Embedded Files
Monitoreo más reciente: DFOE-FIP-MTR-00038-2025 | Página: Perspectivas del Gasto Social en el proyecto de presupuesto ordinario 2026
#MonitoreoCGR-IT2022 N.° 11
#MonitoreoCGR-IT2022 N.° 11
23 de setiembre de 2021
5 minutos de lecturaSe espera que el ingreso de recursos externos favorezca el comportamiento de la deuda reduciendo su ritmo de crecimiento. Sin embargo, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria aún lejos de su límite natural[1] y la composición del portafolio reflejaría mayor exposición a riesgos de mercado
Se espera que el ingreso de recursos externos favorezca el comportamiento de la deuda reduciendo su ritmo de crecimiento. Sin embargo, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria aún lejos de su límite natural[1] y la composición del portafolio reflejaría mayor exposición a riesgos de mercado
La sustitución de deuda interna por externa se espera impacte en el ritmo de crecimiento de la deuda en 2021 y 2022, sin embargo aún no se concreta el camino a la sostenibilidad.
La sustitución de deuda interna por externa se espera impacte en el ritmo de crecimiento de la deuda en 2021 y 2022, sin embargo aún no se concreta el camino a la sostenibilidad.
Según las cifras del Ministerio de Hacienda incorporadas en el proyecto de ley, al mes de diciembre 2021 se estima que el saldo de la deuda del Gobierno alcance un monto de ¢26.861.467 millones reflejando un crecimiento con respecto a diciembre 2020 de 10,6% y para diciembre 2022 se visualiza un aumento levemente superior de 11,1% para ubicar los pasivos totales en ¢29.855.320 millones. De cumplirse estas expectativas ambas variaciones son inferiores al crecimiento promedio observado en el periodo 2015-2020 (15,0%).
Este comportamiento responde principalmente a que el Gobierno busca concretar la aprobación de créditos con organismos internacionales para apoyo presupuestario, de manera que en el año 2021 ingresen US$1.951 millones y en 2022 US$1.662 millones. El acceso a estos recursos generaría que el incremento de las obligaciones totales del Gobierno responda en buena medida a la variación del endeudamiento externo, generando al mes de diciembre 2022 un cambio en la composición de dichos pasivos de 5,8% con respecto a julio 2021 en favor de la deuda externa (pasa de 24,1% a 29,9%).
Gráfico N.° 1
Gobierno: Evolución de los pasivos internos y externos, setiembre 2019-2022
-Cifras relativas-
A partir de enero 2021 las cifras incluyen la deuda de los Órganos Desconcentrados.Para diciembre 2021 y 2022 las cifras corresponden a estimaciones. Fuente: Elaboración CGR con cifras de la Dirección de Crédito Público y Proyecto de Ley Presupuesto 2022.
Desde octubre de 2019[2] este tipo de recursos ha ingresado al país y contribuye a impulsar el crecimiento de la deuda del Gobierno, principalmente en el 2020[3]. Durante el 2021, los desembolsos de préstamos de apoyo presupuestario han sido menos frecuentes que en su año previo, por lo que la deuda interna en los meses de enero a julio ha mostrado mayor dinamismo que en el 2020 y sus tasas de variación interanual en 2021 oscilan entre 13,0% y 17,5%. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estima que para lo que resta del año ingresarán los recursos pendientes -correspondientes al 69,6%- según la programación del Plan de financiamiento de créditos para apoyo presupuestario y espera que para diciembre 2021 el crecimiento interanual de la deuda interna se ubique en 5,4%. Situación que podría verse favorecida por los recursos que el Gobierno mantiene en el Fondo General[4] y por una posible mejor recaudación, factores que podrían incidir en que la colocación para el segundo semestre 2021 en el mercado interno sea menor a la anunciada[5].
Para el año 2022 el ingreso de los recursos programados implicaría un crecimiento de los pasivos internos de 7,2%, superior al estimado para el 2021, pero 4,6 p.p. por debajo del promedio de crecimiento interanual en diciembre 2019 y 2020, años en que también se recibieron recursos externos. En torno a estas expectativas debe tenerse presente, que si bien para el 2021 existen condiciones que pueden favorecer el cumplimiento de las mismas, estas tasas de variación interanual a diciembre no se han observado en los pasivos internos durante la última década.
El cumplimiento de las expectativas de Hacienda genera que la relación deuda/PIB al cierre del presente año 2021 se incremente 3,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a diciembre 2020[6] y para el 2022 el aumento sería de 3,7% con respecto a 2021 para ubicarse en un 74% del PIB, cifra que se aleja de manera importante del límite natural de deuda (LND) estimado en un 50% del PIB. Según las expectativas plasmadas en el proyecto de ley, la generación constante de superávits primarios a partir del 2023, unido a la obtención de recursos de apoyo presupuestario e incluso colocación de eurobonos durante el periodo 2023 a 2026, favorecerían el comportamiento de la relación deuda/PIB, indicador que según indica la DCP podría retornar a su límite natural entre los años 2032 y 2034.
Debe tenerse presente que las estimaciones del endeudamiento del Gobierno que realiza Hacienda dependen de manera significativa del ingreso de estos recursos, los cuales en su mayoría aún no han sido aprobados por el Poder Legislativo tal como lo establece la Constitución Política[7]. Para el año 2021, al momento de presentar el proyecto de ley a la Asamblea solo el 50,4% de los recursos que Hacienda estima ingresarán en 2021 cuenta con su respectiva ley de aprobación[8], y de los US$1.951 millones ha ingresado solo un 30,4% y otro 15,3% podría ingresar posterior a la revisión acordada con el FMI en el marco del financiamiento suscrito mediante facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación post pandemia y la consolidación fiscal[9]. Sin embargo, con excepción de dos préstamos suscritos con el BID incluidos en el expediente legislativo N° 22639[10], los tres restantes ni siquiera han sido presentados ante la Asamblea Legislativa e incluso dos de ellos aún no están suscritos con el acreedor.
Por su parte de los recursos esperados para el 2022, el 39,3% se encuentran aprobados[11], y de ellos el 90,8% de los desembolsos están sujetos a las revisiones del FMI; mientras que el resto aún no ha sido suscrito con el órgano acreedor, ya sea por encontrarse cumpliendo las autorizaciones internas[12] o por estar incluso en proceso de estructuración con el organismo internacional.
Gráfico N.° 2
Gobierno: Ingreso estimado de recursos para apoyo presupuestario, 2021-2022
-Millones de dólares y cifras relativas-
Fuente: Elaboración CGR con cifras del Proyecto de Ley Presupuesto 2022.
En resumen, si bien el Gobierno estima que el ingreso de los recursos de apoyo presupuestario durante los meses de setiembre a diciembre 2021 y en el año 2022 permitirá disminuir el ritmo de crecimiento de la deuda, ya que se recurría menos al mercado interno, la relación deuda/PIB aún continuará por una senda lejos de su límite natural. El camino a su estabilidad y sostenibilidad requiere tiempo y está vinculado a una consolidación fiscal que permita la generación constante de superávits primarios y el acceso a fuentes de financiamiento externas, aspectos que aún no se han logrado concretar y para lo cual se requiere un compromiso real a nivel país.
La estructura del portafolio del Gobierno en el 2022 continuará fuera de los rangos considerados deseables según la Estrategia de deuda de mediano plazo (EDMP) y reflejará mayor exposición a riesgos cambiarios y de refinanciamiento en relación con lo observado en julio 2021.
La estructura del portafolio del Gobierno en el 2022 continuará fuera de los rangos considerados deseables según la Estrategia de deuda de mediano plazo (EDMP) y reflejará mayor exposición a riesgos cambiarios y de refinanciamiento en relación con lo observado en julio 2021.
En el año 2020 la DCP oficializó la EDMP e incluye como parte de la misma la composición de los pasivos que se considera óptima o deseable alcanzar en el mediano plazo; sin embargo, según las estimaciones incorporadas en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2022, la estructura que presentará la deuda del Gobierno al cierre de 2021 y 2022, aún no logra ubicarse dentro de los parámetros definidos, condición similar a la que se ha presentado reiteradamente desde hace varios años[13].
Cuadro N.° 1
Gobierno: Estructura del portafolio deseable en el mediano plazo y comportamiento observado y estimado, 2015 a 2022
Del 2015 al 2020 las cifras corresponden a Gobierno Central.Fuente: Elaboración CGR con cifras de la Dirección de Crédito Público y Proyecto de Ley 2022.
El comportamiento estimado para el 2021 y 2022 responde en buena medida al posible ingreso de los recursos que el Gobierno espera contratar con organismos internacionales para apoyo presupuestario, ya que si bien estos desembolsos pueden favorecer la situación de las finanzas públicas al incrementar los recursos líquidos del Gobierno y disminuir el costo del financiamiento y la presión sobre las tasas de interés en el mercado interno; son recursos que se contratan en moneda extranjera y a tasa variable, por lo que pueden aumentar la exposición al riesgo cambiario y al riesgo de tasa de interés.
De concretarse el ingreso de estos recursos y las estimaciones de deuda del Ministerio de Hacienda, a diciembre 2021 se espera un aumento en el porcentaje de deuda en moneda extranjera de 1,1 p.p. con respecto al mes de julio de este año, incrementándose la exposición al riesgo cambiario y disminuyendo ligeramente la deuda a tasa variable a 20,5% y el riesgo de refinanciamiento valorado en el porcentaje de deuda que vence a menos de un año (9,5%).
Para el año 2022 se espera que el ingreso de recursos externos sea menor, por lo que la composición del portafolio a diciembre si bien reflejaría menor exposición a los riesgos de tasa de interés y cambiario en comparación con diciembre 2021, ambos porcentajes se ubicarán fuera de los parámetros establecidos en la EDMP y se reflejaría un aumento del porcentaje de deuda en moneda extranjera en relación con lo observado en julio 2021. Riesgo que se vuelve relevante considerando que el comportamiento del tipo de cambio ha generado un aumento importante en la deuda externa[14] durante este año.
Debe tenerse presente que estos resultados dependerán no solo de los desembolsos esperados de estos créditos de apoyo presupuestario, sino también de que el Gobierno logre continuar colocando en el mercado interno títulos valores en colones y a tasa fija, para de alguna manera contrarrestar el posible incremento de los riesgos de mercado que generan los créditos externos.
En relación con los resultados esperados del riesgo de refinanciamiento, a pesar de que con el posible ingreso de estos recursos podría esperarse una disminución en el porcentaje de deuda que vence a menos de un año, las estimaciones del proyecto de ley reflejan que a diciembre 2021 estos pasivos van a representar un 9,5% de la deuda total, porcentaje inferior al observado en julio 2021 en apenas un 0,1%, y para el año 2022 se espera un incremento de la exposición al riesgo de refinanciamiento para ubicar dicho porcentaje en 10,2%, superior a julio 2021 y fuera de los parámetros definidos como deseables. Situación que podría responder a que en el mercado interno se estaría colocando un porcentaje importante de títulos de corto plazo.
Puede concluirse que, de cumplirse con las expectativas que refleja el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2022, la estructura estimada del portafolio para 2022 reflejará mayor exposición a los riesgos cambiario y de refinanciamiento y se ubicará por encima de los límites superiores que establece la EDMP. Sin embargo, debe tenerse presente que, si bien se espera un cambio en la composición de los pasivos del Gobierno en favor de la deuda externa, las obligaciones internas continúan siendo las de mayor peso relativo, por lo que los resultados que el Gobierno logre obtener en el mercado interno son relevantes no solo para el alcance de la composición estimada, sino para lograr reducir los riesgos de mercado que implican los recursos externos y las actuales desviaciones en relación con la estructura óptima.
Los recursos generados por la colocación de títulos valores han permitido atender una importante parte de los gastos del presupuesto y para el 2022 el proyecto de ley estima que esa fuente de financiamiento genere recursos para cubrir el 47,1% de los egresos programados.
Los recursos generados por la colocación de títulos valores han permitido atender una importante parte de los gastos del presupuesto y para el 2022 el proyecto de ley estima que esa fuente de financiamiento genere recursos para cubrir el 47,1% de los egresos programados.
Los ingresos que el Gobierno recibe por la colocación de títulos valores -tanto en el mercado interno como externo- desde el año 2011 han financiado una porción del gasto total superior al 40%[15], cifra que se ha venido incrementando de manera importante y para el 2020 llegó a representar el 46,6%. Este comportamiento se acentúa en el 2021, año en que según el presupuesto aprobado al mes de agosto alcanzará el 53%, aunque el gasto devengado registra una cifra menor (49,7%) y según el comportamiento observado por los ingresos corrientes en el primer semestre es factible una disminución del porcentaje presupuestado a financiar con títulos valores.
Si bien el uso de esta fuente de financiamiento es un medio que tiene el Gobierno para atender sus funciones e incluso el endeudamiento aporta a un país recursos que pueden servir para financiar proyectos de inversión y alcanzar objetivos de crecimiento y desarrollo económico; en el presupuesto nacional, producto de la estructura inflexible del gasto, los egresos financiados con títulos de deuda interna y externa en su mayoría han correspondido a amortización de deudas contraídas previamente y a gasto corriente, siendo minoritario el gasto de capital que estos recursos financian.
Gráfico N.° 3
Presupuesto Nacional: Composición del gasto financiado con títulos valores en el Presupuesto Nacional, 2007 a 2022
Las cifras de 2007 a 2020 corresponden a gasto devengado financiado con colocación de títulos valores de deuda interna y externa; así como el superávit asociado a la colocación de eurobonos. Para el 2021 el presupuesto aprobado a agosto y 2022 el Proyecto de Ley.Fuente: Elaboración CGR con cifras del SIGAF y Proyecto de Ley 2022.
Desde el año 2011 de los gastos corrientes que se han financiado con títulos de deuda, más del 60% ha sido para remuneraciones[16], con excepción de 2020, año en que representó el 45,6%, cediendo espacio a las transferencias e incluso al pago de intereses, los cuales representaron un 45,4% y un 9,0% respectivamente. Del bajo porcentaje que se dedica a gasto de capital, la mayoría ha sido para transferencias al sector público, en especial a Órganos Desconcentrados -previo a su incorporación al presupuesto-; a Gobiernos Locales y a las Juntas de Educación y Administrativas.
Para el ejercicio económico 2022 el proyecto de presupuesto propone una colocación de títulos en el mercado interno por un máximo de ¢5.423.035 millones[17] equivalente al 13,4% del PIB, los cuales están asociados a una intención de gasto similar a la que se ha presentado en años previos. De los gastos corrientes financiados con títulos de deuda las remuneraciones representan el 72,8% y las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) representan el 23,8%.
Por su parte el gasto de capital financiado con títulos se destinará un 40,4% a la formación de capital, principalmente a vías de comunicación; y un 43,4% a transferencias hacia instituciones como Banco Hipotecario de la Vivienda, los Gobiernos Locales, Fideicomiso FONAFIFO-BNCR, Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, Juntas de Educación y Administrativas. Debe tenerse presente que el cambio que se visualiza en la composición de este gasto en relación con años previos responde a la incorporación de los Órganos Desconcentrados al Presupuesto Nacional.
En torno a la propuesta de colocación en el mercado interno para el año 2022 -la cual debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa-, el BCCR en la certificación emitida sobre la capacidad de endeudamiento del sector público, indica que si bien el Ministerio de Hacienda estima un déficit financiero de 6,6% del PIB superior al establecido en la programación macroeconómica (5%) que la Autoridad Monetaria realizó, el mercado financiero local tiene espacio para financiar el mayor requerimiento. No obstante hace un llamado a considerar que “esta demanda de recursos debe interpretarse como un máximo”; y que dicho requerimiento puede bajar “en la medida en que el Ministerio de Hacienda obtenga financiamiento de fuentes externas”[18]. A diferencia de años anteriores, la certificación emitida por el BCCR para el año 2022, omite hacer referencia a los posibles efectos sobre la economía nacional[19], siendo que resulta base para la internalización de los impactos de estas decisiones.
En esta línea, es imperativo promover un mayor espacio de análisis en el proceso de discusión del presupuesto de los niveles de endeudamiento y de las autorizaciones de colocación, así como repensar el diseño y uso de los controles existentes de tal forma que estos generen valor agregado y eviten a futuro que como país volvamos a estar en situaciones de vulnerabilidad como la actual.
En síntesis, el presupuesto depende de manera importante para su financiamiento de los recursos del endeudamiento y en particular de la colocación de títulos valores y, si bien la asignación de esos recursos ha reflejado la constante inflexibilidad que se presenta en la estructura del gasto público, considerando que el monto de colocación propuesto según el BCCR es el máximo que el mercado puede atender e implicará que los pasivos del Gobierno alcancen el 74% del PIB, se vuelve imperativo que se valore la autorización propuesta en función a un pronto regreso a los niveles sostenibles en las finanzas públicas. Asimismo que la asignación de los recursos generados con endeudamiento, independientemente de si corresponde a colocación de títulos o a créditos externos, sea en aquellos gastos estrictamente necesarios y se asigne de la manera más eficiente posible, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos que se busca implementar para la consolidación fiscal.
Puede concluirse que para el año 2022 se espera que el ingreso de recursos externos favorezca el comportamiento de la deuda reduciendo su ritmo de crecimiento. Sin embargo, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria aún lejos de su límite natural y la composición del portafolio reflejaría mayor exposición a riesgos de mercado. Por lo que el camino a la estabilidad y sostenibilidad de la deuda requiere tiempo, así como concretar la implementación de medidas en el ámbito de ingresos y gastos que permitan la generación constante de superávits, situación a la que también puede contribuir la asignación y uso eficiente del endeudamiento público.
Notas al pie:
[1] El límite natural de deuda representa el nivel máximo de endeudamiento que el país podría enfrentar aún en condiciones macroeconómicas desfavorables, por lo que se le considera un indicador de sostenibilidad y su convergencia en el mediano plazo es altamente deseable.[2] En el mes de octubre 2019 ingresa el crédito para financiar el programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$350 millones. Adicionalmente en noviembre 2019 se realiza la colocación de eurobonos por un monto de US$1.500 millones.[3] Durante el año 2020 ingresan los desembolsos de créditos contratados para apoyo presupuestario con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$500 millones -en el mes de abril-; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$230 millones -en mayo-; la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) equivalente a US$150 millones -en julio-; así como en setiembre el instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19 equivalente a $522 millones, para un total de US$1.402 millones.[4] El Gobierno en el Fondo General inició el año con recursos equivalentes al 0,1% del PIB y al mes de agosto el saldo del fondo corresponde al 2,4% del PIB.[5] Según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda en el Plan de Endeudamiento Semestral para el segundo semestre 2021 se estima colocar en el mercado interno ¢1,4 billones.[6] Si al saldo de la deuda de diciembre 2020 se le agregan los pasivos de los Órganos Desconcentrados, la razón deuda/PIB alcanza un 67,5% y el incremento esperado para el 2021 sería de 2,8%.[7] Artículo 121 inciso 15.[8] Mediante Ley 9988 del 11 de junio de 2021 se aprueban los créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$300 millones cada uno y mediante Ley N° 10002 del 19 de julio de 2021 el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación pospandemia y la consolidación fiscal por un monto equivalente a US$1.778 millones.[9] Como parte del acuerdo establecido con el FMI para otorgar el SAF se establecieron una serie de metas o parámetros estructurales (Structural Benchmarks) asociados a la eficiencia y transparencia del gasto público, a reformas del sector monetario y financiero, así como reformas macroestructurales. Asimismo, se definen criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas (Quantitative Performance Criteria and Indicative Targets). El programa con el FMI incluye revisiones de estos parámetros previo a concretar los desembolsos de dicho financiamiento.[10] Expediente Legislativo 22639 “Aprobación del contrato de préstamos N°5263/OC-CR y N°5264/OC-CR para financiar el Programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal II y el Programa de emergencia para el fortalecimiento fiscal y restaurar el crecimiento, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano De Desarrollo (BID)”. Cada uno de los préstamos corresponde a un monto de US$250 millones.[11] Corresponde a desembolsos de los créditos con el FMI y el BCIE.[12] La normativa interna indica que el endeudamiento externo del Gobierno debe contar con la autorización de inicio de negociaciones de MIDEPLAN, el criterio favorable del BCCR, la recomendación de la DCP, la autorización del crédito por parte de la Autoridad Presupuestaria y por último la aprobación de la Asamblea Legislativa por mayoría calificada (dos terceras partes del total de los votos de los miembros).[13] Tal como se ha mencionado en monitoreos previos, esta situación se ha presentado reiteradamente, en especial en el caso del porcentaje de deuda contratada en moneda extranjera. Asimismo el porcentaje de deuda a tasa variable desde junio 2017 ha superado el límite de 20%, con excepción de unos pocos meses que ha logrado disminuir a 19,9% y a 19,8%. Por su parte el porcentaje de deuda que vence a menos de un año, si bien ha logrado ubicarse dentro de los rangos considerados como deseables, esta situación no ha sido de manera sostenida. Para mayor detalle sobre el comportamiento observado en la estructura del portafolio del Gobierno se puede ver el #MonitoreoCGR-EFP2021 N° 03 y el #MonitoreoCGR-EFP2021 N° 10 en el sitio web https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2021/efp-2021.[14] Durante el 2021 las variaciones interanuales de la deuda externa en dólares han oscilado entre 9,0% y 19,0%, mientras que cuando se calculan esas variaciones a la deuda externa colonizada las tasas de crecimiento se encuentran entre 17,2% y 28,0%. Para el cálculo de las variaciones se consideró en el 2020 solo la deuda del Gobierno Central.[15] Corresponde al gasto devengado financiado con colocación de títulos valores de deuda interna y externa; así como con el superávit asociado a la colocación de eurobonos.[16] En el 2011 este porcentaje fue de 100% y ha venido en descenso hasta llegar al 62,8% en el 2019, el promedio de ese periodo de años fue de 79,1%.[17] Artículo 1 inciso B.[18] Anexo 4: Certificación del Banco Central de Costa Rica de la Exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022.[19] La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8131) en el artículo 38 indica que el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse a la Asamblea incluyendo la certificación del BCCR, en cuanto a la capacidad de endeudamiento del sector público y los posibles efectos sobre la economía nacional.
[1] El límite natural de deuda representa el nivel máximo de endeudamiento que el país podría enfrentar aún en condiciones macroeconómicas desfavorables, por lo que se le considera un indicador de sostenibilidad y su convergencia en el mediano plazo es altamente deseable.[2] En el mes de octubre 2019 ingresa el crédito para financiar el programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$350 millones. Adicionalmente en noviembre 2019 se realiza la colocación de eurobonos por un monto de US$1.500 millones.[3] Durante el año 2020 ingresan los desembolsos de créditos contratados para apoyo presupuestario con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$500 millones -en el mes de abril-; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$230 millones -en mayo-; la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) equivalente a US$150 millones -en julio-; así como en setiembre el instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19 equivalente a $522 millones, para un total de US$1.402 millones.[4] El Gobierno en el Fondo General inició el año con recursos equivalentes al 0,1% del PIB y al mes de agosto el saldo del fondo corresponde al 2,4% del PIB.[5] Según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda en el Plan de Endeudamiento Semestral para el segundo semestre 2021 se estima colocar en el mercado interno ¢1,4 billones.[6] Si al saldo de la deuda de diciembre 2020 se le agregan los pasivos de los Órganos Desconcentrados, la razón deuda/PIB alcanza un 67,5% y el incremento esperado para el 2021 sería de 2,8%.[7] Artículo 121 inciso 15.[8] Mediante Ley 9988 del 11 de junio de 2021 se aprueban los créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$300 millones cada uno y mediante Ley N° 10002 del 19 de julio de 2021 el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación pospandemia y la consolidación fiscal por un monto equivalente a US$1.778 millones.[9] Como parte del acuerdo establecido con el FMI para otorgar el SAF se establecieron una serie de metas o parámetros estructurales (Structural Benchmarks) asociados a la eficiencia y transparencia del gasto público, a reformas del sector monetario y financiero, así como reformas macroestructurales. Asimismo, se definen criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas (Quantitative Performance Criteria and Indicative Targets). El programa con el FMI incluye revisiones de estos parámetros previo a concretar los desembolsos de dicho financiamiento.[10] Expediente Legislativo 22639 “Aprobación del contrato de préstamos N°5263/OC-CR y N°5264/OC-CR para financiar el Programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal II y el Programa de emergencia para el fortalecimiento fiscal y restaurar el crecimiento, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano De Desarrollo (BID)”. Cada uno de los préstamos corresponde a un monto de US$250 millones.[11] Corresponde a desembolsos de los créditos con el FMI y el BCIE.[12] La normativa interna indica que el endeudamiento externo del Gobierno debe contar con la autorización de inicio de negociaciones de MIDEPLAN, el criterio favorable del BCCR, la recomendación de la DCP, la autorización del crédito por parte de la Autoridad Presupuestaria y por último la aprobación de la Asamblea Legislativa por mayoría calificada (dos terceras partes del total de los votos de los miembros).[13] Tal como se ha mencionado en monitoreos previos, esta situación se ha presentado reiteradamente, en especial en el caso del porcentaje de deuda contratada en moneda extranjera. Asimismo el porcentaje de deuda a tasa variable desde junio 2017 ha superado el límite de 20%, con excepción de unos pocos meses que ha logrado disminuir a 19,9% y a 19,8%. Por su parte el porcentaje de deuda que vence a menos de un año, si bien ha logrado ubicarse dentro de los rangos considerados como deseables, esta situación no ha sido de manera sostenida. Para mayor detalle sobre el comportamiento observado en la estructura del portafolio del Gobierno se puede ver el #MonitoreoCGR-EFP2021 N° 03 y el #MonitoreoCGR-EFP2021 N° 10 en el sitio web https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2021/efp-2021.[14] Durante el 2021 las variaciones interanuales de la deuda externa en dólares han oscilado entre 9,0% y 19,0%, mientras que cuando se calculan esas variaciones a la deuda externa colonizada las tasas de crecimiento se encuentran entre 17,2% y 28,0%. Para el cálculo de las variaciones se consideró en el 2020 solo la deuda del Gobierno Central.[15] Corresponde al gasto devengado financiado con colocación de títulos valores de deuda interna y externa; así como con el superávit asociado a la colocación de eurobonos.[16] En el 2011 este porcentaje fue de 100% y ha venido en descenso hasta llegar al 62,8% en el 2019, el promedio de ese periodo de años fue de 79,1%.[17] Artículo 1 inciso B.[18] Anexo 4: Certificación del Banco Central de Costa Rica de la Exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022.[19] La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8131) en el artículo 38 indica que el proyecto de ley de presupuesto debe presentarse a la Asamblea incluyendo la certificación del BCCR, en cuanto a la capacidad de endeudamiento del sector público y los posibles efectos sobre la economía nacional.
Report abuse