Dictámenes de los informes de evaluación de resultados como insumos para el proceso de discusión presupuestaria

Existen importantes retos en la gestión de la información hacia una evaluación de resultados más ágil.

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, aún es insuficiente la información para analizar los resultados físicos del presupuesto y del PNDIP, durante las fases de discusión y evaluación del Presupuesto de la República.

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 podría aportar más análisis histórico y prospectivo a partir de las fichas técnicas de los indicadores y otros documentos de respaldo que actualmente no se publican. Esto permitiría contar con información suficiente para comprender mejor los datos sobre los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar con los recursos del Presupuesto de la República^[4].

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 se identificaron 61 programas presupuestarios del Poder Ejecutivo que no contienen objetivos asociados, 28 programas no tienen productos definidos, y 12 productos sin metas establecidas. Estos vacíos en la información son contrarios al principio de programación del artículo 5 de la Ley 8131, ya que los presupuestos deben “expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo”^[5].

Una situación recurrente sobre la oportunidad de la información de los resultados físicos del presupuesto, es que los datos de los objetivos, productos y metas se actualizan mediante un único Decreto de Reprogramación en el mes de abril^[6]. En la práctica, se ha observado que los presupuestos extraordinarios posteriores a esa fecha, no plantean cambios en los objetivos, productos y metas, salvo al incluir programas nuevos.

Todos estos retos limitan la calidad de la información sobre los resultados físicos del Presupuesto de la República, ya que comprometen su confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones de forma ágil, así como la utilidad para sus diferentes usuarios. En opinión de este Órgano Contralor, estos retos son abordables en el corto plazo mediante mejoras en la gestión de dicha información, sin que esto se vuelva un fin en sí mismo. No requieren necesariamente de ajustes profundos como nuevos sistemas de información, sino un mejor aprovechamiento para el análisis presupuestario y la rendición de cuentas.

Persisten desafíos en el análisis de los resultados físicos a lo largo del tiempo.

Más allá del enfoque anual que aún caracteriza a la gestión presupuestaria en nuestro país, se requiere seguir impulsando un análisis plurianual y continuo de los resultados físicos y su vinculación con respecto a los recursos presupuestarios.

No obstante, un primer desafío es que el Ministerio de Hacienda no cuenta con la información integrada sobre la formulación y la evaluación de los resultados físicos. Por ende, no existe una serie histórica que integre dicha información entre los diferentes periodos para nutrir los procesos de formulación y evaluación presupuestaria, entre otras labores legislativas. Como consecuencia, dicha información tampoco está integrada con datos del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP).

A diferencia del Presupuesto de la República, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica posee una estrategia de divulgación de los resultados más allá de los informes del PNDIP, basada en tableros interactivos en su página web e infografías en redes sociales^[7]. En el caso del Ministerio de Hacienda, en 2021 se publicó una herramienta web para el análisis y visualización de datos presupuestarios llamada “Presupuesto abierto”^[8], pero no contiene información sobre los resultados físicos.

A estos desafíos debe agregarse las incipientes mediciones de costos de servicios y efectividad, siendo ambos aspectos señalados por la CGR en sus dictámenes^[9]. Sobre las mediciones de costos, el mayor avance que se ha logrado es el desarrollo de tres planes piloto en el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación, y el Consejo Nacional de Vialidad, y actualmente se está elaborando una guía con base en las experiencias de dichos pilotos^[10]. Las mediciones de efectividad han mostrado avances, pero se han enfocado en su gran mayoría en la Agenda Nacional de Evaluaciones liderada por MIDEPLAN en el ámbito del PND 2015-2018 y del PNDIP 2019-2022, no así del Presupuesto de la República^[11]. Cabe agregar que en ambos casos, sigue pendiente desarrollar metodologías más comprehensivas para medir la eficiencia de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 8131.

En general, estos desafíos deben abordarse como parte de un proceso de mejora, que requiere de un alto grado de coordinación entre los entes rectores y capitalizar progresivamente las lecciones aprendidas, en aras de contar con mecanismos más robustos y complementarios para el análisis de los resultados del sector público.

En conclusión, los incumplimientos en los informes de evaluación de resultados obedecen a causas estructurales, interrelacionadas y recurrentes. Los avances metodológicos han sido insuficientes para cumplir cabalmente con los requerimientos establecidos en el marco normativo. Existen retos que se pueden abordar en el corto plazo referidos a la gestión de la información que se presenta para la discusión presupuestaria y la rendición de cuentas. A su vez, persisten desafíos en el análisis de los resultados físicos a lo largo del tiempo que revelan la necesidad de repensar el propósito de la planificación y evaluación en el sector público con foco en la eficiencia y la generación de mayor bienestar para las personas.