Consultas jurídicas

En atención a los términos de la consulta se concluye que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 numerales 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 18 numeral 1 del Código Civil, la facultad de los notarios para prestar servicios a través de medios telemáticos - siempre que al menos una de las partes se encuentre dentro de la circunscripción territorial del notario - prevista en el artículo 5 de la Ley Notarial, no contraviene la facultad de los funcionarios consulares prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta se concluye que, en armonía con los artículos 61, 317 inciso segundo y 320 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para la elección de la segunda autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo descentralizado municipal no es procedente la aplicación del voto dirimente del alcalde ya que se requiere de mayoría absoluta - es decir, el voto favorable de la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Cantonal, incluyendo a su ejecutivo -, según lo establece el numeral 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

Por lo expuesto, en atención a los términos de las consultas se concluye que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20, 26 y 34 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, corresponde a los consejeros suplentes reemplazar a los principales - únicamente en las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral - en caso de ausencia temporal (como ocurre cuando media licencia de maternidad o vacaciones) o definitiva, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que el principal. Para el efecto, los consejeros suplentes deberán ser debidamente convocados por el Secretario del Consejo Nacional Electoral. En ese contexto, los consejeros suplentes que ejerzan temporal o definitivamente las funciones de los principales tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente, según lo previsto en el artículo 34 del Código de la Democracia y en los artículos 3, numeral 1, y 110 de la Ley Orgánica del Servicio Público. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta formulada, se concluye que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad - que recoge el contenido sustancial del derogado artículo 85 de la Ley Orgánica de Discapacidades -, así como el artículo 30 de la Resolución No. C.D. 683 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los servidores públicos sujetos al régimen laboral del Código del Trabajo - en caso de acogerse a los beneficios de la jubilación - tienen derecho a recibir por parte de su empleador, por una sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador en general por cada año de servicio en una misma institución, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

ACLARACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO: Analizados los fundamentos del pedido de aclaración formulado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en atención al principio indubio pro administrado - según el cual debe prevalecer la interpretación que favorezca los derechos del administrado, garantizando la seguridad jurídica y evitando la imposición de cargas indebidas o sanciones desproporcionadas que puedan afectar su patrimonio - , y en cumplimiento del último inciso del artículo 309 del COESCCI, se precisa que la patente o solicitud de ésta únicamente caduca por la falta de pago de la tasa anual (encontrándose excluido, por lo tanto, el pago del recargo). Por lo antes manifestado, se aclara el alcance del pronunciamiento contenido en el oficio No. 12464, de 23 de julio de 2025. Se reitera que el pronunciamiento del Procurador General del Estado tiene un carácter general y abstracto, limitado a la interpretación de las disposiciones jurídicas de manera genérica, sin extenderse al análisis de circunstancias específicas o hechos concretos. La valoración de estos corresponde exclusivamente a las autoridades competentes responsables de adoptar las medidas necesarias para precautelar los intereses públicos y garantizar la correcta aplicación de las normas legales en los casos institucionales específicos. 

En atención a las consultas se concluye que la Disposición Transitoria Décima de la LOPAF - conforme su ámbito de aplicación -, es procedente respecto de los contratos suscritos por ciudadanos becarios con: i) la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y ii) cualquier institución de educación superior pública. En ejercicio de la autonomía reconocida en los artículos 17 y 18 de la LOES, las instituciones públicas de educación superior deberán instrumentar el procedimiento para la atención y resolución de estas solicitudes, adoptando las medidas necesarias de conformidad con la ley. Este procedimiento deberá aplicarse siempre que la solicitud presentada por los estudiantes o exestudiantes se haya formulado dentro del plazo previsto en la Disposición Transitoria Décima, garantizando así el respeto al marco legal y la uniformidad en la aplicación del beneficio. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a la primera y segunda consultas formuladas cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 de la LOGJCC, en materia de repetición por violación de derechos constitucionales o derechos humanos, la acción de repetición prescribe en el plazo de cuatro años contados a partir del pago total efectuado por el Estado. Durante dicho lapso, la entidad legitimada debe iniciar el respectivo proceso judicial. Sin perjuicio de lo anterior, antes de la presentación de la demanda, la máxima autoridad de la entidad está obligada a llevar a cabo una investigación previa para identificar a las personas presuntamente responsables de la violación o violaciones de derechos, investigación que constituye un requisito de procedibilidad y que no podrá extenderse por más del término de veinte días. El término de veinte días previsto expresamente en el artículo 69 de la LOGJCC es independiente, distinto y no sustituye plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 67. Respecto de la tercera consulta corresponde precisar que, de acuerdo con la LOCGE, a la Contraloría General del Estado le compete el control externo y la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como el establecimiento de indicios de responsabilidad penal. En este sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia No. 83-23-ID/25, ha puntualizado que la predeterminación de responsabilidades es un trámite administrativo exclusivo de la Contraloría General del Estado, mientras que el juicio de repetición es un procedimiento judicial que le corresponde iniciar a la entidad que realizó el pago. Por ello, la investigación previa prevista en el artículo 69 de la LOGJCC no se contrapone ni interfiere con las competencias de la Contraloría General del Estado, toda vez que ambas responden a finalidades, naturalezas y efectos jurídicos diferentes. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 16, 23, 59 y 61 del Código Tributario; 547 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial y 60 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la tarifa del impuesto de patentes municipales y metropolitanas, establecida mediante ordenanza por el respectivo concejo municipal o metropolitano, tendrá como base imponible el patrimonio del sujeto pasivo dentro del cantón en el cual tenga su domicilio tributario o en el que se encuentren registrados sus establecimientos como sucursales, agencias y/o establecimientos permanentes en el Registro Único de Contribuyentes. Dicha tarifa deberá ubicarse dentro del rango previsto por la ley: un mínimo de diez dólares y un máximo de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y, se deben considerar las exenciones previstas en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que acorde al artículo 66 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, las empresas eléctricas, minera e hidrocarburíferas que realicen actividades en la circunscripción territorial especial amazónica establecerán su domicilio tributario, para efectos del impuesto a la patente, en el cantón donde se realice el hecho generador. En caso de que este hecho generador se ubique en más de un cantón, la tributación deberá efectuarse de manera proporcional entre los cantones correspondientes. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de las consultas, se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 56, 57 literal m), 58 literal d) y 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, el concejo municipal, los concejales y las comisiones, están habilitados para ejercer la función de fiscalización respecto de la gestión del alcalde y de los directores municipales. En este contexto, tomando en cuenta que los directores del GAD municipal son funcionarios de libre nombramiento y remoción designados por el alcalde, y que participan directamente en la implementación de su modelo de gestión administrativa, su actuación puede ser objeto de control por parte del concejo municipal. Así, en ejercicio de su competencia fiscalizadora, y conforme a lo previsto en los artículos 26 numeral 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa " cuyo contenido resulta aplicable como referente interpretativo para desarrollar el alcance funcional de la fiscalización " el concejo municipal puede requerir informes a dichos funcionarios y convocarlos a comparecer ante el Pleno del Concejo. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde al propio Concejo Municipal, en ejercicio de su potestad normativa, regular los mecanismos y procedimientos aplicables para el ejercicio de esta atribución, particularmente en lo relativo a la conformación, funcionamiento y operación de las comisiones de fiscalización previstas en el artículo 326 del COOTAD. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a su consulta concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la LOSEP y el artículo 289 de su Reglamento General, el cálculo de la compensación económica por jubilación puede comprender el tiempo de servicios prestado bajo el régimen del Código del Trabajo en una entidad de derecho privado, cuando dicho período forma parte de una relación laboral ininterrumpida, sin que haya existido desvinculación, liquidación ni nueva contratación, y que ha sido objeto de una transferencia institucional al sector público con continuidad funcional y jurídica. Este criterio se sustenta en los principios de seguridad jurídica, progresividad de los derechos laborales y aplicación más favorable al trabajador (in dubio pro operario), previstos en el artículo 326, numeral 3 de la Constitución y el artículo innumerado posterior al 4.1 de la LOSEP, así como en el precedente vinculante de la Corte Constitucional contenido en la sentencia No. 002-11- SIN-CC, que impone a las entidades receptoras la obligación de garantizar todas las prerrogativas laborales adquiridas por el decurso del tiempo trabajado bajo la administración anterior. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con el último inciso del artículo 309 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la caducidad de la patente o de la solicitud de patente se produce de pleno derecho cuando no se ha efectuado el pago de la tasa anual, en aplicación de lo previsto en dicho artículo. Dicho cumplimiento debe analizarse atendiendo a los tres escenarios regulados en el régimen legal: i) el pago ordinario de la tasa anual dentro del período correspondiente; ii) el pago anticipado por dos o más anualidades; y, iii) el pago dentro del plazo de gracia de seis meses, en cuyo caso deberá efectuarse conjuntamente con el recargo establecido. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales 

Del análisis jurídico precedente, en atención a su consulta, se concluye que en aplicación del principio de reserva de ley determinado en el artículo 4 del Código Tributario y los artículos 13, 22 -previa a la reforma del 26 de junio de 2025-, 122 y 131 del mismo cuerpo normativo, no se encuentra prevista una disposición legal que autorice la suspensión del cálculo de intereses a favor del contribuyente durante el período en que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinación complementaria, derivada de una solicitud de devolución por pago indebido o en exceso.  

Sin perjuicio de lo anterior, las solicitudes y reclamos de esta naturaleza que hayan sido ingresados a partir del 26 de junio de 2025, fecha de entrada en vigor de la reforma al artículo 22 del Código Tributario mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública, se regirá por la nueva disposición legal, que establece expresamente la suspensión del cómputo de intereses durante el tiempo en que la Administración Tributaria practique una determinación complementaria, según lo previsto en el artículo 131 del mismo cuerpo normativo. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

Del análisis jurídico precedente, en atención a la primera consulta, se concluye que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 92 numeral 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 310 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 319 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, los contratistas siempre deben notificar a la entidad contratante cualquier cambio en su estructura de propiedad so pena de que se declare terminado unilateralmente el contrato. En esta misma línea, cuando una operación de fusión por absorción no represente una variación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del capital social del contratista " como ocurre cuando la sociedad absorbente es titular de la totalidad del capital de la absorbida, o ambas están participadas por un mismo accionista " no les corresponde a las entidades contratantes autorizar dicho cambio. En cuanto a la segunda consulta, cuando una compañía adjudicada en un procedimiento de contratación pública es absorbida " antes de la suscripción del contrato u orden de compra " por una tercera compañía que mantiene la misma estructura de propiedad, no se configura, por sí sola, una causal que impida la suscripción del contrato con la compañía absorbente. Así, en observancia del artículo 343 de la Ley de Compañías, la compañía absorbente se subroga de pleno derecho en los derechos y obligaciones contractuales y extracontractuales de la absorbida, sin que lo anterior constituya una cesión (prohibida según el artículo 78 de la LOSNCP). Finalmente, en lo que respecta a la tercera consulta, en virtud de lo establecido por el artículo 343 de la Ley de Compañías, la compañía absorbente podrá emitir facturas, suscribir actas de entrega-recepción y recibir los pagos correspondientes al contrato, al haberse subrogado en los derechos y obligaciones de la absorbida. En todos los casos, la compañía absorbente que se subrogue en los contratos públicos de la compañía absorbida queda sujeta al cabal cumplimiento de las prohibiciones, restricciones, requisitos y condiciones técnicas, legales y contractuales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 343 de la Ley de Compañías y 5 de la LOSNCP. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta, se concluye que, para la aplicación del margen de preferencia como oferta local - en aquellos casos en que los miembros de un consorcio tengan una participación igualitaria y no se configure una participación mayoritaria conforme los parámetros normativos - se deben observar las disposiciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y los numerales 4 del artículo 44 y 5 del artículo 45 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este contexto, corresponde a la entidad contratante la responsabilidad de verificar, de manera rigurosa, que los integrantes del compromiso de asociación o consorcio cumplan íntegramente con las reglas aplicables en materia de márgenes de preferencia, sin perjuicio de lo que las herramientas tecnológicas creadas por el SERCOP determinen. El presente Pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la primera consulta se concluye que, de acuerdo con el artículo 51 de la LOSEP y 17 de la LOEP, corresponde a los Directorios de las empresas públicas expedir las normas internas de administración del talento humano que regulen las remuneraciones mensuales unificadas de su personal. En este marco, dichos Directorios deben acoger los valores determinados en la escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas del sector público expedida por el MDT, en observancia de lo previsto en los artículos 1, 4, 5 y en la Disposición General Segunda del Acuerdo Ministerial No. MDT-2024-039. Así, y en virtud del artículo 6 del Código Civil, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2024-039. Respecto de la segunda consulta, en tanto el Directorio de la empresa pública no haya adecuado su escala remunerativa conforme a la normativa vigente, los servidores públicos podrán continuar percibiendo la remuneración mensual unificada fijada en la escala interna de la empresa, a fin de garantizar la estabilidad y protección de sus derechos laborales. No obstante, se debe tener presente que el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. MDT-2024-039 será objeto de control ex post por parte del MDT, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la LOEP, sin perjuicio de las facultades propias de la Contraloría General del Estado. En cuanto a la tercera consulta se concluye que, según la Disposición General Séptima de la LOSEP, en concordancia con el artículo 81 del Código del Trabajo, ningún servidor de las entidades e instituciones públicas ni ninguna persona que preste sus servicios en estas, bajo cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración mensual unificada inferior a la mínima establecida en las escalas dictadas por el MDT, ni una igual o superior a la asignada al Presidente de la República. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta formulada, se concluye que, de conformidad con la letra c) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, constituye un deber de los servidores públicos cumplir íntegramente con la jornada de trabajo legalmente establecida dentro de los horarios institucionales previstos. Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 130 del Código Orgánico Administrativo, 52 literal c) de la LOSEP, y el acápite 407-09 de las Normas de Control del Sector Público y Jurídicas de Derecho Privado, la máxima autoridad y la UATH de cada entidad pública tienen la atribución para expedir el reglamento interno de administración del talento humano, así como para implementar los procedimientos de control interno y los mecanismos que permitan verificar la asistencia y permanencia del personal en sus puestos de trabajo en atención a las necesidades institucionales, lo cual incluye la regulación de atrasos y sus justificaciones. El presente Pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a las dos consultas formuladas, se concluye que, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP), los términos de referencia son aplicables únicamente a los procedimientos de contratación de servicios, incluidos los de consultoría. Dichos términos deberán contener obligatoriamente, como mínimo, los nueve componentes previstos en el numeral 3 del artículo 53 del referido reglamento. No obstante, ello no impide que las entidades contratantes, en ejercicio de sus competencias, puedan incorporar elementos adicionales que contribuyan a repotenciar o mejorar el objeto de contratación previamente delimitado, siempre que no se contradigan los fines del procedimiento ni se altere el objeto de contratación. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a la primera consulta, se concluye que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales " según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en concordancia con el artículo 19 de su Reglamento - pueden constituir empresas públicas municipales para desarrollar proyectos relacionados con la generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica. Con relación a la segunda consulta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 28 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el artículo 129 de su Reglamento General, se concluye que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales sí pueden crear empresas públicas cuyo objeto social contemple las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, sin la autorización previa de la cartera de Estado correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que ésta no podrá operar hasta que cuente con el título habilitante pertinente. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

De la normativa expuesta y analizada, en atención a la consulta, se concluye que los denominados sistemas de caja común (SIR-SAE), conforme lo previsto en el Título VII y la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta de la LOTTTSV, están sujetos a la regulación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en aplicación de los artículos 16 y 30.5 de la mencionada ley. Por lo antes expuesto, dichos sistemas no se encuentran comprendidos dentro del objeto regulado por el artículo l de la LFINTECH; y, consecuentemente, no deben ser catalogados como una infraestructura tecnológica para canalizar medios de pago según los términos del artículo 5 de dicha norma. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

Para una mejor sistematización y coherencia jurídica, las consultas planteadas han sido agrupadas en función de su afinidad temática. Así, las consultas primera, tercera y quinta versan sobre la configuración y exigibilidad de la tasa por recolección de desechos sólidos; mientras que las consultas segunda, cuarta y sexta guardan relación con el cómputo del plazo de prescripción aplicable a dicha obligación tributaria en caso de reliquidación. Esta agrupación permite emitir respuestas integradas, coherentes y técnicamente fundamentadas. En atención a los términos de la primera, tercera y quinta consultas, y conforme a lo previsto en los artículos 16 y 56 del CT, así como el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, se concluye que el hecho generador de la tasa consiste en la presentación efectiva del servicio público, en este caso, la recolección de desechos sólidos. Por tanto, la falta de socialización del estudio técnico por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal no constituye un elemento esencial para configurar el hecho generador ni condiciona la tasa al contribuyente, ni incide en el cómputo del pazo de prescripción de la obligación tributaria. No obstante, la socialización del estudio técnico sí constituye un requisito formal previo que debe ser cumplido por el GAD cuando solicita a una empresa eléctrica la inclusión y cobro de dicha tasa en una factura independiente, como lo exige el artículo 60 de la LOSPEE. Por otra parte, en lo relativo a la segunda, cuarta y sexta consultas se concluye que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 55 del CT; y, 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la reliquidación, al ser un acto administrativo que ajusta valores previamente determinados por servicios ya prestados, no crea una obligación tributaria nueva. En consecuencia, el hecho generador se mantiene invariable, por lo que el plazo de prescripción debe contarse desde la fecha en que cada obligación original mensual se hizo exigible. Esta prescripción solo puede operar si es alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, no siendo posible su declaratoria de oficio por parte de la administración tributaria ni judicial. El presente pronunciamiento es obligatorio para la Administración Pública y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas. Su aplicación a casos institucionales específicos es de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante y de cualquier otra entidad pública que lo aplique. 

En atención a los términos de la consulta formulada, se concluye que, conforme lo previsto en los artículos 338, 354 y 360 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales están facultados para crear direcciones administrativas y operativas, así como los cargos correspondientes de dirección - necesaria para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus competencias-, en el ejercicio de su autonomía administrativa. No obstante, para su implementación deberá observarse la capacidad económica real de la entidad, así como los pisos y techos remunerativos expedidos por el Ministerio del Trabajo, según lo previsto en el artículo 3 de la LOSEP. 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con los artículos 205 de la LOS, así como en los artículos 2 y 6 de la LOCS, y considerando que las empresas públicas se rigen por su propio régimen de administración de talento humano conforme a la LOEP, y que su personal no se encuentra sujeto a la LOSEP, no resulta aplicable de la LOCS a dicho personal, en razón de las exclusiones expresamente previstas en el artículo 6 de la mencionada ley. El presente pronunciamiento debe ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales específicos.