El presente artículo realiza un análisis de naturaleza comparativa entre los marcos jurídicos de Colombia, Ecuador y Argentina respecto al divorcio unilateral, evidenciando las diferencias significativas en el tratamiento y configuración legal de esta figura como tal. En Argentina, desde la anterior reforma del código civil y comercial correspondiente al año 2015, se incorporó el divorcio unilateral o incausado, permitiendo así la disolución del vínculo matrimonial por voluntad de uno de los conyugues sin necesidad de expresar motivo alguno. Esta nueva configuración modernizo de forma legislativa la cual refleja cierta tendencia dirigida hacia el respeto y autonomía individual y por ende también a la simplificación de los procesos en los divorcios. En contraste con Ecuador y Colombia que mantiene un sistema de carácter tradicional mismo que no contempla el divorcio unilateral en su normativa civil tanto en Colombia y parcialmente en Ecuador, requiriendo a su vez causales expresas o el mutuo consentimiento por parte de los conyugues para la disolución del vínculo matrimonial. Esta ausencia normativa genera debates sobre la necesidad de actualizar nuestra legislación para así adaptarla a las nuevas realidades sociales contemporáneas. 

Las compañías ejercen derechos y contraen obligaciones por medio de un representante legal. Este agente es una persona natural que administra y representa a la compañía a nivel interno y externo. La legislación nacional, la doctrina y la jurisprudencia local señalan que el administrador y representante legal es un mandatario de la compañía. Primero, tiene a su cargo la dirección y administración de la compañía, lo que desvirtúa el elemento de subordinación o dependencia, que es la piedra angular de la relación de trabajo. Segundo, en la mayoría de las compañías, el cargo es precario y de libre disposición, pues no requiere causal o justificación alguna para su remoción. Por último, el cargo de representante legal es limitado a un período máximo de cinco años y recibe honorarios como contraprestación de sus servicios. Por otro lado, el trabajador recibe un sueldo o salario que no puede ser inferior al mínimo legal y su tiempo de trabajo es indefinido. No obstante, existen ciertos casos en los que no queda claro si es que la naturaleza jurídica de esta figura es meramente civil o, por otro lado, se encuentra sujeta al régimen laboral.

En la esfera del Derecho Procesal ecuatoriano reviste de importancia diferenciar los efectos de la cosa juzgada material con la cosa juzgada formal en los juicios ejecutivos. Esto se debe a la incertidumbre existente ante la imposibilidad de volver a proponer acciones por la vía ejecutiva, por haber sido negadas inicialmente en un afán normativo de proteger la forma y no la sustancia de un título ejecutivo. La ausencia de legislación, en caso de proponer un juicio ordinario posterior al ejecutivo, apunta de forma similar a una posible afectación del derecho al debido proceso. Para analizar adecuadamente, este y otros escenarios que involucran la institución de la cosa juzgada, es imprescindible revisar los requisitos para su configuración y diferenciar los alcances de la cosa juzgada formal y material, en contraste con los juicios tanto ejecutivos como ordinarios o de conocimiento. La presente investigación aborda estas particularidades y cuestiona la normativa ecuatoriana vigente, en contraste con legislación extranjera que ha mitigado estos inconvenientes. Consecuentemente, la metodología cualitativa utilizada beneficia al estado del arte al capturar los criterios de las máximas Cortes de Justicia a nivel nacional y contrastarlos con actuaciones procesales en casos prácticos.