Desde 2008, Ecuador reconoce en su Constitución a la comunicación como un derecho. Esto implica que todas las personas tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, cuyo acceso debe ser universal y en igualdad de condiciones. La Ley de Comunicación visibilizaría estos derechos, garantizando -en principio- que se otorguen frecuencias en igualdad de condiciones. En un contexto de alta concentración del espectro radioeléctrico, de élites vinculadas a los medios privados, la Ley establecía que a los medios comunitarios les correspondía el 34 % del espectro. Sin embargo, la aplicación de la Ley tuvo bastantes críticas relativas a sanciones para los medios y a los excesos en el fortalecimiento de la comunicación oficial durante el gobierno de Rafael Correa.