Las relaciones entre la sociedad matriz de un grupo y sus filiales se rigen por el principio de personalidad jurídica separada. Sin embargo, en función de la estructura y funcionamiento del grupo, miembros de la matriz pueden llegar a determinar la actuación de la filial, quedando desdibujada su aparente independencia. En dicho contexto, es cuando aparece el riesgo de atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales, vinculado a la participación de sus miembros en la toma de decisiones o en la gestión de procesos propios de las filiales. En general, cuanto mayor sea la autonomía de la filial, menor será el riesgo de atribución de responsabilidad a la matriz. 

Este artículo presenta un detalle de los criterios doctrinarios y recopilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del derecho de las víctimas de violencia de género al acceso a la justicia, y la obligación estatal de realizar las investigaciones y el procesamiento penal con enfoque de género, ello con el fin de evitar la impunidad y deconstruir la discriminación histórica contra las mujeres. El propósito es que el lector pueda conocer las barreras que debe traspasar las victimas cuando incitan el sistema penal y que engloba el verdadero acceso a justicia, evitando la discriminación judicial frente a los actos de violencia contra las mujeres que no solamente constituye una violación del derecho a la verdad, sino graves violaciones a los derechos humanos. 

Actualmente el bien jurídico protegido, no se encuentra determinado positivamente en el delito del lavado de activos, ya que vulnera distintos bienes como: el orden socioeconómico, la administración pública, la seguridad interior del estado, la salud pública, la estabilidad y la transparencia del sistema financiero. El delito de lavado de activos por tratarse de un delito pluriofensivo criminal, que produce daños significativos requiere ser caracterizado; para lo cual, se utilizó la metodología histórico-lógico, que permitió buscar y obtener los elementos necesarios para determinar su origen delictivo y que bienes jurídicos protege; para establecer la relevancia del tema con el cambio de paradigma que ha tenido nuestro país se aplicó un análisis jurídico-comparado entre los convenios y tratados internacionales y la normativa ecuatoriana.