Las variaciones presupuestarias reflejan el efecto en los ingresos y el redireccionamiento del gasto en las instituciones ante la emergencia del Covid-19

Los presupuestos de las entidades del sector descentralizado se han incrementado en un 2,1%.

Los montos aprobados para el año 2020 en los presupuestos iniciales del Sector Descentralizado suman un total de ¢18.498.006 millones, que equivale a un 52,1% del PIB. Al 17 de junio 2020 se han remitido un total de 594 modificaciones (38 menos que en 2019) y 188 presupuestos extraordinarios (68 menos que en 2019), que han implicado un aumento de 2,1% en los presupuestos (¢385.616 millones)^[1].

Parte de este incremento se explica por la incorporación de superávit de años anteriores para financiar nuevos gastos^[2], y de nuevas transferencias por percibir de parte del Gobierno Central para la atención de la emergencia.

Así, dentro de las modificaciones realizadas en los presupuestos, se pueden observar ajustes de redireccionamiento del gasto que han sido necesarios ante la definición de acciones estratégicas y operativas que el estado de emergencia ha impuesto en las instituciones, las cuales, a su vez, han debido velar por mantener su capacidad de cumplir con sus objetivos y atender los fines públicos para los que fueron creadas^[3]. Esto se vuelve aún más relevante en el contexto actual por la emergencia sanitaria que enfrenta el país, la cual ha incidido negativamente en los ingresos de algunas instituciones (fenómeno que presupuestariamente se ha enfrentado mediante la mencionada incorporación de recursos del superávit o de transferencias por percibir de parte de otras instituciones) lo que hace necesario que las administraciones revisen las asignaciones presupuestarias para garantizar que su gestión continúe desarrollándose en forma eficiente y oportuna.

En otros casos, como en el de las Universidades (cuyos presupuestos se han incrementado en un 23,8%), las modificaciones corresponden principalmente al hecho de haberse incorporado presupuestos extraordinarios con el fin de ajustar su situación presupuestaria luego de que la CGR archivara sin trámite los presupuestos inicialmente presentados, y habiendo quedado en esa oportunidad, como presupuesto para el año 2020, el respectivo presupuesto del período anterior. Similar situación se presenta en el caso de CONARE, JUDESUR y las Municipalidades de Cañas y de Corredores.

Instituciones con un rol relevante en la atención de la emergencia han presentado ajustes en sus ingresos y gastos a través de presupuestos extraordinarios.

Del total de presupuestos extraordinarios aprobados a la fecha, se han identificado 15 con movimientos relacionados a la emergencia, con un aumento neto de ¢76.488 millones. Estos presupuestos surgen principalmente de la necesidad de incorporar nuevos gastos para la atención de la emergencia o de ajustar la fuente de financiamiento de las erogaciones ya presupuestadas, producto de la menor recaudación de ingresos. En los siguientes párrafos se describen los principales movimientos realizados.

El I Presupuesto Extraordinario de la CCSS presenta un aumento de ¢30.022 millones en productos destinados a la atención de la emergencia^[4] y ¢12.000 millones (incremento de 10,5%) en otras prestaciones a terceras personas para hacerle frente al pago de subsidios por incapacidad. Estos movimientos se financian principalmente por la incorporación de Superávit Específico para la atención de la salud (¢40.000 millones).

Otro caso es el del IMAS, cuyo presupuesto ha aumentado en ¢25.564 millones principalmente para el financiamiento del subsidio temporal para la atención de personas afectadas económicamente por la emergencia. Incluye este incremento los ¢17.100 millones aprobados como transferencia a su favor en el I Presupuesto Extraordinario de la República (Ley N.° 9841); adicionalmente, ¢8.464 millones del superávit de 2019, recursos que se destinan en un 86,7% al Programa de Protección y Promoción Social, en especial para el pago de transferencias corrientes.

Por otra parte, como ejemplo de los casos en que las instituciones han tenido que recurrir a cambios en sus fuentes de financiamiento ante la afectación en sus ingresos producto de los impactos económicos de la emergencia, se encuentra el Servicio Fitosanitario del Estado, cuya principal fuente de ingresos es la venta de servicios (como escaneo e inspección de equipajes, certificaciones fitosanitarias, entre otros), los cuales se han visto severamente afectados al disminuir la actividad de sus principales usuarios: turismo, aviación y la importación y exportación de productos agrícolas. Por tal motivo esta entidad recurrió a ¢522 millones de superávit libre en su presupuesto ante la caída en el rubro de Venta de otros Servicios, para financiar la adquisición de bienes duraderos (¢475 millones para la construcción de instalaciones de la sede regional en la región Caribe y ¢47 millones para la continuidad de programas, licencias y suscripciones relacionadas con tecnologías de información).

Se han destinado ¢120.536 millones mediante modificaciones presupuestarias para la atención de la emergencia, evidenciando el redireccionamiento del gasto.

En el periodo comprendido entre el 16 de marzo (fecha de la declaratoria de emergencia^[5]) y el 15 de junio, se han recibido 427 modificaciones presupuestarias, de las que se han identificado 86^[6] (20%) con gastos relacionados a la emergencia por un monto de ¢120.536 millones.

Dentro de estos gastos destacan las transferencias al Gobierno Central destinadas a los diversos frentes de atención de la emergencia, así como recursos para compras de insumos de limpieza y protección. Ejemplos de esto son dos movimientos que se realizan con la finalidad de financiar el subsidio a las personas afectadas laboralmente por la pandemia (Plan Proteger): una modificación del INS donde se registra una transferencia por ¢75.000 millones^[7], fondos que originalmente estaban presupuestados para la adquisición de títulos valores del Gobierno Central, y una modificación de RECOPE donde se registra una transferencia por ¢28.598 millones^[8], producto del diferencial de precios de venta y de producción, según lo dispuesto en la Ley N°. 9840 (Protección a las personas trabajadoras durante la emergencia nacional Covid-19).

Otro ejemplo corresponde a una modificación del IMAS, donde se reorientó la suma de ¢5.098 millones con el fin de atender necesidades de personas en condición de pobreza que se vieron afectados por la emergencia provocada por el Covid-19, lo que implicó disminuciones en otros programas sociales como Emprendimientos productivos Individuales, Capacitación, Procesos Formativos y Mejoramiento de vivienda.

Por otra parte, la cantidad de aumentos de recursos en subpartidas relacionadas a productos de protección y limpieza se ha incrementado desde la declaratoria de emergencia^[9]. Por ejemplo, se observan 72 aumentos en la subpartida “Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación” lo que implica un monto de ¢2.990 millones^[10]. Un comportamiento similar se presenta en las subpartidas “Útiles y materiales de limpieza” y “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” donde en promedio los movimientos son un 95% más que los observados en el mismo periodo del año 2019, lo que representa un incremento de ¢754 millones.

Aunado a lo anterior, con respecto a la cantidad de movimientos de reducción de gastos desde que se dio la declaratoria de emergencia, se observan disminuciones en la subpartida “Actividades de Capacitación” con 145 reducciones, lo que representa un monto de ¢1.420 millones^[11]. Una tendencia similar se presenta en subpartidas como “Actividades protocolarias y sociales”, “Viáticos dentro del país”, “Transporte en el exterior” y “Publicidad y propaganda” donde los recortes ascienden a ¢2.640 millones.

Las disminuciones en los presupuestos mencionadas representan un 43,3% del total de espacios fiscales que la Contraloría había estimado en esas subpartidas para los tres primeros meses de la emergencia^[12] en la reflexión titulada: “Priorización del gasto en tiempo de emergencia: búsqueda de espacio fiscal en el Sector Público”^[13].

Adicionalmente, como parte de los movimientos presupuestarios relacionados con la afectación por el Covid-19, un total de cinco instituciones han trasladado recursos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) por un total de ¢1.926 millones con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley N.° 8488. Entre estas transferencias se observan la de la Junta de Protección Social y la del Instituto de Desarrollo Rural, cada una por ¢600 millones.

Finalmente, es importante una adecuada gestión presupuestaria que permita a las instituciones cumplir con los fines públicos encomendados, especialmente ahora que el país se enfrenta a un panorama económico más desafiante por los impactos del Covid-19. Asimismo, debe considerarse el principio presupuestario de sostenibilidad^[14], lo que vuelve imperativo mantener un análisis permanente del contexto actual que permita a las administraciones responder de forma eficiente y oportuna a los riesgos de la emergencia y a otros factores que puedan afectar el accionar de las instituciones.