La medida cautelar de la prisión preventiva 

Derechos fundamentales y criminalidad cibernética en niños, niñas y adolescentes

Mediante las sentencias No. 1965-18- EP/21 de 17 de noviembre de 2021 y No. 8-19 IN y acumulado /21 de fecha 8 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional dispuso que la Corte Nacional de Justicia emita una resolución con fuerza de ley, en la cual regule un recurso que garantice el derecho al doble conforme de los procesados: 1) que han recibido una sentencia condenatoria por primera ocasión en apelación y 2) que han recibido una sentencia condenatoria por primera ocasión en casación; observando ciertos parámetros y definiendo las personas beneficiarias de ese recurso (Sentencia No. 1965-18-EP/21, 17 de noviembre de 2021 y Sentencia 8-19-IN y acumulado/21, 08 de diciembre de 2021). Específicamente en la sentencia No. 8-19 IN y acumulado /21 de fecha 8 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional determina que nuestra legislación no prevé un recurso idóneo para garantizar el derecho al doble conforme de los procesados cuando son condenados por primera vez en casación, entre los argumentos principales señala: (…) el recurso de casación en los procesos penales, tal como está configurado en la legislación procesal, no se adecúa ni cumple con el contenido del derecho al doble conforme, en la medida en que, al configurar un recurso formal, nomofiláctico y con vocación sistematizadora, no responde de forma eficaz al derecho de los procesados a tener un recurso ordinario, directo, amplio y no formal por medio del cual puedan impugnar una sentencia condenatoria que haya sido dictada en su contra por primera ocasión, indistintamente de la instancia o autoridad judicial que la emita; y de recibir una decisión de fondo, que resuelva sobre los méritos de la causa. 

Es objetivo del presente artículo identificar los principales puntos críticos o problemáticos sobre la competencia de los JGPT y el procedimiento aplicable a los incidentes de ejecución penal, para lo cual se discute aspectos teóricos y doctrinarios sobre el juez de ejecución penal, se revisa la legislación ecuatoriana sobre esta figura jurisdiccional; y, se revisa también los registros de la actividad de esta justicia especializada durante el año 2021, caracterizando de forma general su funcionamiento. El presente artículo tiene un nivel de investigación analítico, pues considera y examina varios aspectos del problema de estudio para identificar cómo se está observando y aplicando la competencia y el procedimiento para el control judicial de la ejecución penal en Ecuador. Para este estudio se recurre a la técnica de investigación documental, revisando la doctrina relevante, la normativa existente; y, la información estadística proporcionada por el Consejo de la Judicatura sobre la atención de procesos de garantías penitenciarias, por lo que considera aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Una de las grandes conquistas del Derecho procesal moderno es haber puesto límites precisos al Estado en el juzgamiento de las personas, de manera tal que se ha ido construyendo alrededor de ésta una barrera que le protege de cualquier acción u omisión que ponga en riesgo sus derechos y garantías, y obligue a la entidad que ejerce la acción penal pública a llevar al juez a un grado de convicción más allá de toda duda razonable antes de establecer la existencia material de una infracción y la responsabilidad de la persona procesada. En general, esos derechos y garantías se pueden expresar de diferentes formas, pero de manera más común en forma de principios procesales cuya materialización corresponde a diferentes sujetos del proceso, pero singularmente al juez como director del mismo. Entre esos principios en este ensayo interesa analizar el de igualdad de armas, con base en el cual se debe garantizar que tanto el ente acusador como la persona procesada deben tener las mismas oportunidades de intervenir en cada diligencia que se realice, así como participar en el proceso de investigación y recabar indicios y medios de prueba necesarios para acreditar sus respectivas pretensiones ante el juzgador, que sería demostrar la culpabilidad o que se ratifique la inocencia de acuerdo con los roles procesales asignados. 

La Teoría del delito “es aquella teoría que pieza a pieza elabora el concepto básico y perfila los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de delito” (Iberley, 2012) tales como las categorías dogmáticas (acto, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), y, con estas construcciones se puede valorar si determinada conducta se enmarca o no dentro de un tipo penal, en sus ámbitos objetivos y subjetivos, con la finalidad de imponerle una pena. No obstante, lo más común es realizar este análisis de la forma más simplificada posible, es decir, tomando en cuenta un solo hecho que encuadra en un solo tipo penal y que le corresponde una pena (Lascano, 2000, p. 277) por ejemplo: el que se dice es el primer delito de la historia, el homicidio doloso consumado de Abel a manos de su hermano, Caín. Ahora bien, si a ese mismo caso se le añade la particularidad de que para ese homicidio Caín coloboró con alguien, se complica el análisis, ya que se debe aplicar la normativa respecto de la participación para determinar el grado de responsabilidad que le corresponde a cada interviniente. 

Reincidencia, para algunos autores la misma se entiende como “la recaída en el delito por parte de un sujeto precedente y ejecutoriamente condenado por otro delito comprendido en el mismo título y de la misma naturaleza del que es objeto de la actual condena” (Real Academia de la Lengua Española). La reincidencia ha servido para referirse a la persona que ha infringido la ley, al sujeto activo de la infracción a quien, mediante un juicio previo, agotadas las fases del proceso penal por la carga incriminatoria de la prueba se ha declarado la culpabilidad y la responsabilidad penal. El juzgador para emitir su pronunciamiento en sentencia condenatoria, tomará en cuenta la reincidencia de conformidad a la norma procesal vigente; para modificar la pena aumentándola en un tercio. Amerita un análisis cabe aquí hacer diferencias conceptuales entre habitualidad y reincidencia; clases de reincidencia causas y consecuencias que inciden en la población carcelaria: La reincidencia en materia penal evitando una interpretación errónea de la ley; para el sistema de justicia penal, puesto que el poder punitivo debe someterse al control constitucional y al principio de legalidad, para una correcta aplicación para efectos de la sanción penal para evitar que se emitan sentencias erróneas y contrarias al derecho constitucional. 

En Ecuador, el principio de oralidad en el sistema procesal fue postulado desde la anterior Constitución, esto es, la Constitución Política del Ecuador expedida en el año 1998, con la cual dejamos de ser “herederos del sistema procesal español”, que a través del Código de Enjuiciamientos Civiles de 1855 estableció un sistema escritural casi de fuente completa (Pérez Valencia, 2013). En los artículos 192 a 195 de la Constitución Política del Ecuador (1998) ya se preveían los principios generales del proceso, entre ellos: que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, que hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia y que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; que las leyes procesales procuran la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites.

A lo largo de la historia de la humanidad, el proceso judicial ha sido concebido como el método adecuado para la solución de los conflictos sociales. En el ámbito penal, luego de transitar por otros modelos, rige un modelo acusatorio de carácter adversarial, donde prima el debate entre sujetos procesales, en el marco de la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, en virtud del cual, el Juzgador es un espectador imparcial, que tiene la finalidad dirigir el debate, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las partes. Para concebir este modelo de impartición de justicia, es necesario hacer un repaso por los acontecimientos históricos que, con el devenir de los tiempos, han configurado los conceptos y estructura, tanto del Estado, como del proceso penal. 

En este artículo, se pretende entregar más que una conclusión final, un cúmulo de reflexiones orientadoras para el lector del catálogo punitivo ecuatoriano, cuyos fines se constriñen a su artículo 1, posiblemente la norma que requiera mayor reflexión al momento de dar operación a los contenidos del Código Orgánico Integral Penal. 1.- Normar el poder punitivo del estado: Se conoce al orden jurídico penal como el ius puniendi o poder punitivo del Estado; este derecho objetivo, es una parte del ordenamiento jurídico, formado por las normas jurídicas reguladoras de dicho poder, en las que, mayormente, a fin de tutelar bienes jurídicos, se definen infracciones penales, para las cuales se establecen penas y medidas de seguridad (ORTS, 2020, pág. 26). El poder punitivo del Estado es la capacidad de intervención Estatal que se activa para proteger y preservar valores supremos, categorizados como bienes jurídicos, 

Nuestra realidad es análoga a la sociedad panóptica tenemos estructuras de vigilancia absolutamente generalizadas, de las que el sistema penal, el sistema judicial es una pieza, y es en esta última donde se pierde el equilibrio en el tema concreto de ello, la inseguridad jurídica proclama de impunidad. Pero que entendemos por seguridad jurídica, esta que tantos reclamos merece y que su falta nos hace concluye en la polarización de criterios…. lo afirma el maestro José García, “no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho de prever los efectos y consecuencias de nuestros actos…. Pero en este derecho fundamental del Estado Constitucional de Derechos y Justicia hay que entenderla como lo señala Roberto Dromi: “La seguridad originaria, que fue el nuevo derecho para el proceso de reformas del Estado, debe ceder a la seguridad jurídica sobreviniente o derivada que permite la relocalización del Estado… 

El presente artículo se escribe con el fin de hacer un análisis de los parámetros actuales de acceso a la justica en el marco de las agresiones contra las mujeres por discriminación, teniendo como premisa que la intervención del sistema penal en cuestión de violencia machista contra las mujeres no es nueva, en virtud que desde sus orígenes los primeros códigos penales justificaron la violencia contra las mujeres, evidenciándose a través de la historia que el tratamiento machista, atravesado por el desconocimiento, la negación y la culpabilización de las propias mujeres víctimas de esta violencia, estaban justificadas y legalizadas o de no estarlo se encontraban toleradas socialmente; ahora bien, a través de la lucha social de las mujeres se ha logrado la evolución legal y la tipificación de delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar de una manera especial, con personal especializado para el tratamiento de primera acogida y acompañamiento durante el proceso a las víctimas y a los familiares de las mismas. 

El Ecuador, a raíz de la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, destaca la innovación jurídica de precisar de forma superficial, pero con un alto impacto en la aplicación de la norma, la configuración de uno de los mecanismos fundamentales de cooperación mutua en materia penal, como lo es la asistencia mutua en materia penal. Así, el COIP, a partir de las disposiciones establecidas en los Arts. 485, 486, 488 y 497, precisa determinadas figuras jurídicas de cooperación procesal penal internacional, regula un somero procedimiento para ejecutarlas, la cual abarca principalmente: la remisión de elementos probatorios -o comprendiendo en mejor sentido- la cuasi práctica del mecanismo fundamental como lo es la asistencia penal internacional. Las normas establecidas en el COIP, se complementan con las existentes en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Nos trazamos como objetivo general el analizar el archivo pasivo y el pasado judicial de las personas que han cumplido condena desde la perspectiva del Estado constitucional de derechos y justicia del Ecuador, contrastando, a partir del estamento filosófico que sustenta la organización política del país los principios de aplicación de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, entre estos la igualdad y no discriminación, examinando la naturaleza jurídica de esta prerrogativa, para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo analítica-sintética, que nos llevó a descomponer cada uno de los elementos que integran la relación entre el archivo pasivo y el registro permanente del pasado judicial, estudiándolos de manera exhaustiva para comprender la esencia del derecho a la igualdad y no discriminación como garantía personal, articulando este conocimiento con el complejo campo de actuación del Estado ecuatoriano.

Uno de los principales problemas está en conceptualizar la violencia desde nuestro contexto en análisis, de allí la importancia de buscar un ámbito general para abordar, y es indudable que la complejidad de la violencia y su diversidad de formas tanto desde los enfoques teóricos como las disciplinas que la abordan y más cuando son tomados en cuenta elementos como los actores y las víctimas pues son de trascendental importancia para el derecho. Respecto de este aspecto entonces, vamos a encontrar que esta concepción o definición es polisémica, sin embargo, para efectos de este ensayo he decidido utilizar la definición construida por Keane quien la define como … aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de cabeza, a un hueso roto, un ataque al corazón.

En primer lugar, al encontrarnos en un Estado Constitucional de derechos y justicia, existe un deber primordial del mismo para reconocer derechos y principios a efectos de optimizar los primeros. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 76 aquellas garantías y principios básicos que busquen el reconocimiento y ejercicio del derecho al debido proceso. La ex Corte Constitucional para el Período de Transición, en varias de sus sentencias, afirmó que en un Estado Constitucional de derechos y justicia es aquel en el que se toma como objetivo primigenio a la persona humana, por lo que la aplicación e interpretación del la ley tan sólo es viable cuando esta se ajuste y no sea contraria a lo establecido en su Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Partimos entonces de qué es el principio de buena fe y lealtad, para lo cual tenemos que dirigirnos a la Constitución de la República del Ecuador, que en el Artículo 174, inciso segundo se refiere a que “la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley...” En consecuencia, se establece por primera vez en una norma constitucional que ya no es posible, aceptar la dilación absurda de los procesos, la generación de artificios o engaños para procurar el cansancio del adversario, la malicia o temeridad en los juicios; porque, todo aquello es objeto de sanción en aras que instituir el buen comportamiento de los litigantes y de todos los intervinientes en las causas; es decir, se exige el buen proceder, la hombría de bien, la buena fe procesal como conducta reguladora del obrar de los sujetos en los juicios o procesos 

La obra literaria que reseña la historia más remota de la humanidad denominada “Biblia”, en su Primer Libro, llamado “Génesis”, relata el comienzo del mundo desde el instante de una creación, para referirse sobre la historia primigenia de la humanidad conteniendo relatos acerca de un primer hombre y de una primera mujer, su pecado original, y el primero de la especie en morir, como también el primer homicida (Valera, 1997,2007, págs. Capito 4, Versiculo 8 y siguientes ),el cual es condenado al destierro por haber ocasionado la muerte de un ser humano. La humanidad necesita una nueva sabiduría que le proporcione el “conocimiento de cómo usar el conocimiento” para la supervivencia del hombre y para la mejora de su calidad de vida. …Yo propongo el término Bioética con el fin de enfatizar los dos ingredientes más importantes para lograr la nueva sabiduría que tan desesperados se necesita: conocimiento biológico y valores humanos”. 

Las infracciones de tránsito únicamente se tipifican y sancionan en el Código Orgánico Integral Penal, los operadores de justicia están vetados de aplicar tipos penales o sanciones que puedan generarse en otras normas jurídicas, y así lo manda el artículo 17 ibídem: “...Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia”. Ergo, qué sucede con el parámetro legal que establece el artículo 88 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al señalar en su primer inciso lo siguiente: “En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los siguientes...”, y que su literal i) determina: “La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los procedimientos y sanciones”.

La necesidad de exponer que los alcances y fines del recurso de casación, sobre todo, a partir del análisis de la jurisprudencia contemporánea emanada de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en funciones (en adelante SP-CNJ), se circunscriben no solo a un control de legalidad de las sentencias expedidas en segundo nivel, sino también a un control de constitucionalidad y hasta de convencionalidad de dichos fallos, constituirá el eje central y el objetivo primordial del presente artículo. En este sentido, resulta de primordial importancia abordar ciertos aspectos históricos en torno al recurso de casación, con la finalidad de advertir el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ha experimentado a lo largo de los años; y, de esta forma, poner de relieve que la naturaleza jurídica de la casación en el Ecuador era limitada, inclusive hasta la primera década del siglo XXI. Por otra parte, los principales métodos utilizados en el presente artículo han sido el histórico-descriptivo y el deductivo. 

La familia desde su génesis ha sido el punto de partida de las estructuras sociales en el mundo, por ello es conocido que es el núcleo de la sociedad. Refiriéndonos a nuestro país, observamos que en siglos pasados se consideró y aún existen muchas secuelas- que la persona de género masculino era quien sostenía económicamente a su entorno familiar, lo que le hacía pensar de manera descaminada, que tenía derecho sobre los derechos de los integrantes de dicho entorno, generando así, que esa situación de poder se la adopte como normal, y en consecuencia, dicho poder es el que se exterioriza por medio de acciones de violencia. Precisamente esos actos violentos son los que han llevado no solo a una serie de afectaciones personales en las víctimas sino a originar una debacle per se en la sociedad por la destrucción de núcleos familiares que son su base; pero centrándonos en las víctimas, son estas personas las que perciben de manera sistemática las alteraciones al orden familiar.

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en el Ecuador, se produjo un tránsito de leyes penales, entre éste cuerpo normativo y el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y aquellas normas relacionadas con la ejecución de penas; per se, se suscitó en el escenario procesal y la casuística, un sinnúmero de interrogantes en torno a la aplicación de los principios de legalidad, favorabilidad y extra actividad de la ley penal, en los ámbitos sustantivo, adjetivo y de ejecución penal. En la jurisdicción penal, especialmente en el ámbito sustantivo, cuya esfera es de nuestro interés, en este ensayo; existen principios de inexorable aplicación, para el efecto se han establecido garantías normativas en la legislación nacional, cuya aplicación obedece a los antecedentes fácticos y jurídicos de cada caso concreto; en el tema de estudio, los mismos, tienen relación esencial con el ámbito temporal de aplicación de la ley penal (Tempus regit actum). 

El Sistema Interamericano, tiene su epicentro en la Organización de Estados Americanos (OEA), que conforme al Artículo 1 de su Carta (OEA, 1951), fue creada para lograr un orden de paz y de justicia. Es también, una organización regional cuyo fin es entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, teniendo como propósitos esenciales entre otros afianzar la paz y seguridad del Continente y procurar la solución de conflictos jurídicos-políticos; consagra como principios la vigencia de los derechos esenciales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo y sexo; está conformada por treinta y cinco países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Sus países miembros tienen realidades heterogéneas, pero guardan varios factores comunes. 

La teoría de la impugnación, a través de sus principios y postulados, coadyuva a delimitar la esencia de los recursos en la jurisdicción penal; en el ámbito de la revisión, sin duda alguna, se establece que es una garantía normativa del derecho de impugnación, de carácter extraordinario y vertical, cuya postulación, admisión y procedencia, en gran medida, depende del cumplimiento inexorable de los requisitos establecidos en la ley, desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina; en esta ocasión, aquel es el tema de nuestra disertación. El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; ergo, el entorno dogmático del artículo 1 de la Constitución de la República determina la simbiosis jurídica de un ámbito conceptual fuertemente diferenciado: Según Ávila (2008), el Ecuador es un Estado constitucional ya que “(...) la constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. 

El Profesor Dr. Edgardo Donna realiza un análisis histórico para recabar el origen de la instigación, llegando a establecer que en el siglo XVIII la doctrina conocía sólo al causante y al cómplice. La figura del causante implicaba lo físico y lo intelectual. La causalidad intelectual estaba precisada cuando se logre “determinar la voluntad de otro a la producción del efecto antijurídico”.1 En la segunda década de ese siglo, se cambia el término “causante físico”, por “autor”, pero para el medio siglo se escoge la palabra “instigador” para nombrar al “causante intelectual”, es decir, al actual autor mediato. “El Código Penal alemán de 1871, que siguió el modelo francés, que a su vez tuvo como modelo el Código Penal prusiano de 1851 distinguía entre autor, cómplice e instigador.” 2 Nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, ni el anterior Código Penal, no asimila la instigación con la autoría como la hacen otras legislaciones, sino que la cataloga, la relaciona como autoría mediata o intelectual. 

La oralidad, es el principio procesal que marca el punto de inflexión del sistema penal de litigación inquisitorio escrito, al acusatorio oral; más, pese a sus bondades y vigencia por veinte años en Ecuador, y amén de que no sea un sistema oral puro; su implementación aún enfrenta tropiezos que dificultan su pleno ejercicio. Por ello; cuando la señora Presidenta, empeñada en retomar la publicación de esta revista de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, propusiera un artículo relacionado con nuestro trabajo cotidiano, decidí abordar la implementación de la oralidad penal en Ecuador, tanto más que su práctica se ha diseminado a otras áreas del derecho 

La Constitución de la República de 2008 es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales salvo excepciones en casos de derechos humanos más beneficiosos. Esta supremacía obliga a todas las nuevas normas infraconstitucionales a ser redactadas en concordancia a los derechos y garantías establecidas en el texto constitucional. Nuestra constitución es denominada como garantista dentro de la tendencia neoconstitucionalista, y cambia el modelo estatal de Estado social a Estado constitucional de derechos y justicia. Este se fundamenta en el respeto, materialización y protección de los derechos y garantías propias de los ciudadanos, lo que ha implicado la búsqueda de límites al ejercicio del poder punitivo del Estado, el menor grado de lesividad de los derechos del ciudadano y la creación de principios orientados no solo a ser moduladores de la actuación judicial y administrativa, sino también a sentar las bases o pilares fundamentales del proceso penal. 

En la edad media (siglo XIV de nuestra era) el mundo enfrentaba a uno de los problemas cruciales más duros de esa época. Pues, se consideraba de extremada peligrosidad la existencia de aquellos grupos sociales que practicaban rituales secretos volcando su pensamiento hacia estigmas maléficos de adoración satánica. Esos grupos ocultos, de quienes incluso se sospechaba la práctica oscura de actos de “brujería”, constituían el enemigo al que se debía combatir. En el terreno de ese combate se estigmatizó a muchos hombres y mujeres por considerarlos un peligro inminente para la humanidad. Por tanto, en aras de procurar un propósito sublime para la sociedad dentro de los predios de la paz, la concordia y la solidaridad, esos grupos o sociedades secretas debían ser exterminados. Para cumplir con este “meritorio cometido”, en el año de 1.487 se redactó en Alemania un texto conocido como el “malleus malleficarum”, documento que, con la revolución de la imprenta, fue difundido en todo el viejo mundo durante los siglos XV y XVI de nuestra era, llegando incluso a América.

En los casos de Violencia contra la mujer, suelen acaecer una serie de infracciones concurrentes o conexas, en donde la importancia del sujeto victimal es de especial atención y se le debe garantizar todos los ejes de protección, bajo la mirada de su especialización jurisdiccional conforme la Constitución de la República y los diferentes enfoques de Control Convencional. Uno de los principales problemas está en conceptualizar la violencia desde nuestro contexto en análisis, de allí la importancia de buscar un ámbito general para abordar, y es indudable que la complejidad de la violencia y su diversidad de formas tanto desde los enfoques teóricos como las disciplinas que la abordan y más cuando son tomados en cuenta elementos como los actores y las víctimas pues son de trascendental importancia para el derecho.

Durante mucho tiempo los animales han sido considerados como simple objetos de propiedad de su dueño, en esa relación entre hombre y animal han existido actos crueles de maltrato físico y sexual hacia estos por parte del ser humano, quienes han utilizado para satisfacer sus necesidades o aberraciones sexuales, sin que los animales tengan derecho para exigir justicia. Ante esta problemática el objetivo de la presente investigación científica es, demostrar la necesidad de tipificar en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la zoofilia o bestialismo como un delito de acción pública, cuyo ejercicio de la acción penal corresponda a la Fiscalía para que intervenga con su equipo técnico e investigue de oficio estos hechos ilícitos que causan alarma social, con la finalidad de que sea sancionado el responsable de la infracción y no quede en la impunidad. 

La Amazonía ecuatoriana, alberga varias nacionalidades, comunidades y pueblos ancestrales, algunos no contactados, Etnias que han mantenido sus costumbres de generación en generación como la Etnia Shuar. El Ecuador como un estado de derechos y justicia, social, intercultural y plurinacional garantiza a través de su constitución la convivencia en igualdad, de mestizos, pueblos indígenas y comunidades de distintas etnias. Debido a sus costumbres y tradiciones, y con el fin de preservar la pureza de su raza, los Shuar, contraen vínculos matrimoniales con miembros de su misma etnia sin importarles la edad, generando desde el punto de vista de la justicia común delitos de violación, pero no para ellos; la presencia de delitos sexuales a menores de edad, que es el rompimiento de un bien jurídico protegido denominado “la integridad sexual y reproductiva”; esto por el desconocimiento de la existencia de Ley lo que les convierte en culpables y los arrastra a una penalidad. La metodología aplicada dentro de la investigación fue la histórico-lógica, que permitió identificar los delitos sexuales dentro de la Etnia Shuar; el método analítico aplicado a la definición conceptual de los delitos sexuales en la Etnia Shuar frente al error de prohibición; así como también el método jurídico comparado 

La resocialización es el proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad. Aquellos que fueron condenados por un delito y están privados de la libertad a modo de castigo, deben atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente en el sistema. En Argentina, ¿resocializan los establecimientos carcelarios?, ¿qué ley regula la ejecución de la pena en el país?, ¿cómo son las prisiones en otros lugares del planeta?. La autora las diversas modificaciones que ha tenido la ley Nacional de Ejecución Penal y las consecuencias que derivaron de estas. Muestra datos de la realidad de la población carcelaria argentina y su evolución en estos últimos años. Toda esta interacción de ficción (refiriéndonos a la ley) y realidad, permite ver cómo el sistema carcelario argentino está fracasando, y está comprobado que la vía de endurecer la pena no soluciona el inconveniente principal. 

Cuando se habla de la muerte digna existen dos extremos opuestos que conviene distinguir: la eutanasia y la distanasia. Mientras la eutanasia intenta acelerar la muerte, el encarnizamiento terapéutico se  intenta  retardarla  o  evitarla  “a  toda  costa”.  Entre  ambos  extremos parece haber un justo medio, que se intenta definir de la manera más nítida posible en este artículo. Para hacerlo, después de una breve introducción donde se aclara el método colativo y deductivo a usar (capítulo I), el autor analiza los valores fundamentales de la ciencia y de la práctica médica (capítulo II), los cuidados debidos al paciente, donde toca el muy utilizado principio de proporcionalidad terapéutica (capítulo III); desarrollando lo anterior, distingue los medios ordinarios de subsistencia, las curas mínimas y las terapias ordinarias (o proporcionales). 

Las lesiones estéticas en el rostro afligen con mayor frecuencia a las mujeres dentro del contexto de violencia hacia ellas por parte de su pareja. Existe un quebrantamiento a su derecho a la integridad física y corporal, así como un menoscabo  a  su  identidad  estética.  Desde  un  enfoque  legal  y  médico-legal, con  una  metodología  cuantitativa  y  cualitativa,  el  presente  trabajo  brindará un  análisis  puntual  de  los  sujetos,  medios,  circunstancias  y  específicamente la  figura  del  agravante  que  rodean  a  este  hecho  delictivo.  Se  contemplaron  además  las  diversas  consecuencias  que  afectan  en  las  esferas  de  la  vida  de  la víctima, así como un señalamiento a cómo debe ser manejada la reparación al daño estético. Con este estudio, se pretende dar luces al legislador y constituir un precedente investigativo sobre el trato diferenciado que se le debe dar a las lesiones estéticas en el rostro

En el presente artículo se hace una breve aproximación a lo que son  la  ciberdelincuencia  y  el  ciberdelincuente.  También  se  muestra  una  clasificación de los ciberdelitos que permite identificar de mejor manera las características de este tipo de criminalidad. Se analizan cuáles son las teorías criminológicas que pueden ser adoptadas para tratar de explicar la ciberdelincuencia y en qué forma se puede presentar el desplazamiento en estos  delitos.  Por  último,  se  indican  algunas  de  las  formas  principales  de  combatir este tipo de criminalidad y la situación de Ecuador en la materia. La  finalidad  de  este  artículo  es  brindar  al  lector información necesaria para comprender lo que implica la ciberdelincuencia; y, a partir de ahí que pueda profundizar en el estudio de alguno de los temas que de ella se desprenden.

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las posibilidades para cometer delitos en el ciberespacio se encuentran facilitadas por herramientas disruptivas al alcance inmediato de los ciberdelincuentes, existen dos desafíos fundamentales: 1) la utilización de medios de investigación innovadores para enfrentar el fenómeno de la cibercriminalidad y contrarrestar sus consecuencias sin afectar derechos fundamentales y garantías constitucionales; 2) llevar los casos a juicio luego de efectuar una investigación en la que los autores actúan en el ciberespacio y la evidencia recolectada es digital, electrónica. 

El peculado es uno de los delitos más controvertidos en el ámbito del Derecho Penal ecuatoriano. Se encuentra tipificado en el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, su relevancia se encuentra fundamentalmente en dos aspectos: la calidad del sujeto activo y el bien jurídico que protege. Para estudiar el tema materia de este artículo, primero es necesario definir otros conceptos que son de suma importancia para la comprensión de este trabajo, tales son el sujeto activo calificado, la autoría, coautoría, cómplices y la comunicabilidad de las circunstancias. Esto permitirá entender que, a pesar de que se exige cierta calidad al sujeto activo para ser considerado autor del delito de peculado, no se puede dejar sin castigo o con una pena menor a la persona que, sin la calificación exigida por el tipo, interviene con actos principales para su consumación.

Imputativitas e imputatio, estos dos conceptos se los debe el Derecho penal a Pufendorf. Al menos durante un siglo, hasta el final del pasado, ha dominado la «doctrina de la atribución» en la Ciencia del Derecho penal. La disputa entre los hegelianos sobre las imputaciones y la irrupción del injusto no culpable condujeron al descrédito de los viejos conceptos. En el lenguaje especializado (capacidad de atribución) y en la Ley (parágrafo 16) se han mantenido hasta hoy. De las doctrinas modernas de la atribución, por lo demás, no podemos esperar sin más que vuelvan a las antiguas «imputaciones».