Asignación de recursos al Poder Judicial en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2021
#MonitoreoCGR-IT2021 N.° 12
23 de setiembre de 2020
5 minutos de lecturaLa asignación de recursos al Poder judicial representa un 4,0% del total del proyecto de presupuesto del periodo 2021 y muestra una disminución del 0,7% con respecto al presupuesto 2020
La asignación de recursos constitucionales al Poder Judicial corresponde al 9,0% de los ingresos ordinarios del Presupuesto de la República.
Para el 2021 se asigna al Poder Judicial el 9,0% (¢462.705 millones) de los ingresos ordinarios del Presupuesto de la República, mientras que para el presupuesto inicial de año 2020 la asignación fue de 8,7% (¢472.677 millones), este incremento en la asignación relativa se explica por la disminución estimada en los ingresos ordinarios del Presupuesto de la República para el año 2021.
Adicionalmente, se identifica que la suma asignada supera el límite inferior indicado por el numeral 177 de la Constitución Política que establece que “En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda”. Cabe señalar, que este artículo no indica que no se pueda disminuir el porcentaje de asignación entre un periodo presupuestario y otro; sino que previene que en caso de superar el 6% de los ingresos ordinarios pueda que sea superior a la suma requerida por el Poder Judicial para cubrir sus necesidades, para lo cual será necesario el plan de inversión.
Por otra parte, desde la perspectiva del gasto para el 2021, el presupuesto del Poder Judicial representa el 4,0% del total del proyecto de presupuesto del periodo 2021 y se le asigna ¢462.705 millones, cifra que muestra una disminución del 0,7% en relación con el presupuesto ajustado 2020 (¢465.892 millones), comportamiento similar se presentó en otros títulos del Presupuesto de la República, ya que el 15,4% presenta una disminución, encontrándose el Poder Judicial entre los títulos que muestran las menores de ellas. En forma detallada, en el presupuesto del Poder Judicial se observan mayores disminuciones en las partidas de Remuneraciones (0,5%), Edificaciones (16,0%) y Maquinaria y equipo (17,0%); así como un aumento en la partida de intangibles por 34,5%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N.° 1
Poder Judicial: Comparación presupuesto ajustado y Proyecto de Ley, por clasificación económica
-millones de colones y porcentajes-
La partida de remuneraciones muestra una disminución de 0,5% en relación con el presupuesto ajustado del año anterior.
Para el 2021 el PJ asigna a la partida de Remuneraciones ¢383.500 millones que representa el 82,9% del total del presupuesto del Poder Judicial (¢462.705 millones) y disminuye en un 0,5% en relación con el presupuesto ajustado 2020 (¢385.255 millones). Esta es la partida más representativa del PJ, que si bien para el año 2021 se observa un decrecimiento, su comportamiento entre los años 2016 y 2020 muestra un crecimiento nominal que además resulta ser superior al que presenta la variable de inflación, según se detalla en el siguiente gráfico:
Gráfico N.° 1
Poder Judicial: Variación anual de la partida de remuneraciones según presupuesto ajustado 2016-2020 y Proyecto Ley 2021
-porcentajes-
La disminución observada en la partida de remuneraciones para el año 2021 se debe principalmente a las reducciones en las partidas de servicios especiales, recargo de funciones y suplencias, con rebajos del 65,8%; 36,8%; 19,1% respectivamente. En relación con los servicios especiales, el PJ justifica una disminución neta de 65 plazas, ya que corresponde a movimientos realizados donde 73 plazas se consolidaron en cargos fijos y a un aumento de 8 nuevas plazas para atender el tema de Expropiaciones; estas últimas con el fin de fortalecer el Juzgado Contencioso Administrativo, creándose cuatro plazas de juez y cuatro de técnicos judiciales. Además, señala que se consideró la solicitud de recorte que hizo el Ministerio de Hacienda mediante oficio DM-0917-2020 de 20 de julio de 2020, donde solicitó que “el gasto presupuestario máximo para el año 2021 sea igual al 90% del Presupuesto ordinario aprobado para el año 2020”.
Adicionalmente, como parte de los aspectos relevantes que se identifican en esta partida para el año 2021 es el pago de incentivos salariales en aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, N.° 9635, sobre lo cual el PJ indicó que para el proceso de formulación del presupuesto 2021 incorporó la “nominalización” de los componentes salariales lo que provoca, según el PJ, disminuciones en la partida de Decimotercer mes por ¢297 millones, Otros incentivos salariales por ¢586 millones, Restricción al ejercicio liberal de la profesión por ¢166 millones y Salario escolar por ¢284 millones, en relación con el presupuesto ajustado 2020.
El gasto de capital se reduce y se reorienta hacia componentes asociados a adquisición de activos intangibles.
El gasto de capital se reduce y se reorienta hacia componentes asociados a adquisición de activos intangibles. El gasto de capital presenta una reducción en un 7,2% en relación con el presupuesto ajustado 2020, donde rebaja significativamente la partida de edificios mientras que la adquisición de activos intangibles presenta un aumento del 34,5% y se refiere al pago de licencias de software, renovación, desarrollo, mantenimiento y seguridad informática justificado por el PJ para apoyar, dar sostenibilidad a sus servicios y mejorar las condiciones de teletrabajo que comprende el pago del software virtual en la nube, entre otros.
La Contraloría General había identificado en el análisis de riesgo institucional brechas en materia tecnologías que afectan la capacidad de adaptación en gestión de tecnologías de información de PJ. De igual forma en el análisis de la continuidad institucional se ubicó al PJ en un nivel básico. De ahí que es relevante el aprovechamiento de la transformación digital para asegurar la continuidad del servicio con mayor eficiencia en el gasto que permita alternativas para que en un entorno de estrechez fiscal el PJ pueda cumplir con sus obligaciones de ampliar los servicios, derivadas por ejemplo de atender nuevas obligaciones encomendadas por la Asamblea, para la atención de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, Ley 9609 del Nuevo Código Procesal Agrario, Ley 9458 de Bienestar de los Animales, Ley 9582 de Justicia Restaurativa y Ley 9481 Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, así como fortalecer a la Defensa Pública para la atención y acceso a la justicia de personas en la materia de pensiones alimentarias; para lo cual el PJ señala que solicitó[1] al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea la posibilidad de contar con financiamiento adicional al incorporado en proyecto ley por la suma de ¢25.623 millones.
Lo anterior representa para el PJ, al igual que al resto de instituciones públicas, el reto de que las medidas para el aprovechamiento de la transformación digital se basen en un análisis integral más allá de la inversión de recursos tecnológicos; incluyendo medidas instituciones adicionales en estrategia y cultura organizacional alineadas con el cambio, que a su vez consideren a la ciudadanía para mitigar su impacto en el acceso a los servicios que se brindan.
[1] Mediante oficio N.° 139-P-2020 de 12 de junio de 2020.