Perspectiva presupuestaria del sector agropecuario para 2021

Los recursos destinados al sector agropecuario^[1] para el 2021 ascienden a ¢209.990 millones y presentan una disminución neta del 21,1% respecto al año 2020.

De acuerdo con los presupuestos aprobados por la Contraloría General^[2] y la Asamblea Legislativa^[3]. En términos nominales, el presupuesto del sector agropecuario 2021 disminuyó en ¢56.252 millones (21,1%) en relación con el presupuesto acumulado del periodo 2020^[4]; debido principalmente a las proyecciones de los ingresos tributarios y la venta de bienes y servicios de estas instituciones; así como, a la menor presupuestación de transferencias del Gobierno Central a favor de estas entidades. A continuación el comportamiento del presupuesto aprobado para el sector agropecuario en el periodo 2015-2021:

El sector agropecuario enfrenta retos en materia de ingresos para el 2021 por la disminución que se proyecta en la venta de bienes y servicios; así como, de las transferencias corrientes del Gobierno Central.

En el caso de la venta de bienes y servicios en los presupuestos del periodo 2021 del sector agropecuario representan el 53,7% de sus ingresos, de ahí que sea uno de los más relevantes; sin embargo, el monto propuesto para ese periodo refleja un decrecimiento de 28,2% respecto al ingreso recaudado al cierre del año 2020. Este comportamiento conlleva para 8 de las 10 instituciones del sector un reto de recaudación importante, máxime si se considera que para el CNP, la ONS, el SFE y el SENASA, este representa más del 40% dentro de sus estructuras de ingresos.

Por su parte, las transferencias corrientes que provienen del Gobierno Central constituyen una fuente de financiamiento indispensable para la operación de 6 de las 10 entidades del sector agropecuario; a saber, SENASA, ONS, INTA, INCOPESCA, CONAC y SENARA. En el caso de los órganos desconcentrados, dado su traslado al Presupuesto Nacional a partir del periodo vigente, no requerirán de esas transferencias pues recibirán directamente de Tesorería Nacional los recursos para su operación; sin embargo, resulta importante señalar que el presupuesto asignado para el 2021, respecto al presupuesto definitivo del año 2020, de CONAC y el INTA aumentó en 46,2% y 137,7% respectivamente por cuanto considera los recursos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería destinaba al pago de salarios; mientras que el presupuesto del SFE y SENASA disminuyó en 26,6% y 16,3% respectivamente.

Para INCOPESCA y la ONS las transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central constituyen en ese orden, el 60,1% y 41,6% de sus ingresos para el 2021 y se orientan a la atención de gastos corrientes; los cuales representan más del 94,0% de su estructura de gastos para el 2021. Esta información es relevante por cuanto el monto de las transferencias asignadas para el año 2021 disminuyó para esas instituciones en un 2,7% y 14,4% respectivamente.

La situación del CNP es distinta, por cuanto de acuerdo a lo presupuestado para el 2021, la venta de bienes y servicios es su principal fuente de ingresos (92%), mostrando en los últimos 5 años (2015-2020) un incremento en la recaudación de 167,1%. No obstante, el reto que enfrenta el CNP se asocia a que para la venta de sus productos requiere insumos que se clasifican como gasto corriente, el cual tiene un límite de crecimiento (4,13%) para el año 2021 en relación con el gasto ejecutado en el 2020^[6], lo cual podría afectar su nivel de producción, disminuir las ventas y en consecuencia las ganancias e impuestos que se transfieren al Estado.

A continuación se muestra el comportamiento de los ingresos corrientes de las entidades del sector agropecuario, donde se incluyen los ingresos por venta de bienes y servicios y las transferencias corrientes antes referidos:

Ante el panorama del sector es importante fortalecer la toma de decisiones basada en datos y la mitigación de riesgos que podrían afectar sus servicios.

Esto ya que si bien en relación con el cumplimiento del principio de vinculación de los planes operativos anuales con el presupuesto, se tiene que las entidades cuyo presupuesto fue aprobado por el Órgano Contralor los vinculó en promedio en un 95,3%^[7], los riesgos asociados a la no recaudación de los ingresos por venta de bienes y servicios y las transferencias corrientes, podrían incidir en el logro de los objetivos y metas planteados en esos planes, de ahí que el monitoreo constante de dichas fuentes de financiamiento, así como de los gastos necesarios para la continuidad y calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, constituye una herramienta indispensable que le permita a las instituciones tomar decisiones para replantearse nuevas formas de alcanzar esos objetivos y generar valor público.

Adicionalmente, el presupuesto plurianual elaborado por las instituciones del sector agropecuario en atención a lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, debe ser revisado de forma constante, valorar el contexto económico en el cual opera la institución e identificar los riesgos asociados para establecer acciones de mitigación oportunas.

En línea con lo anterior, la valoración del entorno, no sólo desde el ámbito económico, sino desde la transformación que el Covid-19 ha impulsado en los gustos y preferencias de la ciudadanía, así como en la forma de trabajo de las organizaciones, debe ser tomado en consideración, pues las estructuras de gastos están sufriendo variaciones en subpartidas como alquileres, capacitaciones, gastos de viaje, gastos de mantenimiento, servicios de seguridad y vigilancia, entre otros. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico en respuesta al contexto fiscal, ha generado cambios en cuanto al límite de crecimiento del gasto corriente, el traslado de recursos a la Caja Única del Estado^[8], límite al uso de plazas vacantes^[9], la contención en el crecimiento de las transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales^[10], entre otros.

En cuanto al tema de inversión pública, se observan riesgos asociados a una disminución de 27,2% del gasto de capital incorporado al presupuesto inicial 2021 respecto al presupuesto definitivo 2020^[11], a pesar de que según información disponible en la página de MIDEPLAN, cuentan con una serie de proyectos inscritos, pero con porcentajes de cumplimiento inferiores al 50%, según se puede observar en el siguiente cuadro: