Para 2021, las instituciones proyectan reducciones en sus ingresos corrientes.

Del total de los 190 presupuestos presentados a la CGR para el ejercicio económico 2021, 119 son menores al monto aprobado inicial para el 2020; entre estas instituciones, algunas presentan reducciones de más de un 50%, como ocurre en el caso del ICT, cuyo monto para el 2021 es de ¢20.295 millones, un 59,5% menos que el aprobado en 2020, reducción que se debe al hecho de que para el año 2021 se proyectan ingresos corrientes menores en un 74,8% (¢32.030 millones) a los incorporados en el presupuesto inicial de 2020 y en un 46,1% (¢9.222 millones) a los presupuestados al 07 de octubre de 2020, esta disminución se explica por la significativa afectación de la crisis sanitaria del Covid-19 sobre el sector turismo, todavía impactado por las restricciones sanitarias.

En línea con lo anterior, la CCSS presenta la mayor reducción en términos nominales, ya que su presupuesto presentado para 2021^[10] es menor al presupuesto inicial de 2020 en ¢520.785 millones (9,7%)^[11]. Esta reducción se explica en su mayoría por una rebaja del 8,2% en los recursos incorporados en el programa de Atención integral a la salud, y del 12,4% en el programa de Atención integral de las pensiones, esto justificado en que la mayoría de ingresos provienen principalmente de las contribuciones a la Seguridad Social, las cuales se relacionan estrechamente con la actividad económica, el nivel de empleo y los salarios, variables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria^[12]. Otra fuente de ingresos que a la CCSS se le ve disminuida es la recuperación de préstamos, la cual según el presupuesto presentado para el 2021 se reduce un 27,3% (¢200.406 millones) con respecto al presupuesto inicial 2020.

Asimismo, algunas instituciones proyectan menores recaudaciones de ingresos producto de sus funciones como es el caso de RECOPE, que presenta una reducción por un total de ¢329.867 millones (21,0%), asociada a la rebaja proyectada en la venta de hidrocarburos. Situación homóloga a la prevista en los presupuestos del INS y de la CNFL, cuyas reducciones^[13] se explican por la rebaja en la venta de servicios propios de cada institución.

La estructura de los ingresos de estas instituciones también cambia ligeramente para el 2021: los ingresos corrientes pierden participación relativa, al ubicarse en un 78,0% frente a un 79,9% en 2020 y un 83,4% en promedio en el período 2015-2020. Contrariamente, los ingresos por financiamiento aumentan su importancia relativa en 1,7 p.p., esto por el aumento de ¢207.271 millones (203,2%) de recursos provenientes de financiamiento externo y un crecimiento en la utilización de los recursos de vigencias anteriores -que en su mayoría corresponde a superávit específico- en instituciones como el ICE, la UNA y la UCR, entre otras.

El gasto corriente total del sector descentralizado disminuye 6,7%.

Si bien, como se ha señalado, los presupuestos totales para el año 2021 presentados a aprobación de la Contraloría son menores en un 6,9% en comparación con los presupuestos iniciales de las mismas instituciones para el año 2020, las partidas de Amortización, Cuentas Especiales (Sumas sin Asignación Presupuestaria) y Bienes Duraderos, presentan incrementos del 23,1%, 18,6% y 1,5% respectivamente.

Partidas de mayor participación en la composición del gasto, como Remuneraciones, Transferencias corrientes, Servicios, y Materiales y Suministros, mantienen una participación similar a la de años previos, y para 2021 representan el 23,3%, el 17,5%, el 15,0% y el 15,0%, respectivamente, de los gastos totales presupuestados.

A nivel de subpartidas, el monto presupuestado para el 2021 por concepto de Capacitación y protocolo, Gastos de viaje y transporte, Maquinaria, equipo y mobiliario y Servicios de gestión y apoyo, presentan una reducción de ¢61.092 millones (6,0%) al comparar con el presupuesto inicial 2020, reducciones que se podrían relacionar con las previsiones tomadas por las instituciones ante la incertidumbre en cuanto a la duración de la pandemia. Por otra parte, el gasto en bienes para la producción y comercialización se reduce en ¢312.559 millones (16,3%), principalmente explicado por el caso de RECOPE, relacionado con la disminución prevista en las ventas de hidrocarburos.

En cuanto a la clasificación económica, la mayor reducción en comparación con el presupuesto inicial 2020 se evidencia en el gasto corriente presupuestado para 2021, el cual presenta un decrecimiento de ¢835.526 millones (6,7%), en su mayoría explicado por una presupuestación menor en el gasto de consumo. Sin embargo, a nivel institucional se observan disparidades en cuanto al crecimiento del gasto corriente presupuestado para 2021 respecto al presupuesto inicial 2020, donde instituciones como la Liga de Municipalidades de Heredia, la Municipalidad de Turrubares y el Instituto Costarricense de Turismo presentan reducciones mayores al 40%, mientras que en otras el crecimiento de ese rubro será objeto de análisis por parte del Órgano Contralor en el proceso de aprobación presupuestaria a la luz de lo estipulado en el Título IV de la Ley N° 9635.

Mediante oficio N° DM-0321-2020 de 27 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda comunicó que el crecimiento máximo del gasto corriente para el 2021 sería de un 4,13% para aquellas instituciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Título IV de la Ley N° 9635, que en un principio correspondía a las instituciones del Sector Público no Financiero. No obstante, mediante Ley N° 9848 del 20 de mayo, quedaron exentas de la aplicación de la regla fiscal las municipalidades^[14], así como los comités cantonales de deportes. Asimismo, durante el año 2020 el Poder Ejecutivo ha realizado varias comunicaciones a la Asamblea Legislativa en aplicación de la cláusula de escape de la regla fiscal prevista en el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 9635.

Los presupuestos presentados por las instituciones del sector descentralizado para 2021 reflejan los efectos de la desaceleración económica tanto en magnitud como en composición, situación que impacta de manera directa la aplicación en gasto, por lo cual será necesario un aprovechamiento máximo de eventuales espacios fiscales disponibles y la búsqueda de la eficiencia del gasto público para atender las funciones prioritarias y procurar el mejor servicio posible de las instituciones, para lo cual se requerirá de una revisión continua de los objetivos institucionales por parte de los jerarcas y de un alto grado de flexibilidad en cuanto a modificaciones presupuestarias, con visión de Estado.

La Contraloría General de la República revisará que los presupuestos institucionales atiendan sustancial y razonablemente los aspectos de legalidad y técnicos que le ayudan a constituirse en un marco de referencia útil para que las instituciones puedan llevar a cabo su gestión en aras de lograr las metas, objetivos y resultados trazados. En afán de permanecer atenta y ajustada a los tiempos, realizará una aprobación prudencial, considerando en el análisis de los presupuestos el comportamiento de las variables macroeconómicas en sus márgenes más reservados, tales como el crecimiento económico, tipo de cambio, nivel de inflación, y revisará de manera rigurosa que las justificaciones demuestren razonablemente las previsiones de ingresos y gastos; las cuales deben indicar los supuestos utilizados para las estimaciones, así como la metodología que respalda los cálculos realizados por la institución y su vinculación con sus planes operativos.

Además en la mencionada comunicación a las instituciones que debían presentarle presupuestos para el ejercicio económico 2021, el órgano contralor señaló el principio de presupuestación plurianual (cuyo rango constitucional fue acentuado mediante reforma a la Constitución Política aprobada en Ley N° 9696 de 11 de junio de 2019) como elemento clave para la gestión institucional en el largo plazo y requisito imprescindible para la aprobación presupuestaria, De igual forma, se señaló la necesidad de considerar los principios de sostenibilidad y gestión financiera, antes mencionados, así como los de razonabilidad, proporcionalidad y flexibilidad presupuestaria, a fin de que las instituciones adopten medidas austeras, sostenibles y equilibradas entre los recursos disponibles y sus implicaciones futuras.