Situación y perspectivas fiscales del Gobierno de la República para 2022

Es indispensable consolidar y hacer permanente la mejoría esperada en las cuentas fiscales en 2022 y años subsiguientes.

Las cifras de déficit primario y financiero que contiene el Proyecto de Presupuesto para 2022 se sitúan en 1,1% del PIB y 6,6% del PIB, respectivamente, mientras para 2021, según el presupuesto vigente a agosto, son del 3,6% y 9,2% del PIB en el mismo orden.

Aunque inferiores al presupuesto 2021 y a los valores realizados en el 2020, cuando el déficit financiero alcanzó 8,6% del PIB^[1], las autoridades esperan magnitudes aún menores en 2022, de acuerdo con las estimaciones incorporadas en el Programa Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Banco Central considera, de conformidad con el Ministerio de Hacienda, resultados del orden de 0,2% de superávit primario, y de 5,0%, de déficit financiero para 2022 (1,1% de déficit primario y 6,2% de déficit financiero en 2021), pues este ejercicio incorpora algunas medidas pendientes de aprobación legislativa, que incidirían sobre el déficit en forma directa y también en el financiamiento externo^[2] .

La evolución del déficit en medición anual móvil (es decir, últimos 12 meses o 4 trimestres), se presenta en el Gráfico 1, con un evidente cambio en la tendencia durante el ejercicio 2021.^[3] Aunque en la primera parte del año se manifestaron factores especiales en los ingresos, valoraciones preliminares a agosto señalan que el resultado se mantiene en un orden de magnitud bastante menor al de un año atrás.

Los ingresos se han recuperado, el gasto primario ha disminuido, al igual que el déficit primario, mientras los intereses aumentan.

La recaudación del Gobierno de la República se ha restablecido tras el severo retroceso experimentado en el 2020. Está en niveles anteriores a la crisis, al igual que los gastos primarios, con perspectiva fiscal positiva especialmente en razón de la regla fiscal para el control de las erogaciones.^[4]

No obstante, la consecución de la sostenibilidad fiscal requiere de un superávit primario que compense el peso de los intereses, dado que la economía tiene un crecimiento moderado que no alcanza al costo financiero total de la deuda.^[5] Es decir, si la deuda creciera con la tasa de crecimiento del PIB, no cambiaría el cociente deuda/PIB; pero los intereses la hacen crecer en mayor medida, que debe compensarse con superávit primario.

Adicionalmente, la aplicación de la regla fiscal incide en el mediano plazo sobre los gastos de las entidades del Gobierno de la República, como señala el Marco Fiscal. Indica ese documento que el gasto total primario pasaría de 17,8% del PIB en el 2020 a 13,0% en el 2026, con un incremento del gasto de capital desde 1,8% a 2,0%. La caída del gasto corriente primario sería entonces de 5 puntos del PIB.

Si bien un esfuerzo de eficiencia en la asignación de los recursos es muy positivo, la magnitud involucrada y el moderado crecimiento de la economía previsto para ese horizonte hacen perentorio que se reduzca el peso del gasto en intereses, reduciendo la deuda o las tasas, y así el impacto de la regla fiscal sea recogido por esa partida en mayor medida para atender otras demandas sobre el presupuesto.