Asignación de recursos al Poder Judicial en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022
#MonitoreoCGR-IT2022 N.° 16
27 de setiembre de 2021
5 minutos de lecturaLa asignación de recursos al Poder Judicial muestra un crecimiento del 2,8% en relación con el presupuesto 2021, representa el 4,1% del total de presupuesto y el 7,8% de los ingresos ordinarios del Presupuesto de la República del periodo 2022
La asignación de recursos al Poder Judicial muestra un crecimiento del 2,8% en relación con el presupuesto 2021, representa el 4,1% del presupuesto total y el 7,8% de los ingresos ordinarios[1] del Presupuesto de la República del periodo 2022.
En términos nominales, el presupuesto propuesto del Poder Judicial para el 2022 corresponde a ¢470.579 millones, y presenta un aumento de ¢12.634 millones respecto al presupuesto ajustado 2021[2].
El presupuesto del Poder Judicial presenta aumento en la mayoría de las partidas, la variación más relevante se manifestó en: Remuneraciones ¢7.940 millones (2,1%), Servicios ¢2.386 millones (5,9%), Bienes duraderos ¢1.174 millones (5,6%), tal como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N.° 1
Poder Judicial: Presupuesto ajustado 2021 y Proyecto de Ley 2022
Según clasificación por objeto del gasto
-Millones de colones y porcentajes-
La partida de remuneraciones incorpora recursos por un monto de ¢387.585 millones (82,4% del total del presupuesto asignado) esta partida experimenta un crecimiento[3] de ¢7.940 millones (2,1%) con respecto al presupuesto ajustado de 2021. El incremento en la asignación presupuestaria se debe principalmente a la creación de 20 plazas nuevas requeridas para el Programa “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, además de 25 plazas nuevas en el Programa “Servicio de Investigación Judicial”, y 19 puestos que se trasladan de servicios especiales a cargos fijos para el 2022. Adicionalmente, se incorporan recursos para la inclusión de 17 plazas ordinarias de Defensor Público.
En la partida de Servicios se concentran recursos por un monto de ¢42.992 millones, lo cual implica un aumento de ¢2.386 millones (5,9%) con respecto al presupuesto ajustado 2021, para el pago de contratos en servicios de limpieza, vigilancia, servicios públicos, alquiler de edificios, servicios de gestión y apoyo, seguros y mantenimiento de edificios, entre otros. Al respecto, es importante señalar que esta partida comprende gastos asociados al programa Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que se incorpora por primera vez al presupuesto.
En cuanto a la partida de Bienes duraderos se incorporan recursos por ¢22.139 millones, la cual presenta un aumento de ¢1.174 millones (5,6%) y se refieren a proyectos constructivos, así como la compra de licencias de software o renovación de las mismas para el desarrollo, mantenimiento y seguridad informática y el pago del software virtual en la nube.
En relación con la partida de Transferencias de capital presenta un aumento de ¢1.095 millones (54,9%) con respecto al presupuesto ajustado 2021, lo cual se debe a la incorporación de recursos al Fideicomiso Inmobiliario con el Banco de Costa Rica, para el desarrollo de obras.
El Poder Judicial afronta el desafío de ejecutar, monitorear y evaluar los gastos, para que se garantice a la ciudadanía el uso eficiente de los recursos públicos.
El crecimiento del 5,6% en relación con el periodo 2021 en la partida de Bienes Duraderos, se concentra principalmente en el desarrollo de proyectos constructivos.
La presupuestación de recursos en la partida de Bienes Duraderos del Poder Judicial ha mantenido una asignación similar en los últimos dos años; que si bien son inferiores al año 2019, se destaca que para el período 2022 se presenta un aumento del 5,6% en relación con el presupuesto ajustado del periodo 2021 en dicho rubro, debido a que se considera como principal propuesta, el desarrollo de proyectos constructivos. En seguida se muestra el comportamiento de la citada partida en el período comprendido entre 2019 a 2022, según el presupuesto ajustado:
Gráfico N.° 1
Poder Judicial: Comportamiento de la partida Bienes Duraderos, 2019-2022
-Millones de colones y porcentaje de variación-
Al respecto, para el período 2022 el Poder Judicial asigna la suma de ¢8.584 millones a la subpartida de “Construcciones adiciones y mejoras”, la cual representa la principal razón del crecimiento dentro de la partida Bienes duraderos. Lo anterior, debido a que el Poder Judicial retoma proyectos de construcciones y mejoras, que en algunos casos sufrieron disminuciones de recursos mediante Presupuesto Extraordinario de la República o Modificación en el presente período, como por ejemplo la Morgue Auxiliar, Edificio de toma de muestras, Tribunal de San Ramón y reacondicionamiento del edificio de Tribunales de San José. Aunado a lo anterior, se consideran proyectos de edificaciones en los Tribunales de Turrialba y Cartago, construcción de dos salas de juicio en el primer Circuito de San José, remodelación de la sala de autopsias, sistemas de detección y supresión de incendios en el edificio de Ciencias Forenses.
En ese sentido, si bien algunos proyectos constructivos han presentado ajustes en términos de asignación presupuestaria en el año 2021, dado el establecimiento de prioridades a nivel país, producto de la situación económica actual; para el período 2022 el Poder Judicial orienta el 4,7% de su presupuesto en la capitalización de recursos en materia de Bienes duraderos, constituyendo los citados proyectos los gastos más representativos.
Por tanto, siendo que los recursos destinados principalmente a proyectos constructivos incrementan para el período 2022 en relación al 2021, tiene especial relevancia que el Poder Judicial establezca acciones estratégicas para lograr una gestión eficiente de los recursos y de los proyectos planificados, donde se atienda el plazo, costo y alcance previsto de modo que se evite asumir costos adicionales que impliquen un mayor gasto del erario público y que a su vez asegure el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y gestión financiera.
La incorporación del Programa Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones a la estructura presupuestaria del Poder Judicial incide en el aumento del gasto.
En el 2018, mediante la emisión de la Ley N.° 9544[4], se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorgándole a la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JUNAFO) la naturaleza jurídica de órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental[5].
En atención a lo anterior, y en línea con el modelo de aprobación presupuestaria dispuesto en la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, Ley N.° 9524[6], el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio económico 2022 incluye el programa presupuestario “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial” para reflejar la operación de JUNAFO, asignándole la suma de ¢1.722 millones[7].
La incorporación de dicho programa al presupuesto del Poder Judicial implica que se dé un aumento del gasto, ya que para la operación de JUNAFO se incorporaron 20 plazas nuevas que se suman a las 18 plazas ya existentes, que anteriormente pertenecían al “Programa Dirección y Administración”[8] y que ahora formarán parte de este Fondo, en razón de que sus funciones -previo a la incorporación como un programa presupuestario- se encontraban asociadas a la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Contando entonces con un total de 38 plazas (35 por cargos fijos y 3 por servicios especiales).
Al respecto, se considera importante someter a valoración la necesidad de crear nuevas plazas para la operación de JUNAFO, tomando en consideración el contexto actual de las finanzas públicas que exige por parte de las administraciones un buen uso de los recursos públicos así como una gestión eficiente de sus funciones vinculadas a la actividad sustantiva que debe realizar el Poder Judicial; ya que el Fondo ha venido operando con las 18 plazas existentes, por lo que llama la atención la creación de las nuevas plazas.
En atención a lo antes expuesto, la incorporación de JUNAFO en el presupuesto nacional representa un reto para el Poder Judicial, ya que si bien el órgano desconcentrado cuenta con personalidad jurídica instrumental para la ejecución independiente de sus recursos, el Poder Judicial como titular del presupuesto tiene el deber de fortalecer los mecanismos de coordinación y seguimiento del crecimiento del gasto, valorando principalmente el incremento que podría presentarse en la estructura organizativa de ese Fondo y su impacto en el gasto corriente del Poder Judicial, para lo cual se deben observar los principios de programación y gestión financiera, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio que brinda al ciudadano, por medio del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en términos de eficiencia, eficacia y calidad, así como su aporte en el cumplimiento de la regla fiscal agregada.
En conclusión, para el periodo 2022 el Poder Judicial dispone de una mayor cantidad de recursos asignados en relación al periodo 2021, por lo que deberá procurar la generación de valor público, asegurando la continuidad de servicio y la rendición de cuentas que brinda al ciudadano.
[1] Al respecto, el artículo 177 de la Constitución Política dispone que “(...) en el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico (...)”.[2] Refiere al presupuesto 2021 al mes de agosto de este año.[3] Debido a la incorporación de plazas para atender nuevas obligaciones legales relacionadas con los temas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial; la atención del incinerador de droga, Servicio Especial de Respuesta Táctica; consolidación de estructuras de los despachos y el acceso a la justicia de personas con asuntos relacionados a Pensiones Alimentarias y de los pueblos indígenas.[4] Publicada el 22 de mayo de 2018.[5] Véase Dictamen de la Procuraduría General de la República, C-021-2021 del 29 de enero de 2021.[6] Esta Ley dispone que los presupuestos de las personas jurídicas instrumentales adscritas a la Administración Central, sean incluidos al Proyecto de Presupuesto Nacional a partir del periodo 2021.[7] La misión es: “Administrar los fondos provenientes de los diferentes aportes e ingresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, conforme la legislación vigente, con una rentabilidad competitiva y las mejores prácticas de mitigación de riesgo”.[8] Cabe mencionar que además existe la posibilidad de más traslados de plazas al programa de “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, con el fin de dotar a JUNAFO de su propia auditoría interna.