Situación y perspectivas fiscales del Gobierno de la República para 2021
#MonitoreoCGR-IT2021 N.° 01
11 de setiembre de 2020
5 minutos de lectura La caída de la actividad económica y de los ingresos está incidiendo sensiblemente en la gestión financiera, la cual debe ser doblemente prudente y eficiente para un pronto retorno al equilibrio
La crisis económica llevó al país a un nuevo punto de partida -más comprometido- en la ruta hacia la estabilidad fiscal, e impone una gestión financiera sumamente cuidadosa para lograr este propósito.
El proyecto de presupuesto para 2021 y el presupuesto vigente para 2020 presentan magnitudes de déficit financiero del 10% o más del PIB, y de la deuda del Gobierno del 70% y 80%, en ese orden temporal.[1] La baja del PIB ha influido directamente en estos indicadores, pues forma parte de su denominador, y en el corto plazo no puede esperarse una recuperación de la economía suficientemente fuerte como para revertir el aumento del indicador, con respecto a lo que se tenía proyectado a corto y mediano plazo.
Por el contrario, el retorno a la sostenibilidad requiere una gestión financiera muy cuidadosa en todos los frentes, como es la recaudación tributaria, la asignación eficiente del gasto y su control en aquellos conceptos tradicionalmente llamados disparadores, y en el endeudamiento.
Para la presentación del proyecto de presupuesto 2020 se consideró un PIB por ¢38.586.880 millones, y la estimación más reciente del BCCR lo sitúa en ¢34.469.248 millones, un 11% menos. Esto supone un amplio ajuste y un nuevo punto de partida para la gestión pública y macroeconómica. No todos los sectores económicos y sociales se han visto afectados en igual forma. Por su parte, la recaudación del Gobierno ha sufrido en forma bastante directa, producto también de las medidas de alivio acordadas mediante la Ley 9830. En conjunto con lo anterior, la relativa inflexibilidad del gasto ha causado un rezago en el ajuste hacia la sostenibilidad.
Durante una contracción, el gasto público y la moratoria fiscal actúan como compensadores de la tendencia recesiva. No obstante, la situación fiscal preexistente no era apropiada para un evento macroeconómico de la magnitud observada, y es importante actuar con suma cautela y con visualización de mediano plazo o plurianual.
La caída de ingresos ha profundizado el déficit primario, mientras el gasto primario se mantiene estable.
Una observación en suma móvil de doce meses, permite apreciar la configuración del déficit financiero en déficit primario y pago de intereses, donde se aprecia que el déficit primario había sido relativamente estabilizado por debajo de ¢1 billón, pero posteriormente ha vuelto a superar ese nivel y presenta crecimiento.
Gráfico N.° 1
Gobierno Central: Déficit financiero, primario y gasto en intereses en suma de 12 meses,
Enero 2012 - Agosto 2020
-millones de colones-
En el caso de los intereses, su nivel supera ¢1,7 billones durante el último año, tras algunos meses estable; la estimación en la presentación del proyecto (cuadro 4.12 en página 63) apunta a un resultado más alto, del orden del 5,2% del PIB (aproximadamente ¢1,8 billones), y cerca del 6,0% del PIB para el 2021.
Conforme lo presenta el gráfico 2, el aumento del déficit primario se puede asociar a la recaudación de ingresos, que experimentó una caída sustancial con la crisis actual, mientras el gasto primario se observa con pocos cambios desde aproximadamente finales del 2019.[2] Dado que los ingresos tardarán en recuperarse, es fundamental el control del gasto primario y del gasto de intereses, conforme a una estrategia de financiamiento apropiada.
Gráfico N.° 2
Gobierno Central: Ingresos y gasto primario en suma de 12 meses,
Enero 2012 - Agosto 2020
-millones de colones-
Los órganos desconcentrados no inciden sensiblemente sobre el déficit financiero, pero su incorporación al Presupuesto Nacional ofrece posibilidades de mejora en la gestión pública.
La incorporación de los órganos desconcentrados acrecienta tanto el gasto como el ingreso.[3] Los resultados de esta integración se esperan en una gestión más eficiente del proceso de control presupuestario, y una mayor capacidad del Poder Legislativo para incidir de una manera más directa y oportuna en aspectos como la priorización de metas, la programación del trabajo y el uso eficiente de los recursos, entre otros. A mediano plazo, podrían esperarse algunas formas de consolidación de actividades o reducción de costos, tanto en el orden administrativo como operativo, para eventuales ahorros, junto con una gestión más efectiva para la ciudadanía.
Cuadro N.° 1
Gobierno Central: Déficit primario y financiero,
Incorporación de los órganos desconcentrados, 2015 - 2021
-millones de colones-
Fuente: Elaboración CGR con información del SIGAF y del SIPP.
En conclusión, los serios niveles de déficit y endeudamiento que el país alcanza en estos años, incrementan el grado de vulnerabilidad al que estamos sujetos en un contexto económico internacional también desfavorable. Realizar los ajustes estructurales que nos lleven a la búsqueda de la senda de sostenibilidad y la eficiencia es imperativo para dar credibilidad, generar confianza y proteger el bienestar ciudadano de esta y las próximas generaciones.
Es perentorio que el país recobre el sano financiamiento del gasto corriente, y evite el recurso de la deuda en forma prácticamente ilimitada como ha estado ocurriendo, a pesar de los esfuerzos realizados. Aunque una crisis de la magnitud de la que se está pasando requiere ese tipo de financiamiento en forma temporal, la realidad fiscal ha mostrado que solamente en forma excepcional se ha configurado una financiación equilibrada del Presupuesto.
[1] La Exposición de Motivos, p. 54, considera un 9,3% para 2020 y 9,9% para 2021. Este último dato coincide con las magnitudes de ingreso y gasto del proyecto de ley. El marco fiscal y presupuestario de Mediano Plazo, página. 13, consigna 9,2% y 8,7% para esos ejercicios fiscales.[2] La exposición de motivos (cuadro 4.4) informa sobre un plan de financiamiento relacionado con la atención de la emergencia Covid-19 del orden de US$3.029 millones, aproximadamente 0,5% del PIB, una presión que se espera temporal sobre el gasto primario durante 2020.[3] En 2020 la presupuestación de superávits de años anteriores eleva el déficit financiero al incorporar los órganos desconcentrados; no obstante, la ejecución de presupuesto de dichos órganos anticipa un resultado menos desfavorable al que se recoge en el Cuadro 1, al igual que en el caso del Gobierno Central, donde se prevé un 9,3% de déficit financiero. Para 2021 el proyecto de presupuesto prácticamente no incluye recursos de superávit de los órganos desconcentrados.