Perspectiva presupuestaria de los Fideicomisos Públicos para 2021

La Contraloría General de la República^[4] aprobó el presupuesto inicial de 11 fideicomisos para el año 2021 por un total de ¢154.500 millones.

Cuatro de estos presupuestos fueron aprobados totalmente y 7 de forma parcial debido a que no se ajustaron a la normativa vigente en aspectos tales como: el uso del superávit libre para gasto corriente, la aplicación de recursos en las partidas de alimentos y bebidas sin el fundamento legal respectivo y la propuesta de incrementos salariales.

Cabe indicar, que la Contraloría General recibió para aprobación los presupuestos 2021 de tres fideicomisos^[5] de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería; sin embargo, se archivaron sin trámite debido a que los contratos suscritos con el Banco de Costa Rica como fiduciario se encontraban vencidos. De igual manera se archivó el presupuesto inicial presentado por la Dirección General de Aviación Civil para el Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, N° 3045, por no requerir la aprobación del Órgano Contralor en vista de que su constitución se realizó previo a la entrada en vigencia de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, por lo que se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494.

Durante la fase de aprobación realizada por el Órgano Contralor, se determinaron algunos riesgos que reflejan la necesidad de que los fideicomitentes como encargados de vigilar que los recursos sean administrados en procura del interés público y los principios de eficiencia y eficacia, brinden seguimiento y tomen decisiones oportunas asociadas al presupuesto, que aseguren el alcance de los objetivos pretendidos. Es aquí donde la visión plurianual de los presupuestos cobra relevancia, pues le permite a las administraciones públicas visualizar, entre otros elementos asociados al uso de esta figura, el avance de los objetivos pretendidos, los factores que inciden en la recaudación de los ingresos o ejecución de los recursos, así cómo la vigencia del contrato o cualquier otra afectación al implementar las cláusulas contractuales, como por ejemplo la relativa al pago de comisiones al fiduciario.

Asimismo, resulta relevante que las administraciones públicas que optan por esta figura, independientemente de si el presupuesto del fideicomiso público requiere o no ser aprobado por la Contraloría General, incluyan la información del presupuesto en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, con el propósito de promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el uso eficiente de los recursos públicos.