En este cuaderno de jurisprudencia sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, clasificamos los asuntos en diez escenarios constitucionales de litigio. En el primer escenario, se encuentran los asuntos sobre discriminación laboral por condiciones de salud. En segundo lugar, se agrupan las sentencias sobre discriminación laboral por discapacidad. En tercer lugar, pueden encontrarse los fallos sobre discriminación laboral por edad y en el cuarto, por cuestiones de género. En el quinto patrón fáctico están reunidos los casos de discriminación por nacionalidad y de los requisitos para acceder a cargos públicos. En el sexto escenario están los casos de trabajadores de confianza y de base. En séptimo lugar están agrupados los casos sobre los requisitos para acceder al derecho a la seguridad social. En el octavo patrón fáctico se encuentran los fallos sobre trabajadores de la educación y sindicatos. A continuación, en el patrón fáctico nueve, están las decisiones sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales. Finalmente, en el escenario diez, se encuentran los casos que, debido a su singularidad, no encajaban en ninguno de los nueve primeros. Aquí se reúnen las sentencias sobre habitaciones para fumadores, exigencia de títulos profesionales y tatuajes, entre otros. El principio de igualdad y no discriminación es un punto estratégico desde el cual revisar lo que pasa antes de que se inicie la relación laboral y respecto de los sujetos que no tienen vínculo laboral formal, pero que son trabajadores. Esperamos que la reconstrucción de esta línea jurisprudencial sea útil tanto para facilitar la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre el punto, como para litigar los derechos laborales y hacer evidentes posibles discriminaciones en el mundo del trabajo. 

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una variedad de casos relacionados con los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas. La protección constitucional de sus derechos individuales y colectivos ha sido tanto una preocupación, como una postura que la Corte ha asumido a lo largo de las últimas décadas. La sistematización de las decisiones más importantes relacionadas con el derecho a una consulta previa, en un contexto plural y multicultural como el mexicano, resulta fundamental para abonar a la discusión sobre la correcta aplicación de esta garantía de participación pública, y su relevancia para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. La evolución de las líneas de jurisprudencias que conforman este cuaderno refleja la labor y el papel de la Suprema Corte en la adjudicación de estos derechos. Por medio de esta publicación, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte intenta contribuir a los esfuerzos para promover una impartición de justicia con perspectiva intercultural. 

El arraigo es una medida cautelar excepcional y previa al proce­so penal en México. Se traduce como una restricción constitucionalmente válida de la libertad personal, en la cual se le orde­na a la persona investigada permanecer en un lugar determinado, con vigilancia de autoridades específicas. En este cuaderno se identificaron como escenarios constitucio­nales de litigio la naturaleza jurídica de la orden de arraigo; las figuras similares al arraigo; el juicio de amparo en contra de la orden de arraigo antes de la reforma constitucional en materia penal de 2008; la transición del arraigo en el periodo de imple­mentación de la reforma; los medios de control constitucional en contra de la orden de arraigo después de la reforma; los impedi­mentos y facultades de las autoridades en relación con el arrai­go y las limitaciones al arraigo impuestas por la Constitución. La formación de la línea jurisprudencial sobre arraigo se constru­yó con el propósito de facilitar a todas las personas el acceso a los precedentes resueltos por la Suprema Corte sobre el tema; se hizo de forma accesible para que sea usada no sólo por miembros del Poder Judicial, operadores jurídicos o por aboga­dos y abogadas especializados en la materia, sino por todas las personas que estén interesadas en la defensa y protección de los derechos humanos, particularmente, del derecho a la libertad personal.  

La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene como finalidad conservar la materia de la controversia para así asegurar la eficacia de la sentencia que se llegue a dictar en el amparo, al tiempo de evitar que las personas sufran afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto; para lograrlo, está sujeta a ciertas reglas, condiciones y requisitos establecidos en la Constitución, la Ley de Amparo y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Algunas de estas reglas se desprenden de la simple lectura de los artículos que rigen la institución de la suspensión, mientras que otras han sido explicadas y complementadas a través de un vasto desarrollo jurisprudencial. Entre los requisitos se encuentran los relacionados con la forma y el momento en que se solicita, con la existencia de los actos reclamados y su naturaleza, con el respeto al interés social y a las disposiciones de orden público, con el interés con el que acude quien la pide, con la garantía o contragarantía que debe presentarse para cubrir posibles daños o perjuicios, con el peligro inminente de que los actos sean de difícil reparación, entre otros. Con este cuaderno de jurisprudencia, se busca facilitar el estudio y operación de las reglas que rigen la suspensión en el juicio de amparo a las autoridades jurisdiccionales y todas las personas o asociaciones interesadas para contribuir a la construcción permanente de una justicia efectiva.