Monitoreo más reciente: DFOE-FIP-MTR-00034-2025 | Conclusiones sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público, al mes de junio de 2025
3 de julio de 2020
5 minutos de lecturaLos ingresos corrientes ejecutados de enero a mayo de 2020 ascendieron a ¢1.923.856 millones (6,4% menos respecto del mismo período de 2019) y se componen en un 92,1% de ingresos tributarios, un 4,8% de transferencias corrientes, 1,6% de contribuciones sociales y 1,5% de ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios cayeron durante este período en un 6,1% respecto de 2019[1]. De acuerdo con la recaudación observada a mayo de 2020, la carga tributaria (porcentaje de los ingresos tributarios sobre el PIB) asciende a un 4,99%, menor a la observada en 2019; 5,20%. A continuación, se muestra la tasa de variación porcentual de la recaudación acumulada a cada mes del año calendario respecto al acumulado al mismo mes del año anterior, en 5 de los principales ingresos tributarios.
Cuadro N.° 1
Gobierno Central: Variación porcentual interanual de la recaudación acumulada a cada mes
Al mes de mayo, 5 de los principales ingresos tributarios muestran una caída y en cuatro de ellos aún más con respecto al mes de abril, lo que refleja la profundización del impacto de la pandemia por el COVID-19 aunado al efecto de la moratoria fiscal establecida en la Ley N.º 9830.
El impuesto único a los combustibles (IUC), el impuesto selectivo de consumo (ISC), y los derechos arancelarios de importación (DAI) agudizan su ritmo de deterioro en las cifras acumuladas al mes de mayo. Por su parte, el impuesto a los ingresos y utilidades o Impuesto Sobre la Renta (ISR) acumuló a mayo de 2020 un total de ¢691.679 millones, el cual muestra una desaceleración en su ritmo de caída, y pasa de -4,5% en abril a -2,0% en mayo[2], mientras que en el caso del impuesto sobre valor agregado (IVA), el cual acumuló ¢624.307 millones, sufrió un deterioro en mayo, al caer en 1,4%, en contraste al incremento del 8,3% observado en abril.
En virtud del ordenamiento jurídico vigente[3], la iniciativa en materia presupuestaria corresponde al Poder Ejecutivo, y el Ministerio de Hacienda es el responsable de realizar las estimaciones de ingresos a incluir en los proyectos de presupuesto. Por su parte, al Órgano Contralor le corresponde emitir un dictamen sobre la razonabilidad y factibilidad (certificación) de los ingresos del Presupuesto de la República y sus modificaciones. Este proceso se inicia con la solicitud de dicha certificación por parte del Ministerio de Hacienda[4] acompañada por un expediente que contenga las estimaciones de ingresos realizadas, la documentación de respaldo y justificaciones técnicas relacionadas con las respectivas estimaciones.[5]
Considerando la afectación por el cambio en las condiciones económicas ante el COVID-19, el Ministerio de Hacienda solicitó al Órgano Contralor la respectiva certificación de los ingresos y adjuntó sus estimaciones de ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2020[6]. Una vez recibida la solicitud, a partir de un análisis con diversas metodologías y con la información definitiva disponible al 23 de junio de 2020, la CGR emitió la certificación correspondiente el 26 de junio de 2020, la cual fue comunicada al Ministerio de Hacienda mediante oficio N.º 9569 (DFOE-SAF-0289) de esa misma fecha.
En dicho oficio se señalaron, como posibles riesgos que podrían generar desviaciones con respecto a la certificación, la profundización en la caída de la actividad económica nacional e internacional producto de la pandemia, la eventual implementación de medidas legales o administrativas en materia de exenciones, moratorias, entre otras; la eventual realización de arreglos de pago, la presentación de solicitudes de rectificación de cuotas de pagos parciales, y el debilitamiento del cumplimiento de obligaciones tributarias.
Gráfico N.° 1
Gobierno Central: ingresos corrientes, 2007-2020
El impacto económico y social de la pandemia derivada del COVID-19 alrededor del mundo y más específicamente en nuestro país, no tiene precedentes en la historia reciente. En las circunstancias actuales de altísima incertidumbre los ejercicios de pronóstico de ingresos fiscales deben considerar los distintos rumbos que podría desarrollar la economía en el contexto de la evolución de la pandemia y de las políticas públicas que el Estado adopte para enfrentar la crisis; ello implica que el Ministerio de Hacienda debe orientar sus esfuerzos a desarrollar distintas proyecciones de recaudación asociadas al análisis de los escenarios[7] que se pueden vislumbrar a partir de los mencionados posibles rumbos de las políticas y la economía[8]. Estos escenarios deben construirse sobre la base de diversos supuestos, ya sean económicos, sociales, sanitarios, entre otros.
Contar con escenarios fiscales permite a los tomadores de decisión prepararse para una gama de posibilidades, y así diseñar potenciales medidas en función de cuál escenario parece más factible conforme se dispone de mayor información. En el marco del presupuesto de la República, cada escenario de recaudación de ingresos delimita la magnitud de la presión sobre el financiamiento de la operación del Estado, dado un nivel de gasto, lo que permite anticipar estrategias de financiamiento ante una gama de posibilidades.
La re-estimación de los ingresos realizada por el Ministerio de Hacienda significa una reducción de los ingresos estimados para el año 2020 por la suma de ¢1.165.192 millones (un 3,3% del PIB), en su totalidad corrientes (¢1.156.437 millones en ingresos tributarios y ¢8.755 millones en ingresos no tributarios).
Las cifras re-estimadas por el Ministerio de Hacienda -cuya efectividad fiscal fue certificada por la CGR el 26 de junio, según se indicó anteriormente- se aproximan a los resultados de un escenario bajos los supuestos de: caída de la actividad económica en el año 2020 en la magnitud dada a conocer por el Banco Central de Costa Rica el 24 de abril (3,6%), caída en las importaciones similar a la observada en la recesión de 2009, y dificultades de los contribuyentes para hacer frente, en el año 2020, a los montos adeudados a la Administración Tributaria por concepto de la moratoria fiscal establecida en la Ley N.º 9830[9].
En este contexto de incertidumbre y caída en la recaudación fiscal es fundamental monitorear la evolución de los ingresos fiscales y ajustar los supuestos y modelos utilizados en las proyecciones, con el objeto de detectar desviaciones significativas en las estimaciones inicialmente efectuadas y llevar oportunamente a discusión en la Asamblea Legislativa los ajustes presupuestarios necesarios, tarea que deberá realizar de manera transparente, sistemática y periódica el Ministerio de Hacienda.