Análisis sectorial del Sector Público en 2020


#MonitoreoCGR-MA2020 N.° 11

22 de abril de 2021
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Sectores experimentaron impactos en ingresos, gastos y programación y ejecución de las metas del PNDIP, siendo que en 4 de 7 sectores, la proporción de metas modificadas superó el 40%

Los sectores que presentaron un mayor aumento nominal en su gasto respecto a 2019 se asocian a la atención de la emergencia sanitaria.

El presupuesto de egresos ejecutados en 2020 de las instituciones del Sector Salud, Nutrición y Deporte[1], según la clasificación estipulada en el Artículo 11 del Decreto N° 41187-MP-Mideplan[2], presenta un aumento de 15,8% respecto a 2019 (equivale a ¢699.218 millones), y es mayor al promedio de 9,1% del periodo 2016-2019.

Este crecimiento en el presupuesto ejecutado del sector se explica debido a que algunas de las instituciones que lo conforman[3], estuvieron en la primera línea de atención de la pandemia provocada por la COVID-19. Particularmente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presenta un aumento significativo en su gasto efectivo asociado al programa de “Atención Integral a la salud de las personas”; especialmente en el rubro[4] de remuneraciones. El gasto en remuneraciones presenta un incremento de ¢170.298 millones (13,9%), dado que al cuarto trimestre de 2020 se crearon 1.292 plazas, la mayor parte destinadas a la atención de la pandemia de la COVID-19[5].

En cuanto al cumplimiento de metas del sector en el PNDIP 2019-2022, el Poder Ejecutivo valoró un total de 26 metas de intervenciones estratégicas para 2020. De estas, 19 reportaron un cumplimiento alto (73,1%), 1 cumplimiento medio (3,8%) y 6 cumplimiento bajo (23,1%). Sin embargo, no se alcanzaron metas relevantes para la mejora en el servicio de salud como las relacionadas con la reducción de días de las listas de espera. Entre las metas con cumplimiento alto, se destacan el 100% de construcción de la II Etapa del Edificio Torre Este, Hospital Calderón Guardia; un 87,4% de la población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS, atención de niños y niñas y obras en CEN-CINAI entre otras. En total, 10 metas del sector fueron modificadas para disminuir su programación 2020, y 9 metas fueron eliminadas para 2020. En 13 de estas metas, las modificaciones implicaron también disminuciones en los compromisos previstos para el cuatrienio.

En línea con lo anterior, algunas de las instituciones que conforman el sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social[6], fueron las encargadas de gestionar los recursos relacionados con los subsidios temporales de desempleo y de brindar ayudas específicas según la población meta. Por esta razón, el presupuesto ejecutado por concepto de egresos asociado con este sector alcanza un total de ¢1.347.193 millones en 2020, con un crecimiento de 23,3% respecto a 2019.

Para este sector[7], según el PNDIP 2019-2022 planteado por el Poder Ejecutivo, valoró un total de 37 metas de intervenciones estratégicas para 2020; 19 de sus metas reportaron un cumplimiento alto (51,4%), 8 cumplimiento medio (21,6%) y 10 cumplimiento bajo (27,0%). A pesar del aumento en los recursos, no se alcanzaron metas importantes para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población en un contexto de crisis sanitaria como lo son: los servicios de Red de Cuido y Avancemos; el otorgamiento de nuevas pensiones del Régimen No Contributivo; infraestructura del PANI; entre otras. No obstante, se evidencia un cumplimiento alto en metas de atención de hogares en situación de pobreza y de personas adultas mayores; y las metas de los programas Puente al Desarrollo, Avanzamos Mujeres, Crecemos y Alianza para el Bilingüismo (ABI).

En resumen, el presupuesto de egresos ejecutado de los sectores que participaron en la atención de la emergencia, presenta un crecimiento respecto a 2019. En cuanto a las metas del PNDIP 2019-2022, considerando las modificaciones realizadas, en términos generales se reporta un cumplimiento alto en el sector Salud, Nutrición y Deporte, y bajo en el Sector Trabajo, y Desarrollo Humano e Inclusión Social. En ambos casos existen espacios de mejora en cuanto al cumplimiento de algunas metas estratégicas para la atención de la población más vulnerable.

El presupuesto devengado en 2020 de los sectores Turismo; Infraestructura y Transporte; y Ambiente, Energía y Mares, son los que presentan mayores decrecimientos porcentuales respecto a 2019.

Así las cosas, el sector turismo[8], presenta la mayor disminución porcentual (34,2%) en el presupuesto de egresos ejecutado en 2020 en comparación con 2019. Esto se debe a que la desaceleración económica provocada por la COVID-19 generó una rebaja en los ingresos percibidos por este sector dado el cierre de fronteras y las medidas de distanciamiento social. Concretamente, el Instituto Nacional de Turismo (ICT), se vio en la necesidad de replantear las prioridades presupuestarias, en procura de reactivar al sector turismo, con ese fin el ICT definió una Hoja de Ruta, que requirió agregar, modificar y eliminar metas de su planificación para 2020[9].

El sector registró 10 metas modificadas: de ellas 9 fueron supresiones de las metas para 2020, y la meta restante fue una disminución con respecto a lo programado. Otro aspecto; es que de las 3 metas de intervenciones estratégicas programadas, no se alcanzó la meta sobre el nivel de riesgo país en seguridad y bienestar para el turista que visita Costa Rica, ya que según los criterios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para 2020 la calificación fue de “Nivel 4: no viajar”.

Otro sector que ve reducido su presupuesto ejecutado en 2020, corresponde al de Infraestructura y Transporte[10] que para ese año correspondía a un total de ¢736.638 millones. Este reduce su gasto en 27,3% (¢276.624 millones), dada la baja en la ejecución de ingresos, que en este caso obedece al cierre de fronteras, y a las medidas de distanciamiento social que redujeron la recaudación de tarifas relacionadas con la entrada de extranjeros al país y el desplazamiento de vehículos en el territorio nacional. Adicionalmente, las transferencias del Gobierno Central a este sector disminuyen, justificado principalmente por la crítica situación de las finanzas públicas experimentada durante 2020.

El riesgo latente ante la disminución en el gasto ejecutado de este sector, se deriva del hecho de que este grupo de instituciones concentra gran parte del gasto público de capital. Ante la importancia del sector en cuanto a proyectos de inversión, en el PNDIP 2019-2022, se valoró un total de 25 metas de intervenciones estratégicas para 2020; 12 de sus metas reportaron un cumplimiento alto (48,0%), 5 cumplimiento medio (20,0%) y 8 cumplimiento bajo (32,0%).

Las metas con cumplimiento bajo corresponden a la rehabilitación y construcción de puentes en la Red Vial Cantonal (MOPT); el avance de la construcción del Paso a desnivel en la rotonda de La Bandera y la ampliación de la Ruta Nacional 147, sección Río Corrogres-Río Virilla (CONAVI); entre otros relacionados con infraestructura vial. Si bien el sector pudo adaptarse para adelantar avances en algunos proyectos, el cumplimiento inferior al 50% en las metas del sector resulta apremiante, en un contexto de desaceleración económica, en el cual la culminación de proyectos ya existentes que faciliten los proceso de comunicación y de transporte de mercaderías en el país podría coadyuvar a la dinamización de la economía. También es importante señalar que el sector no estuvo exento de obstáculos administrativos históricos en el logro de sus metas, tales como la gestión de los estudios previos de los proyectos y los procesos de contratación. Además, la CGR halló importantes limitaciones en la información reportada que impidieron formar una opinión sobre los resultados de 4 metas auditadas[11].

Finalmente, la desaceleración económica provocada por la COVID-19, afectó la venta de bienes y servicios de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A), lo que se traduce como una menor necesidad de adquirir bienes para la producción y comercialización. Lo anterior explica que el gasto del sector de Ambiente, Energía y Mares[12] en 2020, sea ¢609.663 millones (18,8%) menor que el de 2019.

En el PNDIP 2019-2022, el sector valoró un total de 27 metas de intervenciones estratégicas para 2020; 15 de sus metas reportaron un cumplimiento alto (55,6%), 6 cumplimiento medio (22,2%) y 6 cumplimiento bajo (22,2%). Entre las metas que no se alcanzaron por la pandemia según lo señalado por el Poder Ejecutivo, se destacan la instalación y operación de 29 centros de recarga rápida adicionales, 45 municipios afiliados a la Estrategia Nacional para la reducción de plásticos de un solo uso, y 112 proyectos financiados con el Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF). Al margen de la COVID-19, RECOPE no alcanzó 4 de sus metas por atrasos administrativos en proyectos de inversión en diversos puntos del territorio nacional.

Como se deriva de lo anterior, la desaceleración económica provocada por la COVID-19 afectó en diversos sentidos a los sectores institucionales, exigiendo un ajuste en el gasto para solventar las metas prioritarias, adicional a los retos tradicionales que han enfrentado estos sectores en la gestión de las metas del PNDIP, especialmente en la inversión pública. Así las cosas, en los sectores de Turismo; Infraestructura y Transporte; y Ambiente, Energía y Mares, entre el 48% y el 67% de sus metas alcanzaron un cumplimiento alto.

El alto cumplimiento de metas de los sectores de Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera y Educación y Cultura, se explica porque modificaron más del 40% de sus metas para 2020.

En el año 2020, el sector Educación y Cultura tenía programadas 27 metas en el PNDIP; de las cuales se modificaron 12 (44,4%), producto de la priorización que realizaron las instituciones del sector ante la desaceleración económica de 2020 y el acatamiento de medidas sanitarias.

De las 27 metas valoradas por el Poder Ejecutivo, 12 reportaron un cumplimiento alto (44,4%), 8 cumplimiento medio (29,6%) y 7 cumplimiento bajo (25,9%). En este sector, no se alcanzaron las metas previstas en obras de infraestructura, reparaciones y mobiliario de centros educativos; evaluación y certificación de lenguas extranjeras; 2 de 3 metas del CUC; las 2 metas del CUNLIMÓN; y 3 de 4 metas del INA. Pese a la pandemia, el sector reportó cumplimientos altos en metas relacionadas a los comedores estudiantiles, educación para jóvenes y adultos, evaluación docente, y la Red Educativa de Banda Ancha, entre otras metas. Cabe agregar que en este sector la CGR también encontró limitaciones en la información reportada que impidieron formar una opinión sobre los resultados de 5 metas auditadas[13].

En términos de gasto, en 2020 este sector de Educación y Cultura ejecutó un total de ¢2.624.774 millones, con un decrecimiento de 5,0% (¢136.833 millones) respecto a 2019. Esta reducción se explica en su mayoría por un menor gasto ejecutado en el Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente en las transferencias corrientes al Fondo Especial para la Educación Superior y a las Juntas de Educación y Administrativas de 5,3% (¢26.573 millones) y 25,3% (¢66.371 millones), respectivamente.

Por otra parte, el sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera, modificó 11 de las 20 metas del PNDIP programadas para 2020 (55,5%), ya que se vieron profundamente afectadas por el impacto económico provocado por la COVID-19. Estas metas corresponden a variables macroeconómicas, de las finanzas públicas y del comportamiento de los mercados financieros.

Considerando lo anterior, el sector reportó 20 metas de intervenciones estratégicas; 16 de sus metas reportaron un cumplimiento alto (80,0%), 2 cumplimiento medio (10,0%) y 2 cumplimiento bajo (10,0%). Las dos metas reportadas con cumplimiento bajo fueron la tasa de inflación interanual de 0,9%, fuera de su rango de tolerancia estimado de 3%±1 p.p., y la meta del 2% de crecimiento anual de clientes activos del segmento MIPYMES con respecto de diciembre de 2019 (BCR), que decreció -0,35%.

El presupuesto ejecutado por este sector en 2020, corresponde a ¢2.844.432 millones con un decrecimiento de ¢434.513 millones (13,3%) respecto a 2019. Este comportamiento, se explica en parte por una reducción en el gasto relacionado con activos financieros en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

En conclusión, durante 2020 los diversos sectores se vieron afectados por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, con impactos en ingresos, gastos y programación y ejecución de las metas del PNDIP. En 4 de 7 sectores, la proporción de metas modificadas superó el 40%, según los ajustes revelados en el Informe de Cumplimiento de Metas del PNDIP. Ante la situación que enfrenta el país, es relevante continuar dando seguimiento constante al cumplimiento de las metas planteadas a la luz de los efectos de la pandemia sobre los ingresos, gastos y los efectos sobre la ejecución de las metas propuestas.

*Por un error material, se corrigen las cifras que hacen referencia a los porcentajes de metas que obtuvieron el grado de cumplimiento respectivo (alto, medio o bajo), en los sectores Salud, Nutrición y Deporte; Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social; Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera el 23 de abril de 2021 a las 16:30 p.m.

Notas al pie:
[1] El presupuesto ejecutado del sector Salud, Nutrición y Deporte para 2020 equivale a ¢5.132.476 millones.[2] Las instituciones incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) se clasifican en 12 sectores: Ambiente, Energía y Mares; Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital; Comercio Exterior; Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural; Educación y Cultura; Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera; Infraestructura y Transporte; Ordenamiento territorial y Asentamientos Humanos; Salud, Nutrición y Deporte; Seguridad Ciudadana y Justicia; Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social; y Turismo.[3] El sector de Salud, Nutrición y Deporte, lo conforman instituciones como: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros de Atención Integral (Dirección del CEN-CINAI), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Salud.[4] El mayor crecimiento del gasto ejecutado en 2020 en comparación con 2019, se evidencia en la partida de activos financieros, dado el cambio metodológico en el registro de las inversiones.[5] Dirección de Presupuesto Caja Costarricense del Seguro Social (2021). Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre 2020. Disponible en: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=18568DCEAB8AE50261B9C05C654CE3116130764E8BCDB63D422A4C76B956C599242604B3AB1CD4FDA0113BA11F8494F2[6] Conformado por: la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), la Junta de Protección Social (JPS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).[7] El sector registró 53 metas modificadas en el periodo 2020, incluyendo metas nacionales y regionales. En total, se disminuyeron 24 metas y se suprimieron 29 de las metas previstas para 2020.[8] Incluye el presupuesto del Instituto Nacional de Turismo (ICT).[9] ICT (2021). Informe de Seguimiento de metas del PAO 2020 y PND (ANUAL),p.2. Disponible en: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=4DD85FDF1CBCD334A072F4FC1AC793B67489DF2E0951C97863C57F325F35C46154EF846088495C247FC58DEE88E933EF. Además, el Sector recibió el aval para la modificación de sus metas del PNDIP 2019-2022 mediante los oficios MIDEPLAN-DM-OF-0512-2020; MIDEPLAN-DM-OF-1069-2020; y MIDEPLAN-DM-OF-0752-2020.[10] Lo integran el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.[11] 100% de avance de obra Construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108) ruta nacional 32, carretera Braulio Carrillo , 90% de avance de obra Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, sección: Barranca- Cañas, 100% de avance de obra Paso a desnivel de Intersección Guadalupe y 100% de avance de obra Rehabilitación de la Ruta Nacional 160, sección: Playa Naranjo-Paquera.[12] Conformado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio del Ambiente y Energía y la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A).[13] 924 centros educativos con obra nueva, 4.000 centros educativos con mantenimiento, 875 centros educativos implementando el Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM); 70.000 jóvenes y adultos graduados en Educación General Básica o Educación Diversificada; y 1.500 centros educativos conectados en al menos alguna de las capas de la Red Educativa de Banda Ancha.