LA CORTE de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y

los artículos 31.3 y 68 del Reglamento de la Corte,

DECIDE:

Por unanimidad:

1. Declarar admisible la solicitud de interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida en el Caso Reyes Mantilla y otros Vs. Ecuador, presentada por el Estado, en los términos del párrafo 8 de la presente Sentencia de Interpretación.

2. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el caso Reyes Mantilla y otros Vs. Ecuador, presentada por el Estado, en los términos de los párrafos 13 a 16 de la presente Sentencia de Interpretación.

3. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de Interpretación a la República del Ecuador, al representante de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto,

LA CORTE DECLARA,

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

1. El Estado es responsable por la violación al derecho a la información sobre la asistencia consular, establecido en el artículo 8 .2.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Elías Gattass Sahih, en los términos de los párrafos 56 a 62 de la presente Sentencia.  

Disiente la Jueza Nancy Hernández López

Por unanimidad, que:

2. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad personal y de circulación y residencia, establecidos en los artículos 8.1, 25, 7.4, 22.1, 22.3 y 22.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,

en perjuicio de Elías Gattass Sahih, en los términos de los párrafos 42 a 55 de la presente Sentencia.

Y DISPONE:

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

3. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

4. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 73 de la presente Sentencia, por concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 74 a 78 de

la presente Sentencia.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

5. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con

la misma.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

6. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

La Jueza Nancy Hernández López dio a conocer su Voto disidente.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 27 de noviembre de 2024.

Por tanto,

LA CORTE DECLARA,

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

1. El Estado es responsable por la violación al derecho a la información sobre la asistencia consular, establecido en el artículo 8 .2.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Elías Gattass Sahih, en los términos de los párrafos 56 a 62 de la presente Sentencia.  

Disiente la Jueza Nancy Hernández López

Por unanimidad, que:

2. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad personal y de circulación y residencia, establecidos en los artículos 8.1, 25, 7.4, 22.1, 22.3 y 22.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,

en perjuicio de Elías Gattass Sahih, en los términos de los párrafos 42 a 55 de la presente Sentencia.

Y DISPONE:

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

3. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

4. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 73 de la presente Sentencia, por concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 74 a 78 de la presente Sentencia.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

5. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

6. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Disiente la Jueza Nancy Hernández López.

La Jueza Nancy Hernández López dio a conocer su Voto disidente.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 27 de noviembre de 2024.

LA CORTE

DECIDE,

Por unanimidad,

1.         Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado en los términos de los párrafos 28 a 43 de la presente Sentencia.

2.           Desestimar la excepción preliminar sobre incompetencia en razón del tiempo, de conformidad con los párrafos 48 a 50 de la presente Sentencia.

DECLARA,

Por unanimidad, que:

3.           El Estado es responsable por la violación al derecho a vida y a la integridad personal contenidos en los artículos 4.1, 5.1, y 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto y con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Aníbal Aguas Acosta, en los términos de los párrafos 38, y 89 a 110 de la presente Sentencia.

Por cuatro votos contra tres

4.           El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 8.1, y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en relación con la obligación de respeto y con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de de Estela Gaona; Lesli Carolina Aguas Gaona; Marlon Aníbal Aguas Gaona; Neptalí Salvador Aguas Suarez; Fanny Acosta Salinas; Medardo Aguas Acosta y Marcia Lara de Aguas, en los términos de los párrafos 113 a 124 de la presente Sentencia.

Parcialmente disidente Jueza Nancy Hernández, Jueza Patricia Pérez Goldberg, y Juez Humberto Sierra Porto.

Por unanimidad, que:

5.           El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Estela Gaona; Lesli Carolina Aguas Gaona; Marlon Aníbal Aguas Gaona; Neptalí Salvador Aguas Suarez; Fanny Acosta Salinas; Medardo Aguas Acosta y Marcia Lara de Aguas, en los términos del párrafo 38 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

6.           El Estado es responsable por la violación a los derechos de la niñez, contenidos en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Lesli Carolina Aguas Gaona y Marlon Aníbal Aguas Gaona, en los términos de los párrafos 125 a 130 de la presente Sentencia. Además, el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, contenido en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Estela Gaona; Lesli Carolina Aguas Gaona; Marlon Aníbal Aguas Gaona; Neptalí Salvador Aguas Suarez; Fanny Acosta Salinas; Medardo Aguas Acosta y Marcia Lara de Aguas, en los términos de los párrafos 125 a 130 de la presente Sentencia.

Y DISPONE

Por unanimidad, que:

7.           Esta Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación.

8.           El Estado continuará las investigaciones penales a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos de tortura en perjuicio de Aníbal Aguas Acosta, en los términos de lo establecido en el párrafo 139 de esta Sentencia.

9.           El Estado realizará las publicaciones indicadas en los párrafos 144 y 145 de esta Sentencia, en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la misma.

10.        El Estado efectuará el acto público de reconocimiento de responsabilidad, en los términos del párrafo 146 de la presente Sentencia.

11.        El Estado brindará los tratamientos de salud, en los términos de los párrafos 151 a 152 de la presente Sentencia.

12.        El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 164 de la presente Sentencia, por concepto de daños materiales e inmateriales, y costas y gastos, en los términos del párrafo 166 de la misma.

13.        El Estado rendirá al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

14.        La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La Jueza Nancy Hernández López la Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer su Voto parcialmente disidente sobre el punto resolutivo 4.

El Juez Rodrigo Mudrovitsch dio a conocer su voto concurrente.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 10 de octubre de 2024.

Corte IDH. Aguas Acosta y otros Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2024. Sentencia adoptada en San José de Costa Rica por medio de sesión virtual.

Nancy Hernández López

Presidenta 

LA CORTE

DECIDE,

Por unanimidad:

1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 30 a 33 de la presente Sentencia.

DECLARA,

Por cinco votos a favor y dos en contra, que:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva y del derecho a la libre determinación reconocidos en los artículos 21.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los Pueblos Tagaeri y Taromenane, y otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario habitantes de la Amazonía occidental ecuatoriana, en los términos de los párrafos 208 a 240 de la presente Sentencia. Disienten el Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por cinco votos a favor, incluyendo un voto parcialmente disidente, y dos votos encontra, que:

3. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la libre determinación y a la identidad cultural contenidos en los artículos 4.1 y 26 de la Convención Americana sobre, Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas miembros los Pueblos Tagaeri y Taromenane, y otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario habitantes de la Amazonía occidental ecuatoriana, en los

términos de los párrafos 285 a 317 de la presente Sentencia. Disienten el Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg. Voto parcialmente disidente de la Jueza Nancy Hernández López.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, que:

4. El Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas integrantes de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que perdieron la vida en estos ataques, en los términos de los párrafos 331 a 350 de la presente Sentencia.

Disienten la Jueza Nancy Hernández López, el Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por unanimidad, incluyendo dos votos parcialmente disidentes, que:

5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia, a la identidad personal y cultural, a los derechos de la niñez, al derecho a la circulación y residencia y derechos culturales,

todos ellos reconocidos por los artículos 5.1, 7.1, 17.1, 18, 19, 22.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de C. y D., en los términos de los párrafos 385 a 422 y 440 de la presente Sentencia. Votos parcialmente disidentes del Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por unanimidad, incluyendo dos votos parcialmente disidentes, que:

6. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad y libertad personales, a la honra y dignidad, al acceso a la información, a la niñez y a la salud, de conformidad con los artículos 5.1, 7.1, 11, 13, 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de C., en los términos de los párrafos 423 a 439 y 441 de la presente Sentencia.

Votos parcialmente disidentes del Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por unanimidad, que:

7. El Estado es responsable por la violación los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos por los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales 182 establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los Pueblos Tagaeri y Taromenane y sus miembros, en los términos del párrafo 471 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

8. El Estado es responsable por la violación a la protección judicial garantizada por el artículo 25.1 de la Convención en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de los Pueblos Tagaeri y Taromenane, y otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario habitantes de la Amazonía occidental ecuatoriana, y sus miembros, en los términos de los párrafos 455 a 460 y 472 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

9. El Estado es responsable por la violación al derecho a ser oídas, a la participación efectiva en los procesos y a la niñez, establecidos en los artículos 8.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de C. y D., en los términos de los párrafos 466 a 470 y 473 de la presente Sentencia. Y DISPONE,

Por unanimidad, que:

10. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

Por unanimidad, que:

11. El Estado promoverá y continuará las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de los hechos violentos ocurridos en el 2003 y el 2006 y, en su caso, juzgará y eventualmente sancionará a todas las personas responsables de estos hechos, en los términos de los párrafos 483 a 484 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

12. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para determinar, dentro de un plazo razonable, por intermedio de las instituciones públicas competentes las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en el tratamiento de la situación de C. y D. luego de su contacto forzado, en los términos de los párrafos 486 a 489 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, incluyendo un voto parcialmente disidente, que:

13. El Estado creará una Comisión Técnica de Evaluación de la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane, en los términos establecidos en los párrafos 499 a 501 de la presente Sentencia. Voto parcialmente disidente de la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por unanimidad, que:

14. El Estado tomará las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, para que efectivamente se implemente la decisión tomada en la consulta popular del 20 de agosto de 2023 de mantener el crudo del Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo, en los términos establecidos en los párrafos 503 a 504 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

15. El Estado deberá enviar un informe anual en donde detalle el cumplimiento de las diferentes medidas en materia de protección a los pueblos en aislamiento voluntario en el marco del Plan de Medidas Cautelares, en los términos establecidos en el párrafo 505 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

16. El Estado contactará a C. para consultarle sobre su voluntad de permanecer o no dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, y en caso de que así lo manifieste, coordinará su salida de dicho Sistema en los términos establecidos en el párrafo 506 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

17. El Estado implementará un proceso de diálogo entre las instituciones estatales encargadas del cumplimiento de las medidas de reparación integral dictadas en el marco de los procesos internos, por una parte, y con C. y D., por otra parte, con el objetivo de

acordar la forma en que se implementarán las referidas medidas, en los términos establecidos en el párrafo 507 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

18. El Estado, previa consulta y aquiescencia de C. y D., desarrollará un proceso de vinculación entre C. y D. en los términos establecidos en el párrafo 508 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

19. El Estado continuará otorgando atención integral a la salud de C. y de D. en los términos establecidos en el párrafo 512 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

20. El Estado brindará gratuitamente, de forma prioritaria, tratamiento psicológicoy/o psiquiátrico, según corresponda para C. y D., en los términos establecidos en el párrafo 513 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

21. El Estado realizará las publicaciones y actos de difusión ordenados en el párrafo515 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

22. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 518 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

23. El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que en el proceso de otorgamiento de nuevas licencias o de renovación de las existentes, el requisito de realización de un estudio de impacto ambiental incluya

previsiones específicas que tomen en cuenta los impactos diferenciados a los PIAV y seaplique el principio de precaución, en los términos establecidos en el párrafo 528 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

24. El Estado realizará un informe sobre las medidas adicionales a las que ya está implementando, para corregir o mejorar: a) el monitoreo y la protección de la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane frente al ingreso de terceros; b) la información sobre

la situación ambiental de la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane, en los términos establecidos en los párrafos 529 y 530 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

25. El Estado ordenará las medidas necesarias para garantizar que exista un recurso que permita hacer efectivo el derecho a la protección judicial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en los términos de los párrafos 532 a 533 de la presente

Sentencia.

Por unanimidad, que:

26. El Estado implementará los programas de capacitación y los protocolosestablecidos en los términos de los párrafos 534 a 539 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, incluyendo un voto parcialmente disidente:

27. El Estado realizará el peritaje ordenado en el párrafo 544 de la presente Sentencia con el fin de d eterminar una reparación integral de los daños materiales e inmateriales sufridos por C. y D., en los términos de los párrafos 544 y 545 de la presente Sentencia. Voto parcialmente disidente de la Jueza Patricia Pérez Goldberg.

Por unanimidad, que:

28. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 548 y 549 de esta Sentencia, por concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 551 a 557 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

29. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con las mismas, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 506, 507, 508, 515 y 544 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

30. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso, una vez que el Estado haya dado total cumplimiento

a lo dispuesto en la misma.

La Jueza Nancy Hernández López y el Juez Humberto Antonio Sierra Porto dieron a conocer sus votos individuales parcialmente disidentes. La Jueza Patricia Pérez Goldberg dio a conocer su voto disidente y parcialmente disidente. El Juez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor Poisot y la Jueza Verónica Gómez dieron a conocer sus votos individuales concurrentes.

Redactada en español, en San José, Costa Rica, el 4 de septiembre de 2024.

Reparaciones 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó, entre las medidas de reparación integral, las siguientes: 

a) Medidas de restitución, si bien no ordenó una medida de restitución para su reincorporación al servicio activo, señaló que esta circunstancia será tomada en cuenta al momento de determinar las indemnizaciones compensatorias; 

b) Medidas de rehabilitación: para lo cual brindó una suma de dinero por vivir fuera de Ecuador para que se procuren la atención médico y psicológico que necesiten 

c) Medidas de satisfacción: publicar el resumen oficial de la Sentencia en un medio de comunicación nacional y en el diario oficial, y la integridad de la Sentencia en dos sitios web oficiales. Además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas; 

d) Medidas de no repetición: i) adecuar normativa y ii) capacitaciones, y 

e) Indemnizaciones pecuniarias: pagar las sumas por concepto de daños materiales e inmateriales, así como por de costas y gastos y reintegrar los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado, en los plazos fijados en la sentencia, pagar sumas de dinero por indemnización de daño inmaterial y como reintegro de costas y gastos. 

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. 

Las juezas Nancy Hernández López y Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer su voto conjunto parcialmente disidente. 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó como medidas de reparación integral, entre otras, las siguientes: 

a) continuar las investigaciones penales en curso por los delitos de desaparición forzada y tortura, así como las acciones de búsqueda de Fredy Núñez Naranjo; 

b) brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los familiares la víctima; 

c) publicar el resumen oficial de la Sentencia en un medio de comunicación nacional y en el diario oficial; 

d) publicar la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial del Gobierno Nacional y darle publicidad en la cuenta oficial en redes sociales de la Presidencia de República; 

e) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; y 

f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, costas y gastos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en su cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. 

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución: pagar al señor Aguinaga Aillón una suma de compensación ante la imposibilidad de la restitución en su cargo por el que fue cesado. B. Satisfacción: publicar el resumen oficial de la Sentencia, por una sola vez, en el Diario Oficial, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado, y publicar la Sentencia en su integridad en los sitios web oficiales de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Nacional de Justicia. C. Indemnizaciones compensatorias: 

1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, y 

2) el reintegro de costas y gastos. Los Jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Rodrigo Mudrovitsch, Humberto Antonio Sierra Porto, y la Jueza Patricia Pérez Goldberg, dieron a conocer sus votos individuales concurrentes y parcialmente disidentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A) Medida de satisfacción: el Estado deberá publicar el resumen oficial de la Sentencia en el diario oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial 

B) Medida de rehabilitación: el Estado debe pagar al señor Cortez una suma de dinero, a efectos de la atención de sus padecimientos psiquiátricos o psicológicos. 

C) Indemnizaciones pecuniarias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y gastos y costas. 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A) Medida de satisfacción: el Estado deberá publicar el resumen oficial de la Sentencia en el diario oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial 

B) Medida de rehabilitación: el Estado debe pagar al señor Cortez una suma de dinero, a efectos de la atención de sus padecimientos psiquiátricos o psicológicos. 

C) Indemnizaciones pecuniarias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y gastos y costas. 

El acuerdo de solución amistosa fue firmado por las partes el 14 de junio de 2022. Su texto fue remitido a la Corte por el Estado el 13 de julio del mismo año. El 22 de septiembre siguiente los representantes de las victimas ratificaron el Acuerdo e informaron que ya se encontraban cumplidas las medidas de reparación pecuniarias establecidas en dicho documento. 

El Acuerdo señala los hechos y violaciones a derechos humanos antes referidos. Establece, además, diversas medidas de reparación que deben ser satisfechas por el Estado. Las mismas son las siguientes: 

a) reportar anualmente, durante cinco años, avances o limitaciones sobre la investigación de los hechos, elaborar luego un informe sobre el derecho a la verdad y evaluar, en conjunto con las víctimas, la posibilidad de mantener abiertas las investigaciones; 

b) realizar medidas de acción afirmativa para el acceso a instituciones de educación superior de distintas personas indicadas en el Acuerdo; 

c) la publicación del acuerdo de solución amistosa y de un resumen del mismo; 

d) realizar las gestiones necesarias para el traslado de los restos del señor Huacón Baidal y la señora Salazar Cueva a cementerios indicados en el Acuerdo; e) realizar un acto público para of recer disculpas públicas a los familiares de dichas personas, y d) el pago de indemnizaciones compensatorias por daños materiales e inmateriales. 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A) Medidas de restitución: el Estado deberá pagar al señor Víctor Henrry Mina Cuero una indemnización ante la imposibilidad de reincorporarlo al cargo del que fue destituido. 

B) Medidas de satisfacción: el Estado deberá publicar el resumen oficial de la Sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial. 

C) Indemnizaciones pecuniarias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. 

La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral: 

A) Obligación de investigar: el Estado deberá, en un plazo razonable y con la debida diligencia, promover, continuar y concluir las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte del señor Luis Eduardo Casierra Quiñonez, y las lesiones producidas a sus hermanos Andrés Alejandro y Sebastián Darlin, de apellidos Casierra Quiñonez, y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a las personas responsables. 

B) Medidas de rehabilitación: el Estado, en caso de que las víctimas así lo requieran, deberá brindar o continuar brindando tratamiento médico, y psicológico y/o psiquiátrico a Andrés Alejandro Casierra Quiñonez, Sebastián Darlin Casierra Quiñonez y María Ingracia Quiñonez Bone. Asimismo, en caso de requerirlo y de ser necesario, que brinde tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a Jonny Jacinto Casierra Quiñones y Shirley Lourdes Quiñonez Bone. 

C) Medidas de satisfacción: i) el Estado deberá publicar el resumen oficial de la Sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial, y ii) el Estado deberá renovar la placa conmemorativa instalada en Atacames y descubierta el 19 de noviembre de 2017, en el sentido de incluir, además de la incorporación de la referencia del caso en el informe final de la Comisión de la Verdad, lo relativo a las violaciones a derechos declaradas en la Sentencia de la Corte. 

D) Garantías de no repetición: el Estado deberá adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las disposiciones legales pertinentes que regulen los parámetros precisos para el uso de la fuerza por parte de los agentes integrantes de los cuerpos de seguridad, lo que incluiría las limitaciones aplicables y los mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas, todo de manera acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

E) Indemnizaciones pecuniarias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. 

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución: 1) adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia de 20 de julio de 2011, confirmada el 22 de septiembre de 2011, incluyendo, en su caso, los alcances que estas tengan respecto; a saber: i) la atribución de responsabilidad penal y civil de los señores Emilio Palacio Urruria, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga; y ii) cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones, incluyendo cualquier registro judicial o administrativo, o la posibilidad de que sea reconocida como un precedente judicial. B. Satisfacción: i) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, y ii) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Poder Judicial. C. Garantías de no repetición: i) establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública, y ii) crear e implementar un plan de capacitación a funcionarios públicos, para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de derechos humanos y libertad de expresión. C. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, y 2) el reintegro de costas y gastos.