Perspectiva presupuestaria del sector transporte^[1] para 2021

La Contraloría General improbó^[8] el presupuesto inicial 2021 de JAPDEVA e INCOFER, lo anterior, debido a que no se ajustaron al precepto constitucional establecido en el artículo 176 de la Constitución Política.

Y a los artículos 4 y 5 inciso a) de la Ley N.° 8131, correspondiente al principio de universalidad e integridad, el cual exige que los ingresos que financien un presupuesto sean probables o posibles de realizar, situación que no se logró acreditar en los documentos presupuestarios presentados al evidenciarse la necesidad de mayores ingresos para dar contenido económico a los gastos relacionados con la operación de JAPDEVA e INCOFER. En virtud de lo anterior, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la CGR, Ley No. 7428, dispone que en caso de que un presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato anterior, con la exclusión de los ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron vigencia para ese año, así como la programación respectiva ajustada.

Lo anterior derivó en que para el caso de JAPDEVA, el presupuesto vigente para el 2021 sea de ¢14.700 millones de los cuales el 68,1% se destinará a tomar acciones para atraer y conservar clientes mediante el servicio de naves y carga mixta. Sobre el particular, es importante indicar que estos recursos serán financiados principalmente por los ingresos que perciba JAPDEVA en la prestación de servicios de transporte portuario, los cuales se estiman para el 2021 por un monto de ¢11.900 millones.

Sobre los recursos de INCOFER, el presupuesto inicial ajustado 2021 asciende a ¢7.593 millones. De estos recursos el 46,6% (¢3.537 millones) será destinado al pago de los trenes DMU^[9] adquiridos durante el 2020 para mejorar la oferta de servicios que se brinda a los usuarios de este medio de transporte en el Gran Área Metropolitana, por su parte, el 14,0% (¢1.059 millones) será empleado para mejorar el servicio que conecta las provincias de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Sobre los ingresos del INCOFER es menester indicar que una porción importante, el 72,7% (¢5.520 millones) de estos será proveniente de las transferencias que gire el Gobierno Central, mientras que un 14,9% (¢1.133 millones) se estima que será originado por los servicios de transporte ferroviario que presta este Instituto.

De igual forma, de conformidad con el proceso de aprobación presupuestaria externa que realiza la Contraloría General de la República en las demás instituciones y fideicomisos del Sector, al Fideicomiso para los Servicios de Gestión Financiera para el Programa de Infraestructura de transporte (PIT) se le aprobaron ¢59.298 millones^[10] con el fin de contribuir a la mejora de la infraestructura vial y portuaria, lo que pretende beneficiar las condiciones de movilidad de las personas y bienes, facilitando el flujo de comercio y la integración económica regional de Costa Rica. A su vez, al Fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales se le aprobó un presupuesto de ¢19.872 millones para el año 2021, estos recursos se prevén utilizar para la construcción de la obra pública denominada “Corredor vial San José-San Ramón” el cual incluye a las autopistas General Cañas y Bernardo Soto.

Con respecto al presupuesto institucional del INCOP, este alcanza la suma de ¢12.442 millones, de los cuales el 38,5% (¢4.788 millones) se destinará al Fideicomiso de titularización 1026 INCOP-BNCR-ICT para financiar obras de inversión turística en la provincia de Puntarenas, por su parte un 44,8% se distribuirá en las partidas de Servicios y Bienes Duraderos.

Por último, como parte de las herramientas para controlar la gestión financiera de las instituciones, resulta relevante para la toma de decisiones, la inclusión y uso de proyecciones plurianuales^[11], las cuales permiten la asignación de recursos enmarcada en un contexto de mediano y largo plazo de la gestión institucional con respecto a la sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos, aspecto que orienta a tomar medidas preventivas ante problemas financieros como los que actualmente experimenta JAPDEVA e INCOFER.

Sostenibilidad financiera de las instituciones del Sector Transporte se ve comprometida ante la disminución de sus fuentes de financiamiento.

La reducción en las fuentes de financiamiento del sector transportes impacta la gestión propia del MOPT y sus Consejos, ejemplo de ello es la disminución en la recaudación del impuesto único a los combustibles, el impuesto a la propiedad de vehículos y el impuesto del derecho de salida del territorio nacional, las cuales obedecen a los efectos derivados del COVID-19, relacionados principalmente con las variaciones en demanda de servicios, hábitos de consumo, laborales y de transporte.

Por otra parte, las instituciones del sector portuario se enfrentan con la problemática actual de generar ingresos corrientes, lo anterior, motivo de la reducción en las importaciones y exportaciones de productos y la disminución en el arribo de turistas por medio de cruceros^[12].

Adicionalmente, en el caso específico de JAPDEVA, sus ingresos por concepto de prestación de servicios de transporte portuario se han visto mermados en los últimos años, por lo que resulta imprescindible que se adopten mayores medidas estructurales, dado que su gasto corriente consume en promedio el 94,7%^[13] de su ingreso corriente, situación que podría resultar insostenible en el corto plazo, asimismo, esa Junta de Administración deberá tomar acciones para cubrir los posibles faltantes financieros que pueda afrontar en los próximos meses del presente año.

Sobre la situación actual del INCOFER, se debe tomar en consideración que los ingresos presupuestados por venta de servicios ferroviarios vienen disminuyendo, situación que genera una mayor dependencia al aporte otorgado por el Gobierno Central para la sostenibilidad de su gestión. Al respecto, el citado aporte en los últimos 7 años ha representado el 42,2%^[14] del total de ingresos presupuestados del INCOFER, aspecto que implica riesgos en cuanto a su estabilidad financiera ante la situación fiscal que enfrenta el país. Asimismo, resulta menester indicar que ese Instituto presenta debilidades en su planificación financiera y en el proceso de valoración de riesgos, por lo que resulta relevante que el INCOFER cuente con una estructura adecuada de planificación, supervisión y de gestión de riesgos que le permita una oportuna generación de valor público.

En conclusión, el sector transportes experimenta una situación apremiante que compromete su sostenibilidad financiera y operativa, condición que exige mayor rigurosidad técnica en la toma de decisiones y una priorización plurianual de los proyectos de inversión en función de la generación de valor público^[15], siendo esto un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.