En Ecuador, la niñez enfrenta una serie de vulneraciones a sus derechos humanos. Lo que es más grave, las condiciones de inseguridad y violencia han conllevado a que los niños, niñas y adolescentes puedan ser percibidos como potenciales peligros sociales1 . Esta representación negativa o criminalización de los niños suele basarse en una deserción y/o compresión deficiente de las causas de la delincuencia2 . Igualmente, esta concepción surge en un marco donde la presencia de los grupos criminales ha implicado una dinamización de diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y estupefacientes, el tráfico de armas, los robos, las extorsiones, entre otros; y por cuanto, el crimen organizado ha incorporado progresivamente a más adolescentes y niños a sus filas 

El presente documento de Política Criminal y Lineamientos Investigativos en el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes constituye un esfuerzo renovado de la Fiscalía General de Estado, por intermedio de su Dirección de Política Criminal, y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de su equipo consultor que estuvieron a cargo de la elaboración de este trabajo. En el proceso se efectuaron reuniones con expertos de las fiscalías de México y Colombia, en el marco de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM); dos entrevistas semiestructuradas con fiscales especializados de Ecuador, una de ellas punto focal de Ecuador para la REDTRAM; y un taller de capacitación con 26 fiscales a nivel nacional. Para el levantamiento de información estadística se contó con el apoyo de la Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Fiscalía General del Estado; la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura; la Subsecretaría de Migración y la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior; y la Subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Este documento constituye el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante escucha especializada para Niños, Niñas y Adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. Es una adaptación contextualizada del Protocolo de Entrevista Forense desarrollado por el National Children’s Advocacy Center (Centro Nacional de Defensa del Niño) – NCAC, de Alabama, Estados Unidos de América. El proceso de creación del Protocolo de entrevista forense fue coordinado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano en asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el National Children’s Advocacy Center. La entrevista forense es, según el NCAC, “un método sensible al nivel de desarrollo y legalmente sólido para obtener informaciones fácticas acerca de alegaciones de abuso y/o exposición a la violencia de los NNA”. 

La violencia basada en género, es un acto abusivo de poder para controlar, agredir, menoscabar derechos, por tanto una problemática de salud pública, que pese a las múltiples acciones y cambios en la normativa legal de algunos países, no se logra erradicar por completo. En Ecuador, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, levantada por el INEC1 , en el año 2019, se identifica que 65 de cada 100 mujeres, en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia, en los distintos ámbitos. El impacto de la violencia basada en género, no solo se ve reflejada en quien la padece, sino también en sus familiares, allegados, en la comunidad, incluso en el Estado. Para enfrentar esta problemática, el derecho penal cumple un rol de regulador de las conductas punibles, consideradas delitos, con la aplicación de una pena.

a Guía Operativa de Investigación del Delito de Trata de Personas para Agentes Fiscales y Personal de Apoyo se ha concebido como una herramienta para brindar claridad y orientación durante la investigación, procesamiento, juzgamiento y reparación en casos de trata de personas. Este documento proporciona un marco procedimental y promueve la aplicación de estándares internacionales de justicia y derechos humanos en la investigación y persecución de la trata de personas. Esta guía se desarrolló con base en una exhaustiva revisión de fuentes internacionales, normativas locales y prácticas prometedoras, y a partir de entrevistas y reuniones técnicas con expertos en la materia. 

El Ecuador enfrenta una gran responsabilidad para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de femicidio. Desde la tipificación del delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014, hasta agosto de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) registra 499 víctimas de femicidio. Pese a que ningún esfuerzo es suficiente para mitigar los impactos de la violencia femicida ya ocurrida, el Ecuador ha implementado avances importantes para hacerle frente a las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género. Así, a más de la tipificación del delito, se han organizado varias iniciativas normativas e interinstitucionales para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de la violencia femicida. La FGE, consciente de su misión constitucional de investigar en las fases preprocesal y procesal penal este delito, desde el año 2015 adoptó como parte de su normativa interna,1 el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio) (en lo que sigue, el Modelo de Protocolo), a fin de incorporar la perspectiva de género en la investigación penal de casos de femicidio. 

Los delitos contra la administración pública vulneran gravemente la confianza depositada por la ciudadanía en sus instituciones y funcionarios. Estas conductas, generalmente cometidas por servidores públicos, comprometen, ponen en riesgo y lesionan el bien jurídico protegido de la eficiencia de la administración pública, cuya naturaleza colectiva implica que su afectación repercute directamente en el interés general y en el adecuado funcionamiento del Estado. En este marco, la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus competencias constitucionales, debe actuar con determinación en la investigación y procesamiento de estos delitos, a fin de garantizar que los servidores públicos responsables sean sancionados conforme a derecho por los órganos jurisdiccionales competentes. Se trata de infracciones penales consideradas especiales, en las que el sujeto activo principal es, por lo general, un servidor público. 

Establecer los proceimientos técnicos operativos para el manejo de bienes perecibles, que deberán cumplir los servidores públicos en el ejercicio de sus competencias, hasta la determinación de su destino final, de acuerdoa  lod eterminado por la autoridad competente.