Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado
al mes de octubre de 2020
#MonitoreoCGR-EFP2020 N.° 30
17 de diciembre de 2020
5 minutos de lecturaAl cierre del mes de octubre continúan presentes las reducciones en la ejecución de ingresos y gastos del sector descentralizado
Para el 31 octubre de 2020 se presenta un decrecimiento de 8,1% en los ingresos corrientes respecto al mismo periodo de 2019[1].
El monto total de ingresos corrientes del sector descentralizado ejecutado al 31 de octubre de 2020 asciende a ¢10.675.664 millones (30,6% del PIB). Dicho monto corresponde a un porcentaje de ejecución de 76,3% del presupuesto, y presenta un decrecimiento de 8,1% al comparar con la ejecución de diez meses de 2019[2], situación que refleja los efectos de la desaceleración económica.
Estos ingresos corrientes están compuestos principalmente por ingresos no tributarios y contribuciones sociales, los cuales han ejecutado en total ¢5.958.891 millones y ¢2.731.954 millones, respectivamente. En conjunto, representan un 81,4% del total. Como resultado de las repercusiones ocasionadas por la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, todos los rubros que componen los ingresos corrientes muestran tasas de variación negativas al compararlos con la ejecución promedio de diez meses de 2019.
En el siguiente cuadro se observa la ejecución de ingresos corrientes al cierre del mes de octubre según grupo institucional.
Cuadro N° 1
Sector Descentralizado: Ingresos corrientes según grupo institucional al mes de octubre, 2019- 2020
-millones de colones y porcentajes-
Esta situación ha generado en ciertos casos la necesidad de compensar la disminución de los ingresos con alternativas de financiamiento. Así las cosas, el Poder Ejecutivo ha autorizado por ejemplo, a las instituciones que reciben transferencias del presupuesto nacional a que, de manera extraordinaria, puedan utilizar los recursos que tengan disponibles del superávit libre[3].
Se ha ejecutado un 63,5% del gasto aprobado en el Sector Descentralizado al mes de octubre de 2020.
Al 31 de octubre de 2020, para el sector descentralizado se presenta un total de ¢12.040.813 millones[4] ejecutados (34,5% del PIB) por concepto de gasto, lo cual corresponde a un 63,5% de ejecución a esa fecha en relación con el presupuesto. Si se compara esta ejecución con la de los mismos diez meses en 2019, el gasto decreció en un 3,0% respecto al año anterior.
Para el conjunto de instituciones que conforman el sector descentralizado, las partidas con mayores ejecuciones al cierre del mes de octubre de 2020 corresponden a gasto corriente, en las partidas de transferencias corrientes y remuneraciones, con porcentajes de ejecución del 73,4% y 72,4% respectivamente. En el caso de transferencias corrientes, la mayor ejecución nominal se da en el rubro de prestaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (pensiones y jubilaciones contributivas).
Les siguen en monto las partidas de materiales y suministros (¢1.752.801 millones, con 64,3% de ejecución), servicios (¢1.734.151 millones, con 65,3% de ejecución) y activos financieros (¢1.254.859 millones, con una ejecución del 58,6%). En el gasto relacionado con el pago de deuda en el sector descentralizado, las partidas de amortización e intereses y comisiones representan en conjunto, un 9,9% del gasto total ejecutado al mes de octubre de 2020, con porcentajes de ejecución presupuestaria cercanos al 65%.
Por su parte, la partida de bienes duraderos presenta una baja ejecución del 31,0% al mes de octubre de 2020 y se dan porcentajes de ejecución inferiores al 40% en rubros como el de construcción, adiciones y mejoras en vías de comunicación terrestre, edificios e instalaciones.
Si se analiza el comportamiento del gasto ejecutado por sector institucional, las Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IDNEs) han ejecutado al finalizar el mes de octubre el mayor monto de gasto por un total de ¢4.721.530 millones (64,9% de ejecución), seguidas en monto por las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) (¢3.264.205 millones, con 62,3% de ejecución). En el primer caso, la CCSS representa el 74,4% del gasto total ejecutado por ese grupo institucional, mientras que en el segundo, el Instituto Costarricense de Electricidad representa el 33,5% de las EPNF al mes de octubre de 2020.
Cuadro N° 2
Sector Descentralizado: Egresos según grupo institucional al mes de octubre, 2019- 2020
-millones de colones y porcentajes-
De este modo, se observa que la ejecución al 31 de octubre de 2020 en el sector descentralizado decreció con respecto al gasto presentado en el mismo periodo de 2019, y que esta caída es menor a la que presentan los ingresos corrientes.
Al cierre del mes de octubre se reportan ¢4,3 billones por concepto de superávit acumulado en el sector descentralizado[5].
De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de ¢4.322.937 millones (12,4% del PIB) por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone en un 46,2% (¢1.996.513 millones) de superávit libre y 53,8% (¢2.326.425 millones) de superávit específico.
Al realizar el análisis por sector institucional, se observa en el cuadro N° 3 que las Instituciones Descentralizadas no Empresariales y las Instituciones Públicas Financieras son las instituciones que de forma agregada poseen un mayor superávit acumulado al cierre de octubre 2020, con ¢1.701.229 millones y ¢1.500.962 millones, respectivamente. Por otro lado, los Gobiernos Locales son los que mantienen el menor monto de superávit acumulado al 31 de octubre de 2020 con ¢148.489 millones.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos recursos no gastados al cierre del mes de octubre de 2020 pueden ser dispuestos durante el cuarto trimestre del año, por lo que estas cifras pueden variar al concluirse el periodo presupuestario 2020[9]. Además, en algunos casos estos recursos también pueden haber sido incorporados en los presupuestos correspondientes a 2021.
Cuadro N° 3
Sector Descentralizado: Superávit libre, específico y total, 2019-2020
-millones de colones y porcentajes-
En línea con lo anterior, el pasado 23 de noviembre de 2020 se aprobó la Ley N° 9925 “Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública”[10] en la que se estipula que por una única vez, ocho[11] instituciones autónomas, fondos y dependencias del Estado trasladarán los recursos que disponen en sus superávits libres del ejercicio económico previo al año en que entre en vigencia esta ley al Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la Ley N° 9925 indica que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) le trasladará a dicho ministerio la suma total del dinero resultante de la liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco)[12].
El detalle de los montos que cada una de estas debe incorporar según la citada ley, se presenta en el siguiente cuadro. Asimismo, se establece en su transitorio V que el Ministerio de Hacienda destinará los recursos para el pago del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose esta como el pago tanto de intereses así como de amortización de la deuda.
Cuadro N° 4
Detalle de montos incorporados según la Ley N° 9925 “Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública”
-millones de colones-
Cabe señalar que del total de ¢99.117 millones incorporados, a la fecha se ha tramitado y aprobado en la CGR[13] un 56,7% de estos recursos, correspondiente a los montos de la Junta de Protección Social (¢15.000 millones), el Instituto de Desarrollo Rural (¢17.000 millones) y la Junta Administrativa del Registro Nacional (¢24.228 millones).
En conclusión, al cierre de octubre de 2020 el sector descentralizado muestra una disminución en la recaudación de ingresos corrientes producto de la desaceleración económica, y una menor ejecución en gasto respecto a una aproximación del mes de octubre de 2019. Si se consideran los recursos de superávit acumulado total reportados por las instituciones analizadas del sector descentralizado, al 31 de octubre informaron un total ¢4,3 billones. Leyes como la citada 9925, así como la 9371 y la 9635, disponen sobre el uso de algunas de estas sumas para la reducción de la deuda del Gobierno Central, posibilidad que podría continuar siendo objeto de análisis en el futuro.
[1] Dado que no se encuentran disponibles datos al mes de octubre de 2019, se realiza la variación con una aproximación del monto a ese periodo con la suma de los primeros tres trimestres y el promedio mensual del cuarto trimestre de 2019.[2] Ídem[3] Decreto Ejecutivo N° 42584-H publicado en La Gaceta N° 236, 24 de setiembre de 2020.[4] Cifras no consolidadas.[5] No se incluyen los Entes Públicos No Estatales. La CGR solicitó la información relacionada con el monto de superávit de las instituciones del Sector Descentralizado mediante el oficio N° DFOE-SAF-0501-(18070)-2020 del 18 de noviembre de 2020. Los datos corresponden a aquellos remitidos por las instituciones al 08 de diciembre de 2020.[6] Ídem[7] En el decreto 31458-H de 06 de octubre de 2003 y sus reformas, Clasificador Presupuestario de los Ingresos del Sector Público, se define como el exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede financiar.[8] En el decreto 31458-H de 06 de octubre de 2003 y sus reformas, Clasificador Presupuestario de los Ingresos del Sector Público se define como el exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.[9] Así, por ejemplo, en años anteriores, se ha observado que el superávit a diciembre ha sido menor que el acumulado a septiembre.[10] Publicada en La Gaceta N° 280, Alcance 311 del 25 de noviembre de 2020.[11] Junta de Protección Social (JPS), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, Junta Administrativa del Registro Nacional, Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, Oficina de Cooperación Internacional de la Salud y Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).[12] Situación aún pendiente de resolución. [13] Los presupuestos de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud y Consejo de Salud Ocupacional no requieren aprobación de la CGR.