. In a 1979 case, Ayyub v. Minister of Defense, the Israeli Supreme Court considered whether military authorities could requisition private property for a civilian settlement, Beth El, on proof of military necessity. The theoretical and, in that specific case, actual answers were affirmative. But in another seminal decision the same year, Dwaikat v. Israel, known as the Elon Moreh case, the court more deeply explored the definition of military necessity and rejected the tendered evidence in that case because the military had only later acquiesced in the establishment of the Elon Moreh settlement by its inhabitants. The court’s decision effectively precluded further requisitioning of Palestinian privately held land for civilian settlements.

After the Elon Moreh case, all Israeli settlements legally authorized by the Israeli Military Administration (a category that, by definition, excludes “illegal outposts” constructed without prior authorization or subsequent acceptance) have been constructed either on lands that Israel characterizes as state-owned or “public” or, in a small minority of cases, on land purchased by Jews from Arabs after 1967. The term “public land” includes uncultivated rural land not registered in anyone’s name and land owned by absentee owners, both categories of public land under Jordanian and Ottoman law. Inversely, the term excludes land registered in the name of someone other than an absentee owner (regardless of whether the land is presently cultivated), land to which a title deed exists (even if the deed is unregistered), and land held by prescriptive use. The last stipulation requires continuous use of the land for a period of 10 years.

Israel’s characterization of certain lands as “state” or “public” has provoked considerable controversy. In one of the most detailed and cited critiques, B’Tselem, the Israeli human-rights group, concedes that 90 percent of the settlements have been established on what is nominally “state” land but argues that approximately 40 percent of the West Bank now falls within that category. That would represent a vast expansion of the 16 percent of the West Bank that had been considered public under Jordanian control.

As B’Tselem acknowledges, however, the vast majority of this land is in the Jordan Valley, which, with the primary exception of the city of Jericho, was barely populated by Palestinian Arabs prior to 1967 (which explains why such land was both unregistered and uncultivated). The percentage may also be on the high side because of the inclusion of certain Jerusalem neighborhoods in B’Tselem’s calculations. Regardless of the gross percentage, according to B’Tselem’s own statistics, only approximately 5 percent of the West Bank is within settlement “municipal boundaries,” and a much, much smaller percentage of land, 1.7 percent, is developed.

One of B’Tselem’s most frequently cited publications argues that Ma’aleh Adumim, the largest Israeli settlement on the West Bank, several kilometers to the east of Jerusalem, sits on territory taken from five Palestinian Arab villages and therefore amounts to an expropriation. But because the villagers lack registered title or even unregistered deeds, B’Tselem argues that the nomadic Jahalin Bedouin, who intermittently camp and graze their livestock on land to the east of Jerusalem going down to the Dead Sea, have effectively earned the right of title to the land because of their prescriptive use.

Perhaps. But it is far from clear how a Bedouin right to the land has anything to do with the legal claim of Palestinian villagers 60 years earlier. B’Tselem offers this rather astonishing argument: “They grazed on village land in accordance with lease agreements (at times symbolic) with the landowners—including landowners from the villages of Abu Dis and al’Izariyyeh.” At times symbolic!

In other words, only Palestinian Arab villages may be constructed and expanded on the land because Bedouin have occasionally grazed their flocks thereon pursuant to the implied consent of Palestinian villagers. But those villagers only have a right to the land because of its use by the Bedouin!

The sophistry here masks a deeper issue. Aside from its circularity, B’Tselem’s argument equates whatever rights Bedouin may have with the rights of sedentary Arab villages on the outskirts of Jerusalem. The only reason for such an equation is that both are Arabs and not Jews. B’Tselem’s assertion that the land belongs to these villages collapses into the contention that only Arabs, not Jews, have the right to own and use these lands.

Zona E1: entre Jerusalén y Maale Adumim

Sobre la importancia de la Zona E1, entre Jerusalén y Maale Adumim: Understanding Israeli Interests in the E1 Area: Contiguity, Security, and Jerusalem (Nadav Shragai)

Posición de EEUU sobre la legalidad de los asentamientos

Resumen brevísimo sobre la posición de EEUU sobre la legalidad de los asentamientos (CAMERA)

En febrero de 2011, EEUU vetó una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de NNUU que calificaba los asentamientos como 'ilegales'. Entonces, el 20 de febrero de 2011, en una emisión de "Meet the Press", la entonces embajadora de EEUU ante NNUU Susan Rice indicó que una de las razones para el rechazo de EEUU de esa resolución era el calificativo de "ilegal" que contenía.

Posición de la UE sobre la legalidad de los asentamientos

2013- 2014 - UE excluye entidades vinculadas con Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza (30 jun 2013)

Instrucciones de la UE excluyendo a las entidades vinculadas con Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza

Declaraciones de España, Francia, Italia sobre negocios e inversiones en la Ribera Occidental, Gaza y el Golán; el de España dice, entre otras cosas:

“La Unión Europea y sus estados miembros consideran que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, constituyen un obstáculo para la paz y amenazan con imposibilitar una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí. La UE y sus Estados miembros no reconocerán ningún tipo de cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo respecto a Jerusalén, que no hayan sido acordados por las partes. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán son territorios ocupados por Israel desde

1967."

2013 - Sentencia en Francia (22 mar)

El Tribunal de Apelaciones de Versailles (OLP vs Alstom et Veolia) concluye que la ocupación de Israël no es ilegal: análisis (Jean-Patrick Grumberg para www.Dreuz.info) y sentencia de 22 mar 2013

Visiones Palestinas

Resisting Spaciocide: Notes on the Spatial Struggle in Israel-Palestine (Ahmad Barclay, 2010)

2013 - Un tribunal de apelación francés estima que la ocupación israelí no es ilegal

El Tribunal de Apelación de Versalles falló el 22 de marzo de 2013 que la ocupación israelí de Cisjordania no es ilegal, debiendo Israel, conforme al art. 43 de la Convención de Ginebra, encargarse de la vigilancia y policía del territorio ocupado, como nos recuerda Jean-Patrick Grunmberg, en el artículo enlazado en el que también reproduce la sentencia citada.

2009-2014 - Se ralentiza la construcción en los asentamientos

Inside Israel's Settlement Slowdown (Elliott Abrams y Uri Sadot, June 18, 2014)

Informe de la Comisión de Derechos Humanos de NNUU

El 31 de enero de 2013 se publica el Informe del Independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (pdf del Informe sin editar en inglés) (página del informe) del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de NNUU, al que solo se puede calificar de previsible ataque frontal contra Israel.

El Informe responde al encargo aprobado el 22 de marzo de 2012 (A/HRC/19/L.35: Español - Original English - resultado de la votación: 36 a favor, 1 en contra, el de EEUU, y 10 abstenciones, entre ellas la de España) que se publica el 10 de abril de 2012 como la Resolución 19/17: Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado, del Consejo de Derechos Humanos de NNUU (A/HRC/RES/19/17 - Español - Original in English). La resolución, entre otras cosas:

9. Decide enviar una misión internacional independiente de investigación, que será designada por la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, con un mandato que concluirá con la presentación de un informe al Consejo, y pide a Israel, la Potencia ocupante, que no obstaculice la investigación y que coopere plenamente con la misión;

El Informe parte de una muy disputada interpretación (ver antes más arriba) del artículo 49.6 de la IV Convención de Ginebra y obvia la anexión de Jerusalén Este aprobada por Israel en 1967 (que excluiría la posibilidad de hablar de ocupación a los efectos de dicha Convención), y, así, en su apartado 16 dice:

El artículo 49(6) de la IV Convención de Ginebra también prohíbe a la potencia ocupante la transferencia de su propia población civil al territorio que ocupa. Tal prohibición ha alcanzado la condición de costumbre internacional legal. La Misión nota que los asentamientos israelíes en los TPO, Jerusalén Este inclusive, violan esa estipulación y son, por ello, ilegales bajo la ley internacional.

Críticas al Informe:

2011-2012

Israeli Settlements, American Pressure, and Peace (Steven J. Rosen, June 2012)

The Settlement Obsession (Elliott Abrams, July 2, 2011) 

The Settlers: And the Struggle Over the Meaning of Zionism (Gadi Taub, 2010) - Según Elliott Abrams, este libro "offers a profound and fascinating account of the practical and ideological challenges posed by the settler movement. In the book, Taub, a professor at the Hebrew University of Jerusalem, describes a fundamental clash between the religious settlers and mainstream Zionism, one that has existed for more than a century. "No dispute has divided Israeli society more deeply," Taub writes. But it is also clear that however deep the divisions, the two sides are not equal in number. By Taub's count, "only about a third to a half of the West Bank's Jewish population, some 100,000 to 130,000 people, are religious Zionists," which would make this religious group around two percent of Israel's Jewish population."

The International Context of the U.S. Veto at the UN Security Council. Interview with Dore Gold (Michael Tuchfeld translation, Makor Rishon original Hebrew, 25Feb11, TJCFPA)

2010

View from Israel

Caroline Glick

Facing our fears (19 nov 2010):

"US Secretary of State Hillary Clinton must have given Prime Minister Binyamin Netanyahu quite a reception. Otherwise it is hard to understand what possessed him to accept the deal he accepted when he met with her last week.

Under the deal, Netanyahu agreed to retroactively extend the Jewish construction ban ended on September 26 and to carry it forward an additional 90 days.

Clinton's demand was "Not one more brick" for Jews, meaning, no Jew will be allowed to lay even one more brick on a home he is lawfully building even as the US funds massive Palestinian construction projects. The magnitude of this discriminatory infringement on the property rights of law abiding citizens is breathtaking.

The 90-day freeze is supposed to usher in a period of intense negotiations between Israel and Fatah. But those negotiations will not get off the ground because PLO leader Mahmoud Abbas has no interest in talking, and will never accept any peace offer made by Israel.

But the Americans don't care. They aren't worried about the Palestinians accepting a deal.

What they want are more Israeli land surrenders.

And Clinton convinced Netanyahu to agree that the next round of negotiations will be devoted strictly to a discussion of the breadth and depth of Israeli land surrenders.

The Palestinians won't have to recognize that Israel has a right to exist. They won't have to dismantle terrorist organizations. They won't have to stop teaching their children to aspire to become suicide bombers. They won't even have to stop their negotiations towards reconciling with Hamas.

Netanyahu claims that the Americans agreed to continue respecting Jewish property rights in Jerusalem. The Obama administration has refused to confirm this claim. Yet rather than use the US demurral as a justification for walking away from a bad deal, reports indicate that Netanyahu told his lawyers to figure out fancy wording to hide the American refusal.

NETANYAHU BOASTS that he received three major payoffs from Obama in exchange for his agreement... (more)

Otros artículos de Caroline Glick sobre asentamientos

Michael Oren on Settlements and Jerusalem

About Michael Oren, Michael J. Totten says

"I’ve spoken to Israel’s ambassador to the United States Michael Oren a number of times during the past five years—the first time in a war zone during the 2006 war on the Lebanese-Israeli border—and I’ve read both of his books, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East and Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East: 1776 to the Present.

He knows more about the Middle East than almost anyone I’ve ever met, and he’s also more reasonable than most people who live in that part of the world. Here he is on CNN discussing the controversial policy of “settlement” construction in Jerusalem."

La AP castiga con pena de muerte la venta de tierra a judíos, como desde 1948 en Jordania

Can Arabs Buy Land in Israel? (Alexander Safian, December 1997), que tiene todo un apartado dedicado a la Ley Jordana que prohibe la venta de tierra a judíos, so pena de muerte, y otro a su aplicación por la AP en la Ribera occidental, como también nos recuerdan PA affirms death penalty for land sales to Israelis (Khaled Abu Toameh, Sep 20, 2010)

Visión desde España

Asentamientos: Mitos y realidades

¿Son los asentamientos ilegales? (GEES, 11 mar 2010)

Bibi tiene razón - Asentamientos y Línea Verde (26 mar 2010) 

2009

View from Israel

Martin Kramer view

Kramer on President Obama’s heels-dug-in stance on Israeli settlements. Other Kramer articles on the settlements' issue.

British Labour View

Settlements and Borders: The role of settlements in renewed Israeli-Palestinian peace negotiations (LFI Paper, oct 2009)

Reino unido: Etiquetará los productos “Made in asentamientos” (16 dic 2009)

Settlements and Borders: The role of settlements in renewed Israeli-Palestinian peace negotiations (LFI Paper, oct 2009)

2007-2008

Análisis palestino Post Annapolis

Israeli Settlement Activity Since Annapolis - November 2007 - May 2008 (Negotiations Support Unit-Negotiations Affairs Department-PLO, Jul 3, 2008) - Documento filtrado entre los PalestinePapers - Provides a summary of Israeli settlement activity during the first six months after Annapolis. The document also includes supporting data and charts.

Documentos, Artículos y Fuentes

Wikileak de un memo de su equipo de apoyo al Equipo negociador de la Autoridad Palestina sobre la legitimidad de las propiedades de judíos anteriores a 1948. Un artículo sobre el tema (Feb 9, 2011).

Abbas: Full Settlement Freeze Was Obama’s Invention (Omri Ceren, April 25, 2011)

Left’s Critique of West Bank Settlers Doesn’t Stop at the Green Line (Jonathan S. Tobin, Nov 27, 2011)

Mapas

Mapa de los asentamientos en Gaza 1992

Mapa de los asentamientos en los Altos del Golán 1992

Enlaces

Pro

Yesha Council

Yesha Council is the settlers’ umbrella organization.Yesha is an acronym for the Hebrew names of three geographic regions in Israel: Yehuda, Shomron and Aza (Judea, Samaria and Gaza). These regions are divided into 24 municipalities representing three different governmental structures: city, regional and small town. The Yesha Council represents all 24 municipalities and operates to insure the interests of all their residents' present and future. The Yesha Council's Goals are:

Contra

Peace Now

A settlement opponent who monitors their growth. Peace Now is the leading voice of Israeli public pressure for peace. Peace Now works to ensure that both Israelis and Palestinians embrace the only viable solution to the conflict: the creation of a Palestinian state in the territories adjacent to Israel, which were occupied as a result of the 1967 war – A Two State Solution. It believes that continued occupation of these territories harms Israel economically and politically and damages the values and fabric of Israeli society.

Otro

Yaacov Lozowick's Roaming with Dror Etkes

It's a July 2010 entry to Yaacov's blog (I follow him on and off) where he points out his agreements and disagreements with Dror Etkes, an anti-settlement advocate who has spent the past nine years chronicling their growth, founder and for a long time manager of Peace Now project on settlements. Comments are somehow interesting too.