En un denso volumen titulado Garantismo, Miguel Carbonell y Pedro Salazar Ugarte han recogido numerosos ensayos de teóricos y filósofos del derecho que, partiendo de un análisis crítico de mis trabajos, se miden con buena parte de las cuestiones centrales de la teoría del derecho y de la democracia1 . Así se ha producido un intenso debate sobre los problemas de fondo de la filosofía jurídica y política contemporánea, que agradezco a los editores y a todos los participantes. Puede que la respuesta que voy a dar no convenza a mis críticos, pues, sobre todo, irá dirigida a precisar y añadir nuevos argumentos en defensa de las tesis criticadas, reiterando en la mayor parte de los casos (pero no en todos) su contenido. Por lo demás, ya he discutido algunas de las críticas recibidas en un voluminoso trabajo —Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia— de próxima publicación. No obstante, es una suerte haber contado con estas críticas antes de concluir ese libro, pues así he podido introducir las aclaraciones y, en algún caso, las correcciones precisas. 

Este documento da unas primeras luces sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales que se creó en el Ecuador en 1945 y que guarda una lejana, pero significativa línea genealógica con la actual Corte Constitucional, a fin de reconocer los esfuerzos que se han realizado en el país para construir lo que actualmente conocemos como el Estado constitucional. A partir de ahora, el reto mayor será de la academia ecuatoriana, tanto de las áreas de Derecho como de Historia, a las que proponemos investigar profundamente en los orígenes de la justicia constitucional ecuatoriana y sus procesos de evolución. Con el objetivo de reflexionar sobre la historia del constitucionalismo ecuatoriano, la Corte Constitucional celebra en este 2023, por primera vez, la Semana de la Justicia Constitucional. La elección de la fecha del Día de la Justicia Constitucional se conecta con esta publicación: el 29 de mayo de 1945, el Tribunal,