Perspectiva presupuestaria del sector educativo en el Proyecto de Presupuesto Nacional para 2022

Este presupuesto es el segundo en importancia dentro del presupuesto nacional para el 2022 (22,3%), superado únicamente por el servicio de la deuda. Los recursos propuestos incluyen los destinados para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) por ¢522.822,7 millones; así como, para el Consejo Superior de Educación (¢546,1 millones) y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (¢2.225,1 millones), representando dichos rubros un 20,5% del total de ese presupuesto. Por su parte, el Fondo Nacional de Becas (FONABE), fue incorporado como órgano desconcentrado al presupuesto del MEP en el 2021 en cumplimiento de la Ley N° 9524^[3]; sin embargo, para el 2022 se excluye en razón de la derogatoria de la Ley Creación del Fondo Nacional de Becas, N° 7658^[4], pasando 62 plazas ocupadas a los programas del MEP y eliminando 5 plazas vacantes y 2 puestos de confianza (Director y Auditor Interno).

A nivel programático, tres de los nueve programas definidos por el Ministerio concentran el 93,7% de los recursos presupuestados para el periodo 2022 y el mayor crecimiento se registra en los programas “Servicios de apoyo a la gestión” (6,7%) y “Definición y planificación de la política educativa” (6,6%), debido principalmente a la compra de suministros para el eventual retorno a la presencialidad y el aumento en las transferencias a favor de las universidades públicas.

En razón de lo anterior, las partidas de transferencias corrientes y servicios muestran un crecimiento del 3,2% y 14,6% respectivamente; por su parte, las partidas de remuneraciones, transferencias de capital, bienes duraderos y materiales y suministros, registran decrecimientos respecto al presupuesto 2021 de 0,7%; 27,3%; 29,8% y 68,5% respectivamente.

Resulta relevante señalar que en la partida remuneraciones el Ministerio propone la creación de 2.000 plazas para personal de cocina de los comedores estudiantiles^[5], con cargo a la planilla de esa Cartera; sin embargo, es importante que se analice esta situación ya que, si bien para el año 2022 no se observa un incremento en el presupuesto, esta decisión podría conllevar el pago de erogaciones adicionales que deberá asumir el Gobierno Central, por ejemplo el eventual reconocimiento de incentivos así como el pago de cargas sociales.

En resumen, el presupuesto destinado al sector educativo para el periodo 2022 continúa una tendencia decreciente a pesar del leve incremento propuesto; siendo el financiamiento a la educación universitaria y las previsiones para un eventual regreso a clases de la población estudiantil las principales razones de dicho incremento.

Las transferencias corrientes al sector público reflejan un incremento neto de 3,1% (¢26.518,2 millones), compuesto principalmente por un aumento en las transferencias al FEES por ¢32.708,7 millones^[6] y a la Universidad Técnica Nacional. En contraste, con la disminución de ¢21.100,0 millones, propuesta por el Ministerio de Hacienda al Proyecto de Presupuesto Nacional 2022, en la transferencia al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el Programa Avancemos, el cual va orientado al otorgamiento de becas para aproximadamente 381.500 estudiantes en pobreza y pobreza extrema, por lo que debe ser sustentando en un análisis del impacto que podría generar en esa población.

El monto de las transferencias a favor de las Juntas de Educación y Administrativas es similar al periodo 2021; sin embargo, existe una variación de ¢9.046,3 millones de más en transferencias corrientes para la atención de Programas de Equidad como la compra de alimentos y transporte de estudiantes. En infraestructura educativa, el presupuesto de transferencias de capital a favor de las Juntas disminuye en ¢9.283,6 millones, situación que se viene registrando desde el año 2021 en razón de que el MEP dispuso ejecutar proyectos de infraestructura en forma directa mediante su Proveeduría Institucional^[7].

Además, se propone transferir a entidades privadas sin fines de lucro el 1,2% del total de los recursos presupuestados para el 2022 (¢30.705,5 millones), suma que registra un incremento del 7,4% respecto del 2021 y se dirige en un 85,8% a la Fundación Omar Dengo (¢26.353,2 millones) mediante transferencias corrientes y de capital (Cuadro N° 1). Sobre el particular, es importante indicar que las transferencias a entidades privadas deben cumplir con el ordenamiento jurídico, fundamentarse en parámetros técnicos y análisis sobre los beneficios que conllevarán para el servicio de educación; así como, estar sujetas a la rendición de cuentas continua.

Así las cosas, el presupuesto refleja que las transferencias se destinan principalmente a la educación superior mediante el FEES, seguidas de los recursos a las juntas de educación quienes, como órganos auxiliares del MEP, facilitan los servicios de comedores escolares, subsidios para transporte e infraestructura educativa, lo cual exige la supervisión, seguimiento, acompañamiento y liderazgo de ese Ministerio con el fin de garantizar la prestación eficiente y eficaz del servicio de educación. Asimismo, resulta relevante considerar los posibles efectos de la disminución de recursos destinados al IMAS, los cuales se utilizan para otorgar becas a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema.