PERCEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Según la información recopilada del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos, Renacemos” 2024-2027, el mapa comunitario, entrevistas semiestructuradas al coordinador municipal de GRD, entidades del CMGRD y la comunidad, además de información secundaria se identificaron las siguientes características de la participación comunitaria en Calarcá, entre otras:

• Calarcá hace parte de la provincia Kakataima en donde habitaban indígenas de los pueblos Pijaos y Quimbayas los cuales soportaron la arremetida de los conquistadores españoles. Esta historia de lucha, y de defensa del territorio se ha reflejado en diferentes conflictos como el despojo de tierras por terratenientes en 1860 y en 1930 a la que la organización campesina hizo frente. La consolidación de la resistencia campesina dio paso a la creación de la Escuela Campesina Agroecológica en Córdoba y Calarcá (vereda Travesías) en los años 90s tras la Reforma Agraria. Esta organización se fortaleció posterior al sismo de 1999 ya que marcó el inicio de un proceso transformador de gran escala. Aunque sus efectos fueron devastadores, el desastre también impulsó dinámicas positivas en la región, especialmente en términos de organización comunitaria. Como respuesta, se conformaron diez Asociaciones, siete en áreas rurales y tres en zonas urbanas, orientadas a fortalecer sectores como la construcción, la vivienda, el emprendimiento y la producción agropecuaria. Estas organizaciones, con el acompañamiento del SENA, adoptaron un enfoque empresarial que les permitió formular y gestionar sus propios proyectos (Aguirre Bañol & Ramírez Hoyos , 2016).

• En el año 2017 se gestó una iniciativa de “Consulta Popular Comité Cívico por la recuperación de servicios públicos Calarcá, Quindío” (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2017), que pretendía la recuperación de la prestación de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo y energía a cargo de las Empresa Públicas de Calarcá E.S.P, dado que la Empresa privada Multipropósito en los balances del año 2016 no contaba con los recursos para garantizar la operatividad, lo que ponía en riesgo la prestación de los servicios públicos (La Crónica del Quindío, 2017). Asimismo, se gestó la Consulta Popular en contra de la minería en ese mismo año. Sin embargo, a 2018 la consulta de Calarcá aún no tenía fecha y la pregunta aún no había llegado al Tribunal Administrativo del Quindío, quien debía declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas votaciones (Sepúlveda , 2018).