Perspectiva presupuestaria del Sector Social Selectivo para 2021

La institución que presenta una mayor disminución en su presupuesto es el IMAS, comportamiento que obedece en gran medida al aumento de las transferencias que tuvo ese Instituto durante el 2020, para fortalecer distintos programas sociales, principalmente para el otorgamiento del subsidio programa bono proteger, que representó un 22,5% del total de transferencias corrientes recibidas por ese Instituto en ese año^[5].

Dicha disminución de recursos a su vez, adquiere mayor relevancia, y plantea grandes retos a las instituciones del sector social selectivo, dentro de un contexto de pandemia, donde la tasa de desempleo ha aumentado, y donde los niveles de pobreza del 2020 alcanzaron al 26,2% de la población^[6].

Así, el 2021 plantea para las instituciones del sector social selectivo el reto de fortalecer la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles para el desarrollo de sus actividades sustantivas, potenciando el uso de instrumentos e información para mejorar la focalización de sus programas sociales (disminuir filtraciones), y su control y ejecución, en aras de que la afectación a la población vulnerable que atiende sea lo menor posible.

Sobre el particular, de acuerdo con lo señalado por el PANI^[8], como consecuencia de la reducción en 31,7% en la partida de transferencias corrientes, ese Patronato prevé que en el presente año se dé una afectación en el traslado de recursos a Organizaciones no Gubernamentales que ejecutan los distintos programas de atención a la niñez y adolescencia, así como una afectación en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, asociadas al programa Red Nacional de Cuido.

Por su parte, tanto en el caso del CONAPAM, como en lo referente a las transferencias del RNC, la disminución en dichas transferencias incrementa el riesgo de que población adulta mayor vea afectada su calidad de vida^[9]. En ese sentido, la Contraloría General de la República, en el contexto de cambio de la estructura etaria del país, ha señalado la necesidad de ajustar las políticas públicas para que garanticen el servicio necesario para la población adulta mayor, en aras de efectuar asignaciones de gasto más pertinentes, oportunas y eficientes^[10].

En el caso del IMAS, a pesar de la disminución, dicho instituto^[11] estima un incremento en las transferencias que realiza a la población que atiende, en 2,8% anual, debido a la venta de bienes y servicios, ingresos no tributarios y/o contribuciones sociales.

Mientras que en el caso de FODESAF, debe indicarse que el 50% de sus ingresos dependen del aporte del 5% del total de sueldos y salarios que pagan los patronos del sector público y privado^[12], ingresos que se vieron afectados por efecto de la situación económica del país potenciada por los efectos de la pandemia. Al respecto la Contraloría General, advierte que una menor recuperación de la actividad económica nacional e internacional en el año 2021, impactaría en forma negativa la recaudación fiscal^[13] y en consecuencia los aportes que podría recibir dicho Fondo.

En conclusión, la delicada situación fiscal que vive el país, la cual se vio agravada con la desaceleración económica producto de la pandemia, ha impactado significativamente la disponibilidad de recursos para la atención de los programas de desarrollo social, lo cual plantea un reto importante a las instituciones del sector social selectivo de administrar los recursos disponibles en forma eficiente y eficaz, potenciando el uso de instrumentos e información para mejorar la focalización de su programas de ayuda social (disminuir filtraciones), y su control y ejecución, junto al monitoreo y seguimiento constante de su planificación, todo ello en aras de que el impacto en las poblaciones vulnerables que atienden sea el mínimo.