Amazonía, un conflicto generalizado

Por: Lourdes Endara Tomaselli

Existen dos imágenes recurrentes cuando se trata de ilustrar la situación actual de la Amazonía: la primera es un pozo de explotación petrolera en medio de un terreno desbrozado; la segunda, un tractor arrasando la selva tropical. Las dos imágenes nos remiten inmediatamente a la destrucción del medio ambiente amazónico como efecto de la explotación de sus recursos naturales.

Sin embargo, estas imágenes poco dicen del impacto de este proceso en la vida de quienes habitan la región. Para ilustrarlo sería necesario emplear cientos de imágenes que presenten los rostros de incertidumbre de los hombres y mujeres amazónicos, de todas las edades, que miran cómo los ríos donde antes pescaban y nadaban se vuelven estériles por la contaminación de sus aguas, cómo las manadas de animales silvestres desaparecen o se alejan cada vez más de sus territorios de cacería, cómo las trochas que unían las aldeas son reemplazadas por carreteras por donde circulan camiones inmensos, cómo –en definitiva- la fuente de su vida desaparece a pasos agigantados.

Los rostros de esas personas son el testimonio de los efectos de un modelo de desarrollo devastador que irrumpió en la Amazonía en tiempos del caucho y se extendió por toda la Cuenca en la década de 1960, impactando de forma quizás irreparable en la vida de los pueblos indígenas originarios y en el medio ambiente que durante milenios ha sido la base de su sobrevivencia física y cultural. Pero no solamente los pueblos indígenas son víctimas de la destrucción de la selva amazónica; también lo son las poblaciones colonas, formadas por emigrantes que llegaron a esas tierras con la esperanza de encontrar en ella un espacio para vivir y trabajar; y también lo es la humanidad entera, que depende del equilibrio ambiental del planeta para poder existir, equilibrio mantenido en gran parte por la presencia del bosque tropical amazónico. Todos los seres humanos somos actualmente víctimas de un agudo conflicto que ocurre en la Gran Amazonía.

Un conflicto con múltiples facetas

Es usual pensar que en la Amazonía sucede una serie de conflictos socioambientales, causados por la explotación minera e hidrocarburífera, por la extracción maderera, por la economía del narcotráfico, por la expansión de la ganadería y la agroindustria o por la emigración masiva hacia este territorio. Sin embargo, todos esos hechos no son sino las facetas de un conflicto único y de dimensiones abismales: el de la instauración de un modelo depredador de la naturaleza que genera riqueza para pocos mientras amenaza la vida social y natural de todas las especies del planeta. Otras facetas del conflicto en la Amazonía, más recientes pero no por ello menos agresivas, son el aprovechamiento fraudulento de los conocimientos médicos tradicionales de los pueblos indígenas, la extracción de especies para investigaciones biotecnológicas y la guerra no declarada desatada por la economía del narcotráfico en amplias zonas de la Cuenca, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia.

Todas estas facetas del conflicto, antiguas y recientes, tienen en común dos elementos. El primero, es que se basan en una mentalidad explotadora e inmediatista. Su objetivo es extraer o explotar en el menor tiempo la mayor cantidad posible de recursos naturales para obtener de su uso directo o de su procesamiento ingentes ganancias, las que no se reinvierten sino marginalmente en los países de la cuenca y menos aún en el territorio amazónico. El segundo, es que quienes explotan y extraen los recursos entienden a los pueblos amazónicos –indígenas y colonos pobres- como un obstáculo para lograr ese objetivo y por lo tanto, como un sector que debe ser eliminado, sea por medio de la destrucción cultural, mediante desplazamiento forzado, o por cualquier otro medio.

Actores y estrategias

En el conflicto que ocurre actualmente en la Cuenca Amazónica, y del cual las cifras anteriores son sólo un reducido ejemplo, intervienen actores con desniveles de poder abismales. Por un lado se encuentran los pueblos indígenas y colonos, sus organizaciones, y grupos de defensa de los derechos humanos o del medio ambiente que comparten luchas y demandas; por otro, están las grandes empresas extractivas, los carteles del narcotráfico, los grupos paramilitares. En el medio de estos dos sectores, están los Estados amazónicos, que se debaten entre la defensa de los derechos de sus habitantes y el interés económico de las potencias mundiales, principales beneficiarias de la explotación indiscriminada de los recursos amazónicos.

Las estrategias empleadas por estos actores se han modificado en los últimos años. Hasta la década de 1980, la posición de los pueblos indígenas amazónicos era básicamente de resistencia pasiva y aislada: los grupos afectados por algún tipo de explotación de los recursos del bosque, tendían a desplazarse hacia lugares más apartados de la selva, intentando reproducir en ellos sus formas de vida particulares. Esto permitía que las empresas extractivas extendieran sus territorios de explotación casi sin resistencia; en Brasil, los grupos que se resistían eran a menudo exterminados violentamente u obligados a desplazarse ante el temor de ser asesinados por bandas de pistoleros contratados por las empresas extractivas. Muy pocos grupos u organizaciones sociales acompañaron las luchas silenciosas de los pueblos amazónicos y cuando lo hicieron, sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la presión ejercida por las compañías transnacionales sobre los gobiernos nacionales.

Es en la década de 1990 cuando se inicia una estrategia diferente de lucha por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos amazónicos. Al amparo de la declaración del período 1994 – 2005 como la Década Internacional de los Pueblos Indígenas y de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el conflicto en el que ellos se hallan inmersos en la Amazonía empieza a hacerse visible y los Estados nacionales tienen que asumir una posición sobre la situación del medio ambiente amazónico y su efecto en la vida de los pueblos indígenas de la región. Las organizaciones indígenas amazónicas enfrentan el conflicto desde dos planos: el jurídico a través de la demanda por la afectación a sus territorios y a la vida de sus miembros por parte de las empresas extractivas; y el político, a través de la movilización interna y el apoyo de organizaciones internacionales que presionan en los países industrializados. Simultáneamente, han logrado la titularización de un alto porcentaje de los territorios de los pueblos indígenas y, en algunos Estados de la Cuenca, la declaratoria de estos como zonas intangibles (Ecuador y Brasil, especialmente), lo cual obliga a los gobiernos a asumir la defensa de estas áreas.

Ante esta nueva estrategia, las empresas extractivas –nacionales y transnacionales – también han tenido que modificar la suya. Las grandes industrias que operan en la Amazonía, especialmente en la explotación hidrocarburífera, minera y agroindustrial, han debido incorporar mecanismos de diálogo y negociación con las organizaciones indígenas amazónicas, invertir en tecnologías para la recuperación de los suelos y aguas contaminadas u otorgar ciertos beneficios sociales compensatorios para las poblaciones afectadas por su actividad. En este cambio de estrategia ha influido también la presión ejercida por los grupos de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas, desde los medios de comunicación masiva en Europa y Estados Unidos.

Medidas emergentes

Pese a estos cambios, el conflicto en la Amazonía está lejos de resolverse. Para que esto ocurra es fundamental un cambio de conducta en los gobiernos de los países de la Cuenca, para que asuman integralmente la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos generales de toda la población amazónica que es afectada por la explotación irracional de sus recursos naturales. Esto pasa, necesariamente, por un cambio en el modelo de desarrollo que orienta las economías nacionales. Mientras estas dependan de las ganancias generadas por la explotación petrolera o por la agroindustria, la Amazonía seguirá siendo un espacio amenazado. De ahí que resulta fundamental crear y fortalecer los mecanismos de protección de los territorios indígenas y establecer políticas de defensa del medio ambiente, para que la extracción de los recursos naturales sea al menos controlada y sus efectos dañinos mitigados.

Los Estados amazónicos tienen un papel central en el futuro de la Amazonía y de sus habitantes. Son ellos quienes pueden establecer controles efectivos para garantizar la seguridad de los territorios indígenas ya delimitados, impedir legalmente las prácticas destructivas de las empresas nacionales y transnacionales, generar fuentes alternativas de riqueza para no depender de la explotación de los recursos naturales amazónicos, denunciar y sancionar a quienes agreden el patrimonio cultural y natural de sus naciones, asumir –en definitiva- la defensa de la soberanía nacional frente a la extracción de sus recursos naturales y la violación de los derechos de sus ciudadanos.

RECUADROS

• • Solamente en Brasil, país que ocupa dos tercios de la Cuenca Amazónica, se destruyen anualmente 2.5000.000 hectáreas, lo que le convierte en el principal deforestador del bosque tropical en todo el mundo.

  • Cada pozo petrolero en explotación produce al año aproximadamente 40.000 galones de desechos tóxicos que se filtran o derraman en las aguas de ríos y lagunas amazónicas, provocando la muerte de las especies animales y vegetales de las que dependen los pobladores amazónicos para su subsistencia.

  • De los 5.000 pueblos que se estima habitaban en la Cuenca Amazónica antes de la conquista del continente americano, hoy solo existen 380 pueblos; la mayoría de ellos desaparecieron en los primeros 100 años de la conquista del territorio amazónico, pero aún ahora los pueblos que lograron sobrevivir se encuentran amenazados física y culturalmente por la expansión del capitalismo en la región.

  • La actividad minera, realizada tanto por empresas como por mineros artesanales, provoca la contaminación aguda de las fuentes de agua subterráneas y superficiales de amplios territorios de la Cuenca. Para la extracción de dos gramos de oro, es necesario remover un metro cúbico de tierra. Para producir un kilogramo de oro se emplea 1,52 kilogramos de mercurio que se vierten luego a las fuentes de agua, matando a las especies acuáticas.

  • El uso irracional de los recursos del bosque y su tala indiscriminada ha producido hasta hoy la extinción de más de 10.000 especies vegetales, muchas de ellas endémicas de la región.