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Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia

Mancomunidad de Inglaterra

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Carlos II

Jacobo II

Política exterior: guerra contra España y Francia

La preocupación principal de Carlos durante el inicio de su reinado fue la política exterior. Federico V, Elector Palatino, marido de su hermana Isabel, había perdido sus tierras hereditarias en el Palatinado a manos del emperador Fernando II de Habsburgo, comenzando la llamada Guerra de los Treinta Años, la cual originalmente era sólo una guerra para mantener la hegemonía de los Habsburgos católicos como reyes electos de Bohemia, aunque esto terminó convirtiéndose en una espiral sin control que acabaría en una guerra civil y confesional entre los protestantes y los católicos en Europa. Carlos se vio obligado a apoyar a su cuñado para que recuperara el Palatinado, emprendiendo una guerra con el rey Felipe IV de España, al cual esperaba poder forzar para que intercediera con el emperador en su favor.

El Parlamento se mostraba a favor de un ataque naval barato contra las colonias españolas en el Nuevo Mundo, esperando que la captura de las flotas españolas que llevaban los tesoros americanos podría financiar la guerra. Carlos, sin embargo, prefirió una acción más agresiva (y más costosa) en el continente. El Parlamento votó solamente para conceder un subsidio de £140.000; una suma escasa para el rey. Por otra parte, la Cámara de los Comunes acordó permitir que el rey recaudara el tonelaje y el peso (dos variedades de derechos de aduanas), pero solamente por un período de un año, aunque a soberanos anteriores desde 1414 les habían sido concedidos estos derechos de por vida. De este modo, la Cámara de los Comunes esperaba tener una forma de menoscabar el poder del rey, forzándolo a buscar la renovación de la concesión cada año.

Los aliados de Carlos en la Cámara de los Lores, dirigida por el duque de Buckingham, rechazaron aprobar el decreto. Aunque no se pudo obtener ninguna autoridad parlamentaria para la recaudación del tonelaje y del peso, Carlos continuó tomando los derechos aduaneros de todos modos.

El primer parlamento de Carlos fue disuelto en agosto de 1625. El rey había presionado para la guerra con España, pero el ataque naval contra Cádiz terminó en una estrepitosa derrota para Carlos, causándole el descrédito ante sus súbditos. De nuevo con necesidad de dinero, Carlos convocó su segundo Parlamento en febrero de 1626. Para mantener a sus enemigos fuera del Parlamento, Carlos los designó sheriffes; como oficiales de la Corona, quedaban inmediatamente descalificados para el servicio en la Cámara de los Comunes. Por lo que se refiere a la Cámara Alta, Carlos había rechazado conceder una escritura de emplazamiento -sin la cual nadie podía ser admitido en la Cámara de los Lores- a John Digby, I conde de Bristol. Asimismo, encarceló a Enrique Howard, XXV conde de Arundel, acusado de un delito menor. La Cámara de los Lores, ante las dificultades de estos dos condes, declaró que no había precedente para negar a un par su petición o para encarcelarlo por un mero delito menor.

Las tentativas de Carlos de privar a miembros del Parlamento de sus oficinas y libertades sin el debido proceso conforme a la ley enfurecieron a muchos miembros de ese cuerpo, al igual que los sucesivos impuestos creados sin su consentimiento. Culparon al duque de Buckingham, mientras tanto, del desastre en Cádiz. La Cámara de los Comunes intentó acusarlo de alta traición, y amenazó con retrasar todos los votos en el asunto de los impuestos hasta que la Cámara de los Lores lo encontrara culpable. Las protestas de la Cámara de los Lores habían forzado a Carlos I a liberar a los condes de Bristol y Arundel, y con estos dos pares en el centro de la atención, parecía más que probable que se diera una mayoría parlamentaria contra el duque de Buckingham. En venganza y como una muestra de desafío contra el Parlamento, en junio de 1626, Carlos ordenó su disolución.

Al año siguiente, el duque de Buckingham condujo una expedición para ayudar a los protestantes franceses (hugonotes) perseguidos por su rey en la localidad de La Rochelle, pero fracasó estrepitosamente, aumentando su impopularidad. Por otra parte, Inglaterra comienza una guerra contra Francia, mientras que todavía continuaba su guerra anterior contra España. Las arcas del tesoro, mientras tanto, continuaban disminuyendo. Para reducir gastos militares, Carlos ordenó a varios ingleses recibir y alimentar, a sus propias expensas, a los soldados. Él también exigió que sus súbditos le concedieran "préstamos", que no tenía ninguna intención de pagar después. Las ordenanzas de Carlos fueron declaradas ilegales en las cortes en 1627; en respuesta, el rey depuso de su cargo y encarceló al Lord Jefe de Justicia, sir Ranulph Crewe, y designó a sir Nicolás Hyde en su lugar. Éste animó al clero anglicano, que estaba en su nómina de pago, a que en sus sermones apoyara los préstamos y aconsejara la obediencia a todos los decretos reales. Cuando George Abbot, arzobispo de Canterbury, rehusó sancionar oficialmente un sermón pro-real, fue privado de sus poderes, aunque no fue depuesto formalmente de su cargo. Las funciones del arzobispo fueron transferidas a una comisión de obispos, encabezada por William Laud, el obispo de Bath y de Wells (luego obispo de Londres).

Todo aquel que rechazara apoyar al Tesoro con los préstamos era encarcelado sin titubear por el rey, de acuerdo a sus prerrogativas reales, ordenanzas totalmente en desacuerdo con las cortes de leyes comunes y descalificadas por la mayoría de los juristas de ese tiempo, aunque no estuvieron explícitamente -pero si de hecho- bajo el cargo de crimen. El caso más notorio fue el conocido como el caso de los "Cinco caballeros" o "caso de la cizaña", en donde el nuevo Lord Jefe de Justicia, sir Nicolás Hyde, sostuvo que estaba permitido que el rey pidiera la detención de individuos sin ningún tipo de acusación y sin ofrecerles la posibilidad de fijar una fianza.

Las guerras de Carlos contra Francia habían estado menoscabando considerablemente sus arcas. Encontrándose en la necesidad acuciante de fondos para continuar la guerra, Carlos convocó al tercer Parlamento de su reinado en marzo de 1628. Inmediatamente, en vez de tratar los problemas financieros de Carlos, la Cámara de los Comunes procedió a considerar el abuso de poder del rey durante los años precedentes. Aprobó la Petición de Derechos, en la cual intentó que se pagaran los préstamos forzados, acabar con las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento sin proceso, y la creación de impuestos sin consentimiento parlamentario. Aunque se oponía inicialmente a la petición, Carlos le concedió su asentimiento en junio, después de asegurarse de que sus jueces no lo interpretarían en un sentido contrario a sus deseos. Finalmente, el Parlamento acordó conceder a Carlos los subsidios que deseaba, y poco después el monarca ordenó un receso temporal en sus funciones.

El duque de Buckingham, entretanto, planeó otro ataque contra La Rochelle, en Francia, pero un oficial naval, John Felton, lo asesinó el 23 de agosto. Carlos y sus cortesanos intentaron que Felton fuese torturado en la rueda antes de ser ejecutado, pero esto fue descartado unánimemente por los jueces. En su lugar, Felton fue colgado por el delito.

Once años de tiranía: absolutismo en el trono inglés

En enero de 1629, Carlos abrió la segunda sesión del Parlamento que había ordenado temporalmente clausurar en junio de 1628. Esperaba que, tras el asesinato del duque de Buckingham, el Parlamento finalmente cooperara con él y le concediera otros subsidios. En vez de eso, los miembros de la Cámara de los Comunes comenzaron a expresar su oposición al impuesto del tonelaje y del peso sin consentimiento parlamentario. Aunque Carlos solicitó un aplazamiento parlamentario en marzo, los miembros lo ignoraron y leyeron tres resoluciones contrarias al rey. La última de estas resoluciones declaró que cualquier persona que pagara el tonelaje o el peso no autorizado por el Parlamento "sería declarado un traidor de las libertades de Inglaterra, y enemigo de las mismas". Aunque la resolución no fue aprobada formalmente, muchos miembros declararon su aprobación. Más tarde, cuando los Comunes aprobaron otras medidas desagradables para el rey, Carlos ordenó la disolución del Parlamento. Las controversias con el Parlamento inglés se recrudecían para el rey.

Carlos resolvió no ser forzado a confiar en el Parlamento para la ayuda monetaria adicional. Inmediatamente, firmó sendas paces con Francia y España. Los once años siguientes, durante los cuales Carlos gobernó sin un Parlamento, son conocidos como los Once años de Tiranía o Ley personal. Los historiadores que desean ser imparciales se refieren simplemente a este período como su gobierno personal. La tentativa de Carlos de gobernar sin el Parlamento no era ilegal bajo precedentes en aquella época: constituyó un ejercicio válido de la prerrogativa real, aunque debe ser observado que lo que se consideraba legal en épocas anteriores puede también ser tiránico ante los ojos contemporáneos. Tal era el caso de la tiranía de Carlos: sin embargo en épocas anteriores su gobierno de hecho sería considerado justo y con todo derecho por la mayoría de los ingleses a mediados del siglo XVII, y que fue considerado por la mayoría de sus súbditos como un ejercicio de poder absoluto en su calidad de soberano. De hecho, los colonialistas americanos repetirían los mismos cargos de tiranía (impuestos sin la representación; privación del derecho de ley común; uso de varias torturas, etc.) contra la corona británica un siglo más tarde en la Revolución americana.

Entretanto, Carlos I todavía tuvo que adquirir fondos para mantener sus arcas y solucionar el déficit monetario. Recurrió entonces a un olvidado estatuto feudal decretado en 1278, requiriendo a cualquier persona que ganara el 40% o más cada año al presente desde la coronación del rey, para formar parte del ejército real como caballero. Carlos multó (con ello obtuvo los ansiados fondos) a todos los individuos que no pudieron ni cumplieron con el estatuto desde su coronación en 1626. Para mayor impopularidad, reintrodujo el impuesto feudal obsoleto conocido como Impuesto de los buques (en inglés shipmoney) aconsejado por su hábil político y ministro Thomas Wentworth, conde de Strafford. En una ordenanza publicada en 1634 pidió la recaudación del impuesto de buque en tiempos de paz, a pesar de que los estatutos de Eduardo I y de Eduardo III habían prohibido tal impuesto excepto durante las guerras. Esta primera ordenanza de 1634, sin embargo, no animó mucha oposición en argumentos legales, como la causó una segunda ordenanza en el año 1635. El impuesto de buque exigido en la tercera ordenanza de Carlos I, publicada en 1636, fue duramente debatida por la antigua prohibición de recoger el impuesto de buque durante tiempo de paz. Muchos de los jueces procuraron oponerse al pago, pero Carlos I, que tenía en sus manos sus arrendamientos, dependió de su "buen parecer" y declararon que el impuesto estaba dentro de la prerrogativa del rey. Este impuesto había sido aplicado durante las invasiones danesas y por él obligaba a los pueblos costeros a entregar barcos para defender el territorio. Carlos I decidió aplicar nuevamente el antiguo gravamen, pero esta vez extensivo a todo el territorio. Un noble llamado John Hampden, se negó a pagarlo, pero fue sometido a proceso y condenado a la confiscación de sus bienes (1637). El pueblo siguió atentamente el juicio y la sentencia final despertó nuevos odios contra la Corona, que violaba sin miramientos la Carta Magna y la Declaración de Derechos.

Política religiosa

La desconfianza ante la política religiosa de Carlos se vio aumentada por la controversia que rodeaba al eclesiástico Richard Montagu. En un panfleto, Montagu discutió en contra de las enseñanzas de Juan Calvino, atrayéndose inmediatamente el desprestigio entre los puritanos. Un miembro puritano de la Cámara de los Comunes, John Pym, atacó el panfleto de Montagu durante una discusión en el Parlamento, lo que motivó que Montagu solicitara la ayuda de Carlos I en un folleto titulado "Appello Caesarem" ("Apelo al César", una referencia a la súplica contra la persecución judía hecha por el Apóstol San Pablo). Carlos I ofreció al clérigo su protección, provocando que muchos puritanos se volvieran hostiles hacia él.

Al mismo tiempo, la reforma religiosa fue conducida por William Laud, elevado al rango de arzobispo de Canterbury en 1633. Laud procuró asegurar uniformidad religiosa despidiendo al clero no conformista y clausurando organizaciones puritanas, de tal modo que estaba violando la libertad de conciencia del hombre libre y común. Para castigar a los que rechazaron conformarse con las normas religiosas establecidas por la iglesia de Inglaterra utilizó las más temidas y arbitrarias cortes del reino, la Corte de la Comisión Suprema y la Corte de la Cámara estrellada. La primera podía obligar a individuos a que proveyeran testimonio contra uno mismo, mientras que en la segunda podía infligir cualquier castigo (incluyendo tortura), con la excepción única de la muerte.

Es destacable que la anarquía de la Corte de la Silla de Estrella durante el gobierno personal de Carlos excedió ampliamente a cualesquiera de sus precursores. Bajo el reinado de Carlos, los demandados fueron llevados ante dicha corte sin una acusación, como lo marcaba el proceso debido en la ley, así como el derecho de enfrentarse a los testigos, y sus testimonios fueron extraídos rutinariamente por los miembros de dicho tribunal con largas torturas.

Los primeros años de la Tiranía de los Once Años fueron marcados por la paz (garantizada por lo que esencialmente era un estado-policía) en Inglaterra. Muchos se opusieron a los varios impuestos de Carlos y la política religiosa de Laud, pero permanecieron bajo el control del régimen. Cuando, sin embargo, Carlos procuró imponer sus políticas religiosas en Escocia, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades. El rey pidió el uso de un libro nuevo de oraciones bajo el modelo del inglés Libro de Oración Común, que, aunque fue apoyado por los obispos escoceses, fue rechazado por muchos escoceses presbiterianos, que vieron el libro nuevo como un vehículo para introducir el Anglicanismoen Escocia. Cuando la Asamblea General de la Iglesia de Escocia suprimió el gobierno episcopalista (es decir, gobierno de la iglesia por los obispos) en 1638, sustituyéndola por el gobierno presbiteriano (es decir, gobierno de los ancianos y de los diáconos), Carlos trató de desbaratar lo que vio como rebelión contra su autoridad.

En 1639, cuando explotó la Primera Guerra de los Obispos, intentó recaudar impuestos de sus súbditos, pero ellos rechazaron dar más dinero. La guerra de Carlos terminó en una tregua humillante en junio del mismo año. En la Paz de Berwick, Carlos acordó conceder a sus súbditos escoceses libertades civiles y eclesiásticas.