Consultas jurídicas

La Procuraduría General del Estado, como parte de sus competencias y atribuciones constitucionales, tiene la ardua tarea de emitir pronunciamientos que permitan aclarar la inteligencia o aplicación de las normas existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano con excepción de las normas constitucionales. Esta importante labor no solo constituye el cumplimiento de una responsabilidad constitucional y legal, sino que también se convierte en una herramienta de consulta pública, accesible, gratuita que se encuentra disponible en el portal institucional www.pge.gob.ec, y que permite a los sectores público y privado despejar dudas y prevenir posibles imprecisiones en el ejercicio de sus actividades profesionales. A lo largo de los años, bajo un trabajo de análisis técnico y minucioso, los pronunciamientos de esta institución han permitido afianzar la eficacia normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, la actual administración de la Procuraduría General del Estado, como parte de sus iniciativas, presenta esta obra que recopila absoluciones de consultas que se han considerado relevantes y a su vez han permitido aclarar inquietudes planteadas dentro de las administraciones públicas, con la finalidad de que su consulta sea aún más ágil. 

La absolución de las consultas jurídicas a las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, es competencia del Procurador General del Estado, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 3 y 13 de su Ley Orgánica. Cada pronunciamiento es el resultado del estudio del equipo de abogados de la Dirección Nacional de Consultoría, que se apoya según la materia con la experticia de los profesionales de las demás direcciones sustantivas y regionales de la PGE, y, finalmente, revisado y, de ser el caso, modificado por el Procurador General del Estado, lo que permite asegurar la rigurosidad jurídica de cada proyecto, mantener la unidad institucional y reforzar el rol preventivo de la absolución de consultas como parte del ciclo de defensa jurídica del Estado.