Perspectiva presupuestaria de los gobiernos locales para 2021

El presupuesto inicial aprobado a las municipalidades en 2021 disminuye un 27,7% con respecto al presupuesto definitivo del periodo 2020.

El presupuesto inicial para el ejercicio económico 2021 de las municipalidades^[1] fue aprobado por este órgano contralor por la suma de ¢531.711 millones, lo que representa un 1,4% del PIB y muestra una disminución de 27,7% con respecto al presupuesto definitivo de 2020 (¢735.894 millones).

La estimación de ingresos más allá de una recaudación real conlleva riesgos en la gestión municipal.

Según se indicó anteriormente, para el ejercicio económico 2021 las municipalidades presupuestaron la suma de ¢531.711 millones, de los cuales ¢405.909 millones (76%) provienen de Ingresos Corrientes -principal fuente de financiamiento-, ¢97.086 millones (18%) corresponde a Ingresos de Capital y ¢28.715 millones (5%) a la clase Financiamiento.

Al respecto, los ingresos por concepto de Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles, Patentes Municipales y Servicios de Saneamiento ambiental representan el 57% (¢304.167 millones) del total de ingresos corrientes, constituyéndose en las tres principales fuentes de financiamiento de los ingresos corrientes. No obstante, es en estas subpartidas que la Contraloría General improbó en 49 municipalidades el exceso de ¢8.882 millones de ingresos estimados, principalmente por la carencia en la fundamentación requerida para determinar la factibilidad razonable de la recaudación de los ingresos propuestos, por cuanto no consideraron entre otros, el crecimiento macroeconómico previsto por el Banco Central de Costa Rica para el ejercicio económico 2021, la morosidad histórica en la recaudación de ingresos de cada uno de los servicios y la devolución de patentes.

De seguido, se muestra el detalle de las diez municipalidades a las cuales se les improbó la mayor cantidad de recursos por exceso en la estimación de ingresos:

La continuidad de los servicios municipales e inversión en riesgo por disminución de partidas de gasto en 2021.

La asignación total de gasto en 2021 se distribuye según la estructura programática de las municipalidades de la siguiente manera: Dirección y Administración General ¢175.760 millones (33%), Servicios Comunales ¢195.724 millones (37%) e Inversiones ¢160.226 millones (30%)^[3]. A su vez, las partidas de gasto más afectadas a consecuencia de la disminución de ingresos son las Transferencias de capital cuya caída es de ¢4.480 millones (93%); Bienes duraderos por ¢23.636 millones (22,1%) y Materiales y suministros ¢5.144 millones (11,3%), en comparación con el presupuesto inicial de 2020.

Estas disminuciones en la asignación de gasto representan un riesgo para la sostenibilidad financiera de las municipalidades y la prestación de servicios de las municipalidades, si se considera que dichas partidas se utilizan para la formación de bienes de capital mediante el mecanismo de construcción por Administración, adquisición de materia prima para obtener productos intermedios o terminados, adquisición de muebles e inmuebles, construcciones, adiciones y mejoras de carreteras, puentes, parques, edificios, así como transferencias que realizan las entidades municipales para financiar gastos de capital.

Otra situación identificada en el proceso de aprobación para el ejercicio económico 2021 que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las municipalidades, es la práctica de adquirir compromisos de gastos permanentes en situaciones financieras comprometidas, como el caso de la creación de plazas. Sobre este tema, la Contraloría improbó en 8 gobiernos locales^[4] el contenido presupuestario para la creación de 30 plazas por sueldos fijos y servicios especiales; 10 por transformación y 1 por recalificación, principalmente por la carencia de viabilidad financiera, la cual se conjuga con la existencia de resultados deficitarios en el ejercicio económico anterior^[5].

Por otra parte, destaca el riesgo identificado en la Municipalidad de Paraíso, el cual se evidenció con la improbación de las partidas de “Intereses y comisiones” y “Amortización” por un monto total de ¢191 millones, al pretender destinar los recursos al pago de un posible endeudamiento para cubrir la indemnización a la cual fue condenada la municipalidad por un monto inicial de $6,2 millones^[6]. Esto expone una compleja situación financiera, no solo por la improbación de exceso en la estimación de ingresos, sino por un riesgo de insolvencia que de materializarse podría afectar la continuidad de los servicios públicos en dicho cantón, lo cual por el principio de subsidiariedad establecido en la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades^[7], representaría un futuro pasivo contingente implícito para el Estado Costarricense.

Es importante señalar, que la improbación a la Municipalidad se realizó por cuanto el gasto responde al servicio de la deuda de un préstamo que a la fecha no había sido aprobado por la entidad financiera respectiva, por lo que no existía la factibilidad razonable de que el gasto se realizaría en el ejercicio 2021.

En opinión de la Contraloría General, la disminución presupuestaria en partidas de gasto de las municipalidades representa un riesgo para la ejecución de obras comunales que pueden incidir en el desarrollo cantonal, así como un riesgo para la sostenibilidad financiera de éstas, por la práctica de adquirir compromisos de gastos permanentes en situaciones financieras comprometidas.

Ahora bien, en el contexto económico que se vive a nivel mundial, cuya afectación involucra también a nuestro país, los gobiernos locales afrontan el desafío de monitorear, evaluar y ajustar sus presupuestos en forma oportuna y eficiente, utilizando los mecanismos presupuestarios disponibles, de forma tal que se garantice la asignación óptima de los recursos en las ilimitadas necesidades comunales en cada ejercicio económico.