Situación de los créditos externos en ejecución al 31 de diciembre de 2020

A diciembre de 2020, un 48,0% ($2.047 millones) del total de la cartera de crédito había sido desembolsado, mientras que un 52,0% ($2.215 millones) aún se encontraba pendiente, situación que es similar a años anteriores. Así las cosas, solo en 2020 se desembolsó un total de $334 millones, monto que representa un 7,1% del total de la cartera al cierre de 2019, al ser este saldo sobre el que se realizan los desembolsos de 2020.

Además, en ese mismo orden de ideas, los desembolsos^[5] realizados por los acreedores en 2020, fueron un 19,6% menores^[6], con respecto a los realizados en 2019. Bajo este parámetro, en promedio, cada año se desembolsa un 10,3% de la cartera promedio del periodo 2010 a 2020. Acotar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, establece una excepción en su artículo 13, donde se refiere a que los créditos a ser utilizados en gastos de capital, sí podrán ser suscritos por el Gobierno Central, aún bajo el escenario donde la deuda supere el 60% del PIB.

En cuanto a los sectores a los que mayoritariamente se dirigen los recursos de los créditos externos para inversión pública. Al cierre de 2020, el sector de infraestructura y transporte recibió la mayor cantidad de recursos para la ejecución de programas y proyectos, siendo así que el MOPT y CONAVI tuvieron una participación conjunta del 36,2% de la cartera total. El segundo sector con mayor participación fue salud, nutrición y deporte^[7] con un 33,2% del total de la cartera, para un 69,4% del total de la cartera de créditos externos en ambos sectores.

Por tanto, al cierre del 2020 el saldo total de la cartera de crédito así como el monto desembolsado en el periodo, presentan una disminución con respecto a 2019. Además, la cartera de crédito de 2020 se encuentra por debajo del crecimiento promedio del periodo 2010-2020.

Así por ejemplo, el Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón, tiene 13 años de ejecución desde que se aprobó el respectivo presupuesto. La DCP a través del tiempo lo ha calificado como crítico. En 2019 y 2020 no realizó desembolsos y el avance físico reportado pasó de 61,2% en 2015 a 83,7% en 2020. En noviembre de 2020, solicitó una prórroga al periodo de desembolsos y en febrero de 2021 informó a esa Dirección la imposibilidad de ejecutar tres proyectos, lo que implica una reducción en el alcance del proyecto.

Asimismo, el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, no realizó desembolsos en 2020. Según la DCP, las metas alcanzan un 97,0% de avance físico, pero el avance financiero es del 63,6%. También se señala que si bien se tienen avances en las metas, la UE solicitó una segunda prórroga (al mes de setiembre de 2021) que se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Hacienda, y que la aprobación de esta es necesaria para que se puedan comprometer y ejecutar los restantes recursos financieros del programa, que son del orden de $13 millones.

Además, el Programa de Infraestructura de Transporte, tiene a diciembre de 2020 un 74,0% de avance físico, y un avance financiero de 42,5% y 30,0% en los créditos BID 3071/OC-CR y BID 3072/CH-CR respectivamente. Sin embargo, no realizó desembolsos de la fuente externa en 2019 ni en 2020, pese haber programado desembolsar $114 millones. Tiene 6 años de ejecución que se prorrogaron a 8. Algunas condiciones que afectan su ejecución, según la información de la DCP son procesos de expropiaciones en todos los proyectos, que obligan a realizar rediseños, que generan atrasos en actividades previas a su ejecución, uso de materiales que no cumplen los estándares requeridos, por citar un par de ejemplos.

Algunos problemas de ejecución que ha identificado la DCP, se refieren a debilidades de la fase de preinversión del ciclo de vida de los proyectos y que a criterio de esa Dirección se han observado a lo largo del tiempo, siendo esta una deficiencia estructural de gran impacto, a la falta de cultura institucional de planificación y gestión de proyectos, falta de planificación en la definición, cesión o compra de terrenos, incumplimientos de los contratistas, debilidades en el control y seguimiento de los programas, falta de identificación de permisos requeridos en algunas actividades de los proyectos.

Las comisiones de compromiso^[8] pagadas en 2020 cayeron en un 7,8% con respecto a 2019, esto explicado por aquellos que presentaron un mejor desempeño así como por otros que terminaron su periodo contractual de desembolsos. En total se pagaron $6 millones. Ahora bien, desde el 2012 la suma acumulada pagada por este concepto es de $47 millones (0,1% del PIB de 2020), aproximadamente ¢28.561 millones^[9]. En el gráfico N° 1, se observa una tendencia creciente desde 2010 hasta 2018, año que registró el mayor pago de comisiones de compromiso por $10 millones.

En ese mismo orden de ideas, se identificó que solo cuatro empréstitos han pagado un 53,0% del total de comisiones de compromiso de 2020, de los cuales el Programa de Infraestructura de Transporte (BID 3071/OC-CR) es el que realizó el mayor pago de comisiones de compromiso en 2020, por un total de $1 millón, costo asociado a la no realización de desembolsos en ese periodo. Desde el año 2015 el programa ha tenido que pagar en total $10 millones en comisiones.

Finalmente, si bien es cierto algunas unidades ejecutoras lograron desembolsar en 2020 la mayor parte de la programación de éstos, aún se reportan rezagos importantes en la ejecución de los programas dirigidos a los proyectos de inversión, y otras no gestionaron ante los acreedores desembolsos tanto en 2019 y 2020, lo que inevitablemente impactará restricciones como costo y tiempo en los mismos, y que su vez requerirá de acciones contundentes para no afectar el alcance previsto, y así satisfacer plenamente las necesidades sociales a la que están dirigidos.