Capítulo XVI

Capítulo XVI

La canonística medieval

1. En el decreto de Graciano: casos de invalidez en general

1. Conforme a lo que hemos visto en la primera sección, si ponemos entre paréntesis los textos jurídicos de origen romano,¹ queda claro que Graciano no se preocupó en distinguir con precisión los vicios de iniquidad y invalidez. Por lo tanto es claro que Graciano tampoco se preocupó de elencar sistemáticamente los causales de invalidez.

2. Respecto al defecto del tribunal, tenemos C. 3 q. 7 c. 1 d. p.² que comenta un capítulo sinodal, con un texto romano ligeramente retocado.³ El texto excluye del oficio judicial en general los «infames», luego describe tres grupos de personas que no pueden ser jueces. Por imposibilidad natural se excluyen el sordo, el mudo, el demente perpetuo y el impúber. Por la ley quedan excluidos los expulsados del senado (!). Por costumbre, las mujeres y los esclavos.

Graciano subraya con energía en C. 5 q. 4 c.1,⁴ el principio, repetido varias veces, que ni las partes litigantes ni alguno de los testigos, ni quien tiene en general algún interés personal en la controversia, pueden tener el oficio de juez en una causa.

Además como regla general se recuerda que cada uno debía ser juzgado por su juez competente, como indica C. 3 q. 8 c. 1 § 1.⁵

Otro caso interesante de incompetencia es planteado en C. 2 q. 1 c.7, § 9.⁶ Allí se plantea la norma que un obispo debe ser juzgado por los demás obispos de su propia zona metropolitana, o por el Papa. En caso contrario se debe considerar que «sententia nihil firmitatis obtineat».

Además C. 3 q. 8 c. 1,⁷ prohíbe que un obispo sea juzgado por un solo juez, sino que debía constituirse un tribunal con plures iudices.

Tampoco era vinculante la sentencia del juez herético, según la neta declaración de se desprende de C. 24 q. 1 c. 37 d. p.⁸

La escasez y dispersión de las normas sobre los requisitos del juez puede ser explicado por el hecho que en esta época todavía no se subraya la distinción entre la función judicial y la potestad sagrada en general.⁹

3. Respecto al defecto de las partes. Según C. 4 q. 2 et 3 c. 1, que habla directamente de las personas que pueden ser testigos, se deduce que los menores de 14 años no podían ser parte demandante en un proceso.¹⁰

De una larga explicación de Graciano en C. 15 q. 3 pr.¹¹ podemos deducir que no cualquier persona podía demandar a un sacerdote, pues se excluían aquellos que ni eran ni podían ser sacerdotes, por lo tanto también las mujeres.

En el mismo texto se declara que en general la mujer no debe ni demandar ni participar en algún modo en un proceso, salvo que no haya otro modo para que se defienda contra «suas vel suorum iniurias».¹²

También se puede alegar C. 2 q. 1 c. 7 § 10, donde un asunto se corta de raíz, porque eran siervos quienes habían acusado al obispo, y por lo tanto los jueces «audiri minime debuerunt» tales personas. En realidad aquí parece que los siervos se presentaron como testigos, y como tales se dice que debieron haber sido rechazados.

Esto era la aplicación del principio que excluía sea como parte demandante sea como testigos, a los siervos, los libertos y los infames, tal como lo transmite C. 3 q. 5 c. 8. Pues solo podía acusar a un obispo una persona de absoluta integridad y por encima de cualquier sospecha, tal como exige C. 3 q. 8 c. 1 d. p.

Entre los infames se colocaban las personas que habían cometido ciertos crímenes muy graves, como por ejemplo, asesinos, envenenadores, sacrílegos, raptores, falsos testigos, adúlteros, etc. (C. 3 q. 5 c. 9), y en general los «suspecti et gratiosi» (C. 3 q. 5 c. 10) : todos ellos no podían demandar ni ser testigos en un proceso.

Se debe notar que casi todas estas normas reflejan una atención casi exclusiva en los deberes y prerrogativas de los eclesiásticos en un proceso.

4. Respecto a los defectos del proceso se puede alegar con seguridad el caso de la sentencia dictada cuando una parte se hallaba ausente inculpablemente. Así lo proponen claramente dos cánones, que pertenecen al Pseudo Isidoro, y que hallamos en el Decreto en C. 3 q. 9 c. 1 - c. 2.¹³

Una norma similar la encontramos en C. 3 q. 9 c. 4 y c. 12 donde se ordena que se remueva todo lo realizado en ausencia de la otra parte.

Finalmente el texto de C. 3 q. 9 c. 11, presenta un texto del Papa Felix, que a su vez cita con libertad una norma romana, contenida en las Sent. Paul. 5, 5, § 5 - § 6, en la cual aparece la fórmula «ullam obtineat firmitatem» para calificar la sentencia contra el ausente, no contumaz.

Y en C. 3 q. 9 c. 3,¹⁴ se exigía además que la acusación fuese hecha personalmente, no solo por escrito (C. 2 q. 8 c. 5),¹⁵ lo cual era una parte vital en el “proceso de denunciación” de Graciano. Además se exigía que cuando se presentaba el libelo de acusación, debía de estar presente el acusado (C. 3 q. 9 c. 19).

Pero Graciano admite que se puede proceder cuando se trata de contumacia, pues en ese caso deben ser considerados «pro praesenti».¹⁶

En C. 2 q. 1 c. 7 § 3, ante el recurso de un obispo, que ha sido depuesto y exiliado, se exige que se examine «si iudicium ordinabiliter est habitum». Y «si hec solempniter acta non sunt» y tampoco era justa la sentencia, entonces el obispo debe volver a ocupar su iglesia.

Finalmente hacemos notar que en los rarísimos pasajes cuando Graciano habla muy breve y vagamente de «iniustitia ex ordine» (C. 11 q. 3 c. 65 y c. 73), es verdad que se refiere a la violación de las leyes procesales, pero también es claro, como ya hemos explicado en la primera sección, que él no ha desarrollado plenamente esta distinción.

De todos modos en C. 11 q. 3 c. 35,¹⁷ donde se dice que una «sententia iniusta» contra un Obispo es inválida, parece que esa «iniustitia» debe entenderse como un grave defecto en el proceso.

Y respecto a los defectos en la sentencia tenemos C. 11 q. 3 c. 89,¹⁸ que declara inválida la sentencia contra un obispo, por la razón que los jueces actuaron «regio metu et iussu».

5. Tampoco la primera decretística (Paucapalea, Ruphinus, Rolandus, Stephanus) nos ofrece una exposición ordenada de los casos de sentencia inválida y diferenciada de los casos de iniquidad.¹⁹ Pero sus comentarios al Decreto (editado con las leyes romanas agregadas) fue sin duda la preparación para el gran esfuerzo de asimilación que realizará la naciente literatura procesal. De este modo, sobre el proceso esbozado por Graciano, se comenzará a sobreponer las leyes de la colección justinianea.

En cuanto ellos acogen los textos romanos, sobre todo la inserción al final de la C. 2 q. 6 c. 41 fin., los causales de invalidez que manejan son básicamente los mismos que veremos en los autores del siguiente período.

2. Del s. XII / 2 hasta el s. XV: casos de invalidez en general ²⁰

1. En nuestra exposición de los diversos causales de invalidez de la sentencia los casos serán agrupados en 4 grupos: defectos del tribunal, defectos de las partes, defectos del proceso y defectos en la sentencia (excluyendo la invalidez por violación de solemnidades, que veremos más abajo). Este trabajo es necesario para completar y ordenar, lo que hasta ahora los autores han expuesto en modo parcial, disperso y muchas veces con errores y generalizaciones demasiado simplistas. ²¹

Respecto a los defectos del tribunal, era inválida la sentencia del juez carente de jurisdicción. Así la sentencia que dictó un juez, al que ya le habían revocado la jurisdicción, es declarada inválida.²²

O en el caso de un obispo que procede contra religiosos de su territorio, pero no sujetos a su potestad, se ordena que «praedictas sententias sine difficultate relaxes» (X. 1, 31, 19).

Y VI. 1, 15, 14 en general declaraba inválidas las sentencias dictadas fuera de la propia diócesis o ciudad o contra personas de lugares que estaban fuera de la propia jurisdicción.

Otra decretal descalificaba la costumbre germánica, subsistente en una diócesis, de ventilar los procesos, incluso asuntos eclesiásticos, ante el pueblo y definirlos con un veredicto popular.²³

El Hostiense reconoce como juez competente, tres casos: «extraneus in quem rite consensi, proprius ordinarius ... delegatus rite datus».²⁴

La literatura procesal analizará detalladamente una amplia casuística que nace del juez delegado. Así era inválida la sentencia del juez delegado que actuaba contra o más allá de los límites del mandato que había recibido o cuando se había terminado el plazo para realizar su oficio.²⁵

También era inválida la sentencia, cuando el juez delegado subdelegaba la juridiscción, lo cual no estaba permitido.²⁶

También se consideraba causa de invalidez si solo una parte del número de jueces delegados dictaba la sentencia. Así si uno de los jueces delegados está impedido de participar, aunque en el mandato se haya previsto que se podía actuar con un número menor, si esta noticia no es transmitida oficialmente al tribunal, los restantes jueces no pueden realizar el juicio, y si lo hacen «nihil reputabuntur egisse».²⁷

La misma idea se halla en X. 1, 29, 16 :²⁸ si se comisiona dos jueces, uno solo no puede juzgar. La razón es que el juez delegado no puede apartarse de los límites del mandato: si se ha dispuesto un determinado número de jueces para una determinada materia (por ejemplo, una causa matrimonial) no puede reducirse el número de jueces.

Y cuando ya se había interpuesto apelación, el tribunal inferior no podía seguir actuando, pues perdía jurisdicción; si a pesar de esto el tribunal continuaba o daba sentencia, todo lo que realizaba era inválido.²⁹

Entre las personas que no podían asumir el oficio de juez, se colocaban los siervos y los infames. Se daba por descontado que tampoco podían ser jueces las mujeres (cf. VI. 2, 1, 2). Y los jueces laicos no podían juzgar in spiritualibus.

Especialmente dura era la prohibición del IV Concilio Lateranense (a. 1215) contra los excomulgados.³⁰ Esa norma inspira la decisión de Alexander III, que declara inválida una sentencia dada por un colegio judicial, porque «unus ex delegatis iudicibus excommunicationis vinculo esset publice innodatus» (X. 2, 27, 24).

2. Respecto a los defectos de las partes, era inválida una sentencia, si una de las partes era menor de edad y había participado sin su tutor;³¹ a no ser que se tratase in spiritualibus. Las mujeres podían constituirse en parte demandante solo en los casos imprescindibles pero no debían asistir al tribunal, sino que un oficial judiciario o el mismo juez debía ir a su casa a tomar su declaración. Igualmente se disponía respecto a las religiosas: si eran llamadas a juicio fuera de su convento la sentencia era inválida.³²

Especial atención meritó el defecto del legitimo mandato del procurador para actuar en juicio. Así en X. 1, 38, 1, se aconseja al obispo que cuando envíe un procurador, también le suministre un mandato «legaliter facto». Y respecto a los actos realizados por los falsos procuradores se declara que «subsistere non debere», es decir que son inválidos. Lo mismo se dice de la sentencia en un juicio realizado por un procurador que había sido revocado.³³

Si se realizaba un proceso contra una iglesia, mientras la sede episcopal estaba vacante, entonces se consideraba inválida la sentencia.³⁴

El excomulgado, según las normas del IV Concilio Lateranense, no podía demandar en juicio pero podía ser demandado. Y se precisaba que en el juicio debía responder por medio de otra persona. ³⁵ También se le reconocía el derecho a usar excepciones y apelar, pero no podía reconvenir al actor (X. 2, 25, 5; VI, 1, 3, 1). Además Innocentius le reconocía el derecho a impugnar la validez de la sentencia de excomunión.³⁶

4. Respecto a los defectos en el curso del proceso, encontramos una gran variedad de advertencias que conminaban a las partes y a los jueces a respetar escrupulosamente el debido «ordo iudiciarius».³⁷

Sin embargo en una notable decretal de Innocentius III,³⁸ se niega la declaración de invalidez de un proceso, en el que había un defecto de las solemnidades. Ya que el mérito de la cuestión es bastante claro, y además se trata de un grave crimen, y el defecto alegado no afecta la decisión, el Papa declara que la sentencia es válida.

Entre los elementos esenciales del proceso había bastante consenso respecto a la oblatio libelli, la citatio y la litis contestatio y por lo tanto su defecto, bajo ciertas circunstancias, era causa de invalidez.³⁹

Especial atención reclamó el caso sobre la invalidez de una sentencia por haberse realizado el proceso a pesar que una parte estaba legítimamente ausente. Así Clemente III, ⁴⁰ declara que una sentencia debe considerarse inválida pues fue dada sin escuchar a una de las partes, la mujer, la cual si bien es cierto había ya sido citada por tres veces, no había podido presentarse al tribunal a causa de graves desórdenes que se habían producido en aquella región, habiendo comunicado además, por medio de un mensajero, la causa de su forzada ausencia. No podía pues equipararse la actitud de la mujer al caso de la contumacia, ya que aunque había sido legítimamente citada por tres veces, sin embargo la imposibilidad física era suficiente para que no se dicte sentencia sin antes haberla escuchado.

5. Respecto a los defectos en la sentencia (excluyendo los casos que nacen del defecto de solemnidades), el causal más importante es el caso de la sentencia, cuyo contenido estaba en contradicción a los cánones.

Ya en la literatura procesal anterior a la publicación del Liber Extra, se menciona este causal, pero solo se apoyan en la autoridad de las fuentes romanas.⁴¹

En X. 2, 27, 1⁴² encontramos el texto canónico principal de este causal de invalidez. Este texto recoge la fórmula justinianea que sancionaba con invalidez la sentencia dictada contra constitutiones. La sentencia no nace de una decisión arbitraria del juez, sino que debe conformarse a reglas objetivas señaladas por el legislador (que a su vez trata de adecuarse al servicio de la verdad y la justicia). Las leges et canones son clara y positiva expresión de los principios según los cuales el juez debe valorar los argumentos y dictar sentencia. Si el juez actúa, como si no existiese una ley vigente, comete una injusticia particularmente grave, una especie de abuso de poder. Por tanto, para erradicar un vicio tan detestable, también el Legislador eclesiástico impuso una ley irritante que golpeaba la sententia contra leges prolata.

Pero la canonística medieval no sólo sancionó con invalidez la sentencia con un error iuris. Imbuido de un espíritu típicamente canónico, X. 2, 27, 9 llegará a afirmar que es inválida incluso la sentencia que contiene en general una injusticia, siempre que ésta sea patente.⁴³

Esa decretal examina algunas excepciones a aquellos procesos que se comisionaban appellatione remota, es decir, procesos sumarios en los cuales, según el criterio de la autoridad judicial, no se debía conceder la posibilidad de la apelación, pues se considera superflua. Pero aquí el legislador hace una excepción a esa regla general: si la sentencia contiene una iniquitas manifesta, entonces, aunque no esté prevista la apelación, esa sentencia defectuosa se debe remover.⁴⁴

El texto es tan lacónico que no da mayores luces para precisar cuándo se trata de una iniquitas manifesta. De todos modos podemos decir que esta norma se entendió en un sentido amplio, es decir, no solo contra el error iuris, como en la jurisprudencia romana, sino también en caso de error facti, si era evidente. Así lo entendieron unánimemente los comentadores medievales.⁴⁵

Una decretal de Innocentius III que aborda el caso de la sentencia dictada ex falsis instrumentis no clarifica si se trata solamente de una grave injusticia o además está sancionada con una ley irritante.⁴⁶

En la literatura procesal Tancredus claramente interpretó las fuentes romanas en el sentido que este vicio sería simplemente un caso de iniquidad. ⁴⁷ También Ricardus Anglicus parece considerarla solo injusta, aunque lo coloca entre los casos en los cuales no es necesario apelar.⁴⁸ Esta posición será defendida sobre todo por Durandus. ⁴⁹

En cambio el Hostiense, seguido por otros, pensaba que tales vicios causaban la invalidez de la sentencia.⁵⁰

También es inválida la sentencia que no resuelve la controversia, o lo hace en modo condicionado, o si los jueces han sido corrompidos.⁵¹ Finalmente era inválida si contenía un error de cálculo, o era dictada sin examinar la causa o contra un asunto que ya era cosa juzgada. ⁵²

3. La invalidez de la sentencia por defectos de las solemnidades

1. En el Decreto de Graciano, que pertenece a la etapa auroral, en que recién comienza a introducirse el proceso romano en Europa, no podemos esperar que la canonística haya prestado una gran atención a las formalidades de la sentencia. De hecho el Decreto, en las poquísimas veces que alude a las condiciones externas que deben rodear la sentencia, solo menciona la obligación de la escritura de la sentencia.

Así en C. 11, q. 1 c. 45,⁵³ se propone un texto extraído de las Novelas justinianeas. Allí se disponía como principio general que toda sentencia debe ser puesta por escrita. Pero una mano posterior a precisado que se concede al Obispo la facultad de dictar una decisión sine scriptura en caso que el acusado sea un clérigo y la materia de controversia no sea de tal gravedad que requiera todas las solemnidades, como sería el caso, por ejemplo, de las causas criminales.

Al respecto, los decretistas interpretaron que tal norma solo debía aplicarse en las causas más graves y solemnes, pero en las causas breves, de poca gravedad o entre personas simples, no era requisito necesario la escritura de la sentencia.⁵⁴

En realidad no parece que esta norma haya tenido aplicación en la práctica judicial, ni en tiempos de Graciano ni en el siglo siguiente: se trata simplemente de una repetición servil de normas romanas. No es casualidad que todos los textos del Decreto que abordan este asunto sean de origen romano y/o agregados después del final de la redacción del Decreto.⁵⁵

Solo es original el texto de C. 2 q. 1 c. 7 § 3,⁵⁶ en el cual, tratándose sobre un proceso que ha depuesto un obispo, exige la escritura de la sentencia y la presencia de las partes para escuchar la lectura de la misma. Pero de aquí solo se puede concluir que en los juicios sobre la deposición de un obispo, por su máxima gravedad, se exigía también una máxima solemnidad. Por lo tanto este texto no refleja la praxis ordinaria.

Esta impresión se confirmará con lo que veremos a continuación sobre la situación en el siglo siguiente. De todos modos la presencia de estos textos, originales y añadidos, significa que los canonistas se daban cuenta de la conveniencia de la escritura de la sentencia y que promovían esa praxis. Pero hasta su extensión definitiva pasará bastante tiempo.

Por último se debe decir que aunque el Decreto no menciona otras solemnidades de la sentencia, sin embargo algunas normas consuetudinarias debían existir sobre el tiempo y el lugar donde se desarrollaba el proceso y se dictaba la sentencia.

2. Con la apertura al derecho romano, a partir de la mitad del s. XII, también llegaron una avalancha de disposiciones respecto a las solemnidades de la sentencia, las cuales poco a poco fueron imponiéndose en el nuevo proceso romano canónico.

En las colecciones oficiales de decretales pontificias no existe un discurso orgánico y directo sobre las formalidades que deben rodear la sentencia, o sea, no existe un título dedicado a clasificarlas.

En cambio en la literatura procesal ya se esbozaron los primeros intentos de agrupar las solemnidades de la sentencia en la sección «qualiter proferri», como lo hizo Tancredus y el Hostiense.⁵⁷ O según el mismo Tancredus, «ex causis exterioribus».⁵⁸ En cambio Durandus las dispersó en varios grupos.⁵⁹

La exigencia de la escritura de la sentencia poco a poco se impuso. Así Tancredus, después de citar la norma romana propuesta en C. 11 q. 1 c. 35, comenta que en realidad también la sentencia sin escritura es válida, pues así él lo ha visto hacer en modo ordinario en la Curia romana.⁶⁰

Un poco más tarde, en el «ordo» de Gratia, que refleja la praxis de la Curia romana, se hace una detallada descripción de la escritura y lectura de la sentencia, e incluso se menciona que el obispo debía firmarla.⁶¹

También el Hostiense incluye el defecto de la escritura como causa de invalidez y alaba a los «cauti italici» que suelen poner por escrito la sentencia, para que conste perpetuamente.⁶²

Por otro lado Tancredus testimonia que el juez podía delegar a otro la lectura de la sentencia. ⁶³ Recién en el Liber Sextus (VI. 2, 14, 5) aparece un texto oficial que ordena que la sentencia se debe «de scripti recitatione proferri», por el mismo juez, y solo al obispo se permite de hacerla proclamar por otra persona.

También los canonistas se detuvieron a reflexionar acerca de la fórmula que se debía usar en la sentencia. Este debate nacía de las fuentes romanas que declaraban la invalidez de la sentencia que no contenía «absolutio nec condenatio» y la praxis judicial secular.⁶⁴

En una respuesta del Papa Celestino III (1191 - 1198) ⁶⁵ con la que resuelve una cuestión relativa a la fórmula que debe usar el juez cuando dicta sentencia, se debe resaltar la preocupación existente por la formalidad que no solo exige la escritura y la pronunciación, sino que además, se detiene a sopesar con meticulosidad el valor de las palabras mismas (la fórmula) con las cuales se expresa la decisión judicial.⁶⁶

Y aunque en la respuesta se relativiza el valor material de las palabras rituales en favor de la voluntad e intención del juez, sin embargo es claro que tal intención del juez debe servirse de adecuadas fórmulas que ayuden a expresar de modo indudable su decisión.

Como vemos, la canonística, al tiempo que reconoce el valor de las formalidades, se niega a encerrarse en ellas y subraya con vigor su relatividad con respecto a la finalidad del derecho eclesial, que no es otro que el de establecer la justicia cristiana.⁶⁷

También merece ser resaltado el caso de la sentencia desprovista materialmente de la respectiva fundamentación, que es resuelta por una decisión del Papa Inocencio III.⁶⁸ Según esta decretal es válido el proceso que ha sido realizado solo de modo oral (sin poner por escrito los alegados ni las deposiciones de los testigos) y que ha sido concluido con una sentencia, la cual tampoco ha sido puesta por escrito, pero cuya existencia puede ser probada por testigos fiables, aunque no puedan explicar cuáles fueron las causas que motivaron la decisión del juez. Por lo tanto también la sentencia es válida, aunque no haya hecho constar por escrito las causas de su decisión, y tiene plena validez, mientras no se pruebe lo contrario.

En este caso la defensa del caso excepcional no hace sino confirmar y reforzar la importancia de la regla general: la redacción de actas y de la sentencia, haciendo constar incluso los motivos de la decisión, claramente favorece la seguridad jurídica. ⁶⁹ De todos modos el principio procesal de escritura ⁷⁰ cada vez será más importante en el proceso canónico.

Respecto al tiempo judicial una decretal de Gregorio IX establecía el cese de la actividad judicial en las ferias religiosas. Solo se permite una excepción en caso que especiales circunstancias aconsejen lo contrario y con el consentimiento de ambas partes. Y cuando se trataba de ferias civiles bastaba el consentimiento de las partes.⁷¹

Esa será la doctrina que al respecto repetirán los autores de derecho procesal.⁷² Durandus además precisaba que no debía hacerse de noche. ⁷³

Por último también se exigió que el juez pronuncie su sentencia sentado. De este modo quiere resaltarse la la majestad del tribunal y la ponderación de la decisión tomada.⁷⁴

La literatura procesal, inspirada en el derecho romano, generalmente añadía aquí que debía ser dictada en la sede ordinaria o al menos en un lugar honesto, no por ejemplo en un prostíbulo o en una taberna. Además se precisaba que para el dictamen de la sentencia debían estar presentes las dos partes y todos los que el derecho ordenaba asistir.⁷⁵

1 Ya que muchos de aquellos textos romanos añadidos sirvieron de apoyo a los canonistas de los siglos siguientes, brevemente indicamos los más notorios. El pasaje más importante sin duda es el que se halla en C. 2 q. 6 c. 41 d. p. § 2 - § 9. Allí se elencan diversos casos tomados del Código justinianeo (cf. C. 7, 45, 3 - 4; C. 7, 62, 27; C. 7, 64, 1 - 2 - 4 - 5 - 7): todos ellos refieren casos de sentencia inválida.

Otro texto romano se halla en C. 2 q. 1 c. 8, el cual equivale a C. 7, 44, 3: una constitución que impone la invalidez a aquellas sentencias que no hayan sido puestas por escrito. En este caso el texto fue añadido para reforzar los textos vecinos, que hablaban de modo genérico sobre la necesidad de la escritura de la sentencia.

Los bloques de C. 2 q. 1 c. 14, (tomado de D. 48, 2, 8; 9; 10; 11; 13), el bloque de C. 3 q. 11 c. 2 (tomado de C. 9, 1, 19), C. 3 q. 11 c. 3 d.p. (cf. C. 3, 8, 4) y C. 3 q. 11 c. 4 y d.p. c.4 (que proviene de C. 9, 1, 1; C. 7, 19, 1; 2; 3; 4; C. 9, 1, 20-21) enumeran diferentes restricciones a ciertas personas en su capacidad de acusar, ser testigos, o en general a su participación en un proceso.

Finalmente los textos agrupados en C. 3 q. 7 c. 1 d. p. (tomado de Paul.D. 5, 1, 12 fin.) y C. 3 q. 7 c. 2 (cf. C. 3, 1, 1 pr.; C. 3, 1, 1 § 6 y § 11; C. 3, 1, 4; 5; 6; 13) elencan requisitos, restricciones y casuística sobre la capacidad de ejercer la potestad judicial.

Sobre este argumento cf. Basdevant - Gaudemet, «Les sources de droit romain en matière de procédure dans le Décret de Gratien», RevDC 27 (1977) 193 - 219; W. Litewski, «Les textes procéduraux du droit de Justinien dans le Décret de Gratien», Studia Gratiana 9 (1966) 66 - 109. En cambio se debe usar cautamente aquellos autores, que ignoran la actual crítica histórico textual sobre los textos romanos del Decreto.: E. Jakobi, «Der Prozeß im Decretum Gratiani», ZSS KA 3 (1913) 239 - 261; 278-286; 313 ss; 331; A. Hanssen, «De sanctione nullitatis», Apollinaris 11 (1938) 84; F. Della Rocca, «Il processo in Graziano», Studia Gratiana 2 (1959) 279 ss.; E. Ghidotti, Le nullità della sentenza, 45 - 48.

2 C. 3 q. 7 c. 1 p.d. “Infames iudices esse non possunt. Infamis persona nec procurator potest esse, nec cognitor. Gratianus. Tria sunt quibus aliqui impediuntur ne iudices fiant: Natura ut surdus, mutus et perpetuus furiosus et impubes quia iudicio carent. Lege, qui senatu amotus est. Moribus foeminae et servi, non quia non habeant iudicium, sed quia receptum est ut civilibus non fungantur officiis.”

3 El texto viene de Sent. Paul. 1, 2, 3 (D. 5, 1, 12 § 2 - § 3). Seguramente este texto llegó a Graciano a través de Yvo de Chartres (Panormia, IV, 78).

4 C. 5 q. 4 c. 1. “Accusator, testis vel iudex aliquis simul esse non potest.”

5 C. 3 q. 8 c. 1 § 1. “§ 1. Nullum namque eorum sententia a suo iudice non dicta constringat, quia et leges seculi id ipsum fieri precipiunt.”

6 C. 2 q. 1 c. 7, § 8 - § 9. “§ 8. De persona episcopi Stephani hoc attendendum est, quia nec invitus ad iudicium trahi, nec ab episcopis alieni concilii debuit iudicari. § 9. [...] Quia ergo episcopus alienii concilii iudices habuit omnino suspectos, sententia non a suo iudice dicta nichil firmitatis obtineat.”

7 C. 3 q. 8 c. 1. “Episcopus non nisi a pluribus audiatur et iudicetur.”

8 C. 24 q. 1 c. 37 § 2. “§ 2. [...] Potest autem dici, catholicum sentencia heretici minime teneri. Non enim potest oris gladio ferire quem accusare vel in quem testificarei non valet [..] In hereticum autem potestatem habere videtur hereticus, sicut et diabolus potest in malis, tamquam in suo pecore.”

9 “A l’époque, en effet, les fonctions judiciaires et administratives n’étaient pas séparées l’une de l’autre et à un charge ecclésiastique donnée se joignait souvent la fonction de juge. Les normes qui valent pour la charge ecclésiastique décident également de l’aptitude à remplir cette fonction. Ainsi donc, l’introduction de normes spéciales concernant les juges, est chose superflue.” W. Litewski, «Les textes procéduraux», o.c. 97. Cf. E. Jakobi, «Der Prozeß im Decretum Gratiani», ZSS RA 3 (1913) 247-248.

10 C. 4 q. 2 et 3 c. 1. “«Qui ab accusatione repelluntur, aut ad annum xiv nondum pervenerunt, testes esse non possunt». Testes autem ad testimonium non admittendos esse censemus, qui nec ad accusationem admitti iussi sunt, vel etiam quos ipse accusator de domo sua produxerit. Ad testimonium autem intra annos quatuordecim aetatis suae constituti non admittantur.”

11 C. 15 q. 3 pr. “Generaliter enim statutum est ex decretis Fabiani Papae, ut sacerdotes Domini non accusent, nec in eos testificentur, qui sui ordinis non sunt, nec esse possunt. Mulieres autem non solum ad sacerdotium, sed nec etiam ad diaconatum provehi possunt, unde nec sacerdotes accusare, nec in eos testificari valent.”

12 C. 15 q. 3 pr. “Legibus quoque cautum est, ut ob verecundiam sui sexus mulier apud pretorem pro alio non intercedat, nisi forte suas vel suorum iniurias persequi maluerit. Haec autem, que nec suas, nec suorum iniurias persequitur, ad hanc accusationem admitti non debet.[...] § 3. Econtra, quamquam passim et indifferenter ad accusationem mulier non admittatur, sunt tamen quedam crimina, quorum accusationem mulier subire non prohibetur.”

13 C. 3 q. 9 c.1 - c. 2. “c. 1. Ait enim Telesphorus Papa : Accusatori omnino non credi decernimus, qui absente adversario causam suggerit, ante utriusque partis iustam discussionem. c. 2. Item Eleutherius Papa. Caveant iudices ecclesiae, ne absente eo, cuius causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit.”

El texto de Papa Telesphorus está inspirado en CTh 11, 39, 9.

14 C. 3 q. 9 c. 3. “Calixtus Papa. Absente eo, quem accusare voluerit, quicquam accusatori non credatur, qui sine scripto difficile, per scriptum autem numquam recipiatur; quia per scripturam nullus accusari potest, sed propria voce, et presente eo, quem accusare voluerit, suam quisque agat accusationem.”

15 C. 2 q. 8 c. 5. “Per scripta nullius accusatio suscipiatur, sed propria voce (si legitima et condigna accusatoris persona fuerit) presente videlicet eo, quem accusare desiderat, quia nullum absens accusare potest, nec ab aliquo accusari.”

16 C. 3 q. 9 c. 13 d. p. “ Gratianus. Nisi fuerint absens ex contumacia. Pro presenti namque contumacia eum haberi facit.”

17 C. 11 q. 3 c. 35. “Iniusta episcoporum dampnatio irrita esse censetur. Item ex Concilio Cartaginensi IV. Irritam esse iniustam episcoporum dampnationem censemus, et idcirco a sinodo retractandam.”

18 C. 11 q. 3 c. 89. “Viribus caret sententia iniuste prolata. Item Calixtus Papa. Iniustum iudicium et diffinitio iniusta, regio metu et iussu, aut cuiuscumque episcopi aut potentis a iudicibus ordinata vel acta, non valeat.”

19 Por ejemplo véase: Stephanus ad C. 2 q. 1 [Schulte, p. 158 - 160]; q. 6 [p. 175; 185-186]. Ruphinus ad C. 2 q. 1 c. 12 [Singer 239]; q. 6 c. 34 [p. 253 - 254]; c. 41 d. p. [p. 255]; C. 11, q. 3 [p. 312- 314].

20 Los mismos autores de esta época fueron los primeros en exponer ordenadamente los casos de sentencia inválida. El más antiguo esquema utilizado por la canonística medieval para exponer los causales de invalidez de la sentencia, consistió en agruparlos según las características de la sentencia: quot, qualis, quis, qualiter, quando, quomodo. Este modo de exposición ya fue insinuado en el «Ordo invocato Christi nomine» (Modena, hacia 1198), que acumuló todos los posibles casos de sentencia inválida, pero sin clasificarlos en grupos. Cf. Ordo invocato, rub. 51 [Wahrmund, 5, 1, p. 122-26]. Fue en la Summa del Hostiense que este esquema se desarrolló al máximo. Cf. Hostiensis, Summa, II, De sententia, § 2 - § 5.

Pero el sistema que tuvo más éxito fue propuesto por Tancredus, en su «Ordo iudiciarius» (Boloña 1214 - 1216), el cual sintetiza los capítulos de invalidez de la sentencia así: «Sententia nulla est aliquando ratione litigantium, quandoque ex persona iudicis, quandoque ratione iurisdictionis, interdum vitio sui ipsius, interdum vero ex causis exterioribus». Tancredus, pars 4, tit. 2, in princ. [Bergmann, p. 276].

Su división más ordenada llegará a los autores posteriores por medio de Durandus. Véase Durandus, Speculum, II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n.1. Cf. P. de Franchis, Lectura, ad X. 2, 28, 63, in fine tituli, Qu. 1.

Todos los comentarios medievales a las decretales y al Corpus de Justiniano, en cuanto seguían los títulos, hicieron una exposición dispersa de los casos de invalidez. Sobre los legistas del s. XIII puede verse la obra de Azón († 1230), que bajo el comentario a C. 7, 45 y C. 7, 64, agrupa algunos causales de invalidez «ratione litigantium, iudicis, auctoritatis alterius sententiae, temporis, loci, vitii in ipsa recitatione». Cf. Azo, Summa: ad C. 7, 43, n. 5; ad C. 7, 44, n. 1-4; ad C. 7, 45, n. 1-2, 4; ad C. 7, 46, n. 1; ad C. 7, 58, n. 1-2; ad C. 7, 64, n. 1-3. También Irnerius († 1198), en modo bastante breve y disperso: cf. Irnerius, Summa Codicis, ed. Hermann, Berlin 1874, nueva impresión Frankfurt 1971; p. 255 - 259: ad C. 7, quomodo et quando; ad C. 7, de sent. et interloc.; ad C. 7, quando prov. necesse non est. Igualmente dispersa, por su misma naturaleza, era la glosa fijada por Accursius († 1258-1260).

21 Los autores que se han ocupado de ordenar y exponer los causales de invalidez en este período, son: A. Hanssen, «De sanctione nullitatis», Apollinaris 11 (1938) 85 - 89; F. Della Rocca, Le nullità della sentenza, 52 - 59; E. Ghidotti, La nullità della sentenza giudiziale, 56 - 66; brevísimamente W. Curtin, The plaint of nullity, 3 - 4. Los manuales de «ius decretalium» que florecieron a fines del s. XIX e inicios del s. XX hacen una exposición muy parcializada en vistas a la praxis de su propia época.

22 X. 1, 29, 29. “Innocentius III. Ex literis [...] Si vero constiterit primas literas per secundas legitime revocatas, quum appareat, primos iudices iurisdictionem nullam penitus habuisse, [...][a. 1207].”

23 X. 1, 4, 3. “Innocentius III. Ad nostram audientiam noveris pervenisse, quod in tua dioecesi etiam in causis ecclesiasticis consuetudo minus rationabilis habeatur, quod, quum aliqua causa tractatur ibidem, et allegationibus et querelis utriusque partis auditis, a praesentibus literatis et illiteratis, sapientibus et insipientibus, quid iuris sit quaeritur, et quod illi dictaverint vel aliquis eorum, praesentium consilio requisito pro sententia teneatur. Nos igitur attendentes, quod consuetudo, quae canonicis obviat institutis, nullius debeat esse momenti, quum sententia a non suo iudice lata nullam obtineat firmitatem, [...]. [a. 1199].”

24 Cf. Hostiensis, Summa, II, De sententia, 4, § et quidem; véase también Durandus, o.c., I, 1, de iurisdictione omn. iud., § expedito; II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n. 4; Lanfrancus, cap. X, n. 45 [fol. 129].

25 X. 1, 29, 37. “Honorius III. Venerabili fratri nostro [...] quia videlicet abbas contra mandati nostri tenorem ad inquirendum, utrum de dilapidatione suspectus esset episcopus ipse, quum iam suo functus esset officio dicto abbati committendo in integrum vices suas, huiusmodi negotium dicto thesaurario non potuit demandare.” [a. 1216-7]

26 Cf. X. 1, 29, 40.

27 X. 1, 29, 21. “Coelestinus III. Prudentiam tuam [...] In hoc casu taliter respondemus, quod, quum aliquis delegatorum iudicium per certum nuncium vel excusatorem literatorie destinatum non ostenderit, se interesse non posse, vel alias de eodem canonice constare non poterit, residui procedere ad causae cognitionem non debent. [...] [a. 1193].” Cf. Innocentius IV, o. c., ad X. 1, 29, 21, n. 2 - 4, n. 9.

28 X. 1, 29, 16. “Alexander III. Causam matrimonii, [...] quia, quum causa duobus committitur, sententia unius non tenet.” [a. 1170-1]

29 X. 2, 28, 56. “Innocentius III. Ut nostrum prodeat [...] Iudicibus dedimus in mandatis, ut [...] eam decernerent irritam et inanem, inhibentes illi, ne quomodolibet eo uti praesumeret, quum plus sit, Romanum ponteficem ad se aliquod revocare negotium, quam quemquam ad eum super aliquo negotio provocare. [a. 1198].” Cf. X. 2, 28, 55.

30 X. 5, 7, 13 § 5. “Innocentius III. § 5. Credentes praeterea, receptatores, defensores et fautores haereticorum excommunicationi decernimus subiacere, firmiter statuentes, ut [...] nec ad testimonium admittatur. [...] Quodsi forte iudes exstiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec causae aliquae ad eius audientiam perferantur [a. 1215].” Cf. Hostiensis, Commentaria, ad X. 1, 38, 4, n. 20, vers. et nullius momenti; Durandus, Speculum, II, 1, De exceptionibus, § nunc videndum, n. 8, n. 15.

31 VI. 2, 1, 3. “Bonifacius VIII. Si annum [...] Si vero infra xiv annum exsistas, per te agere aut defendere non poteris super ipsis; sed vel per tuum episcopum vel per officialem eiusdem tibi curator dabitur ad lites huiusmodi exercendas, aut tu ipse, si maior infante fueris, cum auctoritate alterius eorundem procuratorem praestare, ad illas causas vel lites.” Cf. Hostiensis, Summa, II, 3, De sententia, § iusta.

32 VI. 2, 1, 2. “Bonifacius VIII. Mulieres, [...] ad iudicium personaliter evocari vel trahi invitas causa ferendi testimonium, aut alia qualibet, quae in iure non exprimitur, prohibemus. Sed quum necessarium fuerit testimonium earundem, iudex, in expensis partis producentis easdem, tabellionem aut aliam personam idoneam ad eas transmittat, vel, si forte talis casus occurrerit, [...], iudex tunc propter hoc personaliter ad illas accedat, [...] § 1. Ceterum foeminae religiosae, praesertimquae debent sub clausura morari, extra suum monasterium vel clausuram non vocentur ad iudicium vel trahantur”

33 X. 1, 38, 4. “Innocentius III. In nostra presentia [...] quod falsi procuratoris exceptio non solum ante sententiam, verum etiam postea potest obiici iuxta canonicas et legitimas sanctiones, utpote qua probata iudicium nullum et nullius momenti controversiae reputantur de consilio fratrum nostrorum processum supradictorum iudicum sententialiter duximus irritandum. [a. 1207].” Cf. Tancredus, pars 4, tit. 2 § 1 [Bergmann, 276-77]; Azo, Summa Codicis, ad C.7, 45, n. 1, [col. 759]; Hostiensis, Summa, II, De sententia, 3 - 4; Durandus, Speculum, II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n. 5; Tudeschi, Commentaria, ad X. 2, 27, 1, n. 22.

34 X. 3, 9, 3. “Honorius III. Constitutis olim [...] Nos igitur procuratoribus partium in nostra praesentia constitutis, quum super praemissis coram nobis diutius litigassent, depositiones testium, qui vacante Burginensi ecclesia et carente legitimo defensore fuerint recepti, duximus reprobandas.”

35 X. 5, 7, 13, § 5: “Nulla preterea ipsi super quocumque negotio, set ipse aliis respondere cogatur.” Cf. Concilium iv Lateranense, const. 3, en Monumenta iuris canonici, series A, vol 2, edidit: García y García, Vaticano 1981, 47 - 50.

X. 2, 1, 7. “Alexander III. Intelleximus ex literis tuis [...] Unde quia postulasti a nobis, utrum excommunicatus in iudicio stare possit, respondemus, quod conveniri potest, et debet per alium in iudicio respondere, ne videatur de sua malitia commodum reportare, si ex ea fuerit ab eorum impetitione securus.”

36 Cf. Innocentius IV, o. c., ad X. 1, 29, 36, n. 3, vers. indigeat; ad X. 2, 28, 44, n. 6.

37Ya los decretistas lo repetían inspirados en la fórmula romana «contra solitum ordinem iudiciorum» (C. 7, 45, 4; cf. C. 1, 12, 6 § 3; C. 2 q. 6 c. 41 d.p. § 3). También los autores de literatura procesal frecuentemente repitieron ese principio: “Item nec contra solitum ordinem iudiciorum [...] Nam in qualibet sententia servandus est solitus ordo iudiciorum et legum.” Ordo invocato Christi nomine, rubr 51 [Wahrmund, 5, 1, p. 124]. “Item sententia diffinitiva extra licitum ordinem iudiciorum lata, non tenet, ut C. de sent., l. prolatam.” Ordo Scientiam, rubr. 32 [Wahrmund, 2, 1, p. 66]. Cf. Hostiensis, Summa, II, De sententia, 5, § is est ordo; Tudeschi, Practica, Venetiis 1588, cap. 2, n. 3.

38 X. 5, 1, 22. “Innocentius III. Ad petitionem Galterii [...] Quum igitur nobis de talibus fuerit sufficiens in tali negotio facta fides, propter quae praefatus G. erat merito amovendus, etsi restituendus foret propter iudiciarium ordinem non servatum, ob causas tamen praedictas ipsum providimus manere privatum regimine abbatiae, supra dictum priorem, quem pro eo, quod, praefato G. propter iuris ordinem non servatum quodammodo inordinate remoto, intelleximus ob eandem causam per consequentiam minus legitime substitutum, per sententiam amoventes. Quem quia non propter personae vitium vel scientiae defectum, sed propter iuris solemnitatem, sicut praemissum est, praetermissam amovimus, ipsum postmodum restituimus in abbatem [a. 1210].”

39 Cf. X. 2, 5, 1; X. 2, 1, 19; X. 2, 6, 2; X. 2, 6, 5. Cf. Innocentius IV, o. c., ad X. 1, 29, 31, n. 4; ad X. 1, 38, 4, n. 8; Hostiensis, Summa, II, De sententia, 5, § is est ordo, vers. ordo iudiciarius; Durandus, o. c., II, prologus, § haec notantur, n. 1; Tudeschi, Commentaria, ad X. 2, 28, 5, n. 31; Tudeschi, Practica, cap. 105, n. 1; Felinus, o.c., ad X. 1, 3, 24, n. 8; ad X. 2, 1, 6, n. 3; ad X. 2, 27, 1, n. 7, vers. limita ut dicam, n. 8; P. de Franchis, loc. cit., Qu. 52, vers. tertio limita [fol. 192].

40 X. 2, 27, 10. “Clemens III. Tenor litterarum tuarum [...] quia terra illa tunc pro regis morte turbata fuerat, mulier sibi evidenti periculo viarum praecavens non poterat se iudici, a quo iam tertio citata fuerat, praesentare, licet nuntium cum excusatione transmiserit, episcopus tamen idem eundem R. postmodum muliere absente, ab impetione ipsius absolvit. [...]”. Cf. X. 2, 20, 2; X. 2, 27, 18.

41 “Item si contra ius scriptum lata est, non valet.” Tancredus, pars 4, tit. 2, § 4 [Bergmann, p. 279]. También Bulgarus [Wahrmund, 4, 1, p. 8]; Damasus Magister, Summa, de sententiis [Wahrmund, 4, 4, p. 58]. “Item si sententia lata sit contra ius, licet appellatione suspensa non fuerit, ipso iure non poterit subsistere.” Parvus Ordinarius, de appellationibus [Wahrmund, o. c., en Archiv des Kathol. Kirchenrecht, 81 (1901) 213]. Ordo scientiam, rubr. 32 [Wahrmund, 2, 1, p. 66].

42 X. 2, 27, 1: “Gregorius. Sententia contra leges canonesve prolata, licet non sit appellatione suspensa, non potest tamen subsistere ipso iure.”

43 X. 2, 27, 9: “Alexander III. Eboracensi Archiepiscopo. Inter ceteras [et infra] Item cum aliqua causa appellatione remota committitur et sententia fertur iniqua ea evacuari oportet; nec ei debet stari si iniquitatem contineat manifestam.” Cf. X. 5, 39, 40.

44 Cf. F. Della Rocca, Le nullità della sentenza, 79 - 85.

45 Cf. Innocentius IV, o. c., ad X. 1, 9, 6, n. 1; Hostiensis, Summa, II, De sententia, 2, § diffinitiva, vers. undecimo videtur; Durandus, o. c., II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n. 22; Tudeschi, Commentaria, ad X. 2, 27, 9, n. 1; P. de Franchis, loc. cit., Qu. 55 [fol 196].

46 X. 2, 25, 6. “Innocentius III Monachis Farsensibus. Cum venerabilis frater [...] Licet autem nimis excesserit qui transscriptum illius instrumenti falsavit, quia tamen delictum personae in damnum ecclesiae redundare non debet, ac non solum ante sententiam, verum etiam post obiici potest exceptio falsitatis [...].[a. 1206].”

47 “§ 3. Sententia, quae lata est per falsos testes vel falsa instrumenta, tenet quidem de iure, sed rescinditur per in integrum restitutionem praetextu falsi [...] vel per querelam falsi [...] vel per actionem in factum, vel secundum canones rescinditur talis sententia per iudicis officium, quoniam ecclesia fuit decepta.” Tancredus, pars 4, tit. 3, § 3 [Bergmann, p. 282].

48 “Si pronuntiatum est male per falsa instrumenta [...] Et retractatur tunc usque ad XX annos, ut C. ad legem Corneliam de falsis, l. querela falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur, nisi XX annorum exceptione, sicut cetera quoque fere crimina.” Ricardus Anglicus, tit. 36, [Wahrmund, 2, 3, p. 79 - 80].

49 Cf. Durandus, Speculum aureum, II, 1, De exceptionibus, § dicto de dilatoriis, n. 14; P. de Anchorano, o. c., ad X. 2, 19, 9, n. 22.

50 “Sed certe et post sententiam opponi potest, cum per hanc iudicium retroducatur nullum, controversiae nullae, C. de procuratoribus, leg. 24 et idem in qualibet consimili, ut si dicatur sententia lata a non suo iudice, vel authoritate falsorum instrumentorum, vel testium.” Hostiensis, Summa, II, de exceptionibus, 3, § haec de dilatoriis. Cf. Idem, ad X. 2, 27, 18, n. 18; Ioannes Andrea, Commentaria, ad X. 2, 27, 18, n. 12, vers. irritandam; Tudeschi, Practica, cap. 118, n. 8

51 “Diffinitiva sententia [...] continere debet absolutionem vel condempnationem [..] Item non ferenda sub conditione.” Ordo invocato, rubr. 51 [Wahrmund, 5, 1, p. 123- 124].

Cf. Ordo Scientiam, rubr. 32 [Wahrmund, 2, 1, p. 64 - 65]. Pero respecto al caso del juez venal, VI, 2, 14, 1 solo amenazaba con sanciones a los jueces.

52 Cf. Ricardus Anglicus, tit. 36 [Wahrmund, 2, 1, p. 64-65].

53 C.11 q.1 c.45. “Item Constitutio LXXIV. c. 1. Ubi autem dirimere episcopus vult, causam sine scriptura omnia procedant, et definitiva sententia ab eo sine scripturis feratur [...] (Palea: In criminalibus vero causis numquam sine scriptura procedere debet).”

Este canon está tomado de del prefacio al c. I de la Novella 73 (74 según la numeración llamada authentica, usada por los antiguos interpretes latinos), y pertenece al año 539.

54 “Quae sententia non nisi in scriptis ferri debeat, nisi sint breves et maxime miserabilium.” Stephanus, ad C. 2 q. 1 [Schulte, p. 158].

55 Así por ejemplo, C. 2 q. 1 c. 8 - c. 9.

56 C. 2 q. 1 c. 7 § 3: “[...] si scriptis iudicatum est, et partibus praesentibus sententia recitata est. Quod si forte hec solempniter acta non sunt, neque causa probata est, que exilio vel depositione digna sit, in ecclesiam suam modis omnibus revocetur.”

57 Cf. Tancredus, pars 4, tit. 1, § 5 [Bergmann, p. 273]; Hostiensis, Summa, II, De sententia, 5, § et quidem rite. También cf. Lanfranco, Praxis, Cap. 10, n. 17 - 19 [fol. 120].

58 Tancredus, pars, 4, tit. 2, § 5 [Bergmann, p. 279 - 280].

59 Durandus, Speculum, II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n.1.

60 “Verumtamen, licet scriptum sit, quod sententia sine scriptis lata non teneat, dicunt tamen quidam, quod illis iuribus derogatum est per contrariam consuetudinem, quam etiam Romana curia servat, quia tota die dat sententias et non in scriptis.” Tancredus, pars 4, tit. 2 § 4 [Bergmann, p. 279].

61 “Iudex autem in sententiis diffinitivis hunc modum servare debet. Debet enim coram illis, coram quibus recitare debet sententiam, totum negotium per ordinem recitare, et totum factum summatim repilogare [...] Postquam totum factum narraverit, scriptam debet habere sententiam in manibus, et ore proprio eam debet legere, et alteri non committere. Et si sunt plures, omnes simul legent. [...] In quibusdam autem locis ad maiorem cautelam episcopus ponit in fine sigillum suum, et ipse propria manu cum quibusdam canonicis suis subscribit. Quod mihi non placet, cum non sit necessarium, cum sententia per manum publicam roboratur. Posset tamen hoc locum habere in partibus, ubi non sunt tabelliones.” Gratia, pars 3, tit. 1 [Bergmann, p. 380].

62 “Ideo cauti Italici faciunt omnia acta in publicam formam redigi, et sibi tradi ad fidem perpetuam faciendam, si quando forte in posterum, super processu aliqua dubitatio oriatur .” Hostiensis, Summa Aurea, II, De sententia, 5, § is est ordo, vers. ideo cauti. Cf. Durandus, o. c., I, 1, De officium omn. iud., § postremo loco, n. 2, vers. in hac plena; Lanfranco, Praxis, Cap. 10, n. 9 [fol. 117].

63 “Quid, si iudex sit illiteratus omnino et nesciat legere, vel non videt; nam caecus iudicare potest; quid fiet ? Respondeo, vel deleget causam diffiniendam alteri, vel faciat petitionem et allegationes partium per alium recitari, et per se ipsum, ab alio instructus, proferat verba diffinitionis causae, scilicet «condemno» vel «absolvo». Hoc saepe vidi fieri in civitate Bononiensi a peritissimis legum doctoribus, et in curia Romana a domino Innocentio papa tertio felicis recordationis, cum prolixas ferebat sententias.” Tancredus, pars 4, tit. 2 § 5 [Bergmann, 279].

64 “Praeterea iudex in prolatione sententiae [...] dicat: «visis et auditis confessionibus, attestationibus, instrumentis, rationibus et allegationibus utriusque partis», vel «ab actore vel reo productis», «et diligenter investigatis et intellectis, habito multorum sapientium consilio condemno» vel «absolvo». Vel aliter proferat, sicut viderit proferendum, quod sacris conveniat canonibus seu legibus vel approbatis consuetudinibus.” Tancredus, pars 4, tit. 1, § 5 [Bergmann, p. 273].

65 X. 5, 40, 15. “Coelestinus III. In his, quae [...] ipse archiepiscopus post cognitionem causae in prolatione sententiae his verbis non fuit usus, ut secundum ius civile diceret: «talem partem condemno, vel talem absolvo», sed pronunciavit ita: «statuo et praecipio» ne de cetero, et reliqua, quae expressim continentur in instrumento [...] Attendentes igitur, quod hoc verbum «statuo» secundum legem rem perfectam significat, et cum effectu, non verbotenus accipitur, item quod secundum Gregorium quod praecipitur imperatur, et quod imperatur necesse est fieri, et aliquando, si non fiat, poenam habet, considerantes nihilominus, quod iuxta eundem Gregorium non debet aliquis considerare verba, sed voluntatem et intentionem, cum non intentio verbis, sed verba intentioni debeant deservire, [...] definimus, quod praefati archiepiscopi verba, tali forma prolata, perpetuo valiturae sententiae obtineant firmitatem.” Cf. VI°. 2, 14, 4.

66 Cf. Tancredus, pars 4, tit. 1, § 5 [Bergmann, p. 273].

67 Cf. Hostiensis, Summa, II, De sententia, 3, § et quidem; Durandus, o. c., II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n. 8; Tudeschi, Practica, Cap. 105, n. 1; Lanfranco, Praxis, Cap. 10, n. 9 [fol. 117], n. 18 [fol. 120].

68 X. 2, 27, 16. “Innocentius III. Sicut nobis [...] Verum quia testimonium ipsorum quasi nude prolatum fuerat, cum de causis, quae iudicem movere solent ad sententiam proferendam, nihil se scire dixerint, variatum fuit inter iuris peritos, a quibus consilium postulastis, aliis asserentibus tale testimonium non valere, aliis sentientibus, quod valeret. Unde in hac ambiguitate quid tenedum sit, sedem duxistis apostolicam consulendam. [...] vobis taliter respondemus, quod, cum ex depositionibus testium praedictorum constiterit vobis, sententiam a iudice suo fuisse prolatam, propter auctoritatem iudiciariam praesumi debet omnia legitime processisse.[a. 1199].” Cf. B. Ferme, «Judging justly: the ecclesiastical sentence in history», Apollinaris (1992) 532.

69 Sin embargo la Summa Minorum (Paris 1250-1254) de Arnulphus, aconseja de no colocar las razones de la sentencia: “Sic possumus ferre vel formare sententiam, ita quod ibi exprimatur petitio actoris et responsio rei et fiat mentio de hiis, quae requiruntur ante sententiam [...] Verumtamen debemus scire, quod non est bonum, tot exprimere in sententiis, ne si forte non inveniantur in actis, prout expressa sunt, possit sententia reprobari, ut hoc totum patet subtiliter intuenti.” Arnulphus Magister, Summa minorum, rubr. 46 [Wahrmund, 1, 2, p. 48 - 49].

“Quaerit Ioannes Andrea an sit utile vel damnosum exprimere causam in sententia. Textus non exprimit sed dicit quod non est moris in plerisque locis exprimere. Ioannes Andrea dicit quod est fatuum exprimere causam, quia facile posset malam causam exprimere et bonam subticere, et sic sententia non valeret [...] Et hoc est verum nedum in diffinitiva, sed in interdilatoria.” P. de Anchoranus, o. c., ad X. 2, 27, 16, n. 7.

“Nam iudex ex sententia videtur esse motus propter acta facta, et propter ea quae continentur in actis, unde est quod sententia refert se semper ad acta [...] Fallit tamen in aliquibus casibus in quibus debet exprimi causa in sententia: primus est in causa appellationis [...] secundus est in causa excommunicationis [...] tertius est quando receditur a iure communi: puta, quando iudex absolvit victum ab expensis, nam debet inserere causam, quare absolvit [...] in sententia etiam criminali debet exprimi causa.” Lanfranco, Praxis, cap. 10, n. 46, additio.

70 “Innozenz III befestigte auch den Grundsatz der Schriftlichkeit des kanonischen Verfahrens. Danach waren alle Vorgänge, Behauptungen, Beweiserhebungen bei sonstiger Nichtigkeit von den gerichtlich bestellten Urkundsbeamten in die Akten aufzunehmen, nach dem Grundsatz: quod non est in actis, non est in mundo. Andernfalls konnte die Gefahr der Nichtigkeit der betreffenden Prozeßhandlung bestehen. Dies führte zur Ausbildung eines neuen Amtsträgers, des Gerichtsnotars, der, auf älteren Vorbildern der kirchlichen Urkundspersonnen beruhend, von Innozenz III auf dem 4 Laterankonzil gemeinrechtlich eingeführ wurde.” W. Plöchl, Geschichte, Band 2, 314. De aquí derivará una literatura especializada. Un ejemplo lo tenemos en la «Ars Notariae des Rainerius Perusinus», editado por L. Wahrmund, en Quellen, Bd 3, Heft 2. Cf. A. Stickler, «Ordines iudiciarii» en Dict. droit canonique, t. 6, col. 1142.

71 X. 2, 9, 5. “Gregorius IX. Conquestus est nobis [...] Quamvis non prorogari, sed expediri deceat quaestiones, debet tamen iudicialis strepitus diebus conquiescere feriatis, qui ob reverentiam Dei noscuntur esse statuti [...] nisi necessitas urgeat vel pietas suadeat, usque adeo convenit ab huiusmodi abstinere, ut, consentientibus etiam partibus, nec processus habitus teneat, nec sententia, quam contingit diebus huiusmodi promulgari, licet diebus feriatis, qui gratia vindemiarum vel messium ob necessitates hominis indulgentur, procedi valeat, si de partium processerit voluntate.”

72 Cf. Hostiensis, Summa, II, de exceptionibus 3, § haec de dilatoriis; P. de Anchorano, Lectura, ad X. 1, 29, 9, vers. quaero; ad X. 2, 9, 5, n. 7.

73 “Sententia sit ferenda [...] in die non feriato et ante crepusculum noctis.” Durandus, Speculum, II, 3, De sententia, § nunc videndum, pr.

74 VIº. 2, 14, 5: “Sententia, quam scripta edi a iudice litigatoribus, non recitari, vel quam ab ipso stando, non sedendo proferri contingit, nullius penitus est momenti.”

75 “§. Qualiter proferenda est sententia ? Respondeo, a iudice sedente pro tribunali, in loco consueto vel alias honesto, non in lupanari vel popina, cum parte praesente vel per contumaciam absente [...] Praeterea adesse debent in praesentiae hi, quorum consilium et praesentia requiritur.” Tancredus, pars 4, tit. 1, § 5 [Bergmann, p. 273].

“Item sedere debet iudex, quando profert sententiam [...] Tamen lex videtur dicere, quod sufficit, si iudex ad hoc venit, ut sententiam ferat, sive stando, sive sedendo pronuntiat [...] Item publice et non in occulto proferenda est sententia.” Ordo Scientiam, rubr. 32 [Wahrmund, 2, 1, p. 64 - 65]. Cf. Ordo invocato, rubr. 51 [Wahrmund, 5, 1, p. 122-126]; Ricardus Anglicus, tit. 36 [Wahrmund, 2, 3, p. 78-80]; Hostiensis, Summa, II, De sententia, 5, § et quidem; Durandus, o.c., II, 3, De sententia, § iuxta propositionis, n. 10-11; Lanfranco, Praxis, Cap. 10, n. 17, n. 19 [fol. 120]; n. 45 [fol. 129].