Ejecución del gasto corriente en el Sector Público

Al 30 de setiembre de 2020 el Gobierno Central ha ejecutado el 72,6% del crecimiento máximo de gasto corriente permitido para este año^[1].

Al tercer trimestre de 2020, el 76,6% de los gastos que ha ejecutado el Gobierno Central corresponde a gasto corriente, monto que asciende a ¢5.415.496 millones (15,5% del PIB). Del total, el 38,6% corresponde a transferencias corrientes -principalmente dirigidas al sector público y privado-, 32,8% se destina al pago de remuneraciones, y un 25,8% se asigna al pago de intereses generados por el endeudamiento interno y externo del Gobierno.

Adicionalmente, al mes de setiembre el gasto corriente presenta un crecimiento de 6,1% respecto al monto ejecutado en el mismo periodo de 2019, el cual es menor al crecimiento promedio en 2015-2019 que es igual a 8,0%. El incremento se explica principalmente por un aumento en los intereses, los cuales crecen un 18,2% (¢215.587 millones) respecto al tercer trimestre de 2019, y son impulsados especialmente por los intereses internos sobre títulos valores de largo plazo^[2].

Otro factor que incide en el aumento del gasto corriente al tercer trimestre de 2020, son los recursos destinados a la atención de la emergencia provocada por la COVID-19. Por su parte, las transferencias corrientes al sector privado, presentan un crecimiento de ¢175.698 millones respecto a 2019. Este incremento se explica principalmente por el comportamiento presentado en el rubro “otras prestaciones a terceras personas”; particularmente las transferencias que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través del subprograma de Empleo y Seguridad Social. Este rubro muestra un aumento de ¢178.183 millones al compararlo con el gasto ejecutado de 2019 al tercer trimestre.

Por otro lado, también se evidencian reducciones en algunos rubros del gasto corriente al tercer trimestre de 2020. A saber, se ha ejecutado ¢300.680 millones por concepto de transferencias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) desde el Gobierno Central, con un porcentaje de ejecución del 46,1%. Al realizar la comparación respecto al mismo periodo de 2019, se presenta una disminución de ¢54.051 millones. Adicionalmente, se observan reducciones importantes en las transferencias destinadas a Instituciones Descentralizadas no Empresariales y a los Órganos Desconcentrados por montos de ¢62.898 millones y ¢61.922 millones respectivamente, al compararlos con lo ejecutado al tercer trimestre de 2019.

Como resultado de lo anterior, al 30 de setiembre de 2020 el Gobierno Central ha ejecutado el 72,6% del crecimiento máximo de gasto corriente permitido para este año. Esto sin considerar las flexibilizaciones otorgadas al MTSS y al Ministerio de Hacienda por montos específicos, con el objetivo de atender ciertas repercusiones ocasionadas por la pandemia. Por lo tanto, podría ser factible el cumplimiento de la regla fiscal por parte del Presupuesto de la República, de mantenerse un comportamiento similar en cuanto a la ejecución de gasto corriente.

En síntesis, al mes de setiembre se presenta un aumento en el gasto corriente del Gobierno Central que responde principalmente al pago de intereses de la deuda pública y a los recursos destinados para atender la pandemia. Dicho crecimiento se ha desacelerado producto de la postergación de asignaciones y transferencias que se encuentran aún pendientes de girar por el Gobierno Central, en sectores como el de salud.

El Sector Descentralizado reporta una ejecución del 62,9% de gasto corriente al tercer trimestre 2020.

En cuanto al sector descentralizado, el gasto corriente ejecutado al tercer trimestre de 2020 asciende a ¢8.491.651 millones, lo cual representa una ejecución del 62,9% del presupuesto aprobado a esa fecha. Adicionalmente, este monto corresponde a un 78,9% del gasto total de este sector y un 24,4% del PIB. Los gastos de consumo son el rubro de mayor peso en gasto corriente por ¢5.338.011 millones (62,9%) y son impulsados principalmente por las erogaciones en sueldos y salarios (¢2.012.473 millones).

Si se compara con 2019, el gasto corriente en este sector decrece 9,2% (¢865.514 millones) respecto al promedio de nueve meses de ese año, debido en su mayoría a la contracción de ¢361.010 millones en la partida de productos terminados en Recope, relacionados con las reducciones en la venta de hidrocarburos.

Por su parte, a Recope le sigue el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en términos de reducción. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) presenta un decrecimiento en este rubro, relacionado con una rebaja en la partida de servicios (gasto en obligaciones por contratos de seguros).

Al tercer trimestre de 2020, las instituciones que presentan mayor porcentaje de ejecución corresponden al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, al Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, con 87,7%, 84,2% y 82,7% respectivamente. Por magnitud, la CCSS, Recope y el ICE representan las instituciones con mayor monto ejecutado al cierre de este periodo^[3] y reportan porcentajes de ejecución cercanos al 60%.

Adicionalmente, el Consejo de Transporte Público (CTP) es la institución que al tercer trimestre presenta una ejecución presupuestaria del 97,6% de gasto corriente respecto al porcentaje máximo de crecimiento permitido para 2020. Esto se debe en su mayoría a un incremento en el gasto ejecutado en este año por concepto de transferencias corrientes al sector público.

De este modo, se observa que instituciones relacionadas con la prestación de servicios o ventas de bienes, y que pudieron haberse visto afectadas por los efectos de la pandemia, son aquellas que impulsan principalmente la reducción del gasto corriente en el sector descentralizado.

El gasto corriente propuesto por las instituciones que requieren aprobación de la CGR en 2021, presenta un decrecimiento del 6,7%.

Los gastos corrientes propuestos por las instituciones del sector descentralizado que requieren aprobación de la CGR en 2021, alcanzan un total de ¢11.609.188 millones (32,0% del PIB estimado para ese año), monto que es 6,7%^[4] menor que el aprobado inicialmente en 2020. Dicha variación es menor al crecimiento máximo de 4,13% permitido para el gasto corriente en 2021, comunicado por el Ministro de Hacienda en oficio DM-0321-2020 de 27 de marzo de 2020.

Por rubro, la mayor disminución se da en los gastos de consumo, por un total de ¢551.103 millones. A pesar de lo anterior, el gasto corriente no presenta una reducción en su importancia relativa, ya que en el presupuesto aprobado 2020 dicho gasto representaba un 75,4% del total, similar al 75,6% propuesto en el presupuesto 2021.

A nivel de institución, las mayores reducciones^[5] nominales en gasto corriente, se da en los presupuestos propuestos de instituciones cuya función principal está relacionada con la venta de bienes y servicios, como lo son Recope, el ICE y el INS, producto del poco dinamismo que afecta la recaudación de los ingresos esperados.

A pesar de la desaceleración económica y la vigencia de la regla fiscal, no todas las instituciones presentan reducciones en su gasto corriente propuesto en 2021 respecto al presupuesto aprobado en 2020. En términos nominales, los presupuestos de la CCSS y del Consejo Nacional de Producción (CNP), presentan los crecimientos más significativos. En cuanto a la CCSS, dicho crecimiento se relaciona con el programa de pensiones y de salud. En el caso del CNP, el aumento en el gasto corriente es justificado por la contratación de cierta cantidad de personal ocasional para el abastecimiento de abarrotes a diversas instituciones públicas.

En línea con lo anterior, instituciones como la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica (CEA), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) presentan crecimientos en su gasto corriente superiores al 40%. En el caso de las primeras dos instituciones se relaciona con un aumento en los recursos que provienen de una transferencia del Gobierno Central.

Por su parte, la CEA aumenta un 82,2% respecto al presupuesto inicial 2020; gasto que se relaciona en su mayoría con el pago de salarios. El INEC presenta un crecimiento de su gasto corriente de 66,3%, cuya variación se explica por la elaboración del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda denominado Censo del Bicentenario. Por otro lado, Japdeva presenta un crecimiento de su gasto corriente de un 46,6%, relacionado con el proceso de reestructuración y modernización de la institución.

Como se desprende de lo anterior, algunas instituciones presentan crecimientos superiores al límite de crecimiento del gasto corriente para 2021. Ante esto, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) remitió a la CGR 80 certificaciones sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal que constituyen insumos en el proceso de aprobación presupuestaria que se lleva a cabo en el órgano contralor. Se debe considerar que el cumplimiento o incumplimiento definitivo de esta norma -según el artículo 3 del reglamento al título IV de la Ley N° 9635-, se dará al comparar el crecimiento del gasto corriente de los montos ejecutados en las liquidaciones.

En conclusión, al finalizar el tercer trimestre 2020, se evidencia en el caso del Gobierno Central una desaceleración en el crecimiento del gasto corriente, producto de la postergación de asignaciones y transferencias que se encuentran aún pendientes de girar, a pesar de la presión generada por los intereses y los recursos girados a la atención de la pandemia. En el caso del Sector Descentralizado, la desaceleración económica genera repercusiones en los servicios brindados por algunas instituciones, lo cual incide en la ejecución del gasto corriente para 2020 y en los presupuestos iniciales de 2021.