Presupuesto del sector educativo 2022
DFOE-CAP-MTR-00001-2022
18 de febrero de 2022
5 minutos de lecturaEl presupuesto del sector educativo muestra una tendencia per cápita decreciente en los últimos cuatro años
El presupuesto del sector educativo muestra una tendencia per cápita decreciente en los últimos cuatro años.
Esta situación constituye un desafío para las 12 instituciones que tienen a cargo la administración de ¢2.816.258 millones que comprende el presupuesto inicial para el periodo 2022. Dichos recursos principalmente se encuentran a cargo del Ministerio de Educación Pública, seguido por las universidades y el Instituto Nacional de Aprendizaje, según se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N.° 1
Sector Educación: Presupuesto 2022 por institución
-Millones-
La distribución presupuestaria por los diferentes niveles de enseñanza refleja que para el 2022, se destinará la mayor proporción del gasto a la enseñanza preescolar y al primer y segundo ciclo, seguida por la enseñanza universitaria. Además, la asignación del presupuesto per cápita por nivel educativo, refleja que para la población del primer nivel de enseñanza[1] se destinarán en promedio ¢1,4 millones anuales per cápita, siendo la menor cifra respecto a los restantes niveles.
Cuadro N.° 1
Sector Educación: Presupuesto 2022 por nivel de educación
-Millones de colones-
Dicho comportamiento no dista de lo acontecido en los últimos cuatro años, donde la asignación del presupuesto per cápita por nivel de enseñanza ha sido similar; sin embargo, se observa una tendencia decreciente en todos los niveles, con excepción de la educación especial, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N.° 2
Sector Educación: Presupuesto per cápita por nivel de enseñanza, 2019-2022
-Millones de colones-
En conclusión, el presupuesto destinado al sector educativo se orienta principalmente al nivel de enseñanza preescolar y del I y II ciclo; sin embargo, su alcance per cápita a la población beneficiada es distinto y muestra una tendencia decreciente en los últimos cuatro años, lo que desafía a las instituciones públicas a cargo del presupuesto 2022 a utilizar estos recursos de manera eficiente con el propósito de lograr los objetivos trazados en cada uno de los niveles educativos, considerando las necesidades de la población estudiantil, no solo en cuanto a la cobertura y calidad del servicio público; sino en el apoyo a la población estudiantil mediante subsidios que contribuyan a la disminución de las brechas.
Los gastos de capital para el 2022 disminuyen en un 23% mientras que las transacciones financieras[4] aumentan en un 103% y el gasto corriente un 1%.
La distribución del gasto de las instituciones del sector educación para el periodo 2022 muestra una variación importante respecto a la aprobada en los periodos 2020 y 2021, específicamente en cuanto al gasto de capital y las transacciones financieras.
La disminución del gasto de capital respecto al monto presupuestado en 2021 equivale a ¢39.477 millones, siendo el MEP, la UNA y la UCR, las instituciones que presupuestan menores recursos respecto al 2020 (¢38.955 millones). Dicho comportamiento se observa en 8 de las 11 instituciones del sector. En el caso de FAESUTP, el INA y el ITCR se identifica un crecimiento respecto al 2021 y solo el ITCR mantiene ese comportamiento creciente desde el 2020.
Por su parte, el presupuesto del sector educativo asignado a las cuentas que conforman las transacciones financieras, se dirige en un 52,6% a la amortización de préstamos (¢9.000 millones), a la adquisición de valores un 42% (¢7.234 millones) y al otorgamiento de préstamos un 7% (¢877 millones). Esta distribución muestra una variación del 103% respecto a 2021, debido al crecimiento en la adquisición de valores propuesta por la UCR y FAESUTP, que en su conjunto, pasaron de ¢90 millones en 2021 a ¢7.234 millones en 2022. En el caso de la UCR, esto responde a la incorporación de inversiones sobre títulos valores en el presupuesto inicial 2022 por cuanto su vencimiento sobrepasa el ejercicio presupuestario[5].
Las obligaciones en el pago de préstamos (amortización) muestran un crecimiento del 17% respecto al 2021 y de 21% respecto al 2020, lo que ha implicado para el sector la incorporación de ¢1.565 millones adicionales entre el año 2020 y 2022 para atender estas obligaciones; siendo principalmente el ITCR y el MEP los que registran mayor contenido presupuestario para este propósito.
En cuanto al gasto corriente, se registra un crecimiento del 1%; únicamente en el caso del INA y la UTN dicho crecimiento es del 2%. Caso contrario sucede con SINAES y FAESUTP donde en relación con el 2021 el presupuesto de 2022 decrece un 12,2% y un 2,3% respectivamente, situación que responde a la menor asignación de recursos en transferencias corrientes a favor de CONARE (SINAES) y becas (FAESUTP).
En conclusión, el presupuesto del sector educativo registra una disminución en gastos orientados a la inversión pública, el gasto corriente se mantiene en un porcentaje de crecimiento dentro de los límites establecidos en la Ley N° 9635, crece la presupuestación de recursos para el otorgamiento de préstamos y las obligaciones en cuanto a su amortización.
Los recursos para programas de inversión en las universidades se destinarán en 2022 principalmente al desarrollo de infraestructura física y en el MEP a proyectos de tecnología e información.
Los proyectos incluidos en los respectivos presupuestos y planes anuales operativos de los centros de educación superior universitaria, consisten principalmente en la construcción, mantenimiento y mejoras de los diferentes edificios de las facultades, para los cuales se destinan aproximadamente ¢12.800 millones, según se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N.° 3
Principales proyectos de inversión en los presupuestos universitarios para el periodo 2022
-Millones de colones-
Otros proyectos incorporados al presupuesto 2022 de los centros de enseñanza universitaria se orientan al desarrollo académico (18,2%), la capacitación y formación profesional (8,2%), la investigación y transferencia de conocimiento (6,6%), la vida estudiantil (5,8%), la docencia, el desarrollo regional y la acción social (9,6%) así como para la prestación de los servicios de apoyo (28,4%).
La distribución anterior ha sufrido variaciones respecto a años anteriores; por ejemplo, en el año 2016 se destinó a capacitación y formación el 17,5% del presupuesto y al desarrollo de infraestructura física el 7,7%. En la adquisición de bienes duraderos para los servicios de apoyo los centros universitarios han mantenido el presupuesto por encima del 25%, con excepción del año 2020 que se presupuestó un 10% y en lo que respecta a la acción social y la vida estudiantil los porcentajes destinados entre el año 2016 y 2022 son similares (1% para el primer caso y entre 3,5% y 5,8% en el segundo caso).
Por su parte, los recursos del MEP para el 2022 son destinados a proyectos de tecnologías e información (¢44.534 millones), principalmente para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, la plataforma ministerial (SABER) y la Red Educativa del Bicentenario. De acuerdo con el presupuesto de dicha cartera, los recursos se destinan a beneficiar a 11.015 estudiantes con servicios informáticos y tecnológicos e implementar en 300 centros educativos el Programa Nacional de Tecnologías Móviles. Para el Programa de Infraestructura y equipamiento del sistema educativo, el MEP asigna ¢11.602 millones con el propósito de construir y mantener 145.000 metros cuadrados de infraestructura educativa y adquirir 13.800 mobiliarios educativos.
La asignación de recursos vinculados al programa “Aplicación de la tecnología a la educación”, donde se incluyen los citados proyectos, muestra una tendencia creciente entre el 2019 y 2022 lo que equivale a una mayor asignación de recursos (¢11.725,6 millones). El crecimiento entre el año 2020 y 2019 fue de 4,3%, entre el 2021 y 2020 de 29,3% y entre el 2022 y 2021 de 4,9%.
En conclusión, los centros de enseñanza universitaria destinarán aproximadamente el 2,7% de sus presupuestos para el desarrollo de proyectos de inversión relacionados principalmente con infraestructura física y en el caso del MEP se destinará un 0,3% del presupuesto 2022 a proyectos de tecnologías móviles y servicios de información.
Por tanto, las instituciones del sector educativo enfrentan el desafío de fortalecer su gestión presupuestaria, de manera que exista equidad en cuanto a la distribución de los recursos en las personas estudiantes conforme a las necesidades requeridas en cada nivel educativo, el equilibrio en la asignación de recursos para financiar gasto corriente y de capital y mejorar los mecanismos de asignación y ejecución de los proyectos de inversión, con el propósito de administrar los recursos disponibles de forma eficiente, eficaz y económica, y lograr responder a las expectativas y demandas del país en materia educativa.
[1] En memoria anual 2019, la CGR señaló la responsabilidad del Poder Ejecutivo de establecer una metodología para calcular la proporción de programas y recursos dedicados a materia educativa de la primera infancia, con el fin de contabilizarlos dentro del 8% del PIB establecido en la Constitución Política, y según se establece en el artículo 29 del título IV de la citada Ley N° 9635.[2] Cifras obtenidas de los Planes Anuales Operativos y de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el los ejercicios económicos 2019-2022.[3] Incluyen ¢234.864 millones que destinará el MEP a la alimentación, transporte y becas a estudiantes, suma que registra un incremento del 2,3% respecto al presupuesto inicial 2021 (¢5.275 millones). Por su parte, las universidades incorporan en su presupuesto la suma de ¢62.478,5 millones para becas registrando un crecimiento respecto al 2021 de 5,2% (¢57.386 millones).[4] Erogaciones generadas por transacciones recuperables, que se originan en el incremento de los activos financieros y la disminución de los pasivos. En este grupo se reflejan diversos tipos de transacciones o aplicaciones como son la concesión de préstamos, la adquisición de valores, la amortización de la deuda y otros activos financieros.[5] Disposición 4.20 del Informe DFOE-FOE-SOC-IF-00010-2020 del 20 de noviembre de 2020, Auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación institucional, ejecución y evaluación presupuestaria de la Universidad de Costa Rica.