La evolución en materia de derecho de discapacidad ha avanzado sustancialmente tanto a nivel nacional como en legislaciones internacionales. El punto más álgido es la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, cuyo principal aporte es el reconocimiento del derecho de ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. En Ecuador, a pesar de haberse ratificado  este  instrumento  internacional  en  el  2008,  la  legislación  interna  sigue siendo oscura, incompatible, contradictoria e inaplicable. Esto acarrea un  conflicto  teórico  de  naturaleza  civil  y  sobre  todo  práctico  en  el  ejercicio  de la actividad notarial. Precisamente la dificultad que representa al notario ecuatoriano prestar la atención a este grupo de personas. No obstante, de la existencia de legislación internacional y nacional que propugna el derecho de obrar del discapacitado intelectual y psicosocial, constituye el objeto principal de este trabajo.