Derecho Constitucional

La metodología de este trabajo es cualitativa, teórica y exploratoria, que invita a los Estados a blindar sus constituciones para que estas no sean vistas solamente como un instrumento simbólico, sino como un instrumento válido que garantice los derechos de sus ciudadanos. 

Autora:  Johanna Elizabeth Jiménez TorresUniversidad Técnica Particular de Loja (Loja, Ecuador)https://orcid.org/0000-0002-0807-7446Jiménez Torres, J. E. (2023). Globalización económica y del derecho constitucional. Foro: Revista De Derecho, (40), 83–104. https://doi.org/10.32719/26312484.2023.40.5 

El presente artículo analiza la globalización económica, vista como una amenaza que no solo transgrede la soberanía de los Estados, sino que además vulnera la supremacía constitucional y las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aumentando la brecha social y vulnerando los derechos sociales, económicos, y culturales, trastocando con ello a la democracia y al estado constitucional. Tras exponer de manera rápida sobre la globalización económica, el artículo se centra en explicar el progreso que ha tenido la globalización del derecho constitucional en el contexto latinoamericano y lo que implicaría dicho fenómeno conforme la percepción de Ferrajoli al llevar al modelo constitucional al plano internacional, desde dos perspectivas; por un lado, como una oportunidad de brindar mayor protección a los derechos a través de la incorporación de los tratados y convenios de derechos humanos en la Constitución y desde la perspectiva de ver a la globalización del derecho constitucional como una oportunidad de fortalecimiento para los poderes públicos. 

El propósito del estudio es analizar el derecho al recurso, lo cual no es posible sin antes determinar el alcance de la institución que lo sustenta y que permite dimensionar su ámbito de aplicación que es la tutela judicial efectiva. De igual manera, los recursos no son meras formalidades, sino que tienen un abanico

internacional de regulación que ha sido consagrado en diversos instrumentos de carácter internacional.


Autora:  Karla Ayerim Yánez
kayanez@uotavalo.edu.ec
Frank Luis Mila Maldonado
fmila@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo. Otavalo, Ecuador
https://revistalex.org  -  Revista Lex - Volumen 6, No. 20, abril-junio 2023  -  ISSN: 2631-2735  -  Páginas 119 - 127

En el Estado constitucional de derechos resulta imperiosa la existencia de herramientas procesales que permitan materializar los derechos subjetivos, siendo una de las características esenciales de este modelo de Estado. Por ello, el objetivo del estudio es analizar el derecho al recurso como elemento derivado de la tutela judicial efectiva; bajo una metodología documental, descriptivo, donde se utilizó un enfoque cualitativo, y un método dogmatico-juridico, ya que se analizaron las bases históricas, así como su regulación normativa actual a nivel nacional e internacional. Se concluyó que la tutela judicial efectiva alberga el acceso a la justicia, el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, el derecho a ejecutar dicha decisión y el derecho a impugnar cualquier decisión desfavorable, siendo este último, el aspecto central del estudio, que parte de la idea del recurso como derecho humano, que posee diversos fundamentos dogmáticos, principios y elementos medulares que deben observarse.


El presente artículo se enfocará en analizar cuán efectivas han sido estas figuras para remover del cargo a presidentes. Para alcanzar ese fin, buscará en primer lugar, definir ambas figuras y encontrarle un sentido útil a su existencia; posteriormente, analizará si existen casos en los que se ha intentado aplicar estas figuras políticas y si es que estas tuvieron éxito o fracasaron y, finalmente, determinar si las figuras en estos países son verdaderamente herramientas políticas de control del poder público, o si son solamente figuras retóricas.

Autora:  Manuela Cárdenas Cifuentes
Karla Ayerim Yánez
kayanez@uotavalo.edu.ec
Frank Luis Mila Maldonado
fmila@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo. Otavalo, Ecuador

En el Estado constitucional de derechos resulta imperiosa la existencia de herramientas procesales que permitan materializar los derechos subjetivos, siendo una de las características esenciales de este modelo de Estado. Por ello, el objetivo del estudio es analizar el derecho al recurso como elemento derivado de la tutela judicial efectiva; bajo una metodología documental, descriptivo, donde se utilizó un enfoque cualitativo, y un método dogmatico-juridico, ya que se analizaron las bases históricas, así como su regulación normativa actual a nivel nacional e internacional. Se concluyó que la tutela judicial efectiva alberga el acceso a la justicia, el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, el derecho a ejecutar dicha decisión y el derecho a impugnar cualquier decisión desfavorable, siendo este último, el aspecto central del estudio, que parte de la idea del recurso como derecho humano, que posee diversos fundamentos dogmáticos, principios y elementos medulares que deben observarse.


El presente artículo se enfocará en analizar cuán efectivas han sido estas figuras para remover del cargo a presidentes. Para alcanzar ese fin, buscará en primer lugar, definir ambas figuras y encontrarle un sentido útil a su existencia; posteriormente, analizará si existen casos en los que se ha intentado aplicar estas figuras políticas y si es que estas tuvieron éxito o fracasaron y, finalmente, determinar si las figuras en estos países son verdaderamente herramientas políticas de control del poder público, o si son solamente figuras retóricas.

Autora:  Manuela Cárdenas Cifuentes
Universidad San Francisco de Quito USFQ (Quito, Ecuador)
https://doi.org/10.18272/ulr.v7i1.1697Cárdenas Cifuentes, M. «El Impeachment En Los Estados Unidos Y La Muerte Cruzada En Ecuador: Análisis Sobre La Eficacia Legal De Ambas Figuras». USFQ Law Review, vol. 7, n.º 1, septiembre de 2020, pp. 287-05, doi:10.18272/ulr.v7i1.1697.

El impeachment propio de Estados Unidos y la muerte cruzada de Ecuador son dos figuras políticas creadas con un doble fin: primero, demostrar que existe una división clara de poderes en el ámbito gubernamental; y segundo, servir como un mecanismo de checks and balances que controle las actuaciones del poder público, en especial las del presidente de la nación. Como tales, estas figuras tienen un papel importante pues buscan mantener la democracia y estabilidad política, social y económica de los países involucrados. El problema que se presenta al tratar de poner en práctica estas herramientas es que chocan con el poder de los partidos políticos más fuertes. Es así que su efectividad se pone en riesgo y surge la duda de su verdadera utilidad. El presente artículo se enfocará en analizar cuán efectivas han sido estas figuras para remover del cargo a presidentes. Para alcanzar ese fin, buscará en primer lugar, definir ambas figuras y encontrarle un sentido útil a su existencia; posteriormente, analizará si existen casos en los que se ha intentado aplicar estas figuras políticas y si es que estas tuvieron éxito o fracasaron y, finalmente, determinar si las figuras en estos países son verdaderamente herramientas políticas de control del poder público, o si son solamente figuras retóricas que no tienen utilidad práctica puesto que existen barreras para su real y efectiva aplicación.


El  presente  estudio  surgió  a  raíz  de  la  amplia  enumeración  de  principios  como  el núcleo para el ejercicio y protección de los derechos garantizados en la Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, ante lo cual se ha identificado confusión al invocar términos como aforismos, axiomas, postulados, proverbios, y preceptos, como si se tratara   de   términos   sinónimos.

Por: Iván Cevallos Zambrano
Magister en Derecho Procesal y Derecho Constitucional
ivancevallosz@hotmail.com
Crítica y Derecho: Revista Jurídica. Vol. 4 (6), (enero-julio, 2023). pp. 26-42

El  presente  trabajo  tiene por  objeto  un  análisis  sobre  el  uso  y  aplicación  de  los principios y los términos sinónimos, como: aforismo, axioma, postulado, proverbio y precepto,  en  el  marco  del  derecho,  por  los  cuales  se  ha  generado  confusión  en  el momento de referirse a los principios. El alcance del trabajo comprende la definición, conceptualización, aplicación y diferencias entre el principio y los términos sinónimos en las áreas del derecho, específicamente se distingue la naturaleza y alcance de los principios  desde  la  Ética,  la Lógica  y  el  Derecho.  Adicionalmente  se  analiza  los principios desde el ius-naturalismos, el ius-positivismo y las diferentes teorías desde Aristóteles hasta el alcance en la Constitución del Ecuador y los cuerpos normativos que  los  desarrollan  como  garantía  de  derechos.  El  trabajo  identifica  pautas  o metodología para la debida aplicación de cada uno de los términos en análisis, según el  aplicador  o  intérprete  de  un  principio,  cuando  se  trate  de  solucionar  un  caso concreto  y enfrenta  las  denominadas  antinomia,  anomia  o  laguna  normativa. Concluye  el  estudio  determinando  las  reglas  de  solución  de  conflictos  de  reglas, reglas y principios y principios.

La Corte Constitucional no ha contestado todas las dudas que giran en torno a la aplicación de esta importante figura; fue a partir de la emisión de la sentencia 1024-19-JP/21, en el año 2021, que la Corte ha empezado a desarrollar expresamente algunas pautas para el ejercicio de esta atribución.

Autor: Esteban Javier Polo Pazmiño, Instituto de Altos Estudios Nacionales (Quito, Ecuador), https://orcid.org/0000-0002-9927-388X
Polo Pazmiño, E. J. (2022). La declaratoria de inconstitucionalidad de normas por conexidad en Ecuador. Foro: Revista De Derecho, (38), 53–73. https://doi.org/10.32719.26312484.2022.38.3 

Este trabajo aborda una modalidad de control constitucional novedosa en el sistema de justicia constitucional ecuatoriano: la facultad de la Corte Constitucional para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas. La falta de claridad en algunos preceptos normativos que rigen este instituto, su reciente inclusión y la ausencia de estudios académicos específicos ha desembocado en que su alcance continúe siendo una interrogante en varios de sus aspectos relevantes. Los objetivos del trabajo son, por un lado, examinar el desarrollo normativo y jurisprudencial de la declaratoria de inconstitucionalidad por conexidad, a fin de comprender sus características en el diseño jurídico ecuatoriano; y, por otro, identificar los principales nudos críticos que dificultan el adecuado ejercicio de esta herramienta.

Este análisis concluye planteando las razones en defensa de la implementación de un control mixto de constitucionalidad y, por tanto, de una nueva regulación más atenta al sistema garantista propulsado por la Constitución de Montecristi. 

Autores/as: Storini, C., Masapanta Gallegos, C. R. ., & Guerra Coronel, M. A. . (2022). Control de constitucionalidad en Ecuador: muchas alforjas para tan corto viaje. Foro: Revista De Derecho, (38), 7–27. https://doi.org/10.32719/26312484.2022.38.1 

El control de constitucionalidad es uno de los temas que han generado mayores debates en el ámbito jurídico ecuatoriano, entre otros factores, aquello se debe a los posibles conflictos normativos que se presentan en la propia Constitución —CRE— al determinarse la coexistencia de dos sistemas: el mixto y el concentrado; esto se ha visto complementado con las indeterminaciones generadas por la normativa secundaria Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional —LOGJCC—, y la contradictoria jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador —CCE—. Este trabajo tiene como principales objetivos analizar desde una perspectiva crítica la evolución del control constitucional ecuatoriano desde la aprobación de la Constitución de 2008, determinar los problemas existentes en relación con el control mixto de constitucionalidad; y reflejar la caótica jurisprudencia existente. 

En  el  desarrollo  de  este  artículo  se  pretende:  (i)  exponer el contexto de la justicia indígena en Ecuador; (ii) describir las teorías acerca  de  la  acepción  del  estado  constitucional  de  derechos  desde  su  sentido  objetivo; (iii) evidenciar algunos de los conflictos más relevantes en el ejercicio de dos sistemas de justicia en un mismo territorio; y (i

Martín Cordovez, Rafaella Romo-Leroux Chacón, Miguel Villegas PérezCordovéz Aguas, M., Romo-Leroux Chacón, R., Villegas Pérez, M.A. «Un acercamiento al estado plurinacional y el estado constitucional de derechos: dicotomías entre justicia indígena y ordinaria».USFQ Law Review, Vol 8, no 1,mayo de 2021, pp. 119 - 143, doi: 10.18272/ulr.v8i1.2180

A partir del reconocimiento de la justicia indígena en la constitución de 1998, surgieron una serie de debates acerca de su alcance, límites y prácticas. Las implicaciones de las costumbres aplicadas por los pueblos y nacionalidades tienen tal trascendencia que discuten el concepto mismo de Estado constitucional de derechos establecido en la constitución de 2008. El presente escrito propone un análisis de los conflictos derivados de la convergencia de dos sistemas de aplicación de justicia en un mismo territorio. Además, plantea un estudio de La evolución del concepto de estado de derecho ligado a las nociones de plurinacionalidad  y  pluriculturalidad  contemporáneas.  Para  concluir  esboza  un  análisis acerca de la limitación de la justicia indígena como una vulneración a su derecho a la cultura, mismo que es reconocido internacionalmente.

A través de la consulta popular “quien decide finalmente la cuestión planteada, como soberano, es el pueblo”.  Al respecto, se ha sostenido que “la consulta popular puede tener efectos importantes en el  desenvolvimiento  de  una  democracia  participativa”  y  que  representa  una  oportunidad  para  “activar  mecanismos  para  contar  con  información  desde múltiples  perspectivas.

Autores: Juan Francisco Guerrero del Pozo, María Victoria Yépez Idrovo
Guerrero  del  Pozo,  J.F.,  Yépez  Idrovo,  M.V.  «Los  límites  materiales  de  la  consulta  popular  en  el Ecuador». USFQ  Law  Review,  Vol  8,  no  2, octubre  de  2021,  pp.  183-211,  doi:  10.18272/ulr. v8i2.2324. USFQ Law Review • Vol. VIII, Núm. 2 • octubre 2021 • 183

El presente artículo analiza los límites constitucionales de la consulta popular, reconocida en el artículo 104 de la Constitución ecuatoriana. Para ello, primero se examina la importancia de la consulta popular, para luego identificar algunas de sus desventajas, que nos llevan a cuestionar su eficacia para hacer realidad la participación ciudadana. Posteriormente, se justifica la necesidad de realizar una interpretación sistemática de la Constitución para poder determinar el alcance de la consulta popular y se analizan los límites materiales de este mecanismo de participación, sobre la base de una lectura integral del texto  constitucional  y  de  una  mirada  crítica  a  la  jurisprudencia  de  la  Corte Constitucional.

Al buscar términos con los cuales resumir la situación carcelaria acaecida  actualmente  en  Ecuador  es  posible  remitirse  al  hacinamiento,  sobrepoblación, abuso de la prisión preventiva, populismo penal, falta de política criminal, falta políticas públicas con enfoque de derechos humanos (Oña, 2020; Párraga, 2019; Krauth, 2018), entre muchas otras más. 

Andrés Sebastián Cevallos Altamirano, Patricia Lissette Martínez Vaca, Erick A. Panchi De JesúsCevallos,  A.,  Martínez,  P.  &  Panchi,  E.,  (2021).  Crisis  carcelaria  en  un  Estado  Constitucional  de  Derechos.  Revista  Ruptura  Asociación  Escuela  de  Derecho PUCE. Edición 2021, p (291-336). DOI: 10.26807/rr.v3i03.63

El artículo de investigación tiene como objetivo evidenciar las principales causas que inciden en la crisis carcelaria del Ecuador. Para el desarrollo se ha empleado un enfoque cualitativo con una técnica de entrevistas  estructuradas.  Resultados:  El  Ecuador  cuenta  con  un  déficit  de 9932 agentes de seguridad penitenciaria; no cuenta con políticas públicas con enfoque de derechos humanos; no ha desarrollado su normativa in terna o suscrito convenios internacionales en los últimos cinco años; no garantiza  los  derechos  humanos  y  constitucionales  de  las  personas  privadas  de  liberta;  las  reformas  del  Código  Orgánico  Integral  Penal  sobre la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios en ciertos delitos son contrarios a la Constitución de la República del Ecuador y constituyen vulneración al principio de progresividad y no regresividad.