Evolución presupuestaria del Sector Orden Público y Seguridad al primer semestre de 2021
#MonitoreoCGR-EFP2021 N.° 08
24 de agosto de 2021
5 minutos de lecturaEl comportamiento de la ejecución de los recursos de las instituciones del sector, así como proyectos en materia migratoria, requieren acciones estratégicas con el fin de mitigar efectos del entorno financiero
Ingresos corrientes de algunas instituciones del Sector Orden Público y Seguridad sujetas a aprobación presupuestaria externa, presentan una reducción de ¢442 millones en el I semestre de 2021 respecto a ese mismo período en 2020.
El Sector Orden Público y Seguridad se dirige entre otros aspectos, a la atención de asuntos y servicios de policía, el registro de extranjeros, justicia judicial y administrativa, así como a la administración de servicios de lucha y prevención contra incendios. Las instituciones que comprende dicho sector son Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz (MJP), Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Sistema de Emergencias 9-1-1.
De las mencionadas instituciones, únicamente se considerará en el análisis de ingresos, aquellas que les corresponde someter su presupuesto a la aprobación de la Contraloría General de la República. Dicho esto, en el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se presenta una ejecución de ingresos corrientes al 30 de junio de 2021, de ¢21.932 millones, lo que representa una disminución del 2,9% con respecto al monto percibido al primer semestre de 2020. Por el contrario, el Sistema de Emergencias 9-1-1 alcanzó la suma de ¢2.589 millones, cifra que corresponde a un incremento del 8,5% en los ingresos corrientes de la institución, en el período comparativo indicado.
El cuadro N.° 1 presenta la variación de los ingresos corrientes de las citadas instituciones al primer semestre de los períodos 2020-2021.
Cuadro N.° 1
Ingresos corrientes al Primer Semestre 2020-2021
Sector Orden Público y Seguridad (instituciones sujetas a la aprobación de CGR)
-millones de colones y porcentajes-
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP.
Los principales ingresos corrientes recibidos por Bomberos al 30 de junio de 2021 son: Transferencia corriente otorgada por el INS (¢11.549 millones), Transferencia corriente de otras aseguradoras (¢5.569 millones) e Impuesto al consumo eléctrico (¢3.806 millones). En el ingreso de otras aseguradoras se identifica un incremento del 18,9% (¢887 millones) respecto a lo recaudado por este concepto en el primer semestre de 2020; no obstante, la transferencia del INS[1] y el citado impuesto, muestra una disminución del 7,6% (¢957 millones) y 8,8% (¢369 millones) respectivamente, siendo esta la principal razón del decrecimiento de un 2,9% en los ingresos recaudados por Bomberos.
En cuanto al 9-1-1, el ingreso más relevante proviene de la Tasa de Financiamiento (¢2.559 millones) que corresponde al cobro del 0,75% sobre la facturación mensual de los ingresos por servicios de telecomunicaciones como telefonía móvil, tradicional, VolP e internet (fijo y móvil), que para el primer semestre de 2021 aumenta en un 7,9% (¢188 millones) en relación con el 30 de junio de 2020, dicho comportamiento obedece en gran medida a la nueva modalidad de comunicación por medios virtuales, producto de las acciones tomadas para evitar el contagio de COVID-19, situación que ha generado una mayor contratación y uso de los servicios de telecomunicaciones descritos previamente y por ende, un repunte en los ingresos del 9-1-1.
Cabe indicar que el total de ingresos corrientes recibidos por las dos instituciones cuyo presupuesto es aprobado por el Órgano Contralor y que se encuentran dentro del Sector Orden Público y Seguridad, alcanzó el monto de ¢24.521 millones, representando el presupuesto del 9-1-1 un 10,6% y el de Bomberos un 89,4% de la suma conjunta que se muestra en el Cuadro N.° 1, cifra que es inferior en un 1,8% (¢442 millones) en relación con lo percibido en el primer semestre de 2020.
Aunque la situación descrita no constituye un impacto significativo en términos globales, dado que ambas instituciones han logrado mantener una adecuada continuidad del servicio, se resalta la importancia de que Bomberos realice un seguimiento de la evolución de los ingresos para identificar oportunamente desviaciones y minimizar riesgos en caso de no recaudar lo previsto; en el caso del 9-1-1 es necesario monitorear la recuperación del ingreso y administrar de forma eficiente y eficaz tales recursos, en vista de que el aumento mostrado se origina principalmente por un crecimiento en la demanda de servicios de telecomunicaciones, que surge por un evento coyuntural que no necesariamente permite asegurar un incremento sostenido de sus ingresos.
El Sector Orden Público y Seguridad incrementa el gasto corriente en 3,4%, debido a la incorporación de los órganos desconcentrados al Presupuesto Nacional[2].
A junio de 2021, los gastos corrientes del Sector Orden Público y Seguridad, alcanzaron la suma de ¢428.193 millones, lo cual equivale a un crecimiento de ¢14.014 millones con respecto al primer semestre de 2020, aumento que se encuentra concentrado en Adquisición de bienes y servicios, Remuneraciones y Transferencias corrientes al sector privado (ver cuadro N.º 2).
Cuadro N.° 2
Gastos del Sector Orden Público y Seguridad al Primer Semestre 2020-2021
-millones de colones y porcentajes-
Fuente: Elaboración CGR con datos del SIPP.
El incremento en la Adquisición de bienes y servicios y Remuneraciones obedece a la incorporación de los órganos desconcentrados dentro del Presupuesto Nacional para el año 2021, en lo que respecta a la Adquisición de bienes y servicios destacan el Ministerio de Justicia y Paz con ¢4.176 millones (36,4%) y para el Ministerio de Gobernación y Policía ¢1.972 millones (785%). En relación con la partida de Remuneraciones se determina el incremento del Ministerio de Justicia y Paz por ¢8.143 millones (18,3%).
Adicionalmente, el 9-1-1 en Adquisición de bienes y servicios presenta un incremento de ¢130 millones (27,2%) debido al comportamiento de las subpartidas de Alquiler de edificios, locales y terrenos, Otros servicios de gestión y apoyo, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones y Otros alquileres.
De igual forma, la incorporación de los órganos desconcentrados afecta el aumento de la Transferencias Corrientes al Sector Privado que responde al pago de sentencias judiciales y resoluciones administrativas, las instituciones con mayor crecimiento son Ministerio de Gobernación y Policía con ¢714 millones (850,5%) y el Ministerio de Justicia ¢375 millones (42,5%).
También, el Ministerio de Seguridad[3] presenta un aumento en las Transferencias Corrientes al Sector Privado por la suma de ¢824 millones (74,6%) debido a que mediante el II presupuesto extraordinario de la República Ley N.° 9955 se reforzó el contenido de esta partida.
En lo que corresponde a gastos de capital se identifica que el decrecimiento en Edificaciones se refleja en los presupuestos del Benemérito Cuerpo de Bomberos con ¢130 millones (35,8%) y el Poder Judicial con ¢286 millones (20,2%), en este último se identificó una disminución de recursos destinados a proyectos como la Morgue Auxiliar y Reacondicionamiento eléctrico.
La disminución de Maquinaria y equipo se concentra en el Ministerio de Justicia y Paz con ¢251 millones (73,2%) y en el Poder Judicial por ¢697 millones (25%), estos gastos se encuentran sujetos a trámites de contratación administrativa por lo que su ejecución incrementa en el segundo semestre. Por otra parte, se presenta un aumento en la partida de Intangibles debido a que el MJP incrementa en ¢244 millones (2.999,7%) para atender la compra de licencias para software.
El incremento en Transferencias de capital al sector privado refiere un aumento significativo en el Ministerio de Gobernación y Policía por ¢426 millones (5.968,45%) obedece a la transferencia de recursos[4] para las asociaciones de desarrollo de la comunidad constituidas y legalizadas, esto para el financiamiento de proyectos que estas presentan.
De acuerdo con el análisis realizado se determina que el sector concentra su gasto corriente para actividades ordinarias, lo cual ha permitido la continuidad del servicio; no obstante, el sector mantiene el reto de contener el gasto para dar cumplimiento a la regla fiscal tanto a nivel individual como en forma agregada en los casos que corresponda y asegurar de forma razonable la prestación de los servicios y su sostenibilidad financiera. Además, la oportunidad de visualizar el proceso de incorporación de órganos desconcentrados dentro de una gestión presupuestaria y financiera integral que permita la búsqueda de ahorro y eficiencia en el gasto.
Proyectos del Sector de Orden Público y Seguridad presentan atrasos en su ejecución.
Durante el primer semestre 2021 no se ejecutaron recursos de los proyectos relacionados con el control migratorio denominados Pasaporte Biométrico, Sistema Migratorio de Identificación Biométrica[5] y Sistema Integrado de Trámites y Repatriaciones[6].
Lo anterior debido a que la ejecución de estos proyectos se encontraban a cargo de los contratos de fideicomisos suscritos en el año 2014 entre la Dirección General de Migración (DGME) y el Banco de Costa Rica, los cuales fenecieron en diciembre 2020; aspecto que originó que los presupuestos de los fideicomisos presentados para aprobación del Órgano Contralor para el periodo 2021 se archivaran sin trámite; en vista del vencimiento del plazo contractual, paralelamente, la DGME había presentado para refrendo los nuevos contratos de fideicomisos denominados “Fideicomiso Fondo Social Migratorio JADGME/BCR Bicentenario”, “Fideicomiso Fondo Especial JADGME/BCR Bicentenario”, “Fideicomiso FONATT JADGME/BCR Bicentenario”, estos contratos y sus respectivas adendas fueron refrendados por la CGR[7] el 9 de marzo de 2021.
Cumplido lo anterior, la DGME procedió con la atención de los requisitos de liquidación de los extintos contratos y la formalización de los nuevos, acciones indispensables para la formulación y presentación para aprobación de los presupuestos del periodo vigente, los cuales se remitieron a la CGR en el mes de junio 2021, obteniendo como resultado la aprobación de los recursos relacionados con el Fondo Especial[8] y la aprobación parcial en los casos de los Fondos Social[9] y FONATT[10].
Al respecto, es criterio de la CGR que los proyectos citados, requieren la toma de decisiones oportuna para gestionar la posible afectación derivada de los hechos descritos, considerando el reto de la rápida transformación digital a la cual nos enfrentamos. Asimismo, tanto los proyectos como el resto de obligaciones asignadas a los fideicomisos mencionados, deben observar los principios de programación, gestión financiera y una visión plurianual con el fin de fortalecer la sostenibilidad y continuidad de los servicios, que a su vez permitan incidir en el valor público que la institución está obligada a aportar.
En conclusión, el Sector de Orden Público y Seguridad presenta retos en la ejecución de los recursos, por lo que se requieren de acciones estratégicas con el fin de mitigar los efectos del entorno financiero, haciendo un uso racional y transparente de los recursos públicos, aplicando los principios de sostenibilidad y gestión financiera.
[1] De conformidad con el inciso a) del artículo 40 de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, N.°8228 que establece: “Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, exclusivamente, al financiamiento de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:a) Los ingresos correspondientes a la recaudación del cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros correspondientes a este Fondo serán destinados, exclusivamente, al financiamiento de las actividades del Cuerpo de Bomberos y deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudación, sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o administración (...)”.[2] En el Ministerio de Justicia y Paz los órganos desconcentrados son: Dirección Nacional de Notariado, Registro Nacional, Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y el Tribunal Registral Administrativo. En el Ministerio de Gobernación y Policía los órganos son la Imprenta Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería.[3] El Ministerio de Seguridad Pública justifica en el presupuesto que estos recursos se refieren a una provisión.[4] Establecida en la Ley N.° 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad.[5] El Pasaporte Biométrico y el Sistema Migratorio de Identificación Biométrica tienen como objetivo el control migratorio, la seguridad nacional y el combate contra la criminalidad organizada, especialmente la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la suplantación de identidad y uso de documentación fraudulenta, por medio de la implementación de fronteras inteligentes sustentadas en tecnología que facilite el registro, identificación y validación de la identidad de personas nacionales y extranjeras, mediante el uso de características biométricas.[6] Tiene como objetivo fortalecer la integración de la población extranjera privada de libertad ubicada en el Sistema Penitenciario Nacional, así como del retorno de los costarricenses privados de libertad en el exterior, mediante el desarrollo de una infraestructura informática que brinde una mayor eficiencia en la gestión, comunicación y resolución de las solicitudes de repatriación.[7] Oficio N.° 3683 (DCA-1010) de 9 de marzo de 2021.[8] Oficio N.° 10991 (DFOE-GOB-0139) de 23 de julio de 2021, aprobación por un monto ¢4.986 millones.[9] Oficio N.° 10986 (DFOE-GOB-0138) de 23 de julio de 2021, aprobación parcial por un monto de ¢1.399 millones.[10] Oficio N.° 10984 (DFOE-GOB-0136) de 23 de julio de 2021, aprobación parcial por un monto de ¢3.685 millones.