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DFOE-FIP-MTR-00003-2022
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25 de febrero de 2022
5 minutos de lecturaLa ruta de sostenibilidad fiscal requiere apegarse a la regla fiscal para el control del gasto, mientras los mayores ingresos se aseguran para permitir una baja de intereses y liberar espacio fiscal para la operación eficiente del Sector Público
La ruta de sostenibilidad fiscal requiere apegarse a la regla fiscal para el control del gasto, mientras los mayores ingresos se aseguran para permitir una baja de intereses y liberar espacio fiscal para la operación eficiente del Sector Público
El déficit del Gobierno Central y del Sector Público, una vez recuperada la economía en 2021, continúan en 2022 una senda hacia la sostenibilidad en el mediano plazo.
El déficit del Gobierno Central y del Sector Público, una vez recuperada la economía en 2021, continúan en 2022 una senda hacia la sostenibilidad en el mediano plazo.
El último ejercicio presentó una sensible recuperación en los indicadores económicos y fiscales, conforme se logró superar el epicentro de la crisis del ejercicio 2020. El déficit financiero del sector público (ingresos sin considerar financiamiento menos egresos sin considerar amortización), en términos del PIB fue una tercera parte del observado durante ese año, y menos de la mitad del de 2019. En el caso del Gobierno Central, el déficit bajó 3 puntos porcentuales entre 2020 y 2021, a un 5,0%, según la información del Ministerio de Hacienda.
La programación macroeconómica del BCCR[1] prevé un déficit financiero de 3,7% en 2022 en el Gobierno Central, así como un superávit primario de 1,6%, tras el déficit primario del 2021 por 0,3% del PIB. En el Sector Público No Financiero, el informe del Banco Central presenta una estimación de superávit financiero del 1,0% en el presente ejercicio y el siguiente.
No obstante, estos indicadores, según señala el Banco Central, suponen ingresos adicionales convenidos con el FMI que requieren aprobación legislativa, por 0,9% del PIB, y la aplicación estricta de la regla fiscal. El máximo de la razón deuda/PIB, que se situaba en 76,2% para 2023 en la estimación del Programa Monetario hace un año, se espera en el informe citado de política monetaria en 70,3% al final del presente año, para iniciar un proceso a la baja.[2]
Estas medidas adicionales, tienen paralelo en algunas condiciones extraordinarias en los resultados del 2021; el BCCR estima ingresos percibidos originados en algunas leyes de aplicación transitoria, en 0,6% del PIB. Sin este efecto, el déficit primario habría resultado en 0,9%, lo que es insuficiente para una pronta recuperación del espacio fiscal en caso de mantenerse para el mediano plazo.
Cuadro N.° 1
Sector Público: Resultado financiero, 2019-2022
-Millones de colones y porcentajes-
1/ Incluye Fideicomisos. 2/ Para los años 2019 y 2020 las cifras corresponden a Órganos Desconcentrados y sus fideicomisos; para 2021 y 2022 únicamente fideicomisos. 3/ Incluye Otras instituciones de Gobiernos Locales. Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF.
Los valores del presupuesto inicial para 2022, en déficit financiero, corresponden a un 6,2% del PIB en el caso del Presupuesto de la República, de 8,1% en el Gobierno General y de 9,5% en el Sector Público (8,4% en el Sector Público No Financiero). La sub ejecución de los gastos normalmente permite resultados mucho más moderados, como se menciona más arriba según la programación monetaria.
La ejecución en el resto del Sector Público presenta cercano equilibrio o superávit, lo que señala la conveniencia de una mayor consolidación en la gestión financiera.
La ejecución en el resto del Sector Público presenta cercano equilibrio o superávit, lo que señala la conveniencia de una mayor consolidación en la gestión financiera.
A diferencia del Gobierno Central, el resto del Gobierno General o del Sector Público, si bien en el presupuesto se considera un déficit, alcanza resultados de equilibrio o superávit, por causa de una significativa subejecución de gasto.
Los Órganos Desconcentrados, afectados por las restricciones de gasto del Gobierno Central, y en alguna medida por el pago del IVA, ocasionalmente han presentado déficit financiero, especialmente en 2020. Para 2021, la mayoría fueron incorporados en el Presupuesto Nacional, con poco efecto en el resultado neto anual, aunque sí en las magnitudes de ingreso y gasto.
En forma análoga a la incorporación de dichos órganos al Presupuesto, es importante dar pasos hacia una gestión más integrada de las finanzas en el sector público, con mayor consolidación de resultados no solamente a través del crédito entre instituciones o de éstas al Gobierno Central, sino que considere también mecanismos de financiación más expeditos y de menor costo, como el proyecto de ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado, tramitado en el expediente legislativo 22.661.
La recaudación prevista para 2022 podría superar el nivel anterior a la crisis, y el gasto estaría en niveles inferiores. No obstante, los ingresos del 2021 fueron impulsados por factores coyunturales.
La recaudación prevista para 2022 podría superar el nivel anterior a la crisis, y el gasto estaría en niveles inferiores. No obstante, los ingresos del 2021 fueron impulsados por factores coyunturales.
En 2021 se presentó una sensible recuperación, aunque la comparabilidad con años anteriores requiere ajustes. Si se consideran nuevos ingresos o por una sola vez, la recaudación estuvo cercana a la de antes de la crisis (2019).[3]
En cuanto al gasto, en el 2020 se redujo en forma nominal en el Gobierno Central y otros subsectores, dados los ahorros que permitió la crisis y la restricción en gasto de capital y transferencias. En 2021, la incorporación de los Órganos Desconcentrados al Presupuesto Nacional causa cierto aumento en términos netos, no obstante se observa un menor gasto en comparación con el 2019, medido sobre el PIB.
Cuadro N.° 2
Sector Público: Ingresos, no consolidados, 2019-2022
-Millones de colones y porcentajes-
1/ Incluye Fideicomisos. 2/ Para los años 2019 y 2020 las cifras corresponden a Órganos Desconcentrados y sus fideicomisos; para 2021 y 2022 únicamente fideicomisos. 3/ Incluye Otras instituciones de Gobiernos Locales. Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF.
La regla fiscal tiene por resultado este efecto, al permitir un máximo de crecimiento en el gasto corriente o total. Sin embargo, el pago de intereses aumenta 0,4% del PIB (de un ejecutado por 4,8% en 2021 a un presupuestado de 5,2% en 2022), lo que reduce el gasto primario casi un punto porcentual. Aun cuando se incorporen otras erogaciones por la revalidación de créditos externos, también es necesario que disminuya el gasto por intereses, para que se favorezca el cumplimiento de la regla fiscal sin afectar la capacidad de operación del Estado a mediano plazo.
Cuadro N.° 3
Sector Público: Gastos, no consolidados, 2019-2022
-Millones de colones y porcentajes-
1/ Incluye Fideicomisos. 2/ Para los años 2019 y 2020 las cifras corresponden a Órganos Desconcentrados y sus fideicomisos; para 2021 y 2022 únicamente fideicomisos. 3/ Incluye otras instituciones de Gobiernos Locales.Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP y del SIGAF.
Finalmente, es importante mantener y profundizar la ruta hacia el equilibrio fiscal, lo que en principio puede requerir de más ingresos, junto con una continua mejora en la eficiencia del gasto, dentro de los parámetros establecidos por la regla fiscal al gasto corriente y, al menos por algunos años, también al gasto total, de acuerdo con su efectividad social y económica.
Notas al pie:
[1] Informe de Política Monetaria de enero 2022.[2] En 2021 el indicador se sitúa en 68,3%. Las revisiones en la medición del PIB han incidido sobre este cociente deuda/PIB. Así, para 2021 se registra un PIB que supera la previsión de enero 2021 en un 6,5%, y se prevé para 2022 un valor 9,2% superior al que se esperaba hace un año. Además, se consideraba un déficit financiero de 7,0% y 5,9%, en 2021 y 2022 respectivamente, cambios que han modificado la ruta proyectada del cociente deuda/PIB. [3] La incorporación de los Órganos Desconcentrados (ley 9524), el traslado de superávit libres por leyes 9371 y 9925, y el desfase en la percepción de ingresos originados por leyes 9635 y 9830, factiblemente explican la mayor parte de la diferencia observada entre 2019 y 2021.
[1] Informe de Política Monetaria de enero 2022.[2] En 2021 el indicador se sitúa en 68,3%. Las revisiones en la medición del PIB han incidido sobre este cociente deuda/PIB. Así, para 2021 se registra un PIB que supera la previsión de enero 2021 en un 6,5%, y se prevé para 2022 un valor 9,2% superior al que se esperaba hace un año. Además, se consideraba un déficit financiero de 7,0% y 5,9%, en 2021 y 2022 respectivamente, cambios que han modificado la ruta proyectada del cociente deuda/PIB. [3] La incorporación de los Órganos Desconcentrados (ley 9524), el traslado de superávit libres por leyes 9371 y 9925, y el desfase en la percepción de ingresos originados por leyes 9635 y 9830, factiblemente explican la mayor parte de la diferencia observada entre 2019 y 2021.
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