Comportamiento y evolución de los egresos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

El crecimiento nominal de las partidas de amortización, y de intereses y comisiones, representa más del 65% del aumento del proyecto de ley del presupuesto de la República para 2022 en comparación con la Ley de Presupuesto 2021.

Esta situación no dista de la registrada en ejercicios económicos anteriores y continúa siendo un factor de riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la evolución de estos rubros se relaciona directamente con las necesidades de financiamiento del Poder Ejecutivo, variable que ha presentado un crecimiento dinámico, por lo que a pesar de las reformas que se han implementado -cuya aplicación debe mantenerse- y el nivel de recuperación económica, aún faltan medidas profundas como concretar reformas en materia de empleo público y el manejo eficiente de la liquidez, entre otras.

Adicionalmente, en el proyecto de ley de presupuesto para 2022, el gasto correspondiente a amortización asciende a ¢2.780.897 millones (6,9% del PIB), recursos que presentan un crecimiento de ¢62.834 millones (2,3%)^[5] respecto al monto incorporado en la Ley del Presupuesto de 2021. Dicha variación se explica principalmente por el aumento de ¢48.064 millones en la amortización de deuda interna, que según indica el Ministerio de Hacienda en su exposición de motivos, se debe principalmente al vencimiento en 2022 de colocaciones de largo plazo realizadas en años anteriores.

En el presupuesto 2022, el gasto en intereses y comisiones alcanza los ¢2.240.855 millones y presenta el crecimiento nominal de mayor magnitud respecto al presupuesto inicial 2021, por un total de ¢89.927 millones, que equivale a una variación porcentual de 4,2%, la cual a pesar de ser menor al promedio de años anteriores^[6], crece 2,2 p.p. más que el presupuesto total. Esto implica un aumento de su importancia relativa, pasando de representar el 9,0% en el presupuesto inicial 2012, al 19,5% en el 2022. Este gasto debe atenderse, pues el país debe cumplir con las obligaciones pactadas.

Por otra parte, el gasto asociado con servicios, propuesto para 2022 por ¢420.373 millones, presenta uno de los crecimientos porcentuales más relevantes, el cual corresponde a un 11,7% (¢44.198 millones), mayor al promedio de 2012-2021 de 10,7%. Dicho aumento se explica en parte por el incremento de ¢9.647 millones (86,7%) en el gasto en servicios de gestión y apoyo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y de ¢4.843 millones (63,0%) en el rubro de servicios comerciales y financieros del Ministerio de Hacienda, dada la incorporación de ¢8.809 millones para la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

La partida de transferencias corrientes registra un incremento de ¢53.616 millones (1,9%) y alcanza un total de ¢2.832.985 millones. Este comportamiento difiere del experimentado en 2019 y 2020, cuando se registraron disminuciones en el presupuesto inicial de este rubro por ¢32.114 millones y ¢150.393 millones, respectivamente. En su mayoría, este crecimiento obedece al mayor monto destinado a transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IDNES); específicamente, al aumento de 6,7% (¢32.709 millones) en el monto asignado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Algunos aspectos a considerar de la partida de transferencias corrientes en el proyecto de ley 2022, son los siguientes: 1) no se incorporan recursos para transferir a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para la compra de vacunas contra la Covid-19; y 2) existe la posibilidad que de suscribirse nuevos créditos de apoyo presupuestario, parte de esos recursos se transfieran a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para amortizar la deuda del Estado con dicha institución, según el Acuerdo Marco firmado con el Poder Ejecutivo.

Así las cosas, el crecimiento de la propuesta de gasto de 2022 presentada por el Poder Ejecutivo, se deriva principalmente de la evolución de las partidas de amortización e intereses y comisiones, obligaciones que deben ser atendidas y por las cuales se debe propiciar el ajuste para generar espacio fiscal. En adición, dichas partidas ejercen presión sobre el resto de rubros del gasto -en especial en el contexto actual donde el gasto corriente y de capital solo podrá crecer un 1,96%-, por lo que se deben tomar medidas estructurales tanto por la parte de ingresos, como por la parte de gastos.

Solo las partidas de remuneraciones y transferencias de capital presentan un comportamiento decreciente al comparar con la Ley inicial de 2021.

De estas partidas, la que presenta la mayor reducción corresponde a transferencias de capital^[7] pasando de ¢281.938 millones en el presupuesto inicial 2021 a ¢238.200 millones en la propuesta de gasto 2022 (se reduce en ¢43.739 millones, 15,5%), mientras que en el periodo 2012-2021 se registraba un crecimiento promedio de 9,3%. El decrecimiento se explica en su mayoría por la reducción de ¢16.777 millones (16,7%) en las asignaciones de capital a las municipalidades y de ¢13.336 millones (13,5%) en la transferencia al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Por su parte, el gasto en remuneraciones incorporado en el proyecto de ley 2022 corresponde a ¢2.770.705 millones (6,9% del PIB), con un decrecimiento de ¢7.838 millones (0,3%)^[8] con respecto al monto presupuestado inicialmente en 2021, comportamiento que resulta contrario al observado al comparar los montos iniciales de años anteriores, en los que no se había evidenciado una reducción. La variación de 2021, se explica, según lo indica la Dirección General de Presupuesto Nacional, principalmente por la reducción de ¢9.858 millones (0,9%) en sueldos para cargos fijos en relación con la no incorporación en 2022 del costo de vida.

El decrecimiento que se registra en la partida de remuneraciones se asocia a los efectos de la Ley N.° 9635, ya que en esta se estipula que al entrar en vigencia el escenario d) de la Regla Fiscal, no se podrán realizar los incrementos salariales por costo de vida. Además, en los ejercicios económicos 2020 y 2021, mediante la norma de ejecución del presupuesto 12, se limitó la creación y utilización de plazas, por lo cual, se rebajó el contenido presupuestario de aquellas que estuvieran vacantes. La aplicación de esta norma durante todo el ejercicio económico 2020 produjo una rebaja en la autorización de colocación de títulos valores de ¢4.057 millones, y al primer semestre 2021 de ¢9.293 millones.

No obstante, otras medidas implementadas en 2021 como las rebajas efectuadas al momento de aprobación de la Ley de Presupuesto N.° 9926, con el objetivo de lograr contención del gasto, no han resultado tan efectivas, ya que al realizar un ejercicio para comparar los movimientos en cada título, programa y objeto del gasto, se evidencia que al 31 de agosto 2021 se habían reincorporado un 44,7% de los recursos rebajados, en especial en las partidas de transferencias, servicios y remuneraciones.

Como se desprende de lo anterior, la propuesta de gasto de las partidas de transferencias de capital y remuneraciones presenta un comportamiento decreciente, lo cual en cierta medida responde a las leyes y normas aprobadas para coadyuvar a la contención del gasto. No obstante, dichas medidas deben de responder a una planificación previa que permita el buen funcionamiento de las instituciones, ya que de no ser así se incurre en el riesgo de que los recursos sean reincorporados y no exista un efecto real en cuanto a contención del gasto.

En conclusión, el proyecto de ley de presupuesto de 2022, presenta un crecimiento de 1,9% al compararlo con la Ley de Presupuesto de 2021, comportamiento impulsado principalmente por la evolución de las partidas de amortización y de intereses y comisiones. La tendencia creciente de dichos rubros genera poca flexibilidad y estrechez en el gasto, imposibilitando el saneamiento de las finanzas públicas, por lo cual se deben tomar medidas que reduzcan el gasto y dinamicen los ingresos. Por otro lado, se evidencia una reducción en el gasto en remuneraciones, lo que resulta contrario al comportamiento histórico de la partida, lo que se relaciona estrechamente con los rendimientos de la Ley N.° 9635 y otra normativa existente. Finalmente, los esfuerzos de contención del gasto deben responder a una planificación país para tener un efecto verdadero sobre el saneamiento de las finanzas públicas.