Legea partidelor politice; studiu comparativ

2. Statutele partidelor politice vor avea, cel putin, urmatorul continut:

a) Denumirea si insemnul;

b) Simbolul, cu a lui descriere si reprezentare grafica.

c) Domiciliul, cu indicarea localitatii, provinciei, strazii si codului postal.

d) Adresa de site web și adresa de e-mail.

f) Scopurile urmarite;

g) Conditiile si modalitatile de admisie si demisie in si din situatia de membru.

Traducere in maniera personala:

CAPÍTULO I

De la creación de los partidos políticos

Artículo 1. Libertad de creación y afiliación.

1. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente ley orgánica.

2. La afiliación a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo.

3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes.

Artículo 2. Capacidad para constituir.

1. Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.

2. Los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles.

Artículo 3. Constitución, Estatutos y personalidad jurídica.

1. El acuerdo de constitución habrá de formalizarse mediante acta fundacional, que deberá constar en documento público y contener, en todo caso, la identificación personal de los promotores, la denominación del partido que se propone constituir, los integrantes de los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habrá de regirse el partido que trata de constituirse.

La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas.

Además, no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se encuentre acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, o con la de algún partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial.

Tampoco con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas.

2. Los estatutos de los partidos políticos tendrán, al menos, el siguiente contenido:

a) Su denominación y siglas.

b) El símbolo, con su descripción y representación gráfica.

c) El domicilio, con indicación de la localidad, provincia, calle y código postal.

d) Su sitio web y dirección electrónica.

e) El ámbito de actuación: estatal, autonómico, provincial o local.

f) Sus fines.

g) Los requisitos y modalidades de admisión y baja de los afiliados.

h) Los derechos y deberes de los afiliados y su régimen disciplinario de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.

i) Los órganos de gobierno y representación, su composición, los plazos para su renovación que habrá de efectuarse como máximo cada cuatro años, sus atribuciones o competencias, los órganos competentes para la convocatoria de sesiones de los órganos colegiados, el plazo mínimo de convocatoria, duración, la forma de elaboración del orden del día, incluyendo el número de miembros exigidos para proponer puntos a incluir en el mismo, así como las reglas de deliberación y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos, que, por regla general, será la mayoría simple de los presentes, sean éstos miembros de pleno derecho o compromisarios.

j) El procedimiento para la elección de los órganos directivos, bien directamente o por representación, que en todo caso deberá garantizar la participación de todos los afiliados mediante sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democrático de los dirigentes electos.

k) El cargo u órgano al que corresponda la representación legal del partido político, así como la determinación del responsable económico-financiero del partido político y el procedimiento para su designación.

l) El régimen de administración y contabilidad, que incluirá, en todo caso, los Libros de Contabilidad.

m) El régimen de documentación, que incluirá en todo caso el fichero de Afiliados y el Libro de Actas.

n) Indicación de si el partido político cuenta o no con patrimonio fundacional, la procedencia de los recursos económicos y el procedimiento de rendición de cuentas.

o) El procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales en el que se incluya la obligación de remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido.

p) Las causas de disolución del partido político y, en este caso, cuál sería el destino de su patrimonio.

q) El procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido.

r) El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado.

s) El régimen de infracciones y sanciones de los afiliados y el procedimiento para su imposición, que deberá instruirse de forma contradictoria y en el que deberá garantizarse el derecho del afiliado a ser informado de los hechos que dan lugar a su incoación, a ser oído con carácter previo a la imposición de sanciones y a que el eventual acuerdo sancionatorio sea motivado. No obstante lo anterior, se establecerá en todo caso, la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos.

t) Cualquier otra mención exigida por ésta u otra ley.

3. Los partidos deberán comunicar al Registro cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde dicha modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. Deberán además, publicarlos en su página web.

4. Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquel del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley Orgánica.

Artículo 4. Inscripción en el Registro.

1. Los promotores de los partidos políticos realizarán las actuaciones necesarias para su inscripción. Los promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido.

2. Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro de Partidos Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la inscripción del partido. Dicho plazo quedará, sin embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo siguiente.

3. Salvo en los casos de suspensión del plazo a que se refiere el apartado anterior, transcurridos los veinte días de que dispone el Ministerio del Interior, se entenderá producida la inscripción, que confiere la personalidad jurídica, hace pública la constitución y los estatutos del mismo, vincula a los poderes públicos, y es garantía tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros.

4. La inscripción en el Registro producirá efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensión o disolución, por notificación de la decisión acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido o por ser declarado judicialmente extinguido de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 bis. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.6 y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensión, en el artículo 11.8.

Artículo 5. Examen de los requisitos para la inscripción.

1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentación que la acompaña, o cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos. En tal caso, el plazo de inscripción se suspenderá desde el momento de la notificación y se reanudará una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos.

2. Cuando de la documentación presentada se deduzcan indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte días a que se refiere el artículo anterior, mediante resolución fundada que irá acompañada de los elementos probatorios disponibles para apreciar dichos indicios.

3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte días desde que reciba la comunicación a que se refiere el apartado anterior, optará, en función de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la jurisdicción penal las acciones que correspondan o por devolver la comunicación al Ministerio del Interior a los efectos de completar la inscripción.

4. La remisión de la comunicación al Ministerio Fiscal determinará la suspensión del plazo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta la devolución por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicación fundada en la no apreciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre la procedencia de la inscripción o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudación provisional del plazo para la inscripción.

Dicha remisión y la correspondiente suspensión del plazo para la inscripción serán inmediatamente notificadas a los promotores interesados.

5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político podrán recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley Orgánica.

CAPÍTULO II

De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos

Artículo 6. Principios democrático y de legalidad.

Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos políticos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7. Organización y funcionamiento.

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido.

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.

Artículo 8. Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los afiliados a los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar.

2. Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer diferentes modalidades de afiliación en función del nivel de vinculación al partido político. Los afiliados de una misma modalidad tendrán iguales derechos y deberes.

3. Los partidos políticos dejarán constancia de la afiliación de sus miembros en el correspondiente fichero que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Los estatutos contendrán una relación detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, respecto a los de mayor vinculación al partido político, los siguientes:

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos.

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.

c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.

El resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos.

5. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas.

b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno de acuerdo con la modalidad de afiliación que les corresponda.

Artículo 9. Actividad.

1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

3. Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes:

a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.

b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos.

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo.

e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos.

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas.

g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior.

h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.

i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia.

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos.

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Artículo 9 bis. Prevención y supervisión.

Los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal.

CAPÍTULO III

De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos

Artículo 10. Disolución o suspensión judicial.

1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad judicial competente y en los términos previstos en los apartados 2 y 3.

La disolución surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución.

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9.

3. La suspensión judicial de un partido político sólo procederá si así lo dispone el Código Penal. Podrá acordarse también como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del apartado 8 del artículo 11 de la presente Ley Orgánica.

4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente.

6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la disolución voluntaria de un partido político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad del mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos.

Artículo 11. Procedimiento.

1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución, en virtud de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo anterior de esta Ley Orgánica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica. La tramitación de este acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado.

2. La acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad.

3. La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado y, en su caso, a las personas electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, dándoles traslado de la demanda, para que puedan comparecer ante la misma en el plazo de ocho días. Una vez comparecidos en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas:

a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada.

b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisión.

c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento.

La apreciación de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondrá de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo común de diez días.

4. Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, para la contestación a la demanda por el plazo de veinte días.

5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala lo considera necesario, se abrirá un período de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos y sustanciación por las reglas que sobre este extremo se contienen en los capítulos V y VI del Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6. Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes, que podrán formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en veinte días.

7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación. Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que se determinan en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica. En su caso, la sentencia declarará también la existencia o no de vinculación con el partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores. Si se desestima la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

8. La Sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos.

Se modifican los apartados 3 y 7 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2011-1640.

Última actualización, publicada el 29/01/2011, en vigor a partir del 30/01/2011.

Texto original, publicado el 28/06/2002, en vigor a partir del 29/06/2002.

Artículo 12. Efectos de la disolución judicial.

1. La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes:

a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal.

b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político.

3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica.

4. La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal.

Artículo 12 bis. Declaración judicial de extinción de un partido político.

1. El órgano competente, a iniciativa del Registro de Partidos Políticos, de oficio o a instancia de los interesados solicitará a la Jurisdicción contencioso-administrativa, la declaración judicial de extinción de un partido político que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) No haber adaptado sus estatutos a las leyes que resulten de aplicación en los plazos que éstas prevean en cada caso.

b) No haber convocado el órgano competente para la renovación de los órganos de gobierno y representación transcurrido el doble del plazo previsto en el artículo 3.2, letra i).

c) No haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación de las cuentas.

2. Con carácter previo, el Registro de Partidos apercibirá al partido político que incurra en alguna de las situaciones descritas para que, en el plazo de 6 meses, proceda a justificar bien que ha realizado la adaptación de sus estatutos a la ley, bien que ha renovado sus órganos de gobierno y representación, bien que ha presentado las cuentas anuales de todos los ejercicios que tenga pendientes, o en su caso, todo lo anterior. Transcurrido este plazo sin que el partido político haya realizado las actuaciones descritas, el Registro de Partidos iniciará el procedimiento previsto en el apartado anterior.

3. Para la declaración judicial de extinción de un partido político se seguirá lo dispuesto en el artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

4. La declaración judicial de extinción surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación efectuada por el órgano judicial.

Se añade por el art. 2.10 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441.

Texto añadido, publicado el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/04/2015.

CAPÍTULO IV

De la financiación de los partidos políticos

Artículo 13. Financiación.

1. La financiación de los partidos políticos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los partidos políticos asumen las obligaciones formales y personales en relación con la acreditación de fines y cumplimiento de requisitos previstos en la citada normativa en lo que se refiere al control de los fondos públicos que reciben.

3. Todos los partidos inscritos en el Registro de Partidos Políticos habrán de remitir las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas en el plazo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Se modifica el apartado 1 y se añade el apartado 3 por el art. 2.11 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441.

Última actualización, publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/04/2015.

Texto original, publicado el 28/06/2002, en vigor a partir del 29/06/2002.

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se adiciona un nuevo número 6.º al apartado 1 del artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el siguiente contenido:

"6.º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos."

Disposición adicional segunda. Modificaciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

1. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 44 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"4. No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión."

2. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"5. Los recursos previstos en el presente artículo serán de aplicación a los supuestos de proclamación o exclusión de candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores a las que se refiere el apartado 4 del artículo 44 de la presente Ley Orgánica, con las siguientes salvedades:

a) El recurso al que se refiere el apartado primero del presente artículo se interpondrá ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Estarán también legitimados para la interposición del recurso los que lo están para solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos."

Disposición adicional tercera. Supletoriedad.

En el procedimiento de inscripción de partidos regulado en el capítulo III, será también de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no reguladas en la presente Ley Orgánica y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional cuarta. Fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos.

1. Las fundaciones y entidades que estén vinculadas a partidos políticos o que sean dependientes de ellos de conformidad con los criterios previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos deberán inscribirse en el Registro de Partidos Políticos a iniciativa conjunta de los representantes de los partidos y de sus propios representantes. En el acto de inscripción se comunicará el nombre de la fundación y entidad y el registro en el que, por razón de la materia, ya se encuentren inscritas.

Las fundaciones y entidades vinculadas a o dependientes de partidos políticos se inscribirán en la sección específica del Registro que se cree a estos efectos.

2. Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos que no estén inscritas en el Registro de Partidos Políticos no podrán concurrir a las convocatorias públicas de subvenciones destinadas a fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos.

3. La inscripción en el Registro de Partidos se realizará con independencia de su inscripción en el Registro de fundaciones o entidades correspondiente por razón de la materia o por su ámbito territorial.

Se añade por el art. 2.12 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441.

Texto añadido, publicado el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/04/2015.

Disposición transitoria única.

1. Los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetos a la misma y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, sin perjuicio de adaptar sus estatutos, en caso necesario, en el plazo de un año.

2. A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 4 del artículo 9 a las actividades realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, tendrá la consideración de fraude de ley la constitución, en fecha inmediatamente anterior o posterior a dicha entrada en vigor, de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro, realizada con la intención de evitar la aplicación a éste de las disposiciones de esta Ley. Ello no impedirá tal aplicación, pudiendo actuarse respecto de aquél conforme a lo previsto en los artículos 10 y 11 de esta Ley Orgánica, correspondiendo a la Sala especial del Tribunal Supremo la apreciación de la continuidad o sucesión y la intención de defraudar.

Disposición derogatoria única.

uedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente ley Orgánica y, en particular, la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos y los artículos vigentes de la Ley 21/1976, de 14 de junio.

Se modifica por el art. 2.13 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441.

Última actualización, publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/04/2015.

Texto original, publicado el 28/06/2002, en vigor a partir del 29/06/2002.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley, especialmente en lo que se refiere al acta fundacional y su documentación complementaria y al Registro de Partidos Políticos previstos en su capítulo I.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid, 27 de junio de 2002

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno en funciones,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Capitolul 1

Privind crearea partidelor politice

Articolul 1. Libertate de creare si de afiliere.

1. Cetatenii Uniunii Europene au libertatea de a crea partide politice conform celor dispuse in Constitutie si in prezenta lege organica.

2. Actul afilierii la vreun partid politic nu poate fi altfel decat din motivatie intrinseca. Nu este permisa nimanui sa oblige o alta persoana sa constituie un partid politic sau sa ramana in vreun partid in care nu ramane din motivatie intrinseca.

3. Partidele politice pot constitui sau se pot inscrie in federatii, confederatii si uniuni de partide prin intermediul celor prevazute in prezentul articol plus anticipatul acord expres al organelor competente

Articulo 2. Capacitate constitutiva.

1. Promotorii unui partid politic trebuie sa fie persoane fizice, majore, aflate in deplinatatea capacitatilor de exercitare ale drepturilor lor si nu sunt . . .

2. Partidele politice constituite isi pot stabili in statutele lor crearea si recunoasterea organizatiilor de tineret.

Articolul 3. Constituire, Statute si personalitate juridica.

1. Acordul de constituire va fi formalizat (oficializat) printr-un act fondational , care trebuie să fie înregistrat ca document public și să conțină, in oricare dintre cazuri, identificarea personală a promotorilor, denumirea partidului care se pretinde a se constitui, integranti ai organelor directive provizorii , domiciliul și statutele la care ar trebui să se raporteze partidul in discutie a se constitui.

Denumirile partidelor nu pot include termeni sau expresii care induc în eroare sau in confuzie cu privire la identitatea lor sau care sunt contrare legilor sau a drepturilor fundamentale ale persoanelor.

În plus, denumirile nu pot coincide, asemănă sau identifica, nici chiar fonetic, cu denumirea niciunui alt partid inscris anterior în registru, nici cu cel al vreunui partid integrat, ca urmare a unei fuziuni, nici cu vreun partid ce se regaseste înregistrat iar acreditarea i s-a facut prin orice alte mijloace juridice legale, si nici a vreunui partid scos în afara legii, dizolvat sau suspendat prin decizie judecatorească.

Si nu este permisa nici identificarea (coinciderea) cu persoane fizice, sau folosirea denumiri de entități preexistente sau de "mărci inregistrate".

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie. Ele sunt persoane juridice de drept public.

Art. 2. - Prin activitatea lor, partidele politice promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri si la constituirea unor autoritati publice si stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Pot functiona ca partide politice numai asociatiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, si care militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.

(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activitati pe care le organizeaza, incalca prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

(3) Este interzisa afilierea partidelor politice la organizatii din strainatate, daca aceasta afiliere incalca valorile prevazute la alin. (1).

(4) Partidele politice nu pot organiza activitati militare sau paramilitare si nici alte activitati interzise de lege.

Art. 4. - (1) Partidele politice se pot organiza si functiona la nivel national, la nivel local sau atat la nivel national, cat si local, conform statutului propriu.

(2) Sunt interzise constituirea de structuri ale partidelor politice dupa criteriul locului de munca, precum si desfasurarea de activitati politice la nivelul operatorilor economici sau al institutiilor publice.

(3) Desfasurarea de activitati politice la nivelul operatorilor economici sau al institutiilor publice este permisa, cu acordul acestora, numai in campania electorala, in conditiile legii.

(4) Partidele politice isi pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul corespunzator, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.

Art. 5. - (1) Fiecare partid politic trebuie sa aiba denumire integrala, denumire prescurtata si semn permanent proprii. Denumirea integrala, denumirea prescurtata si semnul permanent trebuie sa se deosebeasca clar de cele ale partidelor anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si aliantelor politice, in mod corespunzator.

(3) Denumirea integrala si denumirea prescurtata, precum si semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza insemnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.

(4) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel putin 6 luni inainte de data alegerilor de catre organele competente ale partidului, conform statutului si cu respectarea art. 25 si 26.

CAPITOLUL II Membrii partidelor politice

Art. 6. - Pot fi membri ai partidelor politice cetatenii care, potrivit Constitutiei, au drept de vot.

Art. 7. - Din partidele politice nu pot face parte persoanele carora le este interzisa prin lege asocierea politica.

Art. 8. - (1) Un cetatean roman nu poate face parte in acelasi timp din doua sau mai multe partide politice.

(2) Inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost anterior.

(3) La inscrierea intr-un partid politic orice persoana este obligata sa declare in scris, pe propria raspundere, daca are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic.

(4) Membrii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care inscriu candidati in alegeri pot face parte si dintr-un partid politic, avand dreptul de a candida in conditiile legii.

(5) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca parte sau sa nu faca parte dintr-un partid politic.

(6) Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic nu creeaza privilegii sau restrangeri in exercitarea drepturilor cetatenesti.

CAPITOLUL III Organizarea partidelor politice

Art. 9. - Fiecare partid politic trebuie sa aiba statut si program politic proprii.

Art. 10. - Statutul partidului politic cuprinde in mod obligatoriu:

a) denumirea integrala si denumirea prescurtata;

b) descrierea semnului permanent;

c) semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color, in anexa;

d) sediul central;

e) mentiunea expresa ca urmareste numai obiective politice;

f) drepturile si indatoririle membrilor;

g) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;

h) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;

i) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;

j) organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale;

k) organul competent sa propuna reorganizarea partidului sau sa decida asocierea intr-o alianta politica ori in alte forme de asociere;

l) conditiile in care isi inceteaza activitatea;

m) modul de administrare a patrimoniului si sursele de finantare, stabilite in conditiile legii;

n) organul care reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile publice si terti;

o) alte mentiuni prevazute ca obligatorii in prezenta lege.

Art. 11. - Statutul si programul politic ale partidului trebuie sa fie prezentate in forma scrisa si aprobate de organele imputernicite prin statut.

Art. 12. - (1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizatii teritoriale, care au numarul minim de membri prevazut de statut.

(2) Organele locale pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul local corespunzator, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.

Art. 13. - (1) Adunarea generala a membrilor si organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au in statutul fiecarui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic si ale eventualelor organizatii teritoriale ale sale. Conducerile organizatiilor teritoriale se aleg pentru o perioada determinata, prevazuta de statut.

(2) Statutul poate prevedea si alte organe, cu atributii formulate explicit.

Art. 14. - (1) Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de decizie al partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani.

(2) Pentru partidele care opteaza pentru organizatii atat la nivel national, cat si la nivel local, delegatii la adunare sunt alesi de organizatiile teritoriale, prin vot secret.

(3) In statutul partidelor se pot prevedea si alte modalitati de reprezentare a membrilor organizatiilor locale.

Art. 15. - (1) Pentru solutionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre acestia si conducerile organizatiilor partidului se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului si al organizatiilor sale teritoriale.

(2) Membrii comisiei de arbitraj sunt alesi pe o durata de cel mult 4 ani.

(3) Comisia de arbitraj este organizata si functioneaza conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie sa asigure partilor dreptul la opinie si dreptul de a se apara, precum si proceduri echitabile de decizie.

Art. 16. - (1) Organele imputernicite ale partidului politic hotarasc primirea de membri, in conditiile stabilite de statut, ca urmare a cererilor scrise depuse de solicitanti.

(2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid in orice moment, cu efect imediat.

(3) *) Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.

*) Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 530/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 13 ianua rie 2014, a constatat ca dispozitiile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificarile ulterioare, sunt neconstitutionale.

Art. 17. - (1) Hotararile partidului politic si ale organizatiilor sale teritoriale se adopta cu votul majoritatii prevazute in statut.

(2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic si ai conducerilor organizatiilor sale teritoriale se face prin vot secret.

(3) Statutul trebuie sa prevada dreptul fiecarui membru la initiativa politica si posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat.

CAPITOLUL IV Inregistrarea partidelor politice

Art. 18. - (1) Pentru inregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucuresti urmatoarele documente:

a) cererea de inregistrare, semnata de conducatorul organului executiv al partidului politic si de cel putin 2 membri fondatori;

b) statutul partidului, intocmit conform prevederilor art. 10;

c) programul partidului;

d) actul de constituire, semnat de cel putin 3 membri fondatori;

e) o declaratie privitoare la sediu si la patrimoniul partidului;

f) dovada deschiderii contului bancar.

(2) Cererea de inregistrare se afiseaza la sediul Tribunalului Bucuresti timp de 15 zile.

(3) In termen de 3 zile de la data depunerii cererii de inregistrare, anuntul cu privire la aceasta se publica de catre solicitant intr-un ziar central de mare tiraj.

Art. 19. - (1) Lista semnaturilor membrilor fondatori trebuie sa contina numele si prenumele, data nasterii, adresa, felul actului de identitate, seria si numarul acestuia, precum si semnatura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetateni cu drept de vot.

(2) Lista va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a persoanei care a intocmit-o, care sa ateste autenticitatea semnaturilor, sub sanctiunea prevazuta la art. 326 din Codul penal.

(3) Lista trebuie sa cuprinda cel putin 3 membri fondatori.

(4) Modelul listei semnaturilor membrilor fondatori si al declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (2) sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 20. - (1) Tribunalul Bucuresti examineaza cererea de inregistrare a partidului politic in sedinta publica, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

(2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni in proces, daca depun o cerere de interventie in interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata. Cererea de interventie se comunica din oficiu persoanelor care au semnat cererea de inregistrare.

Art. 21. - (1) Tribunalul Bucuresti se pronunta asupra cererii de inregistrare a partidului politic in cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 18 alin. (2).

(2) Impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti pot face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevazute la art. 20 alin. (2).

(3) Curtea de Apel Bucuresti va examina apelul in sedinta publica, in termen de cel mult 15 zile de la inregistrarea acestuia.

(4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

Art. 22. - Partidul politic dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii instantei privind admiterea cererii de inregistrare.

Art. 23. - Partidele politice ale caror cereri de inregistrare au fost admise se inscriu in Registrul partidelor politice.

Art. 24. - (1) Partidele politice au obligatia sa depuna la Tribunalul Bucuresti:

a) documentele atestand desfasurarea adunarilor generale, in termen de 30 de zile de la data acestora;

b) documentele provenind de la autoritatile electorale competente privind desemnarea candidatilor in alegeri, in termen de 30 de zile de la data alegerilor.

(2) Depunerea documentelor prevazute la alin. (1) la Tribunalul Bucuresti se consemneaza in Registrul partidelor politice.

Art. 25. - (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc in conditiile prevazute de statut.

(2) Orice modificare se comunica Tribunalului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data adoptarii, cu indeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3). Tribunalul Bucuresti o examineaza potrivit procedurii prevazute la art. 20 si 21.

Art. 26. - (1) In cazul in care modificarile nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau daca instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului, iar partidul politic in cauza actioneaza in baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului Bucuresti incetarea activitatii partidului politic si radierea acestuia din Registrul partidelor politice.

(2) In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul Bucuresti se va pronunta asupra acesteia.

(3) Impotriva hotararii Tribunalului Bucuresti partea interesata poate face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii.

(4) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta prin hotarare definitiva in termen de 15 zile de la inregistrarea apelului.

(5) Hotararea definitiva de admitere a modificarii statutului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V Asocierea partidelor politice

Art. 27. - (1) Partidele politice se pot asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o alianta politica.

(2) In protocolul de asociere a partidelor politice intr-o alianta politica trebuie sa se mentioneze denumirea integrala si denumirea prescurtata ale aliantei politice, precum si ale partidelor politice componente, semnul permanent al aliantei, obiectivele aliantei, modul de organizare si factorii de decizie.

(3) Prevederile art. 5 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(4) Semnul permanent al aliantei politice poate fi unul propriu acesteia sau poate fi preluat de la unul dintre partidele politice componente.

Art. 28. - (1) Pentru inregistrarea aliantelor politice se depun la Tribunalul Bucuresti urmatoarele documente:

a) cererea de inregistrare a aliantei politice, semnata de conducerile executive ale partidelor politice componente;

b) protocolul de asociere;

c) denumirea integrala si denumirea prescurtata ale aliantei politice;

d) descrierea semnului permanent;

e) semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color, in anexa la protocol.

(2) Procedura prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 29. - (1) Pentru aliantele politice, prevederile art. 20-22 se aplica in mod corespunzator.

(2) Aliantele politice ale caror cereri de inregistrare au fost admise se inscriu in Registrul aliantelor politice.

Art. 30. - In cazul in care alianta politica se va prezenta in alegeri cu liste comune, candidatii trebuie sa faca parte dintr-un partid politic membru al aliantei.

Art. 31. - (1) Partidele politice pot realiza si alte forme de asociere cu formatiuni nepolitice, legal constituite, cu scopul promovarii unor obiective comune.

(2) In protocolul de constituire a formelor de asociere prevazute la alin. (1) se vor mentiona denumirea, semnul permanent - daca este cazul -, organizatiile aliate, obiectivele asocierii, modul de organizare si factorii de decizie si acesta va fi depus la Tribunalul Bucuresti, pentru a fi inscris in registrul altor forme de asociere a partidelor.

Art. 32. - Partidele politice membre ale aliantelor politice sau ale altor forme de asociere isi pastreaza personalitatea juridica si patrimoniul propriu.

Art. 33. - Orice modificare in componenta aliantei politice sau in protocolul de asociere se comunica la Tribunalul Bucuresti pentru inregistrare, potrivit prevederilor art. 27 si 28.

Art. 34. - Obiectivele aliantelor politice, precum si modul lor de organizare trebuie sa se conformeze prevederilor art. 2 si 3, cu exceptia participarii cu candidati in alegeri, care este optionala.

Art. 35. - Daca niciunul dintre partidele politice participante la scrutin nu a obtinut majoritatea absoluta in Parlament, partidele politice cu reprezentare parlamentara pot constitui coalitii pentru asigurarea guvernarii. Coalitiile nu sunt supuse inregistrarii, iar protocolul de constituire va cuprinde numai dispozitii privind asigurarea guvernarii si a sprijinului parlamentar.

CAPITOLUL VI Reorganizarea partidelor politice

Art. 36. - (1) Partidele politice legal constituite pot proceda la reorganizare.

(2) Reorganizarea poate consta in fuziune, prin absorbtie sau contopire, ori in divizare, totala sau partiala.

Art. 37. - (1) Fuziunea a doua sau mai multe partide legal constituite se realizeaza prin aprobarea protocolului de fuziune de catre organele supreme de decizie ale fiecarui partid, prevazute la art. 14, in cadrul sedintei comune a acestora.

(2) In protocolul de fuziune se vor mentiona, in mod expres, modalitatile de transfer al sumelor, bunurilor si contractelor detinute de partidele care fuzioneaza, precum si procedura de garantare a continuitatii vechimii in partid a membrilor partidelor politice care fuzioneaza.

(3) In protocolul de fuziune se stabileste caracterul {{acesteia:}} prin absorbtie sau prin contopire.

Art. 38. - (1) In situatia fuziunii prin absorbtie, unul dintre partidele politice isi pastreaza personalitatea juridica, subrogandu-se in drepturile si obligatiile partidelor absorbite care isi inceteaza activitatea, inclusiv prin cumularea subventiilor acestora. In protocolul de fuziune se va preciza care partid isi pastreaza personalitatea juridica, avand drept consecinta pastrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent si electoral, precum si a programului politic.

(2) Protocolul de fuziune si, daca este cazul, modificarile la statutul partidului care isi pastreaza personalitatea juridica se comunica, in termen de 10 zile de la adoptarea acestora, Tribunalului Bucuresti, urmandu-se procedura prevazuta la art. 25 si 26.

(3) Partidele politice absorbite vor fi radiate din Registrul partidelor politice.

Art. 39. - (1) In urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezulta un partid politic nou, care se subroga in drepturile si obligatiile partidelor politice care au fuzionat si care, in termen de 10 zile, trebuie sa se conformeze prevederilor art. 18.

(2) Denumirea integrala, denumirea prescurtata, semnul permanent, semnul electoral si programul politic ale noului partid pot fi noi sau pot proveni de la unul sau mai multe dintre partidele care participa la fuziune.

(3) Tribunalul Bucuresti va examina documentele depuse de partidul politic nou-format din fuziunea prin contopire, potrivit prevederilor art. 20-22.

(4) Ca urmare a hotararii definitive a instantei de inregistrare a noului partid rezultat din fuziunea prin contopire, acesta va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar partidele care au procedat la comasare vor fi radiate.

Art. 40. - (1) Un partid politic legal constituit se poate diviza prin hotararea organului sau suprem de decizie, prevazut la art. 14.

(2) Divizarea poate fi totala sau partiala.

(3) Inregistrarea partidului sau a partidelor rezultate in urma divizarii se face potrivit prevederilor art. 18-21.

(4) Eventualele modificari ale statutului partidului care isi pastreaza personalitatea juridica se comunica, in termen de 10 zile de la divizare, Tribunalului Bucuresti, urmandu-se procedura prevazuta la art. 25 si 26.

Art. 41. - (1) Divizarea totala consta in impartirea intregului patrimoniu al unui partid politic care isi inceteaza existenta catre doua sau mai multe partide existente sau care iau nastere astfel.

(2) In cazul divizarii totale, prin hotararea de admitere a cererii de inscriere a ultimului partid care ia astfel fiinta se va dispune si radierea din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Bucuresti a partidului divizat.

Art. 42. - Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unui partid politic, care isi pastreaza personalitatea juridica, si transmiterea acestei parti catre unul sau mai multe partide care exista sau care se infiinteaza in acest fel.

CAPITOLUL VII Incetarea activitatii partidelor politice

Art. 43. - Un partid politic isi inceteaza activitatea prin:

a) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea art. 30 alin. (7) si art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;

c) autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut;

d) reorganizare, in situatiile prevazute la art. 38 alin. (3), art. 39 alin. (4) sau art. 41 alin. (2).

Art. 44. - Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, potrivit art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) si (4) si art. 146 lit. k) din Constitutia Romaniei, republicata, cu procedura stabilita in Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 45. - (1) Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a) cand se constata incalcarea prevederilor art. 30 alin. (7) si ale art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, de catre Curtea Constitutionala, precum si ale art. 3 alin. (3) si (4) din prezenta lege;

b) cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicita ori contrara ordinii publice;

c) cand realizarea scopului partidului politic este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

d) cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic ale acestuia;

e) ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti conform art. 46 alin. (1);

f) ca urmare a aplicarii art. 26.

(2) Cererea de dizolvare se adreseaza Tribunalului Bucuresti de catre Ministerul Public si se solutioneaza potrivit normelor de procedura stabilite la art. 26 alin. (2)-(5).

Art. 46. - (1) Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:

a) nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;

b) nu a desemnat candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale succesive, cu exceptia celei prezidentiale, in minimum 75 de circumscriptii electorale in cazul alegerilor locale, respectiv o lista completa de candidati in cel putin o circumscriptie electorala sau candidati in cel putin 3 circumscriptii electorale, in cazul alegerilor parlamentare.

(2) Pentru partidul politic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1), Tribunalul Bucuresti, la cererea Ministerului Public, va constata incetarea existentei sale, cu respectarea normelor de procedura prevazute la art. 26 alin. (2)-(4).

Art. 47. - Documentele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun, in termen de cel mult 10 zile, la Tribunalul Bucuresti, in vederea radierii din Registrul partidelor politice.

Art. 48. - Dupa primirea documentelor privitoare la partidele politice care indeplinesc oricare dintre situatiile prevazute la art. 43, Tribunalul Bucuresti va proceda imediat la radierea acestora din Registrul partidelor politice.

CAPITOLUL VIII Evidenta partidelor politice si a aliantelor politice

Art. 49. - (1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenta a partidelor politice din Romania.

(2) Institutia cu drept de a opera in Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucuresti.

(3) Datele din Registrul partidelor politice sunt considerate informatii de interes public.

(4) Inregistrarea si radierea partidelor politice, operate in Registrul partidelor politice, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 50. - (1) Registrul aliantelor politice este instrumentul legal de evidenta pentru aliantele politice.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 51. - Partidele politice existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa functioneze pe baza actelor legale de inregistrare valabile la data infiintarii.

Art. 52. - (1) Denumirea integrala si denumirea prescurtata ale unui partid politic inregistrat legal, precum si semnele permanente folosite de acesta, incepand cu anul 1990, ii apartin de drept, daca le-a folosit primul, si nu pot fi insusite sau utilizate de alte partide politice inregistrate ulterior.

(2) In acceptiunea prezentei legi, sintagma semn permanent inlocuieste sintagma insemnul partidului, utilizata in Legea partidelor politice nr. 27/1996.

(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si aliantelor politice.

Art. 53. - Organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi, cu exceptia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, art. 45 alin. (1) lit. e), art. 46 si art. 51.

Art. 54. - Cetatenii Uniunii Europene care nu detin cetatenia romana si au domiciliul in Romania au dreptul de a se asocia in partide politice sau de a se inscrie in partide politice in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

Art. 55. - Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se abroga, cu exceptia cap. VI *) - Finantele partidelor politice.

*) Capitolul VI din Legea nr. 27/1996 a fost abrogat prin Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, abrogata prin Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioar