La Constitución de la República y la ley, otorgan a la Corte Nacional de Justicia varias facultades, que en lo sustancial tienden a la unificación en la aplicación e interpretación de la normas infraconstitucionales por parte de juezas y jueces del país, ello como una de las facetas del derecho a la seguridad jurídica. Es así que, por su naturaleza, tanto los precedentes jurisprudenciales como las resoluciones con fuerza de ley emtidas por el Pleno de la Corte tienen el carácter de vinculante, más las sentencias de casación y los informes de absolución de consultas son indicativas.