Monitoreo más reciente: DFOE-FIP-MTR-00034-2025 | Conclusiones sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público, al mes de junio de 2025
30 de setiembre de 2020
5 minutos de lecturaDicha variación equivale a ¢7.213 millones respecto al monto incluido en la Ley de Presupuesto Nacional 2020[2], principalmente por el aumento en las transferencias que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para rutas cantonales[3] de 13,2% (¢11.320 millones) suma que a su vez decrece respecto del año 2019 en un 11,8%. Adicionalmente, se registra un crecimiento en las transferencias otorgadas por el Ministerio de Salud en un 959,8% (¢473 millones) a favor de 7 municipalidades y un Comité Cantonal de Deportes para realizar “Domingos familiares sin humo”[4].
Asimismo, se observa una disminución en las transferencias provenientes del Ministerio de Gobernación y Policía de 31,2% (¢2.063 millones) lo que conlleva un menor número de municipalidades que reciben recursos para realizar proyectos de diversa índole[5], pasando de 39 gobiernos locales en el 2020 a 28 en el 2021; así como del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que disminuye en 37,5% respecto de 2020, presupuestando ¢2.000 millones a favor de las municipalidades de Alajuela y San José[6]. Cabe indicar, que para el año 2021 el Proyecto de Ley de presupuesto Nacional no incluye Partidas Específicas las cuales corresponden a recursos públicos para atender necesidades locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social[7].
Por otra parte, las transferencias de capital se constituyen en la fuente de financiamiento más relevante para el sector (96,4%)[8], cuyos fines se orientan a caminos, desarrollo comunitario y turismo. A continuación, se muestra el comportamiento de las transferencias otorgadas a las municipalidades en el periodo 2017-2021:
Gráfico N.° 1
Municipalidades: Comportamiento de las transferencias otorgadas 2017-2021[9]
-millones de colones y porcentajes-
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor[10], el Consejo de Seguridad Vial[11] y el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven[12], incorporan en la Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2021[13], la suma de ¢2.868 millones a favor de los gobiernos locales, suma que muestra una disminución de ¢11 millones con respecto a 2020 y de ¢104 millones al considerar el monto efectivamente girado a las municipalidades en el 2019, situación que podría incidir en la inversión asociada a la seguridad vial y en el financiamiento del programa de inspectores de tránsito municipales de 19 cantones; así como en la atención de las personas adultas mayores beneficiarias de esos recursos en 11 cantones y dos distritos de Puntarenas.
A continuación se muestra el detalle de las transferencias por título presupuestario a favor de las municipalidades, incluidas las correspondientes a los órganos desconcentrados.
Cuadro N.° 1
Municipalidades: Detalle de las transferencias otorgadas por el Gobierno Central en el período 2020-2021
-millones de colones y porcentajes-
Al 31 de agosto de 2020[14], el monto recaudado por ese impuesto fue de ¢299.058 millones, registrando una disminución de 17,7% (¢64.460 millones) en relación con el monto percibido durante el mismo período de 2019 (¢363.518 millones). Asimismo, en la Ley de Presupuesto Nacional 2020[15] se estimaron ingresos por ¢535.000 millones provenientes del citado impuesto[16]; sin embargo, dado el deterioro en las condiciones económicas y fiscales del país, en el mes de junio se disminuyó la estimación inicial[17] en ¢123.000 millones, por lo que actualmente se prevé recaudar ¢412.000 millones.
Esta situación se constituye en un eventual riesgo para los gobiernos locales durante el periodo 2021, ya que un importante número de ellos depende de esos ingresos para ejecutar proyectos de conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal[18]. Asimismo, podría afectar la atención de las posibles deudas y las obligaciones asociadas a la gestión de la red vial cantonal limitando el cumplimiento de fin previsto en la normativa que dio origen a estos ingresos.
En virtud de que las municipalidades están llamadas a promover el desarrollo local de la comunidad y a prestar servicios básicos a las personas que habitan en sus territorios, es pertinente que orienten esfuerzos en mejorar de forma continua su capacidad de gestión, en procura de que los recursos públicos percibidos se traduzcan en la ejecución de gastos en cantidad, calidad y oportunidad necesarios para el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas establecidos en los planes y programas presupuestarios, con el fin de mejorar el bienestar de los habitantes de cada cantón.