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#MonitoreoCGR-EFP2020 N.° 09
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31 de julio de 2020
5 minutos de lecturaDisminución en recaudación de impuestos específicos y menor demanda de servicios afecta los ingresos del sector transporte
Disminución en recaudación de impuestos específicos y menor demanda de servicios afecta los ingresos del sector transporte
Los ingresos de las instituciones del sector transporte experimentan una reducción del 19,2%[1] al primer semestre de 2020.
Los ingresos de las instituciones del sector transporte experimentan una reducción del 19,2%[1] al primer semestre de 2020.
Durante este periodo se experimenta una disminución en los ingresos[2] de las instituciones del sector transporte[3] que equivale a ¢29.276 millones menos con respecto al mismo periodo del año 2019. Esta disminución obedece a los efectos derivados del COVID-19, relacionados principalmente con las variaciones en demanda de servicios, hábitos de consumo, laborales y de transporte, aunado a la disminución en la recaudación de impuestos que financian el sector transporte (impuesto único a los combustibles, impuesto a la propiedad de vehículos, impuesto del derecho de salida del territorio nacional).
Cuadro N.° 1
Ingresos (sin considerar superávit) al Primer Semestre
Instituciones de Sector Infraestructura
-millones de colones-
Fuente: Elaboración CGR, julio 2020.
Los datos expuestos en el cuadro anterior reflejan que la mayoría de instituciones que componen el sector transporte experimentaron disminuciones significativas en sus ingresos durante el primer semestre 2020. Por otra parte, para el caso de las instituciones que reportan un aumento en sus ingresos, ello responde a circunstancias particulares, tales como estacionalidad en la recaudación de ingresos (CTP)[4], así como mayores aportes de capital en el último trimestre (INCOFER), por lo que no se puede deducir que no han sido afectadas por las consecuencias derivadas del COVID-19, ejemplo de ello es precisamente el INCOFER, cuyos ingresos corrientes (provenientes en gran medida del servicio de transporte ferroviario) experimentaron una reducción del 22,3% con respecto al I semestre 2019, lo cual se explica en razón de la disminución de la demanda de los servicios de transporte y medidas sanitarias adoptadas.
CETAC y CONAVI de las instituciones más afectadas.
CETAC y CONAVI de las instituciones más afectadas.
A modo de referencia, la disminución en el tráfico aéreo propiciado por la pandemia tiene un efecto directo en la recaudación de ingresos del CETAC dado que esa variable afecta directamente el recaudo por concepto del impuesto del derecho de salida del territorio nacional. Por su parte el CONAVI experimenta una afectación producto de la menor recaudación del Impuesto Único a los Combustibles, el cual constituye una fuente de ingresos que financia gran parte de la operación de este Consejo.
De conformidad con la certificación de la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Gobierno Central para el ejercicio económico 2020[5], se prevé una disminución con respecto a lo proyectado inicialmente por el Ministerio de Hacienda de un 66,4% en la recaudación del impuesto del derecho de salida del territorio nacional y de un 23,0% del Impuesto Único a los Combustibles. Dichas estimaciones podrían sufrir variaciones a partir de la contracción proyectada del PIB en un 5,0% para lo que resta del año 2020, según datos publicados por el Banco Central[6]. Asimismo, existen otros supuestos y riesgos que de materializarse[7] generarían desvíos respecto a los valores esperados de los ingresos, todo lo cual podría impactar la gestión del sector transporte, en particular del CETAC y CONAVI.
Por su parte, el Consejo de Transporte Público, acordó[8] incorporar recursos de la fuente de superávit con el propósito de financiar el monto total pendiente de cancelar por los concesionarios de Ruta Regular y Taxis correspondiente a los tractos II y III del período 2020, dichos montos deberán ser cobrados el 30 de abril del año 2021. En el INCOP, la caída de sus ingresos se asocia con una disminución en las importaciones y exportaciones de productos, además de la reducción en el arribo de cruceros derivado de la restricción sanitaria para el ingreso de turistas al país.
En el caso de JAPDEVA, la disminución sostenida en sus ingresos se presenta desde el primer semestre del año 2019 (en ese periodo sus ingresos corrientes se vieron disminuidos en un 32,2% con respecto al mismo periodo del año previo) y se asocia principalmente al proceso de reestructuración institucional que experimenta esa administración[9] y a su nuevo modelo de negocio. Adicional a lo anterior, durante el primer semestre de 2020, JAPDEVA ha experimentado la disminución del atraque de barcos de pasajeros (cruceros), ello asociado con los efectos derivados de la pandemia actual.
Las instituciones que componen el sector, muestran niveles distintos de riesgo respecto de sus ingresos.
Las instituciones que componen el sector, muestran niveles distintos de riesgo respecto de sus ingresos.
Según la aproximación realizada por la Contraloría General, en un escenario base[10] 3 instituciones muestran niveles de riesgo medio bajo, 4 medio y 2 medio alto, asociados a la posible disminución en los ingresos de la institución debido a la cantidad de casos COVID-19 (ver gráfico siguiente). Estos niveles de riesgo podrían cambiar e incrementarse según el escenario en el que nos encontremos, por ejemplo con una amenaza con mayor intensidad, dos de las instituciones del sector (CONAVI y MOPT) podrían alcanzar un riesgo alto, elemento a considerar por las afectaciones que podrían darse a nivel institucional.
Gráfico Interactivo
Gráfico Interactivo
Sector Transporte
Niveles distintos de vulnerabilidad y amenaza frente al COVID-19
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un monitoreo constante, de las variables que condicionan sus ingresos, así como de los gastos con el objeto de anticipar decisiones oportunas sobre la continuidad y sostenibilidad del servicio público que prestan. Lo anterior cobra relevancia por cuanto las afectaciones en los ingresos podrían impactar obras importantes de infraestructura de transporte, ferroviarias, aeronáuticas entre otros, así como los servicios que brindan estas instituciones, por lo que es relevante la toma de decisiones orientada a ubicar a las instituciones en un nivel de riesgo aceptable, promover de manera razonable el logro de los objetivos, así como la prestación continua de los servicios públicos.
En resumen, las instituciones del sector transporte son sensibles a los efectos asociados al COVID-19, sus ingresos se han visto mermados en este primer semestre y se prevé que la situación no se revierta en lo que resta del año 2020. Por ello; dado el alto grado de incertidumbre derivado de la emergencia actual, es necesario un monitoreo riguroso y constante de los riesgos presentes y futuros, con el propósito de adoptar medidas de forma oportuna que permitan optimizar la gestión institucional y la inversión de los escasos recursos, todo ello en procura de garantizar la prestación y continuidad de los servicios públicos.
Notas al pie:
[1] Con respecto al primer semestre de 2019.[2] El análisis consideró ingresos corrientes y de capital.[3] CONAVI, CNC, CTP, CETAC, COSEVI, INCOFER, JAPDEVA, INCOP.[4] En el caso del CTP, cerca del 60% del canon de transporte se recauda en los primeros meses del año.[5] Certificación emitida por la Contraloría General de la República, el 26 de junio de 2020, mediante oficio DFOE-SAF-0289.[6] Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021, publicado el 30 de julio de 2020.[7] Por ejemplo, profundización en la caída de la actividad económica nacional e internacional, impacto y prolongación de la pandemia, reformas administrativas y legales en materia de ingresos fiscales, cumplimiento de obligaciones tributarias, arreglos de pago con la administración tributaria entre otros.[8] Artículo 3.1 de la Sesión Ordinaria 37-2020 celebrada el día 14 de mayo del 2020.[9] Según lo establecido en la Ley de transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica y protección de sus personas trabajadoras, Ley N°. 9764.[10] En ese escenario el nivel de riesgo de las instituciones se aproxima con base en la ocurrencia de casos COVID-19 y sus implicaciones a nivel económico durante los meses de abril a junio 2020.
[1] Con respecto al primer semestre de 2019.[2] El análisis consideró ingresos corrientes y de capital.[3] CONAVI, CNC, CTP, CETAC, COSEVI, INCOFER, JAPDEVA, INCOP.[4] En el caso del CTP, cerca del 60% del canon de transporte se recauda en los primeros meses del año.[5] Certificación emitida por la Contraloría General de la República, el 26 de junio de 2020, mediante oficio DFOE-SAF-0289.[6] Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021, publicado el 30 de julio de 2020.[7] Por ejemplo, profundización en la caída de la actividad económica nacional e internacional, impacto y prolongación de la pandemia, reformas administrativas y legales en materia de ingresos fiscales, cumplimiento de obligaciones tributarias, arreglos de pago con la administración tributaria entre otros.[8] Artículo 3.1 de la Sesión Ordinaria 37-2020 celebrada el día 14 de mayo del 2020.[9] Según lo establecido en la Ley de transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica y protección de sus personas trabajadoras, Ley N°. 9764.[10] En ese escenario el nivel de riesgo de las instituciones se aproxima con base en la ocurrencia de casos COVID-19 y sus implicaciones a nivel económico durante los meses de abril a junio 2020.
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