LA GUERRA SOCIAL EN LA ROMA REPUBLICANA

LA GUERRA SOCIAL O “GUERRA MÁRSICA” EN LA ROMA REPUBLICANA: El derecho de ciudadanía (“civitas”)

Dice el historiador S.I. Kovaliov en su obra “Historia de Roma”, que “la llamada guerra social” o “de los marsos” fue una de las rebeliones más amenazadoras con las que tuvo que enfrentarse Roma en el curso de la historia”.

Esta guerra (91 -88 a. de C.) surge porque los “aliados itálicos” quieren obtener el “derecho de ciudadanía” (“civitas”) al igual que los demás ciudadanos romanos (“cives”), puesto que ellos también participan en la guerra y en las conquistas realizadas por los ejércitos romanos, como “tropas auxiliares” (“auxilia”).

La “civitas” o “ius civitatis” suponía una serie de derechos que sólo tenían los ciudadanos romanos.

Es algo parecido a lo que supone hoy, por ejemplo, el tener una “nacionalidad” distinta a la propia, lo cual no es fácil de conseguir y, especialmente, si la nacionalidad es de EE.UU.

La “civitas” en Roma conllevaba unos derechos políticos (“iura publica”) y unos derechos civiles (“iura privata”).

Los “iura publica” eran:

-          El “ius sufragii”: derecho a votar en las asambleas.

-          El “ius honorum”: derecho a ser elegido para desempeñar cargos públicos.

-          El “ius sacrorum”: derecho a poder desempeñar funciones sacerdotales.

-          El “ius provocationis ad populum”: derecho de todo ciudadano a apelar ante la asamblea del pueblo contra la sentencia de un magistrado en los procesos criminales (pena de muerte o destierro).

Los “iura privata” eran:

-          El “ius connubii”: derecho a contraer matrimonio legal.

-          El “ius commercii”: derecho a la propiedad.

-          El “ius legis actionis”: derecho a tomar parte en un proceso como testigo, como heredero, etc.

-          El “ius patronatus”: conjunto de derechos y deberes que ligaban al “patrono” y al “cliente”.

Estos derechos comportaban obligaciones – “munera”-; debían presentarse al censo (“census”), prestar el servicio militar y contribuir a los gastos del Estado por medio de los tributos.

La forma de adquirir la “ciudadanía romana” se asemejaba un poco a la forma de obtener la “nacionalidad”, principalmente por medio de la participación en el ejército; el haber desempeñado un cargo público, por ejemplo, los “decuriones” y “duoviri” en las ciudades provinciales; haber realizado alguna acción importante para el Estado, etc. A veces se concedía a una ciudad entera por su grado de “romanización”.

Esta guerra se inscribe también en la lucha por el poder de los partidos políticos: el partido de los “optimates” (conservadores), que se van a oponer a la concesión de la ciudadanía romana a los aliados itálicos, y el partido de los “populares” (reformistas), que, en principio, son partidarios de que se les conceda la ciudadanía romana.

Esta guerra va a durar desde el año 91 a. de C. hasta el 88 a. de C., aunque todavía van a quedar en esa fecha algunos flecos que tendrán que resolverse con la concesión de la “ciudadanía romana” a todos los habitantes de Italia.

[A principios del año 95 a. de C. resurge un viejo problema entre la ciudad de Roma y el resto de ciudades aliadas de Italia: la obtención de la “ciudadanía romana”.

A pesar de que, durante sus sucesivos consulados, Cayo Mario (del partido de los “populares” o “reformistas”, y originario de una de esas ciudades), ha otorgado la ciudadanía romana a ciertos grupos minoritarios de habitantes de la península itálica, siendo imitado su proceder por algunos magistrados “reformistas” que han ocupado el cargo de “censor”, son mayoría los territorios coligados (aliados) cuyos habitantes no tienen la ciudadanía romana.

Sin los derechos y privilegios que disfrutan los ciudadanos de Roma, los habitantes de estas ciudades, consideradas “aliadas”, desean desde antiguo adquirir la ciudadanía romana, y muchos han llegado incluso a falsear datos de los “censos” para lograr conseguirla.

Para todos ellos, tanto para la élite de esas poblaciones – que participa en el comercio, pero sin “ciudadanía” no puede influir directamente en las decisiones económicas que le afectan -, como para la masa social – que, a pesar de ser parte fundamental del ejército romano, permanece excluida de los beneficios de las campañas militares -, que no se atienda esta reclamación supone una injusticia.

Están cansados de falsas promesas y de desengaños, de soportar la expulsión arbitraria de muchos de sus congéneres de la ciudad de Roma, y sobre todo dolidos, porque, a pesar de todas estas afrentas, siempre han derramado su sangre (como en los recientes enfrentamientos con los invasores germanos) por la República.

Posiblemente el problema se hubiese mantenido indefinidamente aplazado, pero para los “aliados”, la injusticia que comete Roma con ellos se incrementa aún más cuando, semanas después de tomar posesión de su cargo, los cónsules presentan un “proyecto de ley”, aprobado inmediatamente por el Senado, la “lex Licinia –Mucia de civibus redigundis”, en la que se decreta la expulsión de la ciudad de los residentes que no tengan la ciudadanía romana o se demuestre que la hayan obtenido de manera fraudulenta, imponiendo la pérdida de los derechos fundamentales adquiridos.

Todos aquellos que sean considerados culpables serán eliminados de las listas de ciudadanos, azotados como castigo y sus bienes confiscados.

Conscientes del malestar que su implantación puede causar, el Senado envía una comisión, encabezada por Cayo Mario, Publio Rutilio Rufo y Marco Livio Druso – todos ellos políticos “populares” (o “reformistas”) que simpatizan con las demandas de las ciudades itálicas -, para que entable conversaciones con los líderes de los pueblos aliados más importantes: Cayo Papio Mutilo, cabecilla de los samnitas, y Quinto Popedio Silo, líder de los marsos.

Esto no impide que, al mismo tiempo, se ordene en toda Italia la creación de tribunales con el fin de poder juzgar aquellos casos más sospechosos de los inscritos falsamente en el censo.

Pero, en Roma, Cayo Mario y Marco Livio Druso, los comisionados enviados por el Senado para mediar con los “aliados itálicos”, mediante el apoyo de varios tribunos de la plebe, logran que se apruebe una ley que deroga los tribunales especiales creados por la “lex Licinia –Mucia de civibus redigundis”, encargados de estudiar los posibles casos de falsedad documental en el censo de ciudadanos.

Los “aliados itálicos” también reciben con esperanza que, por mediación del cónsul Cayo Valerio Flaco, la población de Hyele (la actual ciudad de Velia, en la región italiana de Campania) reciba la ciudadanía romana.

Mientras, en Italia, parece que la paralización temporal de los tribunales nombrados por el Senado, y los contactos mantenidos con los líderes samnitas y marsos, logran calmar momentáneamente los ánimos, posponiendo el conflicto iniciado a cuenta de la obtención de los derechos de ciudadanía.

A principios de septiembre del año 95 a. de C., los “optimates” en una nueva iniciativa contra sus rivales políticos (los “populares” o “reformistas”), acusan a Publio Rutilio Rufo de haberse dejado sobornar durante el breve tiempo que, en sustitución de su superior Quinto Mucio Escévola, había gobernado la región de Asia.

La acusación es infundada, toda Roma conoce la honradez y prestigio del magistrado, que su labor como sustituto del gobernador oficial ha sido no sólo correcta, sino incluso eficiente. Sin embargo, los conservadores aprovechan la enemistad que él se ha creado con los “publicanos” (recaudadores de impuestos. A veces cobraban más impuestos de los fijados por el Estado) para hacerle pagar por sus simpatías hacia los pueblos itálicos. De este modo y pese a la elocuente defensa que presenta su abogado – su sobrino Cayo Aurelio Cotta -, sorprendentemente se le declara culpable y se le condena al exilio, confiscando sus bienes y privándole de la ciudadanía romana.

El apoyo de muchos “caballeros” (que controlan los tribunales y poseen notables intereses en Asia) a su condena, provoca el distanciamiento de éstos (los “caballeros”) con los grupos sociales reformistas.

Marco Livio Druso, el más ingenuo – es también el más joven – de los interlocutores con los pueblos aliados, dolido con la injusta sentencia, decide presentarse a tribuno de la plebe con la intención de tratar de evitar que se cometan este tipo de abusos en el futuro.

Aunque, en teoría, sus planes pretenden encontrar un punto de concordia entre los dos partidos hegemónicos (optimates y populares) sin beneficiar a ninguno de ellos, entre sus objetivos primordiales también se encuentra una de las principales reivindicaciones populares: obtener la ciudadanía romana para los pueblos itálicos.

Publio Rutilio Rufo, por su parte, profundamente decepcionado, acata la sentencia y abandona Roma. Mientras viva, no piensa volver a Roma.

Como anhelaba, Marco Livio Druso logra salir elegido tribuno de la plebe, mientras Cayo Julio César alcanza el rango de pretor.

En Roma el año avanza, y el partido optimate, temiendo que Marco Livio Druso, dejándose arrastrar por sus ideales de justicia, beneficie en demasía los intereses de sus rivales políticos (los “populares” o “reformistas”), decide contraatacar.

Los senadores conservadores, a través del tribuno de la plebe Marco Minicio, intentan paralizar cualquier medida que apoye las pretensiones de los pueblos itálicos de alcanzar la ciudadanía, presentando ante la Asamblea de la Plebe un “proyecto de ley” que impediría que a los hijos de aquellos matrimonios en los que uno de los dos cónyuges no sea ciudadano romano – incluso en los casos en que el padre sí lo fuese – se les otorgue la ciudadanía romana.

El temor del pueblo a ser privado de parte de sus privilegios hace el resto.

Los “comicios” aprueban la “lex Municia de liberis” (la ley Municia sobre los hijos).

Los conservadores confían en que este revés posibilite que Marco Livio Druso recapacite y abandone sus ideas reformistas, aunque si esto no sucede, piensan entorpecer su labor durante el tiempo que dure su mandato.

Pero nada parece detener las intenciones del tribuno de la plebe, que, previendo la reacción de los pueblos itálicos ante la aprobación de esta medida, inicia durante los meses siguientes una serie de contactos con varios “líderes aliados” para ponerles al tanto de sus planes, asegurándoles que, si le apoyan, estarán apoyando también sus intereses.

Marco Livio Druso resulta reelegido tribuno de la plebe.

Dispuesto a no perder el tiempo desde principios de año (91 a. de C.), Marco Livio Druso comienza a preparar el camino para que sus iniciativas políticas se hagan realidad, afianzando alianzas y recabando todos los apoyos con los que pueda contar.

Marco Livio Druso pasa de las palabras a los hechos, presentando ante el Senado un “proyecto de ley” para reformar la composición de los tribunales que juzgan los delitos de traición (“quaestio perpetua de repetundis”), proponiendo que su composición se reparta nuevamente entre “senadores” y “caballeros”.

Para que este reparto fuese equitativo, se admitiría dentro del Senado a 300 nuevos miembros, la mayoría escogidos entre los “caballeros”.

La propuesta no contenta a ninguno de los grupos; a los “caballeros” porque perderían el control que ejercen sobre los tribunales; y a los “senadores” porque la mayoría conservadora piensa que muchos de los nuevos miembros podrían ser afines al partido “popular” o “reformista”, amenazando su hegemonía.

El tribuno de la plebe decide entonces buscar el apoyo popular y exponerla ante la Asamblea de la Plebe, junto a otros dos proyectos pensados para favorecer a las clases sociales desprotegidas.

Así, presenta una nueva “ley agraria” para evitar que se creen nuevas grandes extensiones de terrenos privados, proponiendo el reparto de las tierras estatales de Sicilia y Campania que aún están libres y la creación allí de nuevas “colonias”, sufragando los costes que esta medida supondría, devaluando la moneda (con la emisión de denarios con menor porcentaje de plata) y con el apoyo económico de los “pueblos aliados” (con cuyos dirigentes ha pactado la concesión de la ciudadanía a cambio de que corran con los gastos ocasionados).

La medida excluye intencionadamente las tierras recuperadas en la Galia Narbonense tras la victoria sobre las tribus germanas, pues no considera ético repartir unos terrenos que legalmente no son de Roma.

También presenta una “ley frumentaria” legislando nuevos precios para el trigo – que sería comprado a bajo coste por el Tesoro para poder luego abastecer de modo permanente a los más necesitados -, tratando de este modo de evitar que las distribuciones de grano se conviertan en una carga para el Estado.

Con el favor del pueblo, la “lex Livia agraria”, la “lex Livia frumentaria” y la “lex Livia iudiciaria” salen adelante en una sola votación.

Pero la alegría del tribuno de la plebe y sus partidarios dura apenas unas semanas, las empleadas por los senadores conservadores en encontrar un resquicio legal que les permita derogar la aprobación de dichas leyes.

En efecto, las “leyes Livias” son impugnadas invocando en su contra la “lex Caecilia-Didia de modo legum promulgandorum” del año 98 a. de C., que establece la prohibición de votar conjuntamente distintas iniciativas.

En base a esto, a mediados del mes de mayo, el Senado emite un “senado-consulto” que abole todas las nuevas reformas.

Evidentemente, la anulación de estas medidas enrarece el ambiente en la ciudad de Roma y en las ciudades itálicas, augurando inmediatas protestas de los perjudicados.

A principios del mes de junio, como medida de precaución, el Senado decide enviar a dos pretores para inspeccionar sobre el terreno el entorno de las “zonas aliadas” de la República.

Servio Sulpicio Galba es enviado al sur de la península y Quinto Servilio Augur al norte.

Marco Livio Druso, pese a que el Senado ha derogado sus leyes, no se da por vencido, amparándose en que, antes de su anulación, el pueblo ya había nombrado varios comisarios para iniciar la ejecución de sus medidas.

En la reunión que el Senado realiza a primeros de septiembre, el representante del pueblo reivindica con contundencia la necesidad de implantar unas medidas que considera justas.

Como los senadores no encuentran objeciones legales que oponer a sus justificaciones, va más allá, presentando otro “proyecto de ley” para conceder la ciudadanía romana a los “aliados itálicos”.

El cónsul Lucio Marcio Filipo, vulnerando los derechos del tribuno de la plebe, se pone en pie y le impide proseguir con su discurso. Éste ante tal agravio, ordena que el magistrado sea arrestado y encarcelado, orden que los guardas que custodian la reunión se ven obligados a cumplir.

Durante su traslado a prisión, el cónsul es apedreado por una multitud enfurecida, aunque logran ponerlo a salvo.

Mientras, se organiza tal disturbio durante la sesión y es tal la magnitud de las discusiones, que incluso uno de los líderes aristocráticos, el senador Lucio Licinio Craso Orator, tras otro de sus encendidos discursos, sufre un ataque al corazón y muere.

El cónclave es suspendido debido al fallecimiento.

Sin embargo, los conservadores (optimates) no descansan ni siquiera para honrar la muerte de uno de los suyos, y aprovechan dicha suspensión para buscar otra maniobra legal con la que poder anular todo lo acontecido durante la reunión del Senado.

El cónsul Lucio Marcio Filipo, que es también “augur”, logra invalidarlo alegando que se han producido presagios funestos.

Todos los esfuerzos realizados por Marco Livio Druso parecen destinados al fracaso.

Ciertamente, incluso los interesados se muestran desagradecidos, como ocurre con su última pretensión, la de la ciudadanía romana a los aliados itálicos.

La plebe teme que, con la entrada de nuevos ciudadanos romanos, sus derechos se vean mermados, y los “pueblos aliados”, por su parte, opinan que no deben pagar ningún coste por alcanzar unos derechos para los que creen haber realizado ya los méritos necesarios. Es más, incluso opinan que el Senado les debe también otros privilegios.

Durante varios meses, a espaldas de la República, las ciudades itálicas han comenzado a fabricar armas y a organizar sus ejércitos. Creen que ha llegado la hora de actuar.

Así, a mediados de septiembre, dos legiones bien equipadas y armadas, comandadas por Quinto Pompedio Silo, uno de los cabecillas marsos, se encaminan hacia Roma.

El Senado se toma en serio la amenaza, y decide enviar a Lucio Domicio Ahenobarbo –que había actuado en su territorio como juez durante los tribunales creados a raíz de la “lex Licinia-Mucia de civibus redigundis” del año 95 a. de C., para salir a su encuentro y parlamentar con ellos.

Se encuentran a finales de mes, y el enviado de la República logra convencerles, momentáneamente de que se hará algo en su favor.

Las tropas aliadas, lógicamente recelosas, deciden no regresar aún a su territorio y acampan a medio camino de Roma.

Marco Livio Druso, convencido de que el enfrentamiento armado es prácticamente inevitable, decide jugar su última baza. Sabe que el Senado no cederá ante las pretensiones aliadas y que sólo trata de ganar tiempo – no dispone de suficientes tropas en las cercanías de la ciudad con las que hacer frente a la amenaza -, por lo que convoca a la Asamblea de la Plebe a principios de noviembre para que los comicios voten su proyecto de concesión de la ciudadanía.

Es una apuesta fuerte y con muchas posibilidades de salir adelante. Sin embargo, el tribuno de la plebe no llegará a saber cuál hubiese sido el resultado de la votación, pues la noche anterior a la decisiva votación un desconocido lo asesta una puñalada mortal durante un banquete celebrado en su domicilio.

Con la muerte del tribuno de la plebe, las esperanzas de resolver pacíficamente el conflicto se desvanecen.

Sabiendo perdida su causa, los dirigentes de los pueblos aliados, que habían prometido anteriormente mantenerse fieles a Roma y a Marco Livio Druso –como su valedor – si obtenían sus reclamaciones legalmente, rompen ese juramento. Inmediatamente se reúnen en Corfinium (antigua ciudad de Italia central), capital de los pelignios. Allí, los ocho dirigentes aliados más destacados deciden declarar la guerra a Roma.

Su alianza da como resultado la fundación de un país independiente de la República, al que llaman “Itálica”, y consensuan que su capital se establezca en la ciudad donde han mantenido el cónclave (Corfinium).

En representación de este nuevo Estado, se crea además un Senado con 500 miembros para dirigir la administración pública, y para comandar la guerra se nombran dos cónsules, ayudados cada uno por seis pretores.

Los cargos de los dos cónsules recaen sobre Cayo Papio Mutilo, uno de los líderes samnitas, y Quinto Popedio Silo, el cabecilla marso que aún permanece con sus tropas en las inmediaciones de Roma.

La República, en este momento, sólo mantiene en activo dentro de la península a 4 legiones acampadas en Capua, pues el resto de las fuerzas de la República se encuentran destinadas a las órdenes de los diversos gobernadores provinciales.

Con el paso de las horas la rebelión contra la República va tomando cuerpo, aunque los “aliados itálicos” indecisos entre esperar acontecimientos o atacar, pierden un tiempo precioso.

Únicamente en la ciudad de Ausculum  Picenum se producen grandes disturbios.

Sus habitantes, cansados de promesas y de la arrogancia que Quinto Servilio Augur, el pretor enviado por la República a su región, muestra en sus discursos públicos, le asesinan junto a su escolta durante un espectáculo en el teatro, prosiguiendo a continuación la matanza con todos los ciudadanos romanos que residen allí.

El Senado ordena la apertura de una investigación para determinar quiénes son los auténticos promotores de la revuelta entre los pueblos itálicos.

El 10 de diciembre, día en el que los recién elegidos tribunos de la plebe asumen sus nuevos cargos, uno de ellos, Quinto Vario Severo Hybrida (a quien muchos acusan de ser el inductor del asesinato de Marco Livio Druso) presenta ante la Asamblea de la Plebe un proyecto de ley para poder juzgar por traición a todos aquellos que han apoyado públicamente la emancipación de los pueblos itálicos.

Sus colegas en el tribunado se oponen a tal medida, y varios de ellos intentan utilizar su derecho a veto.

Pero Quinto Varo Severo Hybrida los intimida mediante las amenazas de varios matones armados.

Sin oposición, la “lex Varia de maiestate” (ley Varia sobre la traición) es aprobada.

Mientras cada vez más zonas de Italia Central y Meridional se alzan en armas contra Roma, sus gobernantes, como siempre, se enfrascan en estériles luchas intestinas.

Tras la aprobación de la “lex Varia de maiestate”, se crea un tribunal extraordinario para juzgar los casos de traición, aunque los términos de la acusación son tan vagos (generales) que acaba convirtiéndose en un método mediante el cual librarse de los rivales políticos.

Únicamente hay que contar con el apoyo de Quinto Varo Severo Hybrida (apoyo, mayoritariamente conseguido mediante sobornos) para que una acusación siga adelante.

De este modo, apenas comienza el año, varios senadores de renombre son acusados, entre ellos Lucio Aurelio Cotta, Lucio Memmio y Lucio Calpurnio Bestia, quienes, viendo inútil su defensa, abandonan voluntariamente la capital.

Antes de acabar el mes de enero (año 90 a. de C.), coincidiendo con la llegada a Roma de la noticia de la matanza cometida por los habitantes de Ausculum Picenum, se presentan en la ciudad varios emisarios procedentes de Corfinium. Exigen al Senado que conceda a los “aliados itálicos” la ciudadanía romana. Además, lanzan una amenaza: si sus exigencias son rechazadas habrá guerra.

Si las tropas de la República hubiesen estado en ese momento preparadas para el combate, el Senado hubiese ordenado la inmediata ejecución de los embajadores rebeldes. Pero el reclutamiento está siendo lento, por lo que, para ganar tiempo, únicamente se solicita a los aliados que vuelvan a sus regiones, reflexionen sobre su actuación y, cuando se hayan dado cuenta de su error, soliciten audiencia ante los senadores para pedir perdón.

En febrero regresa del sur de la península el pretor Servio Sulpicio Galba. Lo hace sin escolta, y relata a los miembros del Senado que ha permanecido refugiado en la ciudad de Nola (en la Campania) hasta poder viajar a Roma con seguridad.

También certifica que prácticamente toda la zona sur de Italia se ha unido a la sublevación.

El Senado se reúne de urgencia y decide que no puede permanecer pasivo por más tiempo. Como resultado, se emite un “senado-consulto” ordenando que el cónsul Lucio Julio César tome el mando del grueso del ejército, encargándose de las operaciones en el sur de la península. Se lleva como legados, entre otros, a Lucio Cornelio Sila, Sexto Julio César, Publio Cornelio Léntulo, Lucio Postumio Albino, Sergio Sulpicio Galba, Tito Didio y Publio Licinio Craso Dives.

El otro cónsul, Publio Rutilio Lupo, recibe el resto de las tropas y el encargo de controlar el territorio norte y central, y se lleva consigo como legados a Cneo Pompeyo Strabón, Quinto Servilio Cepión el “Menor”, Marco Valerio Mesala, Marco Perpenna, Cayo Julio César y Lucio Porcio Catón Liciniano, uno de los senadores con mayor número de “clientes” en las zonas de conflicto y cuya mediación puede resultar fundamental. El gobierno de Roma queda en manos del pretor urbano, Lucio Cornelio Cinna.

Como medida urgente, se envía además a Cayo Celio Caldo como gobernador conjunto de la Galia Transalpina y de la Galia Cisalpina, con la imperiosa misión de reclutar tropas de refuerzo. Quinto Sertorio lo acompaña en calidad de “cuestor”.

Los hermanos Sexto Julio César y Cayo Julio César también son enviados a la provincia de África con idéntica tarea, en este caso reclutar caballería.

Igualmente se decide, para recaudar dinero, imponer un impuesto directo a todos los ciudadanos romanos y a quienes poseen derechos latinos (“ius latium”).

El encargado de invertirlo en equipar y armar a las tropas es el senador Lucio Calpurnio Pisón.

Con estas medidas, la República espera poder organizar (entre reclutas y veteranos) 16 legiones en total, tropas que deben ser debidamente entrenadas, organizadas y distribuidas convenientemente por el territorio, labor que el Senado delega en Quinto Lutacio Cátulo César, nombrado comandante de Capua.] (José Manuel Franco Crespo. La sangre de Roma. Las guerras civiles y el fin de la República. Edit. Almena).

[La llamada “guerra social” o “de los marsos” abarcó la mayor parte de la península: sólo Umbría y Etruria, donde la aristocracia agraria y financiera eran fuertes, se mantuvieron al lado de Roma.

En Campania y en el sur permanecieron fieles a los romanos las ciudades griegas aliadas: Nola, Nápoles, Reggio, Tarento, etc. La mayoría de las “colonias latinas” no se habían adherido al movimiento, pero se trataba de muy poca cosa en comparación con el territorio al que se extendía la revuelta.

Las tropas de los rebeldes ascendían en total a unos 100.000 hombres. Igual número dispusieron los romanos (sin contar las guarniciones de las fortalezas).

Los “Ítalos” no eran inferiores a sus adversarios ni por adiestramiento ni por armas, y en lo que se refiere al valor, la firmeza y la abnegación por la propia causa, hay que señalar que superaban a la ciudadanía romana y a las tropas auxiliares provinciales.

Tampoco les faltaban jefes de talento y oficiales expertos: no hay que olvidar que los “Ítalos” habían pasado, como tropas aliadas, por la misma rígida escuela militar que los soldados romanos y que, desde tiempo de Mario, muchos de ellos habían servido junto a los ciudadanos romanos, incluso en las mismas legiones.

Las fuerzas militares de los rebeldes estaban formadas por escuadrones de varias comunidades reunidos en dos grupos: septentrional (de los marsos), al mando de Pompedio Silón y meridional (samnitas), comandado por Capio Mutilo.

Una de las principales ventajas de Roma en esta guerra consistía en la vieja organización estatal centralizada y en los maduros sistemas de gobierno; la federación itálica, en cambio, era joven y descentralizada. La guerra, por parte de los “Ítalos”, tomaba a veces un carácter de “guerrilla”, cosa que presentaba sus puntos débiles, ya que los romanos, actuando con grandes masas de tropas, vencían a los rebeldes por separado.

El territorio de la rebelión raramente se presentaba como un todo único: en él había diseminadas numerosas “colonias latinas” y de ciudadanos, que en su mayoría servían a Roma de punto de apoyo, obligando a los “Ítalos” a desperdiciar muchas fuerzas y perder tiempo en asedios fraccionados.

El punto débil de los “aliados” fue la ausencia de unidad interna: los estratos ricos y aristocráticos se inclinaban hacia Roma; las tribus sabelio-samnitas eran las más intransigentes y fueron las que continuaron la lucha con mayor intensidad y por más tiempo.

La ausencia de cohesión entre los rebeldes facilitó a los romanos la represión del movimiento.

La curva ascendente (de la guerra) se produjo en el año 90 a. de C. y la descendente en el año 89 a. de C.

En el año 88 a. de C., la rebelión había sido dominada en casi todas las zonas.

El primer año de la guerra marcó grandes fracasos para los romanos. Las acciones militares, iniciadas desde el invierno del 91-90, se desarrollaron en gran escala durante la primavera y el verano.

El primer objetivo de ataque fueron las fortalezas romanas situadas en el territorio de la rebelión. Inmediatamente después se inició la guerra campal.

El ejército romano del sur, al mando de Lucio Julio César (uno de sus legados era Sila) operaba en Campania y el Samnio. A la primera intentona de ataque, los romanos fueron rechazados por los samnitas con grandes pérdidas.

Como consecuencia de este primer ataque, la importante ciudad de Venafro, en el límite entre el Samnio y el Lacio, pasó a manos de los rebeldes. Este les facilitó el sitio de la colonia fortaleza de Isernia, en el Samnio septentrional, que después de algunos meses capituló por falta de víveres. Los samnitas al mando de Mutilo invadieron luego Campania, provocando la adhesión al movimiento de una serie de ciudades: Nola, Salerno, Pompeya, Herculano, etc.

Al mismo tiempo tenían lugar las operaciones militares en el teatro septentrional. Allí operaba el segundo cónsul romano, Publio Rutilio Lupo. Entre sus legados se encontraba Cayo Mario, que había regresado de Oriente, y Cneo Pompeyo Estrabón, padre de Cneo Pompeyo, el futuro adversario de Cayo Julio César.

En junio del año 90 a. de C., los marsos atacaron al cónsul por sorpresa, mientras trataba de pasar el río Tolero, en el ex territorio de los ecuos. Los romanos perdieron 8.000 hombres, entre ellos el propio cónsul. Sólo Mario, que había sustituido a Lupo en el puesto de mando, logró mejorar la peligrosa situación que se había creado en los alrededores mismos de Roma.

Estrabón, mientras tanto, operaba en el Piceno. Al principio fue derrotado y obligado a encerrarse en la ciudad de Fermo. Esto posibilitó al ejército septentrional de los rebeldes el traslado de parte de sus fuerzas al sur.

Yudacilio invadió Apulia y obligó a ponerse de su lado a una serie de ciudades importantes: Venosa, Canosa, etc.

A todo esto, la situación en el Piceno mejoraba para los romanos: Estrabón fue liberado y los rebeldes se vieron obligados a encerrarse en Ascoli.

Los fracasos de los romanos de los primeros meses de guerra influyeron también en el ánimo de las comunidades umbrías y etruscas; algunas pasaron a los rebeldes; otras se mantuvieron indecisas. En Roma circulaban noticias alarmantes.

Con motivo de la derrota de Tolero y de la muerte del cónsul, los magistrados llevaron luto.

El gobierno se percató de lo extremadamente peligrosa que era la situación y decidió otorgar concesiones.

A finales del año 90 a. de C., el cónsul Julio César promovió una ley (“lex Iulia”) por la que concedía el derecho de ciudadanía a las comunidades aliadas que aún no se habían separado de Roma.

Esta ley detuvo la difusión del movimiento y fue factor decisivo para que las ciudades umbrías y etruscas que permanecían indecisas se pusieran de parte de Roma.

Una segunda ley, aprobada probablemente a comienzos del año 89 a. de C., llevó la discordia al seno de los rebeldes.

A propuesta de los tribunos de la plebe Marco Plaucio Silvano y Cayo Papirio Carbón se estableció que cada miembro de la comunidad aliada que, en el término de dos meses, declarara a un pretor romano su deseo de ser admitido entre los ciudadanos, recibiría los derechos de ciudadanía romana (“lex Plautia Papiria”). Los nuevos ciudadanos no eran divididos en igual número entre las 35 tribus, se inscribían sólo en ocho, y esto disminuía considerablemente su capacidad de ejercer los derechos, pues en las votaciones en los comicios de tribu (“comitia tributa”) los nuevos ciudadanos siempre estarían en minoría con respecto a quienes lo eran de antiguo.

Después de haber hecho el mínimo de concesiones necesarias, el Senado dio un carácter mucho más enérgico a la lucha contra los remisos.

El segundo año de guerra fue catastrófico para los “Ítalos”. Etruria y Umbría fueron pacificadas rápidamente. Una gran formación de marsos de 15.000 hombres hizo una tentativa para acudir en ayuda de los etruscos, pero fue destruida casi completamente por Estrabón.

Las operaciones principales tuvieron lugar alrededor de Ascoli, que estaba sitiada por los romanos desde el año anterior.

Yudacilio acudió en ayuda con su ejército de picenos y bajo los muros de la ciudad se desarrolló una encarnizada batalla. Los romanos resultaron victoriosos, pero Yudacilio con una parte de sus fuerzas logró penetrar en la ciudad. El sitio se reanudó. Cuando, después de algunos meses, se hizo insostenible la situación, Yudacilio condenó a muerte a sus adversarios políticos, partidarios de un acuerdo con Roma y luego se envenenó. La ciudad se rindió: todos los jefes y notables fueron condenados a muerte y el resto de la población, exiliada.

La caída de Ascoli fue fatal para el desarrollo de la rebelión en Italia Central: la federación septentrional quedó totalmente deshecha.

En primer lugar, los marrucinos y los marsos y luego los vestinos y los pelignios fueron sometidos de nuevo. “Itálica” volvió a ser la simple ciudad de Corfinio.

Al comienzo del año 88 a. de C., la capital de la federación itálica fue trasladada a Isernia, en el Samnio.

Las tropas romanas entraron en Apulia. Una división samnita había acudido como auxilio. Después de algunos triunfos, fue derrotada. Los romanos restauraron por completo su poder en Apulia.

Al sur actuaba Sila, que había sustituido a César, con gran habilidad y despiadadamente. Su ejército invadió la Campania meridional y obligó a rendirse a Pompeya, Herculano y Estabia. Luego, una vez en el Samnio, baluarte principal del movimiento, obtuvo la rendición de la principal ciudad de los samnitas, Boviano.

A comienzos del año 88 a. de C., la rebelión estaba localizada sólo en Nola, en Campania, y en algunas zonas de Lucania, del Samnio y del Brucio.

En esos difíciles momentos, los rebeldes entraron en contacto con el rey del Ponto, Mitrídates VI, que inició en el Asia Menor una guerra contra Roma.

Pero Mitrídates no pudo serles de ninguna ayuda, al menos de forma directa, porque ya era demasiado tarde. Si bien en algunas localidades la rebelión se mantuvo hasta el año 82 a. de C., en lo fundamental fue dominada alrededor del año 88 a. de C.

Sila, elegido cónsul para el año 88 a. de C. dio comienzo al sitio de Nola, pero no pudo proseguirlo porque se lo impidieron graves acontecimientos, que tuvieron lugar en Roma imprevistamente.] (S. I. Kovaliov. Historia de Roma. Akal Editor).

                           Segovia, 5 de febrero del 2023

                                   Juan Barquilla Cadenas.