15 de junio de 2010
El del coronel Luis Alfonso Plazas Vega es uno de esos casos que despierta en uno sentimientos encontrados. Por un lado, no dudo de la buena fe del polémico militar, ni de su patriotismo, en la retoma del Palacio de Justicia aquellos nefastos 6 y 7 de noviembre de 1985. Tampoco se puede presumir que en Plazas tuvo cabida la mala fe de desaparecer gente inocente. Pero desgraciadamente sí hubo desaparecidos, y bastantes: once en total. Como lo señaló el artículo "Sobreviviente" de la edición 342 de la revista Semana del 28 de noviembre de 1988: «El tema es muy delicado, porque la palabra “desaparecido” en Colombia, al igual que en el Cono Sur, es inevitablemente asociada con ejecuciones».
En 2004 adquirí el libro de Plazas “La Batalla del Palacio de Justicia”, publicado en 2000 por Intermedio Editores. Aparte de cierto interés desmesurado por demostrar que el M-19 actuó por encargo del Cartel de Medellín, se trata de un buen libro, bien escrito y sincero, una obra que refleja el genuino compromiso de alguien que en su afán de defender las instituciones de su país se vio envuelto en excesos por los que ha de pagar. En la página 320 se lee textualmente: «Los innegables errores que se cometieron en el levantamiento [de cadáveres] ocultan la triste realidad de que hubo más muertos que los anunciados oficialmente, y por tanto lo más probable es que entre ellos estén los desaparecidos». Esta tesis de Plazas, por la que plantea que los desaparecidos hacen parte de los muertos dentro de la edificación que fueron equivocadamente sepultados tras un levantamiento irregular de sus cadáveres, fue pulverizada por los videos publicados por Caracol y por Noticias Uno en 2005, en los que se aprecia a varios de los desaparecidos saliendo con vida del Palacio, lo que desembocó en la reapertura del caso y en el proceso por el que se acaba de sentenciar al oficial a treinta años de prisión.
La actuación de Plazas en el operativo, fervientemente defendida durante veinticinco años por distintas personalidades políticas, por las Fuerzas Armadas, y por mucha gente del común, merece un análisis profundo y realista. ¿Por qué se ha condenado a Plazas? Única y exclusivamente porque como uno de los resultados de la delicadísima operación de contraofensiva militar ―hecho excepcional y de suprema gravedad en la historia de Colombia―, la cual estuvo bajo su inmediata dirección, resultaron desaparecidas once personas: diez civiles y una guerrillera. Específicamente, a Plazas se le condena a treinta años de prisión por la desaparición de tres personas que, se comprobó, salieron vivas de la edificación. No se puede perder de vista que cuando ocurrieron los hechos, ya regía en Colombia el artículo 3.° común a los cuatro convenios de Ginebra, norma del derecho humanitario que protege a quienes no participan directamente en las hostilidades de un conflicto armado sin carácter internacional. Por consiguiente, los participantes en la batalla ―los guerrilleros del M-19 y los efectivos de la fuerza pública― estaban sujetos a una reglamentación jurídica que les imponía el respeto a las vidas de quienes nada tenían que ver con el enfrentamiento. Por eso, para ser perfectamente coherente, la jueza María Stella Jara ha extendido el proceso a toda la línea de mando de las operaciones, comenzando, naturalmente, por el presidente Belisario Betancur, Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares al momento de los hechos.
Así a muchos les choque, hay que entender de una vez por todas que en Colombia no puede haber más desapariciones de ninguna índole, muchísimo menos por cuenta de las fuerzas militares o de los organismos de inteligencia del Estado. Es absolutamente contradictorio que dichas instituciones, cuya misión es precisamente defender y garantizar la vida de los habitantes de la nación, terminen en el mismo nivel de aquellos violadores de los derechos humanos que combaten. Ante cuestión tan execrable, no se puede ser permisivo ni complaciente, como tampoco se puede serlo ante los excesos, las desapariciones, los asesinatos selectivos o los falsos positivos a que nos tuvo acostumbrados el gobierno Uribe Vélez y que no son más que la continuación o la exacerbación de la larga cadena de atrocidades que se han dado en Colombia desde sus orígenes fundacionales. ¿Hasta cuándo? El repudio debe ser total ante este tipo de situaciones, en esta empresa no se puede claudicar nunca.
Sinceramente lo sentimos por el coronel Plazas, pero dura lex sed lex. No dudamos un segundo, repetimos, ni de su patriotismo ni de su buena fe. Pero lamentablemente, bajo su cargo se dieron manejos que desembocaron en las desapariciones de marras. Aunque parezca discípulo de Perogrullo, es imprescindible ponerse en el lugar de los familiares de los desaparecidos. No me cabe la menor duda de que Plazas Vega habría enloquecido de dolor y removido cielo y tierra para castigar a los responsables si un hijo hubiera desaparecido después de haber salido vivo del Palacio y posteriormente conducido a la tenebrosa Casa del Florero. Por tal razón, no pierdo la esperanza de que en un acto de grandeza con Colombia, el oficial revele todo lo que sabe y aún no ha dicho sobre el caso, bien sea porque su conciencia se lo dicte o abrumado por la contundencia de las pruebas, a la manera del también coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson) en A Few Good Men.
Pero hay algo todavía más preocupante, incluso inquietante: que el presidente Uribe quiera desviar la atención de la opinión pública y modificar la legislación vigente en estos casos para blindar la actuación de las Fuerzas Armadas con argumentos tan débiles como que este tipo de fallos judiciales socavan la moral de los militares que luchan por defender la patria de terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y otras hierbas venenosas por el estilo. O con la manida premisa según la cual los guerrilleros ideólogos de la toma están libres y muertos de la risa gozando como cualquier burócrata en cargos del Estado, mientras que una apátrida representante de la justicia colombiana empieza a poner tras las rejas a los "héroes" que libraron al país de las garras del anarquía. El caso sobre la mesa es el de los abusos de las Fuerzas Militares de Colombia, tan presentes en este gobierno como repudiados en el país y en el exterior. De paso, Uribe Vélez da poderosas razones para que los proclives a deducir segundas intenciones saquen como conclusión que el presidente está haciendo apología de la impunidad y del abuso de poder de las Fuerzas Militares, o que buscara institucionalizarlos, más aún, que seguramente pretende prevenir posteriores procesos contra sus mandos militares, sus ministros de Defensa y, por qué no, él mismo. Parece que todavía no son suficientes, además de inadmisibles, los excesos de las Fuerzas Militares durante su gobierno, durante el cual se han violado sistemáticamente los derechos humanos, desaparecido inocentes, cometido asesinatos selectivos y montado falsos positivos, contraviniendo su imperativo moral y exacerbando la ya mencionada larga cadena de atrocidades que han desangrado a Colombia. No se olvide tampoco que Plazas fue Director de Estupefacientes del actual gobierno, cargo del que hubo de renunciar por casos de corrupción y de abuso de poder. (Leer artículo de Caracol).
Tampoco tenemos duda de que la retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia fue el único camino que dejó la demencial pretensión de los guerrilleros. El presidente Betancur consultó a los expresidentes y a otras personalidades de la época y la conclusión fue unánime. Pero es inadmisible que en nombre de la defensa de las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas cometan excesos, torturas y desapariciones, o que luego algunos pretendan que se absuelva a los responsables arguyendo la misma razón. Las faltas graves solamente se expían con el castigo severo, por lo que, en este caso, los responsables de las desapariciones tienen que ser condenados, lo otro es seguir en la impunidad que corroe a esta sociedad en toda su espantosa extensión.
El Ejército de Colombia recuperó el templo sagrado de la justicia ―algo más simbólico que otra cosa― pero a un altísimo precio: la muerte de valiosos juristas y de decenas de inocentes. El interrogante ético y moral al sistema propuesto por Maquiavelo (quien nunca dijo la frase que, sin embargo, se le atribuye porque sintetiza sus puntos de vista) es irrecusable: ¿Siempre justifica el fin los medios? O, más aterrizadamente: ¿Se vale todo en Colombia?
La condena de Plazas es un hito en la historia jurídica colombiana que ojalá no resulte torpedeada por poderes ocultos o recovecos legales. Más bien debe servir de admonición para que las Fuerzas Militares revisen sus procedimientos so pena de atenerse a las consecuencias jurídicas de sus actos, pero sobre todo, para que nunca más se presente otra desaparición en Colombia, mucho menos por cuenta de servidores públicos.