17 de abril de 2015

Con motivo del denominado proceso de paz del presidente Santos, el asunto número uno hoy por hoy, quiero dejar sentada mi posición de manera muy sucinta y directa, dada la trascendencia de la materia: sería por lo menos raro que unos criminales de la peor laya no paguen ni un día de cárcel, sobre todo habiendo cometido crímenes de lesa humanidad, utilizado métodos de guerra nada convencionales, y perpetrado todo tipo de transgresiones a los derechos humanos: homicidio, terrorismo, extorsión, secuestro, genocidio, reclutamiento de menores, desaparición forzada, violencia sexual... Para no mencionar el narcotráfico como fuente de financiación, delito gravísimo que se quiere atenuar con el argumento de los delitos político y conexo: no es lo mismo matar que matar por un ideal, no es lo mismo ser narcotraficante que serlo para financiar la rebelión, bla, bla, bla, qué engendro más bastardo. Lo único que procede en un caso de monstruosas proporciones como este es la privación de la libertad, pues cualquier otra sanción que sea aplicada a la luz de la justicia transicional —llámense reparaciones (compensaciones económicas, restitución de tierras, disculpas públicas, días del recuerdo), comisiones de la verdad, etcétera— es necesariamente simbólica, así opinen lo contrario el presidente Santos, el fiscal o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos (véalo aquí). Solo a quienes no han perdido un familiar cercano a manos de la guerrilla les queda muy fácil concebir eso.

De no pagar cárcel los miembros de las FARC, estaríamos ante el más grande daño que se le podría hacer a una sociedad: dejar el camino abonado para que futuras organizaciones criminales, después de haber hecho y deshecho, lleven a cabo un proceso de paz con el gobierno de turno, y al final sigan su vida como si nada hubiera pasado. Incluso, estarían mejor, pues tendrían la posibilidad de acceder a cargos públicos y de dirigir los destinos de aquellos a quienes tanto daño hicieron, paradojas de la vida.

En un caso como el de las FARC actuales, completamente ajenas a las motivaciones que produjeron su surgimiento en los años 1960, lo único que se impone es el castigo severo, la sanción penal ejemplar. Severo, por la gravedad de sus faltas, y ejemplar, para que a la sociedad le quede bien claro lo que les espera a quienes se les ocurra coger camino semejante. Lo otro es la peculiar práctica de delinquir y quedar libre pagando, tan propia de la cultura anglosajona, cuya base, la moral calvinista (o sea, protestante), en mala hora se impuso también en los países latinoamericanos, que alcanza su máxima degeneración en la irrupción de las innumerables sectas evangélicas que llegaron para quedarse, coludirse, estafar, tergiversar, lavar cerebros, en una frase, destruir seres humanos desamparados, débiles de carácter. Todo a causa del campeonato del liberalismo filosófico implantado en el Estado, penoso giro copernicano que se dio desde el Estado de fundamentación católica que nos iluminó durante tantas décadas, en el que las faltas se castigan de manera severa. Esta compleja temática ha sido tratada y denunciada in extenso en obras como La estirpe calvinista de nuestras instituciones, de Alfonso López Michelsen, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, o La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, de Fernando Rey Martínez.

La paz a cualquier costo, en este caso el de la impunidad, no sería más que un embeleco de consecuencias catastróficas. El desarrollo de organizaciones criminales como las FARC y el M-19 habría sido más difícil si no hubiera habido el mal ejemplo de los perdones a los implicados en la época de la Violencia o en la Guerra de los Mil Días, lo cual parece ser la norma en Colombia a juzgar por los actuales indultos a guerrilleros y paramilitares desmovilizados. Por algo, ya Kofi Annan pasó por aquí apoyando el proceso pero advirtiendo que la solución debe satisfacer los estándares internacionales de justicia, lo que a mi juicio quiere decir que los delitos no pueden quedar sin castigo en todo el sentido de la palabra, lo que solo puede significar pagar cárcel (ya que en la justicia colombiana no existen ni la cadena perpetua ni la pena capital), y no hablo de dos o tres años.

Las actitudes prepotentes de las FARC (han manifestado que en ningún proceso de paz del mundo los criminales terminan pagando cárcel) y de Santos (cualquier crítica es repelida con argumentos como que se está torpedeando el proceso, que no hagan política con él, o sencillamente que dejen de meterse) son una señal muy clara de cómo puede terminar esto: mal. 

En medio del hermetismo que parece ser la principal característica de la negociación, veo, sin embargo, una luz: que la decisión definitiva de adoptar los acuerdos a los que lleguen los negociadores (entre ellos, obviamente, el de no pagar ni un día de cárcel los criminales) se dejará en manos del constituyente primario mediante el referendo previsto en el Acuerdo General para la terminación del conflicto firmado en 2012. Aunque no crea del todo en la democracia como es concebida en estos países ―por estos lares normalmente las mayorías nunca tienen la razón―, dudo que a las FARC les caiga muy en gracia la idea del referendo, pues mejor que nadie saben que la mayoría de los colombianos sienten rechazo total hacia ellos. Aunque el resultado de ese referendo sea fácilmente predecible, y desde todo punto de vista sería desgastante celebrarlo, como ejercicio sería de valor incontrovertible para la prueba de que el gran público rechaza tajantemente la paz con impunidad, pues eso constituyen las "sanciones" del folletín de folletines, la justicia transicional.

Hemos padecido dos años de negociaciones en La Habana en las que han dejado para el final la única consideración que realmente vale la pena: ¿pagarán cárcel o no las FARC? Si se hubiera comenzado por ahí, se habrían ahorrado años de discusiones y falsas expectativas. No puede ser casual que lo hayan dejado para el final.

Lea también Justicia transicional para todos, por César Gaviria Trujillo.